Ruth Luque cuestionó esta decisión, señalando que el Congreso busca modificar la Constitución según su conveniencia, sin importar la desaprobación generalizada de la población.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría un dictamen para aumentar el número de miembros del Tribunal Constitucional (TC). Según los promotores de esta medida, el incremento permitiría que las decisiones del TC sean más equitativas, mejor analizadas y contribuiría a reducir la carga laboral actual de los magistrados.
Sin embargo, Ruth Luque cuestionó esta decisión, señalando que el Congreso busca modificar la Constitución según su conveniencia, sin importar la desaprobación generalizada de la población. La parlamentaria advirtió que esta acción podría interpretarse como un intento de controlar instituciones fundamentales para la democracia.
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Solo en noviembre hay 22 nuevos casos de abuso sexual contra menores de edad en Condorcanqui (Amazonas). Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún
Solo en noviembre hay 22 nuevos casos de abuso sexual contra menores de edad en Condorcanqui (Amazonas). Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció que el ministro de Educación, Morgan Quero, llegó a la comunidad Awajun entre «bombos y platillos» para anunciar medidas que, al final, no han funcionado para afrontar la violencia sexual cometida por docentes. Además, afirmó que hay niñas embarazadas.
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Un violento asalto a plena luz del día terminó en una persecución policial y la captura de uno de los delincuentes. El hecho ocurrió en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa), cuando un trabajador de una empresa transportaba S/ 45 mil para depositarlos en una entidad bancaria cercana al Centro Comercial La Isla.
Cuatro delincuentes, armados y a bordo de un vehículo con placas falsas, interceptaron al trabajador cerca de la calle Universidad. Tras amenazarlo y realizar disparos al aire, lograron apoderarse del dinero.
En su huida, la mitad de los delincuentes huyeron en el vehículo y los otros dos se dispersaron en distintas direcciones. Uno de ellos, identificado como Hugo Armando Charaja Encalada, fue capturado en la avenida Manuel Forga mientras intentaba camuflarse como pasajero de un transporte público.
“A la altura del Mercado Palomar, dos sujetos descienden y el vehículo rojo sigue su fuga. Uno abordó una combi haciéndose pasar por pasajero y otro un taxi. El tercero escapó a pie”
Coronel Edward Vásquez, jefe de la Divincri Arequipa.
La Policía continúa con las investigaciones para ubicar a los otros tres implicados, quienes durante la fuga dejaron un arma de fuego en un contenedor de basura.
Las cámaras de seguridad y testimonios serán claves para la captura del resto de la banda delincuencial. La captura de Charaja representa un avance en la lucha contra bandas delictivas como «Los Chuecos de Mariano Melgar», sospechosa de estar detrás de este y otros delitos en la región.
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El fujimorismo a través de la Comisión de Constitución del Congreso sigue realizando cambios a la Carta Magna que dejarían en indefensión a las instituciones tutelares del país como es el TC y a los peruanos.
La Comisión de Constitución a cargo del fujimorismo aprobó el dictamen de reforma constitucional que incrementa de siete a nueve el número de miembros del Tribunal Constitucional (TC).
“La Ley de Reforma Constitucional del artículo 2021, se da, a fin de fortalecer la jurisdicción constitucional mediante el incremento del número de magistrados del Tribunal Constitucional (TC)”, dice la propuesta.
Y la elección de los dos nuevos magistrados lo haría el Congreso según la propuesta aprobada que presentó Fernando Rospigliosi, presidente de este grupo de trabajo.
A diferencia de otros proyectos, el dictamen se presentó a un mes desde que Alejandro Muñante realizó el trámite el 30 de octubre. Y con 19 votos a favor, se volvió a cambiar la Constitución Política del Estado.
El proyecto que se sustentó argumenta mejoras al Tribunal Constitucional (TC) frente a la carga procesal que ha aumentado significativamente.
Sin embargo, recién se promovió, después de que el Congreso perdiera en la demanda competencial que habían presentado ante dicha instancia. Y en la que no tuvieron respaldo de la mayoría en su pretensión.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minsjusdh) ha aprobado una nueva lista de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas. A través de la Resolución Ministerial 0301-2024-JUS, se aprobó la lista número 36 que incluye a 158 personas, entre civiles, policías y militares, afectadas durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000. Estas víctimas […]
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minsjusdh) ha aprobado una nueva lista de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas. A través de la Resolución Ministerial 0301-2024-JUS, se aprobó la lista número 36 que incluye a 158 personas, entre civiles, policías y militares, afectadas durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000. Estas víctimas recibirán un total de S/ 1 000 464.27, que serán depositados en sus cuentas del Banco de la Nación. Los beneficiarios, residentes en 15 regiones del país, forman parte del Registro Único de Víctimas (RUV), una herramienta gestionada por el Consejo de Reparaciones, encargada de acreditar las afectaciones sufridas durante el periodo de violencia.
