Un trágico accidente ocurrió esta mañana en el mirador de Antahuilque, ubicado en el distrito de Maca, provincia de Caylloma (Arequipa). Una turista peruana sufrió una caída mortal en una zona de difícil acceso del Cañón del Colca.
La víctima fue identificada como Wendy Yeraldin Santillán Nayra, natural de Moyobamba, quien visitaba el lugar junto a un familiar. Esto, como parte de un tour organizado por la agencia Tahuantinsuyo, bajo la guía de Noemi Toledo. Según testimonios, la joven padecía epilepsia, lo que podría estar relacionado con el accidente.
El suceso fue reportado alrededor de las 8:30 a.m. por pobladores locales, quienes alertaron a las autoridades. Tras intensas labores de búsqueda, el cuerpo fue localizado por el rescatista Eloy Cacya en un barranco de aproximadamente 400 metros de profundidad, en el sector de Puncullo.
Equipos de Autocolca (Autoridad Autónoma del Colca y Anexos)
Serenazgo de Caylloma
Subprefectura de Maca
Actualmente, se coordina con el Ministerio Público para la recuperación del cuerpo y la investigación correspondiente.
En un comunicado oficial, Autocolca expresó sus condolencias a la familia de la fallecida. Asimismo, recordó a los visitantes la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad en zonas turísticas de alto riesgo.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
El fujimorismo a través de la Comisión de Constitución que preside Fernando Rospigliosi impulsó y logró aprobar un proyecto para que los congresistas hagan proselitismo en su semana de representación e incluso en el Pleno, rompiendo principio de igualdad electoral.
Bajo la presidencia del fujimorista Fernando Rospigliosi, la Comisión de Constitución aprobó el predictamen que presentó otro fujimorista Arturo Alegría, para que con el dinero que se les asigna para viajes y viáticos en su semana de representación puedan hacer activismo político abierto, incluida su campaña política, incluso en las sesiones del Pleno.
La nueva disposición será incorporada en el artículo 25-A del Reglamento del Congreso, que ha sufrido cambios a lo largo de este periodo congresal como nunca antes.
Con 15 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Constitución con la mayoría de legisladores de Fuerza Popular, ahora se podrán “expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias” sin que ello se considere una infracción al principio de neutralidad política.
«Es una falta de ética» denunció congresista Gladys Echaíz
La propuesta de reforma fue calificada por Gladys Echaíz de Honor y Democracia, de falta de ética, pero el fujimorismo impulsó y logró con sus aliados, este cambio que borra el principio de neutralidad política, frente a aquellos otros partidos que no teniendo congresistas tendrán que pagar los gastos que significa movilizarse para una campaña.
La semana de representación era una oportunidad para que los congresistas trabajen y velen por los intereses de los peruanos cuando viajaban a sus lugares de origen y ahora lo harán para hacer campaña.
Según el proyecto, aplicar el principio de neutralidad política a los parlamentarios “acarrea el menoscabo del principio de representación, el pluralismo ideológico y la libertad parlamentaria”. Y para los fujimoristas, “se trata de una garantía del sistema democrático representativo, no de un privilegio”.
Además, argumentan que “exigir neutralidad política a los congresistas equiparándolos con funcionarios del Ejecutivo distorsiona su rol”, subrayando que su función parlamentaria es eminentemente política, por lo que la exigencia de neutralidad no les es aplicable en los mismos términos”.
Los ciudadanos tendrían que escuchar discursos proselitistas
Los especialistas advierten que esta reforma abre la puerta al uso de recursos públicos con fines proselitistas cuando, en la semana de representación, debían rendir cuentas y recoger demandas ciudadanas, lo que ya no se asegura.
Para los críticos de la contrarreforma, “uno de los efectos es que los congresistas se conviertan en “voceros políticos plenos que transmitan abiertamente sus posiciones y programas políticos, lo que incrementa el alcance de las organizaciones políticas”. Esto socava abiertamente el principio de igualdad electoral.
Encima, advierten, la ciudadanía podría verse afectada por “la proliferación de discursos políticos individualistas”, lo que generaría confusión y desgaste del debate político.
La Policía Nacional investiga el presunto homicidio de Robert Pintado Cárdenas, de 52 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al costado de una trocha carrozable en el caserío Los Alpes, distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, región Cajamarca. Según el informe preliminar, la víctima presentaba una herida en la cabeza […]
La Policía Nacional investiga el presunto homicidio de Robert Pintado Cárdenas, de 52 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al costado de una trocha carrozable en el caserío Los Alpes, distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, región Cajamarca. Según el informe preliminar, la víctima presentaba una herida en la cabeza y el médico legista determinó como causa de muerte un traumatismo encéfalo craneano grave producido por un agente contuso duro. El hallazgo fue reportado por el hijo del occiso, quien también informó que su padre había salido la noche anterior en su motocicleta y no volvió a casa.
