Las elecciones presidenciales y legislativas del 14 de noviembre en Nicaragua han generado rechazo internacional por considerarse que fueron fraudulentas y carecieron de legitimidad y transparencia, en un escenario en el que lĆderes de oposiciĆ³n, incluidos siete precandidatos presidenciales, continĆŗan detenidos.
Los llamados para desconocer las elecciones, invocar la Carta DemocrĆ”tica Interamericana (CDI) de la OEA para expulsar a Nicaragua de este organismo e incrementar las sanciones econĆ³micas no se hicieron esperar. Las declaraciones de lĆderes como el presidente Joe Biden al calificar las elecciones de āfarsaā y seƱalar que āla familia Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua como autĆ³cratas, no diferentes de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro dĆ©cadasā asĆ como las de representantes de la UniĆ³n Europea, no se hicieron esperar. Tampoco, los pronunciamientos conjuntos de excancilleres y expresidentes latinoamericanos quienes, entre otros, apuntaron a la destituciĆ³n de ese paĆs de la OEA.
La respuesta del gobierno nicaragĆ¼ense llegĆ³ el 19 de noviembre a travĆ©s de su canciller, Denis Moncada, quien anunciĆ³ su retiro de esa organizaciĆ³n toda vez que ātiene como misiĆ³n facilitar la hegemonĆa de los Estados Unidos; con su intervencionismo, sobre los paĆses de AmĆ©rica Latina y el Caribe.ā No obstante, la acciĆ³n que mĆ”s podrĆa afectar a la poblaciĆ³n nicaragĆ¼ense es la ley Renacer, promulgada por Biden el 10 de noviembre.
El protagonismo de la OEA
El mismo dĆa de las elecciones, cuatro expresidentes (Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile, y Juan Manuel Santos de Colombia) y el actual secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, denunciaron que las condiciones de la ilegĆtima jornada electoral estuvieron marcadas por la violaciĆ³n de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrĆ”tica a sus autoridades y que ese era el camino mediante el cual una democracia se convierte en autocracia.
En ese marco hicieron un llamado a ālas instituciones democrĆ”ticas de Estados Unidos, CanadĆ”, Europa y los paĆses latinoamericanos, mĆ”s los organismos internacionales que corresponda, para desconocer sus resultadosā y profundizar el aislamiento internacional del rĆ©gimen, incluida su suspensiĆ³n de la OEA. Asimismo, exigieron la inmediata liberaciĆ³n de todos los presos polĆticos, y la suspensiĆ³n de todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones mĆnimas de vigencia de la institucionalidad democrĆ”tica no retornen a Nicaragua.
Dos dĆas despuĆ©s, 40 ex cancilleres de 14 de los 34 miembros de la OEA, entre los que se encuentran cuatro peruanos (Eduardo Ferrero Costa, Diego GarcĆa SayĆ”n, Eda Rivas y Allan Wagner) suscribieron una carta en la que instaron a los gobiernos a censurar al gobierno de Nicaragua en la 51 Asamblea General por la violaciĆ³n de la CDI, tal como efectivamente ocurriĆ³ el viernes 12.
Los excancilleres seƱalaron que el gobierno nicaragĆ¼ense no sĆ³lo contaminĆ³ el proceso electoral, sino que ignorĆ³ elementos esenciales de la democracia como independencia de poderes; ademĆ”s, la libertad de expresiĆ³n, la alternancia en el poder y el pluralismo polĆtico. āTodos estos principios, establecidos en la ConstituciĆ³n de Nicaragua, la CDI y la ConvenciĆ³n Americana sobre Derechos Humanos, se conculcaronā; hechos que marcan āel afianzamiento de un rĆ©gimen totalitario en Nicaraguaā. Hicieron tambiĆ©n un llamado a la OEA para que se convocara a una Asamblea General Extraordinaria; y tomar acciones enmarcadas en los compromisos de la CDI que podrĆa llevar a suspender a Nicaragua de la OEA si el gobierno no acepta nuevas elecciones libres, transparentes y justas.
