Entre el 15 y 16 de diciembre de 2022, diez ciudadanos peruanos que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte y por el cierre del Congreso fueron asesinados por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército en la provincia de Huamanga, en Ayacucho.
Los familiares de las víctimas aún esperan que se halle a los culpables y lograr justicia. También los heridos que han quedado postrados y con graves secuelas. Solo de los que se conoce, en ese ataque, resultaron heridas más de 60 personas entre civiles, efectivos policiales y militares. Hay muchos que no han manifestado que tienen alguna dolencia, por temor.
Las manifestaciones las convocó el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) para los días 15 y 16 de diciembre del año pasado, después de los enfrentamietos que se dieron en Apurímac.
¿Cómo fueron los hechos?
El día 15 se realizaron marchas en Huamanga, pero algunos manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
En ese momento, las instalaciones aeroportuarias estaban bajo la protección del Ejército y la Policía Nacional porque la región se encontraba bajo una declaratoria de estado de emergencia. Es allí cuando se produjo el enfrentamiento donde murieron los diez ciudadanos cuyas autopsias determinaron, disparos en la cabeza o el torso.
El 16 de diciembre, frente a la masacre ocurrida y por la falta de policías y militares, se produjeron actos vandálicos en la ciudad como saqueos y, también, incendios en algunos edificios públicos no protegidos.
El ataque en el aeropuerto
Había una gran tensión en el ambiente. Cuando los efectivos del Ejército y la PNP se vieron rodeados respondieron con el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas que, según testigos, también las arrojaban los militares desde helicópteros. Algunos manifestantes empezaron a salir del aeropuerto por la denominada vía de Evitamiento de Huamanga. Pero otro grupo siguió enfrentándose afuera de las instalaciones, hasta llegada la tarde.
Fue alrededor de las tres de la tarde que, un poco más de 30 efectivos, se desplazaron hacia las calles aledañas del aeropuerto, persiguiendo a los manifestantes que salieron, produciéndose un tiroteo. Es ahí donde se produce el mayor número de bajas civiles.
Según una testigo, “en toda la ciudad se escucharon las balas por más de dos horas“. Aquel día, 218 militares prestaron servicio en la defensa del aeropuerto. Y según un capitán del Ejército, preguntado sobre protestas en Ayacucho: hubo soldados que salieron del aeropuerto y dispararon a quemarropa contra manifestantes.
Hay pruebas contra los miembros del Ejército pero no hay justicia
Es lo que dice un informe del Ejército que se trató de ocultar. Algunos soldados fuera del supuesto resguardo al aeropuerto “dispararon a quemarropa contra manifestantes”. Este documento al que accedió La Encerrona, tiene la cadena de mando militar en la masacre de Ayacucho
Así lo declaró ante inspectoría del Ejército, el capitán Víctor Grados, quien además identificó al teniente coronel Jimmy Vengoa a quien la Fiscalía sindica como uno de los militares que salió del aeropuerto a disparar contra civiles en Ayacucho. Pese a los testimonios, el Ejército desestimó las acusaciones contra los soldados. Y de Vengoa determinaron que cometió falta leve.
Pese a la evidencia, aducen que “no está probado” que los fallecidos fueran producto del accionar militar. Sin embargo, la Fiscalía sindica a Vengoa de disparar contra Cristopher Ramos Aime y José Aguilar Yucra, quienes murieron ese 15 de diciembre. Él estaba ahí por orden del coronel Alberto Pinto.
El Ejército quiere negar la existencia de este expediente que tiene más de 1600 páginas e incluye otro informe final del general Marco Marín que limpia a los soldados presentes en la masacre de Ayacucho.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Los diez fallecidos recibieron un impacto de arma de fuego, la mayoría en el tórax. Y hay otros diez ciudadanos heridos de gravedad que están internados en hospitales de Ayacucho y Lima.
– C. M. R. A. (15 años) con traumatismo torácico-shock hipovolémico por proyectil de arma de fuego en tórax proyectil de arma de fuego en tórax.
– Josué Sañudo Quispe (31 años) con traumatismo torácico abierto-laceración pulmonar derecha por proyectil de arma de fuego en tórax.
– Jhon Jennry Mendoza Huarancca (34 años) con traumatismo torácico abierto-shock hipovolémico por proyectil de arma de fuego en tórax
– Raúl García Gallo (35 años) con perforación femoral arterial derecha traumatismo abdominal abierto por proyectil de arma de fuego en abdomen
– Clemer Fabricio Rojas García (22 años) con trauma torácico abdominal-laceración pulmonar por proyectil de arma de fuego en tórax
– Luis Miguel Urbano Sacsara (22 años) con trauma torácico abierto-perforación pulmonar por proyectil de arma de fuego en tórax
– Edgar Wilfredo Prado Arango (51 años) con traumatismo torácico abdominal-laceración hepática y pulmonar por proyectil de arma de fuego en tórax
– José Luis Aguilar Yucra (20 años) con traumatismo craneoencefálico severo por proyecto de arma de fuego en cráneo
– Leonardo David Hancco Chacca (32 años) con trauma abdominopélvico abierto por proyectil de arma de fuego
– Jhonatan Alarcón Galindo (19 años) con traumatismo abdominal-edema pulmonar por proyectil de arma de fuego
Familiares siguen siendo maltratados por la Fiscalía y el Gobierno
Los familiares de estas víctimas, lejos de alcanzar justicia, ven cómo se dilatan las indagaciones, siguen siendo maltratados con cambios de fiscales y el traslado de los expedientes a Lima. Esto les supone gastos económicos o participar de algunas audiencias virtuales con mala conexión, entre otros.
Los deudos, sin embargo, están firmes en su lucha porque se halle a los culpables y paguen por sus culpas. Han recurrido a instancias internacionales y esperan que, si no se les hace justicia en su propio país, sean los organismos externos los que puedan darles respuestas y puedan reconstruir sus vidas.
Yovana Mendoza, vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Heridos del 15 de diciembre, ha dicho recientemente, “no encontramos justicia sabiendo quiénes son los asesinos”…
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