Contexto: dos décadas de conflicto armado
El conflicto armado interno marcó dos décadas de violencia en Perú, dejando cerca de 69 280 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Las comunidades indígenas y rurales fueron las más afectadas por las acciones de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, así como por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. El Plan Integral de Reparaciones, establecido mediante la Ley N° 28592, busca responder a este daño histórico mediante reparaciones económicas, programas de salud y educación, y reconocimiento simbólico a las víctimas.
Avances y desafíos en el proceso de reparación
A fines de agosto, la Defensoría del Pueblo instó al Ejecutivo a acelerar el cumplimiento de las reparaciones económicas y otras medidas destinadas a las víctimas del conflicto armado interno. Según el Registro Único de Víctimas (RUV) del Consejo de Reparaciones, están inscritas 234 877 víctimas civiles, 1 193 policías y 1 488 militares, todas afectadas en distinto grado. En 2024, el Minjusdh atendió a 473 personas registradas en el RUV, sumando más de 87 263 víctimas que, desde el inicio del programa, han recibido compensaciones por un monto superior a S/ 333 millones.
Un paso hacia la reconciliación
El informe final de la CVR, publicado en 2003, señala que el conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y 2000 representó el episodio más intenso, extenso y prolongado de violencia en la historia republicana. Este periodo dejó profundas heridas y evidenció las desigualdades estructurales de la sociedad peruana. Según la CVR, la cifra más probable de víctimas fatales asciende a 69 280 personas, con un 79 % de ellas residentes en zonas rurales y un 56 % dedicadas a actividades agropecuarias. Las víctimas no solo demandan reparaciones económicas, sino también medidas integrales que aborden aspectos como la salud mental, la educación y el reconocimiento público de su sufrimiento. La CVR destaca que el conflicto evidenció “graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático”. Expertos y organizaciones civiles coinciden en que la reparación no debe limitarse a lo económico. El fortalecimiento del Estado de derecho y la memoria histórica son esenciales para garantizar que la violencia vivida nunca se repita.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
A pesar de la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, la región La Libertad ha mostrado un desempeño alarmantemente bajo en la ejecución de su presupuesto de solo 75% destinado a la seguridad ciudadana. Hasta octubre de 2024, solo se han invertido S/ 79.5 por habitante en medidas para combatir el delito y mejorar la […]
A pesar de la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, la región La Libertad ha mostrado un desempeño alarmantemente bajo en la ejecución de su presupuesto de solo 75% destinado a la seguridad ciudadana.
Hasta octubre de 2024, solo se han invertido S/ 79.5 por habitante en medidas para combatir el delito y mejorar la seguridad ciudadana, cifra que está significativamente por debajo del promedio nacional de S/ 132, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recopilados por ComexPerú.
La Libertad entre las regiones más rezagadas
Este bajo nivel de ejecución coloca a La Libertad entre las 17 regiones del país que no logran alcanzar el promedio nacional en inversión por habitante para seguridad ciudadana. A nivel nacional, solo siete regiones, incluyendo la provincia constitucional del Callao, superan este promedio, reflejando una desigualdad en el uso de los recursos asignados para combatir el crimen y fortalecer la seguridad pública.
ComexPerú expresó su preocupación por este panorama, destacando que el gasto en seguridad no solo es insuficiente, sino que tampoco está logrando el impacto esperado debido a la falta de eficiencia en su ejecución.
Impacto económico del crimen y la violencia
La inseguridad tiene un costo elevado para el sector privado en el Perú, representando el 1.88% del Producto Bruto Interno (PBI), según una encuesta del Banco Mundial. Esta cifra supera a países como México (1.77%), Colombia (1.76%) y Chile (1.05%). El impacto de la delincuencia se extiende más allá de los costos directos, afectando la productividad empresarial, desalentando la inversión y erosionando la confianza en las instituciones públicas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que el crimen y la violencia limitan el desarrollo del capital humano, lo que agrava las dificultades económicas y sociales. Por ello, mejorar la eficiencia del gasto público en seguridad es crucial no solo para proteger a los ciudadanos, sino también para fomentar el crecimiento económico y atraer inversiones, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen el 99.7% de las empresas en el país.
Presupuesto nacional: Avances y desafíos
El presupuesto nacional asignado para la reducción de delitos y faltas en 2024 asciende a S/ 5,973 millones, lo que representa un incremento del 5.3% en comparación con 2023. Sin embargo, hasta octubre de este año, solo se ha ejecutado el 75% de este monto, dejando un 25% por utilizar en los últimos dos meses del año.
Este resultado sigue la tendencia de la última década, en la que el promedio de ejecución presupuestal para este rubro a octubre es de 75.4%. La falta de capacidad para ejecutar plenamente los recursos asignados subraya la necesidad de implementar reformas que optimicen el uso del presupuesto y garanticen que los fondos lleguen efectivamente a iniciativas que marquen la diferencia en la seguridad de los ciudadanos.