Para poder tratar el tema de Nicaragua en la 51 Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar del 10 al 12 de noviembre, ocho paĆses (Estados Unidos, CanadĆ”, Chile, Costa Rica, Ecuador, RepĆŗblica Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) habĆan presentado el 20 de octubre un proyecto deĀ resoluciĆ³n sobre la SituaciĆ³n de NicaraguaĀ en el Consejo Permanente de esa organizaciĆ³n. La resoluciĆ³n se aprobĆ³ el 10 de noviembre por 25 votos a favor (entre ellos el de PerĆŗ), uno en contra (Nicaragua); 7 abstenciones (Bolivia, MĆ©xico, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa LucĆa, Belice y Dominica) y un paĆs ausente (Saint Kitts y Nevis). Si bien la resoluciĆ³n no pide abiertamente activar el artĆculo 21 de la CDI que puede suspender a un Estado miembro, esto no se descarta.
La Carta DemocrƔtica Interamericana
Se adoptĆ³ por los 34 miembros de la OEA en 2001, en Lima, cuando en el PerĆŗ se desprendĆa del rĆ©gimen autoritario de Alberto Fujimori. Y dotĆ³ a la organizaciĆ³n de un instrumento jurĆdico que le permitirĆa actuar no sĆ³lo ante golpes de Estado. Al introducir el concepto de āalteraciĆ³n del orden constitucionalā podĆa abordar los abusos de poder de nuevo tipo despuĆ©s del fin de las dictaduras militares. Frente a ellas, dependiendo del signo polĆtico, el organismo mirĆ³ a un costado.
Si bien los objetivos de la CDI son loables y suenan bien, sus 20 aƱos de existencia no dejan muchos resultados para festejar. Esta no sĆ³lo no fue invocada en todas las crisis polĆticas que ocurrieron en la regiĆ³n; sino que existe una suerte de doble rasero para evaluar el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho. El ejemplo mĆ”s reciente ocurriĆ³ en Honduras en 2017 cuando, a pesar del fraude electoral perpetrado por el presidente Juan Orlando HernĆ”ndez ādenunciado por la propia MisiĆ³n Electoral de la OEAā el secretario general de la OEA y los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, MĆ©xico (de Enrique PeƱa Nieto), entre otros; reconocieron rĆ”pidamente a HernĆ”ndez como legĆtimo vencedor, bloqueando una posible activaciĆ³n de la Carta.
Cuando en 2012 el Senado destituyĆ³ al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en lo que muchos califican como neogolpismo, la OEA se pasĆ³ el tiempo investigando. Sin embargo, se suspendiĆ³ en el Mercosur (por violar la clĆ”usula democrĆ”tica del Protocolo de Ushuaia) y de la Unasur (por incumplimiento de los artĆculos 1, 5 y 6 de su Protocolo Adicional)
El Ćŗnico caso de suspensiĆ³n de un Estado por medio del artĆculo 21 de la CDI fue Honduras en 2009, despuĆ©s del golpe de Estado en contra del presidente Mel Zelaya. Entonces, 33 paĆses votaron por la expulsiĆ³n del paĆs centroamericano en una Asamblea General Extraordinaria. A pesar que la ānormalidad electoralā retornĆ³ al paĆs, no se restableciĆ³ el mandato de Zelaya, por cuanto observadores cuestionan la efectividad de la Carta.
La CDI tampoco fue invocada, ni siquiera mencionada, cuando vĆ”ndalos dirigidos por el expresidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio en enero de 2020. La OEA no se inmutĆ³ tampoco con audios donde funcionarios del Partido Republicano de Georgia se negaron al pedido de Trump de alterar votos; y asĆ revertir las elecciones que Biden ganĆ³ limpiamente. Meses antes de la contienda electoral, Trump decĆa con desparpajo, que sĆ³lo reconocerĆa el resultado si Ć©l ganaba; pues su derrota sĆ³lo se explicarĆa por un fraude. En el reino de la democracia y respeto a la institucionalidad con una OEA silente; un inimputable Trump tiene chances de ser el prĆ³ximo presidente de ese paĆs.
āRenacerā
En general, si le interesa, el gobierno estadounidense prefiere optar por sanciones unilaterales para asfixiar la economĆa de un paĆs cuestionado; antes que entrar en las disquisiciones de la OEA. En el caso de Nicaragua, Biden ha sido presionado por sus opositores para promulgar, el 10 de noviembre, la ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglĆ©s), la cual abre la puerta a sanciones mĆ”s duras contra ese gobierno. Los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y los congresistas Juan Vargas y MarĆa Elvira Salazar, entre otros, han tenido un papel decisivo en su promulgaciĆ³n.
