La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso este lunes extender por ocho meses más, el tiempo de investigación preliminar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por los crímenes que se cometieron durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023, a dos días de vencerse el plazo inicial.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y los también investigados, el expremier Pedro Angulo Arana, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, y los exministros de la misma cartera César Cervantes y Víctor Rojas Herrera, están comprendidos también en la disposición.
Como se sabe, todos enfrentan una investigación por el presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de genocidio, además de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado. Y este miércoles 25 de octubre vencía el plazo de la investigación preliminar por las 49 muertes en las protestas entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
En tanto, el abogado de las víctimas, Juan José Quispe, denunció que la Fiscalía no ha citado a declarar a los 27 familiares de los fallecidos en manifestaciones, ni de los 241 heridos, además de los 27 testigos, entre funcionarios y servidores públicos.
Familiares de víctimas serán citados
egún la fiscalía, entre las futuras diligencias, se tomará declaración a los familiares de las víctimas, heridos y testigos. Y se ha previsto ampliar el testimonio de Manuel Gómez de la Torre, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. El declaró que Boluarte sí sabía de las acciones militares, durante las protestas.
Para la defensa legal de los familiares de las víctimas, “tenía que darse esta ampliación porque es importante que se determine la responsabilidad final. A título de comisión por omisión, por parte de la señora Boluarte y sus ministros. Considerando además la ampliación de la declaración de Manuel Gómez de la Torre, quien ha dicho que la señora Boluarte sí sabía de los hechos.
Asimismo, del “exministro del Interior, César Cervantes, quien ha ratificado que la señora Boluarte y Otárola se reunían diariamente. Esto es, desde el 10 hasta el 20 de diciembre del 2022, que duró su cargo”, refirió Juan José Quispe.
Las diligencias comenzaron el 10 de enero y tenían inicialmente un plazo de ocho meses. Luego, el 7 de septiembre, la fiscalía dispuso “ampliar excepcionalmente” la indagación preliminar por 45 días, plazo que vencía este miércoles 25 de octubre.
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