Una llamada a la acción
ComexPerú subraya que abordar la inseguridad ciudadana debe ser una prioridad estratégica del Gobierno. Resolver este problema requiere una coordinación transversal entre los tres niveles de gobierno para garantizar una respuesta integral.
La inseguridad no solo amenaza la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también obstaculiza el crecimiento económico. Reducir el crimen y la violencia generaría un entorno más favorable para la inversión, impulsaría la productividad y fortalecería la confianza en las instituciones, pasos esenciales hacia un desarrollo sostenible a largo plazo.
En conclusión, mientras el Perú busca afrontar los desafíos de la inseguridad, la región La Libertad debe redoblar sus esfuerzos para cerrar la brecha en la ejecución presupuestal. Solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva a los problemas de seguridad y un entorno más próspero para sus habitantes.
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El próximo 15 de diciembre se llevará a cabo en Ayacucho una emotiva jornada de conmemoración en honor a las víctimas y sobrevivientes de los trágicos hechos ocurridos durante las protestas de 2022. Como parte central de este homenaje, la Asociación de Familiares de Afectados por la Masacre de Ayacucho (Asfah) inaugurará un pedestal en […]
El próximo 15 de diciembre se llevará a cabo en Ayacucho una emotiva jornada de conmemoración en honor a las víctimas y sobrevivientes de los trágicos hechos ocurridos durante las protestas de 2022. Como parte central de este homenaje, la Asociación de Familiares de Afectados por la Masacre de Ayacucho (Asfah) inaugurará un pedestal en el cementerio de la ciudad, que llevará las placas con los nombres de los 10 fallecidos y los sobrevivientes de la masacre.
El programa conmemorativo se extenderá durante varios días. Las actividades principales inician el 14 de diciembre con una exhibición de trabajos artísticos en la Plaza Mayor de Ayacucho, desde las 9:00 a.m., donde se presentarán retablos, pinturas y canciones compuestas por familiares de las víctimas. Ese mismo día, a las 3:00 p.m., se realizará un foro legal con abogados que expondrán el estado actual de las investigaciones.
El día central, 15 de diciembre, comenzará con una misa en la Catedral de Ayacucho a las 9:00 a.m., seguida de una romería hacia los lugares donde ocurrieron los hechos, como el frontis del aeropuerto y Conchopata. Por la tarde, a las 3:00 p.m., se develará el pedestal en el cementerio, culminando con una movilización hacia la Plaza Mayor. Las actividades culturales continuarán con la proyección de una película en el cine Municipal a las 5:30 p.m. y una vigilia a partir de las 6:30 p.m.
«Este pedestal no solo honra a nuestros mártires, sino que también simboliza la lucha por la justicia y la memoria de lo ocurrido el 15 de diciembre de 2022», expresó Yobana Mendoza Huarancca, presidenta de Asfah.
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La comunidad de Santa Rosa de Phoquera, ubicada en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, ha encendido las alarmas frente a la presunta contaminación ambie.ntal generada por la empresa minera Titán. Según las denuncias, las lagunas de Ccumuni y Challhuani, así como los riachuelos que atraviesan los pastizales, estarían siendo gravemente […]
La comunidad de Santa Rosa de Phoquera, ubicada en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, ha encendido las alarmas frente a la presunta contaminación ambie.ntal generada por la empresa minera Titán. Según las denuncias, las lagunas de Ccumuni y Challhuani, así como los riachuelos que atraviesan los pastizales, estarían siendo gravemente afectados por vertidos de aguas residuales y relaves mineros.
Testimonios y evidencias de la contaminación
Leonardo Condori Quispe, teniente gobernador de la comunidad afectada, encabezó la denuncia pública, respaldándola con imágenes que muestran el deterioro de las fuentes de agua. Según el dirigente, las aguas contaminadas provendrían de la planta de cianuración de relaves de la minera, que estaría liberando elementos altamente tóxicos en el ecosistema local.
«Las aguas contaminadas están matando a nuestras alpacas, animales que son la base de nuestra economía y sustento», señaló Condori con visible preocupación. Además, advirtió que la contaminación afecta directamente a las comunidades cercanas, incluyendo instituciones educativas de nivel inicial y primario, así como al programa social Cuna Más, que atiende a niños desde 0 hasta 11 años.
Impacto ambiental y social
El daño ambiental denunciado no solo amenaza la biodiversidad de la zona, sino que pone en grave riesgo la salud de las poblaciones que dependen de estas fuentes de agua. La mortandad de animales, la posible intoxicación de menores y la pérdida de calidad de los pastizales son algunas de las consecuencias señaladas por los comuneros.
Por años, estas comunidades han sido testigos de la depredación ambiental ocasionada por actividades mineras, lo que ha derivado en una crisis socioambiental que parece no tener solución a la vista.
Reclamo urgente de acciones concretas
Los comuneros exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes para investigar a fondo las denuncias y determinar la responsabilidad de la minera Titán. «Necesitamos sanciones ejemplares para que se respeten nuestros derechos y se proteja nuestro medio ambiente», enfatizó Condori.