Según la información policial, durante la inspección en el lugar de los hechos, no se encontraron objetos contundentes ni armas, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen pudo haberse cometido en otro lugar. Familiares del fallecido, quienes se negaron al traslado del cuerpo para la necropsia en Bagua Grande, afirmaron que Pintado fue visto por última vez con un sujeto identificado como “Elmer”, actualmente no habido en la zona y considerado principal sospechoso por la policía.
Las primeras pesquisas apuntan a que el móvil del crimen habría sido el robo, ya que al momento de encontrar el cuerpo no se halló ni la billetera ni el celular del fallecido. Además, los familiares denunciaron que desconocidos ingresaron a la vivienda de Pintado usando la llave que él llevaba consigo, para sustraer dinero en efectivo y otras pertenencias.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El gobernador Richard Hancco rechaza las observaciones del informe N.° 026-2025 el cual evaluó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Según el informe, el Gobierno Regional de Puno habría suscrito un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la elaboración de estudios. […]
El gobernador Richard Hancco rechaza las observaciones del informe N.° 026-2025 el cual evaluó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Según el informe, el Gobierno Regional de Puno habría suscrito un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la elaboración de estudios.
Calificando como «irresponsable» el documento que cuestiona el convenio suscrito con la Universidad Nacional de Ingeniería. El gobernador regional de Puno se pronunció tras la publicación del informe de Contraloría General que evaluó las acciones del Gobierno Regional entre enero de 2023 y diciembre de 2024 sobre convenio con UNI para estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
La Contraloría determinó que el convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería se suscribió sin convocar el proceso de selección correspondiente, vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado y principios de legalidad y transparencia establecidos.
Hancco argumentó que según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no se requiere autorización del Consejo Regional para firmar convenios, defendiendo la legalidad de las acciones realizadas por su administración regional.
El gobernador regional aseguró que el terreno ubicado en Jayllihuaya ya contaba con estudios previos para la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón, por lo que no era necesario realizar nuevos análisis topográficos complementarios.
Los trabajos realizados en el área solo contemplaron la observación de los ojos de agua existentes, descartando cualquier tipo de direccionamiento en la elección del terreno para la construcción del nuevo centro hospitalario regional.
Hancco negó categóricamente que haya existido direccionamiento en la selección del terreno, señalando que el informe de Contraloría va contra la normativa vigente y las facultades otorgadas a los gobiernos regionales.
El Gobierno Regional de Puno no fue notificado oficialmente sobre los hallazgos encontrados, por lo que responderá formalmente una vez recibida la notificación correspondiente según declaraciones del gobernador Hancco.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Seis personas perdieron la vida tras ser sepultadas por un huaico ocurrido el último domingo por la mañana en el distrito de Anco, provincia de La Mar, en la región Ayacucho. Luego de varias horas de intensa labor las autoridades pudieron rescatar los cuerpos e identificarlos. El deslizamiento de tierra sorprendió a los ocupantes de […]
Seis personas perdieron la vida tras ser sepultadas por un huaico ocurrido el último domingo por la mañana en el distrito de Anco, provincia de La Mar, en la región Ayacucho. Luego de varias horas de intensa labor las autoridades pudieron rescatar los cuerpos e identificarlos. El deslizamiento de tierra sorprendió a los ocupantes de una camioneta que se desplazaba por la zona y fue arrastrada unos 800 metros hacia un abismo, producto de las intensas lluvias que afectan al Vraem.
Las víctimas fueron identificadas como Anfiloquio Huaranccay Guillén (54), director de la institución educativa San Martín del distrito de Unión Progreso, y su esposa Dionicia Yaranga Quispe (50). También fallecieron Celestina Maura Ninasaume Bohórquez (50) y su hijo Yerson Rafael Ninasaume (13), así como Artemio Rafael Deza (50), exintegrante de la Policía Nacional y natural de Jauja, Junín. A ellos se suma Wilber Meléndez Yaranga (65).
Según informó el Frente Policial Vraem, la camioneta era conducida por Carlos Rafael Delzon (65), quien se dirigía desde el centro poblado de Monterrico, en el distrito de Río Magdalena, con destino a la ciudad de Ayacucho, acompañado de familiares y amigos. El accidente ocurrió a la altura de la localidad de Toccate, cuando un deslizamiento repentino de lodo y piedras arrastró el vehículo por un precipicio. Los cuerpos fueron rescatados gracias al trabajo conjunto de brigadistas, pobladores, efectivos policiales y miembros de la Compañía de Bomberos San Miguel Arcángel.
