Obras de mantenimiento y mejora de la infraestructura de dos facultades de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) presentan irregularidades. Estas obras, en las facultades de Derecho y Ciencias de la Comunicación, están valorizadas en 1 millón 253 mil 520 soles y 6 millones 585 mil 567 soles, respectivamente. Según dos informes de Contraloría General de la República, en ambos proyectos se identifica una carente supervisión. Así también, la ejecución de la obra fuera de los plazos establecidos.
Obras en la Facultad de Ciencias de la Comunicación
El Informe n.° 033-2023-OCI/0210 de la Contraloría General ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que afectan el desarrollo del proyecto. “Mejoramiento del servicio de formación profesional en la escuela de Ciencias de la Comunicación” es un proyecto valuado en S/1.2 millones. Abarca la construcción de un cuarto nivel destinado a aulas y talleres televisivos, así como el acondicionamiento de salones existentes.
La situación crítica se manifiesta con mayor énfasis al observar que, a pesar de la suspensión oficial desde el 21 de octubre de 2023, fecha que marcó el inicio de la paralización de las actividades, la empresa contratista Inversiones Hilario SAC sigue llevando a cabo los procesos constructivos. La causa de esta continuidad se vincula al adicional n.°4, pendiente de aprobación, que debería haber detenido temporalmente el avance de la obra.
Durante este periodo de suspensión, los trabajos en cuestión prosiguieron sin contar con la supervisión ni la dirección técnica del residente y supervisor de obra. Esta omisión en la gestión de la obra plantea riesgos sustanciales, ya que la ausencia de la supervisión especializada podría dar lugar a deficiencias y errores en la ejecución del proyecto.
Obras Facultad de Derecho
El informe n.° 035-2023-OCI/0210 emitido por la Contraloría brinda una evaluación del proyecto revelando diversas deficiencias en la ejecución que podrían comprometer su éxito. Se destaca que tanto el contratista, SOGU Constructora y Consultora E.I.R.L, como la supervisión, presentan irregularidades.
En primer lugar, se observa que los profesionales propuestos para el proyecto de la UNSA, el ingeniero en valorizaciones, metrados y costos, José Luis López Velásquez, y la ingeniera especialista en impacto ambiental, Jessica Juana Hanco Casilla, no cuentan con la habilitación del Colegio de Ingenieros de Arequipa. Esta falta de cumplimiento normativo genera preocupaciones sobre la capacidad de ambos para desempeñar eficazmente sus funciones en el marco del contrato.
La revisión detallada de la albañilería revela deficiencias que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los planos. Esta situación, según el informe, no solo infringe las normativas vigentes, sino que también plantea riesgos de inseguridad sísmica para los ocupantes durante la fase de funcionamiento del proyecto.
Otro punto crítico identificado es la ejecución de partidas relacionadas con un adicional y deductivo de obra que aún no ha sido aprobado por la entidad correspondiente. Esta práctica, según Contraloría, podría derivar en un reconocimiento irregular de los costos asociados.
La demora en la atención de consultas por parte de la supervisión se presenta como un factor adicional de riesgo. Esto podría afectar negativamente el avance de la obra y retrasar su puesta en servicio. Además, existe la posibilidad de inaplicación de penalidades relacionadas con los plazos establecidos que debería de ejecutar la UNSA.
Un aspecto financiero relevante es la identificación de cálculos erróneos en la fórmula polinómica de la valorización n.º 2. Esta situación, en contravención a la normativa establecida, podría resultar en un perjuicio económico de S/ 1363.78, generando interrogantes sobre la gestión financiera adecuada del proyecto
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