En caso de comprobarse las violaciones ambientales, los comuneros solicitan la imposición de multas significativas, la suspensión de las actividades contaminantes y la reparación de los daños causados, tanto al ecosistema como a la salud pública.
Llamado a la acción
Esta denuncia pone de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta y un monitoreo constante de las actividades mineras en la región. Asimismo, evidencia el abandono estatal que enfrentan las comunidades afectadas, quienes luchan por preservar su territorio y su calidad de vida.
La situación de Santa Rosa de Phoquera es un recordatorio de la urgente necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
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El Congreso de la República ha realizado varios cambios a la Ley de Elecciones y ahora aprobó un dictamen para anular los comicios locales que no tengan la asistencia de más del 50 % de sus votantes.
En la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso se aprobó, por mayoría, el dictamen del proyecto de ley que busca modificar la Ley de Elecciones Municipales para “garantizar” la renovación democrática de estas autoridades.
Esta norma propone modificar específicamente el artículo 36 de dicha ley, indicando que se puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades.
Así, se anularían las elecciones por infracción de la ley, que hubiesen modificado los resultados de la votación. Pero también ante la inasistencia de votantes al acto electoral supere el 50%.
“Los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos emitidos”, dice entre los motivos.
Elecciones complementarias
La propuesta detalla que, en caso de declararse nula la elección municipal por no superar el 50 % de asistentes en los comicios, se debe proceder a una única elección complementaria.
Luego, se proclamarán los resultados de la elección de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23. Esto, indistintamente al porcentaje de asistencia de votantes que concurran al acto electoral.
La Municipalidad de Arequipa modifica circulación de calles en busca de mejorar flujo vehicular. | IMAGEN: MPA
Desde el lunes 2 de diciembre, las calles 28 de Julio (primera y segunda cuadra) y Garcí de Carbajal (primera cuadra) operan bajo un nuevo sistema de doble sentido vial. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Transportes, implementó este cambio con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y mejorar la movilidad en la zona.
Como parte de esta medida, se instalaron semáforos en el cruce de la calle La Merced con 28 de Julio para garantizar un flujo vehicular más seguro y organizado. Además, se realizó el pintado de las vías y la instalación de la señalética correspondiente, facilitando la adaptación de los conductores.
Inspectores de transporte supervisarán el cumplimiento de esta disposición y orientarán a los conductores en los primeros días de implementación. Este cambio se basa en la Ordenanza Municipal N.º 1353, aprobada por el Concejo Municipal de Arequipa, que establece el cambio de sentido de estas vías.
La medida responde a informes técnicos emitidos entre 2023 y 2024, que concluyeron la viabilidad del proyecto. La ordenanza fue publicada oficialmente el 7 de noviembre de 2024.
La Municipalidad exhorta a los ciudadanos a respetar las nuevas disposiciones y colaborar con el orden en las vías. Este esfuerzo forma parte de un compromiso continuo con la seguridad vial y la infraestructura urbana.
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Dijo también que su ausencia fue breve y, tras la operación, ella encabezaba el Consejo de Ministros de forma virtual.
«Como es de conocimiento público, la señora presidenta en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico. En esta intervención, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo las labores que la competían al cargo y me consta. Tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros», declaró.
Otárola Peñaranda respondió las preguntas del presidente de la comisión de Fiscalización, Juan Burgos Oliveros. Dijo que sí conocía de la intervención quirúrgica, pero no de los detalles.
«Se notaba por la voz, que la intervinieron evidentemente de las fosas nasales»
¿Tuvo usted alguna comunicación con el equipo médico de la presidenta sobre ese procedimiento?, ¿tuvo descanso médico legal, teniendo en cuenta que es una intervención quirúrgica que es invasiva?, consultó Burgos al expremier.
Otárola comentó que al día siguiente de la intervención quirúrgica se comunicó con la señora presidenta. «Se notaba por la voz, que había sido intervenida evidentemente de las fosas nasales. Y a partir de ese momento, tuve una comunicación fluida con ella y se reincorporó luego de una semana y media a los Consejos de Ministros presenciales».
El expremier agregó: «el descanso médico, me consta que no fue prolongado y digamos que tuvo una recuperación relativamente rápida, pero no supo precisar los días exactos de la operación y de los de descanso».
Expremier negó que asumió las funciones de la presidencia de la República
Y sobre si en las horas o días de la ausencia de la mandataria asumió la presidencia de la República, Otárola dijo que no.
“Yo asumí las funciones que le corresponden al presidente del Consejo de Ministros, coordinador del gabinete y portavoz autorizado del gobierno sin excederme mis competencias”, refirió Otárola.
Burgos insistió sobre si la presidenta Boluarte informó al Consejo de Ministros sobre su operación y si hubo un certificado médico oficial. A lo que Otárola respondió: “honestamente yo no vi ningún certificado médico escrito”.