La Fiscalía Penal de Chungui coordinó la entrega de los cuerpos a sus respectivas familias. Sin embargo, las labores de búsqueda continúan, ya que el único sobreviviente del trágico hecho advirtió que aún podría haber una persona atrapada entre los escombros. A la fecha, el tránsito entre Ayacucho y Anco, ubicado en el margen derecho del Vraem, se encuentra restringido. Ayer, decenas de vehículos quedaron varados durante horas, obligando a muchos pasajeros a continuar su camino a pie. En tanto, las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse alerta y seguir las indicaciones de seguridad ante el riesgo de nuevos deslizamientos provocados por las lluvias persistentes.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
La gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Luz Marina Chero, informó que las actividades por la festividad de San Juan se realizarán de manera descentralizada. Del 18 al 24 de junio, turistas y ciudadanos podrán participar en ferias gastronómicas, rutas guiadas y visitas a destinos como Quistococha, Mishana y el casco histórico. […]
La gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Luz Marina Chero, informó que las actividades por la festividad de San Juan se realizarán de manera descentralizada. Del 18 al 24 de junio, turistas y ciudadanos podrán participar en ferias gastronómicas, rutas guiadas y visitas a destinos como Quistococha, Mishana y el casco histórico.
Los recorridos comenzarán este sábado desde la plaza 28 de Julio, y cuentan con el apoyo de operadores privados, quienes ofrecerán paquetes accesibles como parte de la Ruta de la Biodiversidad.
Respecto a los asaltos sufridos por turistas en el río durante el fin de semana, Chero lamentó la falta de acción por parte de la Policía y reiteró que el tema escapa a las competencias de su sector. Indicó que están gestionando apoyo a nivel nacional con la Red de Protección al Turista y articulando con gremios y el Ministerio de Comercio Exterior.
Aseguró que los esfuerzos continuarán, pese a la ausencia de las autoridades encargadas de la seguridad.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Líderes y lideresas indígenas de la cuenca del río Putumayo se encuentran en Lima del 2 al 6 de junio para sostener reuniones con entidades del Estado. Su principal demanda es que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) revierta las recientes medidas que impiden la creación de nuevas Áreas de Conservación Regional […]
Líderes y lideresas indígenas de la cuenca del río Putumayo se encuentran en Lima del 2 al 6 de junio para sostener reuniones con entidades del Estado. Su principal demanda es que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) revierta las recientes medidas que impiden la creación de nuevas Áreas de Conservación Regional (ACR) en territorios indígenas amazónicos.
Esta reacción se da luego de que un informe de Inforegión revelara que, el pasado 28 de abril, el Serfor derogó una norma que permitía establecer áreas naturales protegidas, como las áreas de conservación regional (ACR), sobre territorios previamente reconocidos como ecosistemas frágiles. Esta disposición formaba parte de los Lineamientos para la Identificación de Ecosistemas Frágiles y había sido clave para viabilizar iniciativas de conservación lideradas por gobiernos regionales, pueblos indígenas y comunidades locales.
La resolución fue publicada en el diario El Peruano con el argumento de “garantizar la gestión integral de los ecosistemas frágiles sectoriales”. No obstante, su implementación afecta directamente el avance de doce propuestas de ACR que actualmente se superponen a ecosistemas frágiles en siete regiones: Loreto, Pasco, Tacna, Huánuco, Junín, Ucayali y Amazonas. Una decisión que también generó el rechazo de 24 gobiernos regionales.
Los representantes vienen de siete organizaciones indígenas que forman parte de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO): OISPE, FIKAPIR, FIKIMMEP, FECONAFROPU, OIMPRA, FECOIBAP y OCIBPRY. Sus líderes han llegado para pedir al Estado medidas concretas que protejan sus territorios del avance de actividades ilegales como la minería y la tala.
Los líderes han llegado para pedir al Estado medidas concretas que protejan sus territorios del avance de actividades ilegales como la minería y la tala. (Foto: ORPIO)
Cuestionan decisiones del Serfor
Las organizaciones denuncian que el Serfor ha modificado de forma unilateral y sin consulta previa los criterios que permitían la protección de zonas de alta biodiversidad.
«El Serfor contradiciendo sus propios compromisos anteriores, ha cambiado las reglas que permitían proteger zonas de alta biodiversidad bajo la categoría de “ecosistemas frágiles”, cerrando el camino a su reconocimiento oficial como áreas naturales protegidas y áreas de conservación regional».
