Mediante un comunicado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aclaró que no entregaron información a la Fiscalía hasta contar con la orden judicial que les pidieron, para garantizar la cadena de custodia sobre los equipos a incautar porque habría información sobre denuncias, investigaciones y procedimientos disciplinarios en curso, sobre los cuales se mantiene reserva legal.
En ese sentido, y contrariamente a lo que dijo el fiscal provincial anticorrupción de Lima Centro, Juan Carlos Zúñiga Ríos sobre que los miembros de la JNJ no habían dado “facilidades” en algunas cosas, por lo que tuvieron que recurrir al juez, los magistrados de la Junta afirman que se les presta todas las facilidades al Ministerio Público en las diligencias preliminares que realiza, respecto a la denuncia dada a conocer el domingo último.
En el comunicado refieren que, “para efectos del traslado de equipos de cómputo, la JNJ requirió en esa oportunidad al fiscal a cargo, en el marco de las disposiciones reguladas en el Código Procesal Penal, un mandato judicial a fin de garantizar la cadena de custodia”.
Ello porque en tales equipos podría haber información sobre denuncias, investigaciones y procedimientos disciplinarios en curso. Sobre los cuales se mantiene reserva legal, dice el documento. “Con ese propósito se procedió a inmovilizar y lacrar esos equipos hasta que se dictara el mandato respectivo, como ha ocurrido hoy”, añaden.
Fiscales ingresan nuevamente a las instalaciones de la JNJ y se llevó 6 computadoras
Siete fiscales bajo el mando del fiscal provincial anticorrupción de Lima Centro, Juan Carlos Zúñiga Ríos, llegaron este miércoles a la sede principal de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto, como parte de la indagación por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
Esto en base a la revelación periodística sobre que un ‘grupo de amigos’ fue seleccionado para acceder a puestos de trabajo de la Dirección de Servicios Disciplinarios, presentando un mismo certificado de experiencia laboral.
El fiscal dijo que, en una investigación de actos de corrupción se solicita documentación, información a los funcionarios del servidor público. Y que “cuando hay una negativa, se pide una medida al juez para que lo autorice”. Pero ahora se conoce que fue la JNJ la que solicitó la orden judicial.
Los representantes de la Fiscalía se llevaron seis equipos de cómputo utilizados por Frank Fernández Echevarría, Johan Castillo de la Cruz. También, Linda Melody Castillo de la Cruz, Claudio César Valdera Bohorquez. Además de Rayan Dany Calderón Bringas, Milena Aguilar Valle y Edson Villarroel Beraún, los trabajadores investigadas y vinculados a la dirección mencionada.
Según el informe, este personal estaría a cargo de la distribución de expedientes de denuncias entre los miembros de la Junta Nacional. Así como de la revisión y redacción de proyectos de calificación de denuncias contra jueces y fiscales, según el puesto que ocupan.
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