El congresista Burgos Oliveros comentó que no hay muchos tipos de rinoplastias y que un postoperatorio va entre 8 a 12 días. En ese sentido, le expresó su extrañeza de que afirmara (Otárola) que la presidenta despachara inmediatamente.
“Cómo es posible que usted nos afirme que la presidenta siguió laborando activamente. Esto, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente”, le insistió. A lo que Otárola dijo, “yo he tenido la comunicación ordinaria que tengo con la presidenta de la República. No ha estado fuera de, digamos, del radar o de las decisiones de gobierno, durante un tiempo prolongado. Eso lo puedo asegurar”.
Así, el gobierno de Dina Boluarte deposita toda su confianza en la joven promesa que logró ocupar un codiciado puesto y representará al país en temas que su mamá ha preferido pasarlos por encima
David Gómez Boluarte, primogénito de la presidenta Dina Boluarte, ha sido respaldado por el canciller Elmer Schialer, tras su nombramiento como tercer secretario del servicio diplomático en la Representación Permanente del Perú ante la ONU. El ministro, quien autorizó la designación, negó cualquier tipo de nepotismo y destacó las cualidades del joven, calificándolo como «una promesa de la diplomacia peruana».
“El nepotismo por transitividad (…) no se aplica en este caso. Subrayo y lo pongo en este caso. Yo no decido quiénes van a qué puesto, eso lo decide la Comisión de Personal con base en dos requisitos: uno, legal, está apto, tienes todas aquellas cosas que legalmente se requieren para ese puesto; y, dos, la aptitud profesional del funcionario o de la funcionaria», afirmó Schialer.
Y ya que la Ley del Servicio Civil no es aplicable al Servicio Diplomático, el nombramiento de Gómez Boluarte es completamente legal, añadió. Así, el gobierno de Dina Boluarte deposita toda su confianza en la joven promesa que logró ocupar un codiciado puesto y representará al país en temas que su mamá ha preferido pasarlos por encima, los derechos humanos, por ejemplo.
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Una investigación periodística reciente reveló que los dos jóvenes laboran en el GRA y en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) en condiciones aparentemente irregulares. | IMAGEN: GRA
El Consejo Regional de Arequipa (CRA) solicitará información al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre un nuevo caso de presunto direccionamiento en la contratación de dos amigos de Diego Sánchez Zeballos, segundo hijo del gobernador Rohel Sánchez y Luz Marina Zeballos.
César Huamantuma señaló que se realizará una fiscalización detallada a las autoridades administrativas responsables de estas contrataciones, ante las dudas sobre la idoneidad de los candidatos para los puestos asignados. “Se tiene que investigar… Se tiene que ver todo el procedimiento administrativo para ver si esas contrataciones están dentro del canal legal o simplemente es un presunto favorecimiento,” indicó.
Contratos cuestionados
Una investigación periodística reciente reveló que los dos jóvenes laboran en el GRA y en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) en condiciones aparentemente irregulares. Ambos cuentan únicamente con el grado de bachiller, pero reciben ingresos significativos por sus servicios.
El primer caso involucra a Yhoshua Cuba Bernal, bachiller en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Santa María (UCSM), quien comenzó a trabajar en el área de Imagen Institucional del GRA en julio de 2023. Su labor incluye la creación de videos para TikTok y redes sociales de la institución. Según el reporte, su remuneración fue incrementada, percibiendo hasta S/ 14 mil 200 solo por concepto de servicios.
El segundo caso es el de Piero Delgado Angulo, bachiller en Ingeniería Comercial por la misma universidad desde enero de 2023. Delgado brinda servicios en Autodema como asistente logístico, obteniendo ocho órdenes desde marzo de 2023, por un monto total acumulado de S/ 43 mil 400.
Críticas a la gestión de Rohel Sánchez
El consejero cuestionó que este tipo de contrataciones continúen ocurriendo en la administración de Rohel Sánchez, particularmente cuando implican a su círculo cercano. “El gobernador debería poner orden y prohibir a sus familiares y entorno cualquier tipo de contrataciones que puedan generar estos casos que atentan contra la gobernabilidad del GRA,” enfatizó.
El consejero también criticó el uso de argumentos que podrían considerarse evasivos para justificar estas acciones. Y pidió un manejo más riguroso dentro del entorno familiar del gobernador.
Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación especializada en temas políticos y sociales, de educación, salud y controversias regionales.
Diana Miloslavich y Gloria Pilares analizan la ineficacia del Estado frente al daño psicológico, las lesiones y la muerte que sufren las peruanas pese al incremento de las denuncias
La violencia contra la mujer no está en el foco de las autoridades de Gobierno y los casos de desapariciones y feminicidios se han incrementado dolorosamente. | IMAGEN: Propuesta País
Las mujeres en el Perú no solamente están siendo registradas como desaparecidas, sino que también sufren de violencia física, que termina en su asesinato. Así, de enero a octubre de este año, las cifras son alarmantes, con 132 feminicidios y 8 mil 627 mujeres no habidas.