Advierten que este «cambio de reglas» pone en riesgo cientos de miles de hectáreas de bosque, lo que representa una amenaza directa a la seguridad territorial, ecológica y cultural de las comunidades indígenas.
Procesos en riesgo por falta de protección
Entre las principales preocupaciones de las federaciones indígenas está el futuro del Área de Conservación Regional Medio Putumayo Algodon y la implementación de la Reserva Comunal Bajo Putumayo, creada por ley. Ambas áreas se encuentran en regiones donde la minería ilegal, la tala no autorizada y el tráfico de tierras han ido en aumento, sin una respuesta efectiva por parte del Estado.
Incluso en espacios ya reconocidos como el Parque Nacional Yaguas, el Parque Nacional Güeppí Sekime y las Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki, las organizaciones denuncian una creciente presencia de actores ilegales.
Propuesta: una mesa técnica de alto nivel
Frente a este escenario, las federaciones proponen la instalación de una Mesa Técnica de Trabajo de Alto Nivel, con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de sectores competentes del Ejecutivo. Esta instancia permitiría activar la Autoridad Multisectorial de la Cuenca del Río Putumayo, creada mediante la Ley N.º 32092.
Las organizaciones denuncian que el Serfor ha modificado de forma unilateral y sin consulta previa los criterios que permitían la protección de zonas de alta biodiversidad. (Foto: Diego Pérez / SPDA)
Entre los principales objetivos de esta mesa está la elaboración de su reglamento y el aseguramiento de la participación directa de los pueblos indígenas en el diseño y seguimiento de políticas públicas que garanticen el desarrollo integral y la defensa de esta zona fronteriza.
Las organizaciones indígenas consideran que las decisiones del Serfor representan un retroceso en la política de conservación y una amenaza para la vida de los pueblos que habitan el Putumayo. Reiteran su pedido de diálogo y exigen medidas para frenar el avance de actividades extractivas ilegales en sus territorios.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente de vacaciones. Esta vez, su descanso se extiende desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio del 2025, generando una nueva ola de críticas en medio de un contexto alarmante de inseguridad ciudadana en la región. Lo que más ha sorprendido […]
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente de vacaciones. Esta vez, su descanso se extiende desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio del 2025, generando una nueva ola de críticas en medio de un contexto alarmante de inseguridad ciudadana en la región.
Lo que más ha sorprendido a la ciudadanía y a diversos sectores políticos es que su salida pasó desapercibida. No hubo un anuncio oficial previo ni comunicación clara sobre su ausencia. La población se enteró solo días después, cuando ya regía el permiso.
“Es una sinvergüencería. Cree que la región es su chacra«
Uno de los primeros en reaccionar fue el consejero Robert de la Cruz, quien no dudó en expresar su indignación, calificando esta decisión como “una total falta de compromiso y respeto al pueblo que lo eligió”.
“Es una sinvergüencería. Cree que la región es su chacra, su universidad, su partido, donde puede hacer lo que quiera. Rechazo tajantemente esta forma de gobernar. Demuestra una profunda insensibilidad ante el dolor de las familias que sufren a causa de las balas y la dinamita. Ojalá que el pueblo abra los ojos en las próximas elecciones”, declaró de la Cruz a través de una comunicación con Noticias Trujillo.
El consejero también utilizó sus redes sociales, como su cuenta oficial en Facebook, para compartir su rechazo:
“Una más del Gobernador. El señor César Acuña está de vacaciones una vez más desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio del 2025. Otra vez abandona la región por 10 días en medio de la inseguridad ciudadana que vivimos los trujillanos y los crímenes en Pataz. Su mayor legado: ser el Gobernador más viajero del Perú ¿Para eso quiere poder? Gracias, APP”.
Inseguridad en aumento
La crítica toma mayor peso considerando que La Libertad, especialmente Trujillo y la provincia de Pataz, atraviesan momentos críticos de violencia. Extorsiones, asesinatos y explosivos se han convertido en un temor diario para miles de ciudadanos, mientras la máxima autoridad regional se encuentra ausente.
La población exige soluciones urgentes y un liderazgo presente. En ese contexto, la ausencia del gobernador no solo genera rechazo, sino también una sensación de abandono e impotencia.
¿Quién asume el cargo durante su ausencia?
Durante los días de licencia de César Acuña, la región queda bajo la responsabilidad de la vicegobernadora Dra. Joana Cabrera Pimentel. Sin embargo, voces críticas sostienen que las decisiones clave siguen dependiendo del gobernador titular, por lo que su salida afecta directamente la gestión en tiempos difíciles.
¿Acuña prepara postulación presidencial?
