¿Se puede ligar las revocatorias con la política nacional?

"el hecho de que no hayan sido revocados los alcaldes de los otros nueve distritos en las consultas de Revocatoria, no significa un aplauso a los partidos y movimientos regionales que les prestaron sus marcas para la competencia municipal"

Quinta Columna

¿Qué lección se puede sacar, si hay alguna, de la décima Consulta Popular de Revocatoria – CPR realizada en 13 distritos del país? 1 ¿Ha sido un pequeño laboratorio de la política nacional?

No parece ser así, porque, a diferencia de las realizadas antes de la modificatoria de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, cuando ocurría en cientos de distritos y constituía un hecho político, esta vez ha pasado completamente desapercibida. En segundo lugar, porque en las aldeas del Perú, si bien la gente está al tanto de las noticias por la radio, no tiene una praxis política, está concentrada en su trabajo y desinteresada de lo que suceda en las alturas. Tampoco, porque, si en la política nacional el enfrentamiento y la polarización continúan, en esos distritos la lista que ganó en la primera vuelta (en 12 de ellos ganó Perú Libre y en Lobitos, Fuerza Popular), amplió su ventaja en la segunda, por lo que podemos decir que allí hay una simpatía política hegemónica y no una sociedad local dividida o en la incertidumbre.

Más bien, la Consulta CPR ha remarcado la distancia que hay entre la política nacional macro y la local micro, pues, si nueve de los trece alcaldes habían sido elegidos en el 2018 bajo el paraguas o con la marca de un partido nacional, esos mismos partidos que compitieron en la primera vuelta del 2021, apenas sacaron -en promedio – el 1% de los votos válidos (con la excepción de Fuerza Popular que obtuvo el 14% en Tauripampa, Yauyos y 10% en Chavín, Chincha; y de Acción Popular que sacó el 13% de los votos en Langa, Huarochirí y 10% en Huayucachi, Huancayo). Esto confirma, una vez más, que los partidos no tienen bases en el mundo rural. Y que las candidaturas municipales resultan ser una suerte de contrato de franquicias políticas.

Por tanto, el hecho de que hayan sido revocados los alcaldes de Ñahuinpuquio (Somos Perú), Pillpinto (Frente Amplio); Sama (Perú Patria Segura) y la alcaldesa de Lobitos (Somos Perú), no significa una crítica directa a esos partidos, aunque habría que preguntarse si en el caso de Somos Perú y el Frente Amplio – que recibieron fondos públicos de la ONPE – invirtieron en la capacitación y asesoría a sus alcaldes. En sentido inverso, el hecho de que no hayan sido revocados los alcaldes de los otros nueve distritos en las CPR, no significa un aplauso a los partidos y movimientos regionales que les prestaron sus marcas para la competencia municipal.

Un dato que abonaría a favor de quienes creen que en los pueblos no hay vida ni opinión política, sería que, la asistencia a esta Consulta fue de sólo el 56.8 % de los convocados (cuando el promedio de las nueve consultas anteriores fue del 68%); y que, en San Buenaventura, Chavín y Tauripampa, concurrió a votar menos de la mitad de los electores. Sin embargo, dados los antecedentes en este tipo de consultas, la causa estaría, más que en la indiferencia de los vecinos, en la activa participación desinformadora o boicoteadora de los alcaldes cuestionados.

En contra de la opinión de muchos periodistas e intelectuales limeños que ven en estas consultas un gasto insulso, creo que las CPR sirvieron como efectivo mecanismo de control de la gestión del presupuesto local a nivel micro, que es donde no alcanzan los brazos de la Contraloría General de la República y, lo que es más importante, sirvieron, mal que bien, como activadoras y formadoras de ciudadanía, cuando brindan la oportunidad de evaluar la gestión de las autoridades y de definir no sólo “las obras” necesarias o prometidas, sino de imaginar las políticas públicas para salir de la pobreza y alcanzar el desarrollo económico, social y cultural.

Al decir de Nicolás Lynch, el divorcio entre las demandas particulares y de corto plazo y su nula proyección a nivel político-estatal es el problema mayor de nuestro sistema político, que pretende ser democrático. Uno no puede dejar de estar de acuerdo con Jaime Joseph cuando dice que “la democracia electoral no ha sido un instrumento capaz de disminuir las brechas y desigualdades entre ricos y pobres; entre mestizos, blancos, criollos e ndios…” 2 Él observaba, hace casi veinte años, que la tendencia en las ciudades y en la sociedad peruana era hacia la desintegración e inclusive, la anomia, por la debilidad de la sociedad civil y porque los espacios públicos – juntas vecinales, consejos de coordinación local, mesas de concertación, presupuestos participativos- han sido generados por el Estado y corren el riesgo de ser cooptados por él.

He vuelto sobre la reflexión de Joseph que avizoraba que “el panorama nacional parece anunciar un desenlace vehemente más que una muerte lenta”; luego de sufrir el último semestre de polarización política, con una ultraderecha con los sables desenvainados y una ultraizquierda que cree ganar en la turbulencia. Pero él anotaba, igualmente, que “la salida de la crisis no depende de un nuevo modelo económico (¿y tampoco de una nueva Constitución?); si bien es evidente que se requieren cambios sustanciales en la política económica”, sino de “una estrategia centrada en la política democrática” (p. 255) contraria al neoliberalismo que reemplaza a la política por el libre mercado y señalando que la política democrática incluye su institucionalidad. Y “la democracia electoral”.

Ese retorno a la política – que acabe con el camino de la violencia senderista, pero también con la antipolítica del fujimorismo -; es el que puede lograr que las demandas y reclamos se conviertan en propuestas de políticas públicas, ahora que muchos están convencidos que llegó la hora que el pueblo gobierne.

Me pregunto si Joseph y Lynch estarían dispuestos a examinar la rica experiencia de las CPR, que sus colegas, desde una perspectiva radical, desprecian; y que centraban sus esperanzas de cambio político en la sola lucha callejera y cierres de carreteras, hasta que el fenómeno Castillo trastocó el panorama. Se puede intuir que en aquellos distritos con revocatorias frecuentes (alrededor de 80 las han tenido en tres o más oportunidades), se hayan logrado fortalecer núcleos de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, sin que sus deseos y sueños de un futuro mejor trasciendan y se conviertan en voluntad política que incida en escenarios de nivel meso y macro de la política nacional, por falta de su articulación con partidos doctrinarios y programáticos.

¿Cuándo los políticos, verdaderamente democráticos, volverán sus ojos a los distritos rurales, para trabajar en ellos; más allá de repartir la ayuda estatal o de pedir sus votos?

Notas

1 El domingo 10 de octubre se realizó la CPR del mandato de alcaldes y regidores en La Libertad, Huaraz; Justo Apu Sahuaraura de Aymaraes; Cotabambas; Pillpinto de Paruro; Ñahuinpuquio de Tayacaja; San Buenaventura de Marañón; Chavín de Chincha; Huayucachi de Huancayo; Langa de Huarochirí; Tauripampa de Yauyos; Lobitos de Talara; Cuturapi de Yunguyo y Sama de Tacna. De todos ellos, nunca se habían revocado alcaldes en Pillpinto, Chavín, Tauripampa, Lobitos y Cuturapi; dos veces en Langa y en Sama y; en el resto, en una ocasión. Además, eligieron alcalde en Chipao de Lucanas, Ayacucho.

2 La ciudad, la crisis y las salidas. Democracia y desarrollo en espacios urbanos meso. Alternativa y UNMSM Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima, 2005, p. 251.

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