A esta situación se suma la violencia económica con la que algunos hombres obligan a sus parejas a ser dependientes para controlarlas o les limitan sus ingresos o que puedan disponer de los mismos e incluso, las privan de los medios necesarios para vivir.
Para analizar la situación que sufren las mujeres y cómo persiste la violencia física, psicológica y económica sobre ellas, La Red de Medios Regionales del Perú invitó a Diana Miloslavich Túpac, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú y a Gloria Pilares Suyo, lideresa activista de la macrosur del Consejo Regional de la Mujer (Coremuj).
Miloslavich: “El Estado no coloca en el centro de la atención la violencia contra las mujeres”
Diana Miloslavich, exministra de la Mujer, recordó que la fecha del Día de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres nació el año 1981, en memoria del asesinato en República Dominicana de tres hermanas, las Mirabal, durante la dictadura de Rafael Trujillo. “Lo que ahora se denominaría un feminicidio”.
Miloslavich Túpac refirió que posteriormente la conmemoración fue asumida por la Organización de las Naciones Unidas. Y consideró significativo porque marca la importancia que han tenido en América Latina y el Perú los hitos en la lucha por prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar.
“Una de las dificultades que tiene el Estado en este gobierno es que no coloca en el centro de la atención la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas. No es una prioridad para este gobierno, nunca lo ha señalado la presidenta de la República”.
Diana Miloslavich Túpac, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú
La mejora de la ley del acoso político ha quedado trabada en el Congreso
Al respecto, dijo que el hecho que ha marcado este último 25 de noviembre ha sido el de la joven Sheyla Cóndor, asesinada y descuartizada en Lima, y que no ameritó la presencia ni declaración alguna de la propia ministra de la Mujer, ni de la presidenta de la República. “Esto da cuenta de que no es un tema central y fundamental para este gobierno”.
Destacó la campaña “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso político” porque ha logrado una ley para prevenir y sancionar el acoso político, en el marco de la Ley 31155. Que si bien, como toda legislación tiene vacíos, se quiere mejorar. Pero sí tipifica los casos de acoso político y trata de proteger y garantizarle derechos políticos a las autoridades elegidas, a las militantes de los partidos políticos, a las que hacen política, desde los espacios sindicales o desde cualquier espacio de dedicado a la política.
La exministra opinó que es un contrasentido que, en este Congreso, una nueva legislación que se ingresó para mejorar la ley de acoso político haya quedado trabada. Luego, no hay mayor interés dado que hay una alianza entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Con la ley que dio el Congreso, el caso de Sheyla Cóndor no era investigado por fiscales
Recordó que esta alianza ha ido cumpliendo una agenda contra los derechos conquistados durante más de tres décadas, como la eliminación del lenguaje inclusivo para las mujeres.
“Esto se ve en el caso de Sheyla Cóndor. Las investigaciones que antes estaban a cargo de la Fiscalía, hoy están a cargo de la Policía Nacional”, hizo notar.
Diana Miloslavich Túpac, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú
La activista femenina opinó también que, cuando los congresistas dan una legislación, lo hacen para protegerse de futuras investigaciones, o denuncias, una vez que dejen el Congreso. “Pero afectan, porque hay poca credibilidad si las investigaciones se van a quedar a cargo de la Policía Nacional, pues muchas veces la Policía es juez y parte, como el caso último de Sheyla”.
El presunto feminicida, que se ha suicidado, es un policía. Y entonces la dilatación del caso da cuenta que efectivamente, habiendo seguramente excepciones, ´es mejor´ que hayan sacado a la Fiscalía del proceso de investigación. Entonces estamos ante un nuevo tipo de procedimiento, se trata de un caso emblemático al que estamos asistiendo en estos últimos días. Y si la Fiscalía no interviene, hay pocas posibilidades de una investigación seria.
La autonomía económica y la violencia económica
Diana Miloslavich afirma que no es cierto que haya mayores posibilidades de empleo para las mujeres. O que haya sistemas de cuidados donde permitan a las mujeres -que tienen que hacerse cargo de las tareas en su casa- las puedan ayudar los gobiernos locales o regionales.
Comentó que, por ejemplo, una mujer que tenga a cargo a una persona adulta mayor, con discapacidad, no puede tener seguridad de que puede dejar a esa persona de 9 a 5 de la tarde en un lugar seguro donde van a cuidarla y alimentarla, lo que le permita tener un trabajo remunerado.
Lo mismo va para quienes tienen niños pequeños. Que puedan tener un servicio complementario para que las mujeres tengan acceso a trabajos dignos y bien remunerados, tanto hombres como mujeres, dijo.
«Pero en el caso de las mujeres y la importancia de la autonomía económica que se quiere, no es cierto que la tengan y que se mejoren sus condiciones de vida. Es sin duda una violencia económica que las mujeres no tengan o no esté garantizado su derecho al trabajo, ni su derecho al cuidado», dijo.