El proyecto de ley Renacer fue aprobado a principios de agosto por el Senado, pero estuvo encarpetado en la CĆ”mara de Representantes. ReciĆ©n esta semana se aprobĆ³ y se enviĆ³ al despacho de Biden para su promulgaciĆ³n. Esta ley permite solicitar a bancos multilaterales restringir prĆ©stamos e inclusive revisar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio de AmĆ©rica Central (CAFTA). Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pues importa el 60% de sus productos.
Biden preferirĆa no ahogar econĆ³micamente a Nicaragua para no provocar una nueva oleada migratoria que repita la situaciĆ³n de HaitĆ. O del TriĆ”ngulo Norte de CentroamĆ©rica (Guatemala Honduras y El Salvador). El 86% de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos proviene de estos tres paĆses mientras que solo 6,8% proviene de Nicaragua. La crisis migratoria en la frontera sur es uno de los problemas mĆ”s serios que enfrenta su administraciĆ³n.
Entretanto, los miembros de la OEA habĆan instruido al Consejo Permanente a nombrar una comisiĆ³n para que realice gestiones diplomĆ”ticas al mĆ”s alto nivel para procurar una soluciĆ³n pacĆfica y efectiva a la crisis polĆtica y social en Nicaragua; y que rinda un informe en un plazo mĆ”ximo de 75 dĆas. Luego de recibido el informe de esa comisiĆ³n, se adoptarĆan las medidas necesarias, incluida la convocatoria a una sesiĆ³n extraordinaria de la Asamblea General para invocar el artĆculo 21 de la CDI para su expulsiĆ³n. La respuesta del gobierno de retirarse de la OEA le quita el piso a los funcionarios y consultores del organismo.
Es decir, la OEA no serĆa la entidad que fiscalizarĆa las fallas de la institucionalidad democrĆ”tica en Nicaragua. Durante la Asamblea General, la representante de MĆ©xico, Luz Elena BaƱos Rivas, ya habĆa seƱalado que se āpretende poner soluciones desde fuera a problemas localesā; con ādecisiones que estĆ”n en contra del derecho internacionalā. La mexicana agregĆ³ que āla OEA deberĆa de ser una organizaciĆ³n inclusiva, promotora del diĆ”logo polĆtico, de la cooperaciĆ³n; la integraciĆ³n y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es (ā¦) Por el contrario, es un espacio donde se profundizan las diferencias y el aislamiento, y donde se impulsan agendas parcializadasā.
Uno de los absurdos que la OEA cometiĆ³ en su Ćŗltima Asamblea General es haber acogido en su seno a enviados de Juan GuaidĆ³ como representantes del gobierno de Venezuela; a pesar de su retiro del organismo en 2017, hecho que produjo el rechazo de MĆ©xico, Argentina, Bolivia, entre otros, mientras el PerĆŗ mantuvo silencio.Ā
Es una paradoja que muchos gobiernos dispuestos a juzgar desde ese organismo el irregular proceso electoral de Nicaragua y los atropellos contra la libertad de expresiĆ³n, carezcan de Ć©tica para hacerlo. Como si fueran carmelitas descalzas, varios de los gobernantes que alzan el dedo acusador contra Nicaragua estĆ”n involucrados en actos de corrupciĆ³n; evasiĆ³n de sus fortunas en guaridas fiscales, militarizan regiones para contener los reclamos de la poblaciĆ³n originaria (los mapuches, por ejemplo). O imponen estados de excepciĆ³n para reprimir la protesta social.
Otros estĆ”n acusados por crĆmenes contra la humanidad por negar y manejar mal la pandemia, por permitir la destrucciĆ³n de la Amazonia; por reprimir brutalmente manifestaciones sociales, por no tomar acciones frente al escĆ”ndalo de los falsos positivos (inocentes asesinados por el ejĆ©rcito en calidad de trofeos); o a la matanza de dirigentes sindicales y medioambientales, entre otros. En estas condiciones, el rĆ©gimen de Nicaragua se encontrarĆ” cada vez mĆ”s aislado de la comunidad internacional; y su poblaciĆ³n expuesta a la asfixia que generarĆa la instrumentaciĆ³n de la ley Renacer promulgada por Biden. Una vez, mĆ”s, la OEA demuestra no ser el organismo idĆ³neo para hacer respetar el Estado de derecho y la institucionalidad democrĆ”tica en la regiĆ³n.
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