Gerente de Ciudad Salaverry asegura frente a las denuncias: “no somos estafadores”

El Proyecto Ciudad Salaverry, ubicado en el distrito de Miraflores, Arequipa, se encuentra en medio de una polémica en la que el Ejército Peruano disputa la propiedad de 1920 lotes en la “Parcela B“, tras un sorteo de terrenos realizado por los socios del proyecto el 15 de octubre. El Ejército rechaza los resultados del sorteo y sostiene que estos terrenos le pertenecen.

Ante las acusaciones de estafa y las críticas, los gerentes de Ciudad Salaverry defienden su posición y afirman que han actuado conforme a la legalidad. Argumentan que el laudo arbitral respalda su derecho a los terrenos y han notificado al Ejército formalmente para proceder con su cumplimiento.

Los representantes del proyecto Ciudad Salaverry subrayan su compromiso con la legalidad y su posición de no estar cometiendo una estafa. En cambio, afirman actuar de acuerdo con el laudo arbitral que, según su interpretación, respalda su derecho a los terrenos en disputa.

Posición del ejercito

Sin embargo, el Ejército se mantiene firme en su posición, citando una Resolución Judicial de la Primera Sala Civil Comercial de Lima. En ella se admite a trámite el recurso de anulación del laudo arbitral, manteniendo así la propiedad en manos del Ministerio de Defensa.

Esta disputa ha generado una compleja y tensa situación entre el consorcio Ciudad Salaverry y el Ejército, y las decisiones legales futuras determinarán la propiedad de las 181 hectáreas.

Para el Gerente General del Consorcio Ciudad Salaverry, Antonio Zavala:

El consorcio Ciudad Salaberry señala que, a lo largo de los años, la extensión de los terrenos ha disminuido de 280 hectáreas a 181 hectáreas debido a invasiones que han ocurrido y que el Ejército en Arequipa no ha podido prevenir o resolver de manera efectiva. Culpan al ejército de esta situación y lo acusan de resistirse a entregar los terrenos a pesar del cumplimiento de los pagos por parte del consorcio.

Compradores descontentos de Ciudad Salaverry

En esa misma reunión con inversionistas del Consorcio Ciudad Salaverry, se pusieron de manifiesto preocupaciones relacionadas con el estado actual del proyecto. Los reclamantes, por temor a represalias de la asociación, no quisieron hacer públicos sus nombres

Estas preocupaciones incluyen dudas sobre la validez de la lotización y el sorteo de terrenos, incertidumbre sobre la duración del proceso de habilitación urbana debido a la geografía del área, confusión sobre la ubicación de los lotes y la falta de respuestas precisas de las autoridades pertinentes.

Uno de los inversionistas señaló,

“Por ejemplo, la habilitación urbana no es (algo que demore) de un mes o de un año, porque es un cerro lo que nos han vendido.”

Inversionista A

Esto les plantea dudas sobre la validez de la lotización y el sorteo, generando incertidumbre entre ellos sobre el futuro del proyecto.

Otro inversionista expresó su preocupación acerca de la duración del proceso de habilitación urbana, afirmando que:

La geografía del área, que incluye un cerro, según ellos, hará que el proyecto se prolongue durante varios años.

Un tercer inversionista mencionó que inicialmente se les prometió una zona específica para el sorteo, pero fueron cambiado de lugar. También manifestó que algunos compradores no están seguros de cuánto tiempo tomará el proceso de habilitación urbana y construcción de servicios, debido a declaraciones contradictorias del Ejército. Esto ha generado confusión y preocupación entre ellos.

Otro inversionista destacó que no saben cuándo obtendrán respuestas precisas de las autoridades pertinentes y que las consultas a las oficinas son improductivas por que “los pasean”, lo que aumenta la frustración.

Dos inversionistas coinciden en que existe incertidumbre en cuanto a la ubicación de los lotes. Uno de ellos señaló,

Algunos han estado esperando durante más de cuatro años, sin conocer la zona que se les asignará.

Antecedentes del conflicto de Ciudad Salaverry

El conflicto legal en torno a la propiedad de los terrenos en el distrito de Miraflores, Arequipa, se originó en 2016 cuando el consorcio Ciudad Salaverry ganó una subasta pública y pagó 39 millones de soles al Ejército Peruano por los terrenos en cuestión. El problema surgió debido al incumplimiento del Ejército en la entrega de los terrenos. Asi también, porque negaron la firma en los documentos pertinentes, a pesar de un laudo arbitral que respaldó estas acciones.

El consorcio Ciudad Salaverry ha enfatizado su cumplimiento de los procedimientos legales desde el inicio, respaldado por más de 2,000 inversores que confiaron en ellos pese a las criticas.

El conflicto que llevó al laudo arbitral se origina en aspectos clave. En primer lugar, el incumplimiento del consorcio Ciudad Salaverry se debió al vencimiento del plazo de pago, que estaba programado para el 30 de enero de 2020. Este incumplimiento contractual generó tensiones entre las partes y desencadenó la serie de disputas legales.

Por su parte, el Ejército no cumplió con su parte del acuerdo al no entregar el pago del autovalúo, un componente crucial de la transacción. Además, la institución militar no designó a un representante autorizado para firmar la minuta de adquisición pública.

Sin servicios y con deudas

Uno de los problemas fundamentales es la falta de servicios esenciales, como el suministro de agua y energía eléctrica, a pesar de los altos precios de los terrenos que oscilan entre 30 mil y 90 mil soles. Además, el proyecto de 180 hectáreas muestra una falta de planificación y ejecución de infraestructuras clave, incluida la vía principal que aún no está habilitada.

Esto plantea serias dudas sobre la calidad de vida de los futuros residentes y la habitabilidad del área. Además, la obtención de los recursos financieros necesarios para completar la adquisición del terreno ha sido un desafío. Así, la transferencia de los fondos restantes está programada para octubre, pero aun no se logra porque no recolectaron los 21 millones requeridos.

Además de estos problemas, la administración de Ciudad Salaverry enfrenta denuncias de presuntas irregularidades y malos manejos por parte de su expresidenta, Asencia Cáceres, lo que deja en la incertidumbre a los aproximadamente 18 mil socios.

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