Este viaje coincide, además, con un momento clave en la interna de su partido, Alianza Para el Progreso (APP). Según fuentes políticas, Acuña estaría evaluando la posibilidad de una nueva postulación presidencial en las elecciones del 2026. Este mes de junio será determinante, tanto para la estrategia electoral de APP como para definir al candidato principal de la agrupación.
Mientras la región espera soluciones frente al crimen y la inseguridad, el líder de APP suma una nueva ausencia que deja más dudas que respuestas.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Diversos gremios y organizaciones sociales de la región de Puno anunciaron nuevas movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, programadas para los días 27, 28 y 29 de julio, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. La decisión fue tomada en una asamblea realizada el lunes 2 de junio, donde se reafirmó el […]
Diversos gremios y organizaciones sociales de la región de Puno anunciaron nuevas movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, programadas para los días 27, 28 y 29 de julio, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. La decisión fue tomada en una asamblea realizada el lunes 2 de junio, donde se reafirmó el compromiso de no otorgar tregua al actual régimen.
Lucio Callo Calla, dirigente del Comité Unitario de Lucha de la base Puno, sostuvo que la ciudadanía altiplánica continúa firme en su rechazo al gobierno central.
“No serán protestas iguales a las de los primeros meses del 2023, pero nos mantenemos en pie de lucha. Puno no descansará hasta que este gobierno se retire”, declaró enfáticamente.
Asimismo, Callo Calla hizo un llamado a la reflexión ciudadana de cara a las elecciones generales del 2026, señalando que los actuales partidos políticos con representación gubernamental “no deben volver a ser elegidos”.
Gremios buscan sumar a otras regiones del sur
En el mismo encuentro, los dirigentes enfatizaron la importancia de extender las movilizaciones hacia otras regiones del sur andino como Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua. Para ello, se ha programado una reunión macroregional para el próximo 14 de junio en Juliaca, donde se definirán acciones conjuntas.
“Esta es una acción cívica. No hay nada que celebrar en Fiestas Patrias cuando el pueblo sigue llorando a sus muertos. Seguimos exigiendo justicia, porque muchas de las muertes y violaciones a los derechos humanos no han sido esclarecidas”, manifestó Amador Núñez, representante de un gremio local.
Raúl Cancapa, dirigente del Cono Sur de Juliaca, sostuvo que la protesta ya no será solo de Puno:
“La Macro Sur debe unirse. Nosotros ya definimos nuestra posición y ahora corresponde que las demás regiones hagan lo propio. El 14 de junio trazaremos esa hoja de ruta conjunta”.
Las movilizaciones previstas reflejan el persistente descontento en la región altiplánica, que desde el 2022 se ha convertido en uno de los focos más activos de oposición al régimen de Dina Boluarte. La exigencia de justicia, renovación política y descentralización del poder siguen marcando la agenda de los líderes sociales de la zona.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado este lunes en una vivienda abandonada del sector 2 de la comunidad de Cochas, en el distrito de El Tambo. Todo apunta a que se trata de Eduardo Juan Cajahuanca Robladillo (37), quien estaba desaparecido desde octubre del año pasado y contaba con una denuncia en […]
Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado este lunes en una vivienda abandonada del sector 2 de la comunidad de Cochas, en el distrito de El Tambo. Todo apunta a que se trata de Eduardo Juan Cajahuanca Robladillo (37), quien estaba desaparecido desde octubre del año pasado y contaba con una denuncia en su contra por el presunto delito de violación sexual.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:20 p. m., cuando efectivos de la comisaría PNP El Tambo – PAR Cochas, a bordo de la unidad PL-21600, acudieron al lugar tras ser alertados por el presidente de la comunidad. Este, a su vez, había recibido el aviso de Armando Llantas Rojas (42), quien llegó junto a su pareja a una casa abandonada, propiedad de sus suegros, con la intención de ocuparla.
Al inspeccionar la vivienda, ubicada en la calle San Marcos s/n, Llantas subió al segundo piso y encontró el cuerpo sin vida de un hombre tendido boca arriba, con ropa en estado deteriorado. Vestía una casaca negra, chompa verde de lana, pantalón jean azul y zapatos negros. La vivienda, cubierta de maleza y en total abandono, no había sido habitada por más de una década.
Durante la intervención, la policía halló una billetera marrón que contenía un DNI a nombre de Eduardo Juan Cajahuanca Robladillo. Llantas reconoció al fallecido como su cuñado, quien, según los registros, desapareció el 9 de octubre de 2024 tras abordar un vehículo en Huaycán, Lima, rumbo a La Oroya, donde días después, el 18 de octubre, se interpuso la denuncia por desaparición.