Diana Miloslavich Túpac, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú
Gloria Pilares: “El gobierno actual y la presidenta Dina Boluarte no nos representan”
Gloria Pilares, la lideresa activista de la macrosur del Consejo Regional de la Mujer (Coremuj), frente a la realidad que viven las mujeres, opinó que “debemos escucharnos, reflexionar y pensar sobre la violencia que sufrimos las mujeres”.
Dijo que, para las mujeres andinas, el gobierno actual y la presidenta de la República, Dina Boluarte, no las representa. No solo por la forma en que asumió el gobierno, sino porque no sacan cara por las mujeres. Pilares Suyo, considera además que sus políticas no favorecen a la mujer, muy a pesar de que se tienen bastantes leyes, “pero poco o nada les importa implementarlas”.
“Seguimos siendo violentadas, con una violencia psicológica. Ahora último al decir que una mujer cocina un almuerzo con 10 soles. También es una forma de violencia que nos hace a nosotras; nos minimiza. Seremos mujeres andinas, pero los 10 soles que le alcanzan a la presidenta, a nosotras, no”, dijo.
Gloria Pilares Suyo, lideresa activista de la macrosur del Consejo Regional de la Mujer (Coremuj).
La lideresa activista dijo que las políticas nacionales deben implementarse también en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, y que no lo ven efectivizado así. “Entonces, creo que este tema de violencia hacia la mujer como política del gobierno actual no está. Preguntamos a los operadores del Centro de Emergencia Mujer, pero no hay efectividad. Todo viene desde arriba y hay una mirada machista”, aseguró.
“La situación es muy delicada en el marco de los derechos sexuales”
Según confirmó la lideresa activista de la macrosur del Coremuj, desde el año pasado hasta ahora, a nivel nacional, en las regiones, en las provincias y en los distritos, la violencia en todas sus formas se ha incrementado.
“La violencia se duplicó. La situación es muy delicada en el marco de los derechos sexuales reproductivos. Existe violencia sexual dentro del hogar, de la pareja. Y que, como mujeres callamos; no queremos denunciar”, advirtió.
Gloria Pilares Suyo, lideresa activista de la macrosur del Consejo Regional de la Mujer (Coremuj).
En ese sentido, comentó, “se tienen que respetar nuestras decisiones sobre cuándo tener relaciones sexuales. Creo que ahí nos sentimos violentadas, sufrimos esa violencia, no solo violencia física, sino también violencia psicológica, insultos y gritos. Creo que esa parte sí sentimos acá en el Cusco, pero no se está poniendo alto a esta situación”.
Pilares Suyo explicó que no hay una efectividad en el trabajo de las instancias correspondientes en la lucha contra la violencia. La Ley N.º 30364 indica, ordena, dispone, que se debe trabajar colectivamente, un trabajo multisectorial frente a la violencia, pero no, no está funcionando como tal.
“¿Y el Estado, el ministerio? No lo ve, no lo quiere ver. Esa es la debilidad y por ahí que no tenemos efectivas acciones de prevención que nosotras desde la sociedad civil lo estamos haciendo desde nuestra forma. Pero qué mejor, si nos escuchan, haríamos un trabajo de la mejor manera”.
«El menú de diez soles de la presidenta resume la violencia económica»
Gloria Pilares refirió que la declaración de la presidenta Boluarte sobre que se puede tener un menú de diez soles con postre, ha ofendido la dignidad de la mujer, siendo además una expresión machista que se resume o aterriza en una violencia económica.
“Sabiendo ella cómo es la situación, nos ha ofendido bastante…en un evento a nivel de mi provincia de Canchis, las mujeres rurales se han sentido indignadas…indignadas. Han dicho, ¿cómo nos puede ofender diciendo que 10 soles alcanzan para un menú completo con postre y todo?».
Gloria Pilares Suyo, lideresa activista de la macrosur del Consejo Regional de la Mujer (Coremuj).
En ese sentido dijo, que las mujeres siguen sufriendo la violencia económica. ¿Qué está haciendo el gobierno? Ya no se puede hablar de la política de igualdad de género como tal. Y ahora quieren fusionar el ministerio de la Mujer donde hay una estrategia económica para las mujeres, pero que no se efectiviza, explicó.
«Las mujeres mayormente, somos las que promovemos los emprendimientos»
La lideresa también comentó, respecto a las oportunidades laborales, que son para los profesionales, los universitarios, los técnicos. Frente a esta situación es que surgen las mujeres emprendedoras que son las que han hecho esta estrategia.
“Porque somos las mujeres mayormente las que estamos promoviendo emprendimientos y estamos, más del 70 %, en la informalidad”, aseveró.
Gloria Pilares Suyo, lideresa activista de la macrosur del Consejo Regional de la Mujer (Coremuj).
Pilares Suyo dijo que, sin embargo, esta estrategia es una disposición a nivel de cada región donde se ha creado la Red de mujeres empresarias emprendedoras. Pero en esa instancia no se efectiviza tampoco. ¿Por qué, cuál es la debilidad? Porque se crean normas, se crean leyes, pero sin presupuesto.
