Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pidieron que investigación del Congreso “se declare infundada y se archive”. También pidieron respeto a sus derechos como personas y funcionarios de una institución autónoma. En tanto, el Pleno del Parlamento aprobó otorgarle 14 días más a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para las indagaciones.
Mientras Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia dijo a los medios de comunicación que la investigación que se les ha iniciado carece de argumentos constitucionales y jurídicos. Y pidió que se lleve a cabo bajo los procedimientos establecidos.
El pleno del Congreso aprobó, la noche del jueves, el pedido de la Comisión de Justicia y amplió por 14 días más el plazo de investigación sumaria contra los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La decisión tuvo 85 votos a favor, diez en contra y nueve abstenciones.
No se pide condiciones especiales, pero sí respeto a los derechos de los miembros
Aldo Vásquez dijo: “esperamos, como ha sido dicho por cada uno de los miembros, que este proceso se declare improcedente, porque no hay un procedimiento reglado o, en su defecto, se declare infundado este procedimiento y que se archive porque no tiene lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico; esto no significa que la Junta no acepte la competencia del Congreso para investigar y sancionar…”, explicó.
Los integrantes del organismo no piden una “condición especial” a la Comisión de Justicia, “sino el respeto irrestricto de sus derechos y de la institucionalidad democrática”.
A lo largo del día y en las distintas presentaciones de los miembros de la JNJ, hicieron ver que el procedimiento de “investigación sumaria” que realiza la Comisión de Justicia del Congreso en su contra, no está estipulado ni en la Constitución ni en el Reglamento y de ahí los cambios, y los términos mal empleados de “descargos”, “manifestación” en la moción, cuando no son una instancia judicial ni policial.
Vásquez Ríos: “Hemos actuado conforme a la normativa de la JNJ”
Más tarde, en el programa de Juliana Oxenford, Aldo Vásquez dijo que la sesión en el Congreso fue una oportunidad para explicar a los congresistas de la comisión de Justicia y DD.HH., la posición de la JNJ en relación a las imputaciones que subyacen en la moción que busca la remoción de los 7 miembros titulares del organismo.
“Hemos presentado pruebas de que ninguno de los hechos que nos acusan, se ha producido. Las mismas autoridades que se encuentran inmersas señalan que no hubo presión de parte nuestra. Y que hemos actuado conforme a la normativa de dicho órgano jurídico”, señaló.
Consultado por lo que dijo la presidenta Dina Boluarte, sobre que “nadie tiene corona” para ser investigado, Vásquez Ríos dijo que suscribía las declaraciones de la mandataria, pero “haciendo énfasis en la necesidad de respetar la institucionalidad democrática”.
“Nosotros no pretendemos ninguna condición especial; lo único que exigimos como cualquier ciudadano es el respeto irrestricto no solo a los derechos de cada uno de los miembros, sino el respeto de la institucionalidad democrática del país y el resto de la independencia y separación de poderes”, concluyó.
Hubo tensión en la sesión porque congresistas no podían rebatir respuestas de magistrados
Por momentos, durante la sesión se sintió cierta tensión. Entre otras razones, provocada por la insistencia en que los magistrados respondieran de manera personal las preguntas que les formulaban. Pero invariablemente fueron respondidas por el abogado de la Junta, Samuel Abad y en el caso de Inés Tello, por Omar Cairo, ambos abogados constitucionalistas.
Inés Tello dijo a los congresistas de la Comisión: “estoy presente porque respeto al Parlamento y exijo que también se respeten mis derechos”. Esto, porque cuestionaron la edad de la magistrada y su permanencia en la JNJ. Según Abad y Cairo, este es un tema interpretativo de la ley. Añadieron que el Congreso debería legislar sobre el particular para el futuro.
Molestó también a los congresistas que Inés Tello dijera que se le consultó a Servir sobre si por su edad debía dejar el cargo, que es para cinco años. “Se le consultó a Servir, que es la entidad encargada de los recursos humanos del Estado. Y Servir respondió que, de acuerdo al paquete constitucional (…), no habría ningún problema con que Inés Tello permanezca”, refirió Samuel Abad.
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