Fuentes policiales confirmaron que Eduardo Cajahuanca tenía una denuncia vigente por violación sexual, presentada antes de su desaparición, lo que abre nuevas hipótesis sobre las circunstancias de su muerte.
Personal policial procedió al aislamiento del área y dio parte a la Fiscalía para las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver, la identificación plena y la necropsia de ley que deberá determinar la causa exacta de la muerte.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Fiscal titular solicitó 500 soles por Yape para liberar una moto intervenida, que luego redujo a 200 soles.
El fiscal adjunto de Arequipa, Wilson Cari Apaza, pasará ocho meses de prisión preventiva tras ser acusado de usurpación de funciones y cohecho. Pidió 200 soles a cambio de devolver una motocicleta incautada. Según las pruebas presentadas, el funcionario habría exigido el pago a través de la aplicación Yape.
El caso se remonta al 23 de marzo, cuando la Policía Nacional intervino al ciudadano venezolano Jorge Villaba Mora. Este conducía una moto propiedad de Jorge C. R. Debido a inconsistencias en la documentación, el vehículo fue retenido. De manera irregular, no fue reportado a las autoridades superiores.
El 27 de mayo, el fiscal Wilson Cari Apaza se comunicó directamente con el dueño de la motocicleta. Le ofreció «archivar el caso» y devolverle el vehículo a cambio de 500 soles. Al día siguiente, tras una negociación por WhatsApp, el monto se redujo a 200 soles, los cuales debían ser enviados mediante Yape.
El afectado denunció el hecho ante la Fiscalía, que coordinó un operativo con la Policía Nacional. Se marcaron siete billetes con reactivos químicos, los cuales fueron entregados al fiscal como parte de la coima solicitada. Tras recibir el dinero, Cari Apaza fue detenido en flagrancia, encontrándose los billetes marcados en su billetera.
El Ministerio Público señaló que, de comprobarse su responsabilidad, el fiscal podría enfrentar una pena de hasta 14 años y 9 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y usurpación de funciones.
Este no es el primer caso mediático en el que se ha visto involucrado Cari Apaza, quien anteriormente participó en investigaciones como el levantamiento del cadáver de una mujer atropellada en la Av. Ejército de Arequipa.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
El Colegio Médico Veterinario de Arequipa atraviesa una profunda crisis institucional, marcada por graves denuncias contra sus últimas gestiones. La directiva presidida por el actual decano Ricardo Cornejo denunció un presunto perjuicio económico de casi medio millón de soles, además de una serie de irregularidades que comprometen la legalidad de los actos administrativos del colegio profesional.
Cornejo informó que su gestión ha presentado denuncias penales por apropiación ilícita, falsedad genérica y estafa contra su antecesor Joel Villavicencio y otros integrantes de la directiva anterior. El principal cuestionamiento es el uso de cuentas personales —a nombre de Villavicencio y Antonio Griseño— para recibir pagos por colegiaturas y otros servicios. Además, se detectaron transferencias y retiros sin sustento contable, afectando recursos que debían destinarse al funcionamiento y proyectos del colegio.
También se denunció que documentos oficiales emitidos por la anterior gestión, como certificados de salud y vacunación animal, no tendrían validez ante entidades como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), ya que sus firmantes no están reconocidos legalmente ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Esta situación ha perjudicado a médicos veterinarios habilitados y a usuarios que requieren documentación válida para trámites con animales dentro y fuera del país.
Villavicencio también denunció usurpación en su gestión
La actual crisis tiene antecedentes. En enero de este año, el propio Joel Villavicencio denunció un intento de usurpación de funciones por parte de un grupo liderado por Rómulo Gurvich Pari. Según su versión, esta agrupación no reconocía al consejo directivo en funciones, convocaba a elecciones paralelas, emitía resoluciones sin validez y habría cambiado cerraduras del local institucional, afectando al personal del colegio.
Villavicencio también acusó que este grupo cobraba por servicios como certificados a través de cuentas bloqueadas y no registradas oficialmente. En sus declaraciones, vinculó a estos actores con una gestión anterior a la suya, que dejó un déficit económico de S/ 120 mil sin regularizar. Esa deuda impidió su participación en las elecciones colegiadas, lo que habría dado origen al conflicto interno.
Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.
El hecho derivó en la detención de tres efectivos implicados en un presunto caso de corrupción ocurrido en la zona de La Pampa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.
CON LAS MANOS EN LA MASA | Un video captado por un ciudadano reveló el momento en que un militar del Ejército Peruano acabó sorprendido con un fajo de billetes, presuntamente entregados por mineros ilegales.
