Arequipa: Egasa busca encarcelar a activista que defiende valle de Chilina del proyecto Charcani VII

Uno de los temores que genera la aprobación del documento, es que se cambiará el uso de suelo del terreno del valle a industrial, donde se encuentra el parque ecológico Las Rocas

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La controversia por la construcción de la hidroeléctrica Charcani VII en Arequipa, ha provocado que la empresa Egasa tome medidas judiciales contra los opositores. Quien ha sido más perjudicado es el antropólogo Jorge Iriondo Valdez, ya que pesa sobre él un pedido de 6 años de prisión efectiva.

Iriondo enfrenta en la actualidad 11 imputaciones por difamación agravada. Estas acusaciones se fundamentan en las expresiones que el ambientalista compartió en su perfil personal de Facebook. Se incluyeron declaraciones a medios digitales donde manifestó su oposición respecto al proyecto.

El 10 de enero se dio la última audiencia en el Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado. Aquí los abogados de la empresa pidieron al magistrado que se cambie de 3 años de cárcel, que era el pedido inicial, a 6 años de prisión efectiva. Además, piden una reparación civil de un millón y medio de soles.

“Me piden un millón de soles, ni entregando mi sueldo íntegro por 80 años podré pagar está querella. Encima dice que son buenos conmigo”

El adelanto de sentencia se dará a conocer este 12 de enero, y la sentencia integra el 24 del mismo mes.

Controversia por hidroeléctrica en Arequipa

Las críticas contra esta central hidroeléctrica recae en que se pretende edificar la hidroeléctrica en pleno corazón del valle de Chilina. Aquí se encuentra el parque ecológico Las Rocas.

Egasa no dudo en demandar también al directorio del IMPLA, debido a la demora en aprobar el plan específico del Parque Las Rocas, indispensable para ejecutar el proyecto Charcani VII. Con la aprobación de este documento, se ejecutará el proyecto con un presupuesto de 60 millones de dólares.

Uno de los temores que genera la aprobación del documento, es que se cambiará el uso de suelo del terreno del valle a industrial. Esto permitirá que otras empresas también puedan construir sus estructuras en el valle de Chilina.

La demanda contra los miembros del IMPLS es por abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Alegan que se cometieron estos delitos al no aprobar el plan específico necesario para su proyecto.

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  • Redacción El Búho

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