Desde ahí nos sentimos también violentadas nosotras las mujeres porque hablan y hablan, pero no hay presupuesto. También es una violencia económica que sentimos nosotras las mujeres. Y ahí, este tema de los 10 soles, de verdad que ha sido una ofensa. Ha ofendido nuestros derechos, nuestra dignidad y decimos y reiteramos que no nos representa la actual presidenta del gobierno peruano.
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Según el cronograma divulgado por el GRA, el expediente técnico debería estar listo en marzo de 2026. | IMAGEN: Difusión
La construcción del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) en Arequipa enfrenta un panorama incierto debido a la falta de financiamiento. Según el consejero regional César Huamantuma, ni el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ni el Ejecutivo nacional han asignado recursos para este importante proyecto, que busca atender a miles de pacientes con cáncer en el sur del país.
Ante esta situación, el gobernador Rohel Sánchez ha recurrido al Congreso, solicitando que el proyecto sea financiado mediante una operación de endeudamiento externo del Gobierno Nacional. Sin embargo, esta alternativa todavía no cuenta con una aprobación concreta.
«Esto significa que ni siquiera el Ejecutivo nacional se interesó en buscar el financiamiento de este proyecto… Hoy por hoy no tenemos presupuesto para el Iren Sur, va a depender de si este presupuesto se aprueba en el Congreso… Sin embargo, el gobernador anunció con bombos y platillos que era un hecho que ya teníamos la ejecución del Iren Sur a través del ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura)».
César Huamantuma, consejero regional.
Nuevo Iren Sur a la espera
Según el cronograma divulgado por el GRA, el expediente técnico debería estar listo en marzo de 2026, para iniciar las obras en mayo del mismo año. Sin embargo, Huamantuma expresó dudas sobre cómo se cumplirán estos plazos sin un presupuesto definido.
En un principio, se informó que el convenio firmado entre el GRA y la ANIN garantizaría el financiamiento del 90 % del proyecto, mientras el GRA aportaría el 10 % restante. Este plan involucraba una inversión total de S/ 1 mil 188 millones. Sin embargo, tras una reunión entre el Consejo Regional de Arequipa (CRA) y la ANIN, se reveló que esta última no maneja presupuesto propio para financiar obras.
«Mientras no se tenga recursos para esta obra, simplemente va a ser de nuevo una buena intención».
Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín, es periodista de investigación especializada en temas políticos y sociales, de educación, salud y controversias regionales.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, no acudió a la Fiscalía este miércoles 5 de marzo a declarar por el caso "Cofre" que se le sigue y por el que ella insistió que se conozca su versión y la cite la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
El misterio del ‘cofre’ presidencial sigue rodando, ahora con nuevas declaraciones que levantan más dudas que certezas. Según el exchofer Félix Montalvo, en febrero, la presidenta Dina Boluarte habría realizado un viaje al condominio Mikonos, en Asia, acompañada de una persona adicional cuyo nombre permanece en la sombra, pero que sería familiar de la mandataria.
Montalvo recordó detalles vagos: una mujer joven de complexión media, según dijo al Ministerio Público. Esto contradice las palabras de la propia Boluarte, quien en octubre aseguró categóricamente que «la única persona que sube al ‘cofre’ es la presidenta de la República». ¿Una memoria selectiva o un simple malentendido? Sea como sea, parece que hasta el ‘cofre’ tiene secretos.
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Dos efectivos de la Policía de Carreteras en Puno fueron castigados luego de ser acusados de robar S./ 1500 a un pasajero de un vehículo al que habían intervenido
CASTIGADOS EN PÚBLICO | Dos efectivos de la Policía de Carreteras en Puno terminaron castigados luego de que se les acusara de robar S./ 1500 a un pasajero de un vehículo al que habían intervenido. Las rondas campesinas descubrieron el hecho y obligaron a los policías a devolver el dinero. Además, hacer ranas en frente de varios pobladores en la plaza de San Gabán.
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VALEN UN PERÚ | Deportistas peruanos tuvieron una destacada participación en las disciplinas de Atletismo, Muay Thai, Taekwondo, Billar y levantamiento de pesas. Hasta la fecha, el Perú acumula 38 medallas: 16 de oro, 9 de plata y 13 de bronce. Entre los ganadores se encuentran renombrados deportistas como Gladys Tejeda, Jovana de la Cruz, Walter Nina, Hernán Viera, entre otros.
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Se ha revelado que la refinería de Talara no estaba lista para operar, a pesar de haberse inaugurado con gran despliegue por Dina Boluarte. Parece haberse convertido en costumbre que la presidenta inaugura obras o entregue equipos con ceremonias pomposas, solo para que días después se descubran graves deficiencias. O que terminen completamente inoperativos. Esto ya ocurrió con la entrega de vehículos incautados a la PNP, la dotación de indumentaria a los Bomberos y con la nueva pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, cuya falla dejó a miles de pasajeros varados por días.
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