El hecho derivó en la detención de tres efectivos implicados en un presunto caso de corrupción ocurrido en la zona de La Pampa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.
La intervención se dio tras la denuncia de una mujer, quien afirmó que los militares le habrían exigido el pago de una coima de 2,500 soles. Las imágenes generaron indignación y rechazo en redes sociales.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Hunter ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para Raúl Lozano B. (36). Docente investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de 12 años, en Arequipa.
Según las investigaciones, el acusado habría manipulado emocionalmente a la víctima desde que ella cursaba el primer año de secundaria en el colegio Lord Byron. El docente impartía el curso de Historia y Debate. Las autoridades señalan que Lozano B. instruyó a la menor para evitar ser detectado. Indicándole cómo desactivar las cámaras de seguridad de su vivienda y avisarle cuando sus padres no estuvieran presentes.
El caso salió a la luz en abril de 2024, cuando el padre de la menor descubrió que su hija enviaba material íntimo a un adulto. Al acudir al colegio, la promotora les habría asegurado que tomaría acciones, incluyendo la terminación del contrato del profesor y su denuncia.
Sin embargo, al pedirles firmar un documento que eximía de responsabilidad a la institución, los padres decidieron presentar la denuncia directamente ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).
El Ministerio Público realizó diligencias urgentes y logró que se emitiera una orden de captura nacional contra el imputado. La fiscal Giovanna Rosas Ramos sustentará este viernes 6 de junio el pedido de prisión preventiva, argumentando la gravedad del caso y la falta de arraigo del investigado.
Este no es el primer requerimiento coercitivo contra Lozano B., quien ya enfrentaba una detención preliminar. Las autoridades recalcan que el acusado abusó de su posición de autoridad para cometer los hechos, los cuales habrían iniciado en 2024.
Investigaciones previas revelaron que la institución educativa no reportó el caso al sistema SíseVe, a pesar de contar con evidencia. Además, se habría contratado al docente sin verificar su título pedagógico, incumpliendo el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
El Concejo Municipal de Socabaya en Arequipa intentó debatir la vacancia del alcalde Roberto Muñoz Pinto, pero la sesión terminó entre gritos, agresiones verbales y suspensión. La tensión política y el uso de recursos públicos agudizan la crisis en el distrito.
Lo que debía ser una sesión extraordinaria para debatir un tema crucial en el distrito de Socabaya, en Arequipa, terminó en un episodio de caos. El concejo municipal convocó una reunión para evaluar la vacancia del alcalde Roberto Muñoz Pinto, pero el intento se frustró entre arengas, empujones y reclamos por falta de garantías. La violencia verbal escaló y, ante la presión de un grupo de simpatizantes del burgomaestre, el concejo decidió suspender la sesión por 10 días hábiles.
“He pedido una semana antes resguardo policial y me han insultado (…) Nos han tirado huevos y demás cosas. Se puede observar que no hay trabajadores en las oficinas. La atención se ha suspendido. No hay justicia para nadie”, denunció entre lágrimas la regidora Magaly Agramonte, una de las impulsoras del pedido de vacancia.
La jornada comenzó desde temprano, cuando ciudadanos con pancartas ingresaron al auditorio del municipio, pese a que la sesión había sido convocada de manera privada. A los pocos minutos, los gritos interrumpieron el debate. Algunas regidoras, como Agramonte, Carlin y Garrafa, denunciaron agresiones verbales al momento de su ingreso. La Defensoría del Pueblo estuvo presente, pero no logró contener la situación.
Simultáneamente, se reportó la inasistencia de trabajadores contratados por locación de servicios, quienes habrían abandonado sus puestos para asistir al evento en respaldo del alcalde. Esto afectó el funcionamiento de varias áreas del municipio, según lo denunció el regidor Shan Huanco. “Es preocupante que se priorice la presencia en actos de respaldo político sobre el cumplimiento de labores municipales”, declaró.
La falta de personal no solo paralizó parte de los servicios municipales, sino que también evidenció una aparente movilización de recursos humanos con fines políticos. Hasta el cierre de la sesión, la Municipalidad de Socabaya no emitió un comunicado oficial sobre el uso de trabajadores en la protesta ni sobre la situación interna del municipio.
Arequipa: acusan favorecimiento y corrupción
El pedido de vacancia fue presentado por la regidora Magaly Agramonte, con el respaldo de los regidores María de los Ángeles, Shan Huanco y Erika Garrafa. En el documento, se acusa al alcalde Muñoz Pinto de haber favorecido a la empresa Financiera IM Constructora EIRL, que recibió contratos para ejecutar trabajos de mantenimiento en la comuna.
La gravedad de la denuncia radica en que estos contratos habrían sido adjudicados sin los debidos procesos, lo que levantó sospechas entre los concejales. El proceso debía esclarecerse durante la sesión, pero las interrupciones impidieron que se presenten los documentos y pruebas necesarias. El nuevo encuentro fue reprogramado para el 17 de junio, bajo condiciones estrictas de privacidad.
“No se podía hablar. Eso no se puede llevar. Se va a pedir policías, la Defensoría del Pueblo también para que se pueda llevar a cabo el pedido de vacancia en la siguiente sesión. Ya se pondrán las denuncias correspondientes”, informó el abogado de Agramonte tras la suspensión.
El Poder Judicial evaluará la constitucionalidad o no de la ley aprobada por el Congreso para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) intervenga en el trabajo de las ONG. El objetivo sería que no haya control del poder, afirman especialistas.
La norma recientemente aprobada por el Congreso amplía las facultades de la APCI para intervenir y sancionar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben cooperación internacional.
El Poder Judicial evaluará su inconstitucionalidad porque representa una amenaza para varios derechos constitucionales, ya que obliga a las ONG a iniciar sus proyectos solo si tienen la autorización de la APCI, advirtió el director del IDL, Carlos Rivera.
Además, esta nueva norma establece la prohibición de litigio contra el Estado a nivel nacional, internacional, judicial y administrativo. Y si en la anterior ley había una sanción de una multa de 50 UIT que ya es bastante, esta nueva ley tiene un rango de multas absolutamente desproporcionadas.
Rivera Paz dijo a La República, que esta ley determina “la voluntad del Ejecutivo de querer disolver las organizaciones, pues la multa [ahora] sería de 500 UIT”. Admitida la acción, «vamos a continuar con esto y sin duda alguna vamos a presentar una medida cautelar en el menor tiempo posible», anunció.
De acuerdo con lo manifestado por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, esta norma busca intimidar a las ONG que son críticas con el gobierno.
Ahora, el Poder Judicial evaluará la constitucionalidad de esta norma en una audiencia virtual programada en Meet para el próximo 29 de setiembre a las 10 de la mañana.
Norma afectaría a cerca de 7 mil personas al no tener defensa legal
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, advirtió que esta ley podría afectar a cerca de 7 mil personas. Víctimas que participan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte IDH. Esta es “una ley que busca beneficiar a personas involucradas en desapariciones forzadas, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales”. Y de entrar en vigencia, tendrían que dejar la representación de víctimas en casos clave, como el proceso por las muertes en las protestas en Ayacucho y Andahuaylas, refirió.
De otro lado, la directora de Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, advirtió también que esta ley impacta directamente en los procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos, particularmente en los casos de las personas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la defensa legal, en su mayoría, está a cargo de organizaciones de la sociedad civil.
La sociedad civil cumple un rol clave en vigilar al poder y con esta norma, lo que se busca detrás es acallar a las organizaciones, frenar la protesta, la crítica, el control ciudadano y la exigencia de justicia, dijo Gutiérrez a La República.
En medio de bloqueos, amenazas y desalojo forzado, los residentes de Atico desde Arequipa exigen la intervención urgente del Estado. El conflicto minero que ya dejó 14 muertos continúa sin una solución clara, mientras la violencia escala peligrosamente.
Desde el pasado 10 de marzo de 2025, los pobladores del centro poblado Atico, en la provincia de Caravelí, viven bajo el temor constante de ser atacados. Más de 200 personas fueron desalojadas de la zona minera Calpa, donde trabajaban y vivían, tras asistir a un evento público. Al regresar, encontraron su acceso bloqueado y la zona controlada por hombres armados. La historia de Atico se repite: una disputa minera en Arequipa sin resolver que, lejos de apaciguarse, amenaza con estallar nuevamente.
“Nosotros hemos sido despojados el 10 de marzo, de manera arbitraria, sin ninguna explicación”, declaró Manuel Ismael Alca Casimiro, presidente de la Asociación de Vivienda Social y Cultural del centro poblado Atico. «Desde ese momento hasta el día de hoy, nosotros no tenemos ingreso… Pero, señores, aquí hay una tranquera que hacen el control diario de las personas».
Arequipa: vía bloqueada y promesas incumplidas
El centro del conflicto gira en torno a la antigua vía AR-104, que conecta Atico con la mina Calpa. Aunque la Gerencia Regional de Transporte de Arequipa emitió el oficio N.° 259-2025, reconociéndola como vía pública regional, las personas que actualmente controlan el paso aseguran que es propiedad privada. La tensión aumentó cuando el 24 de marzo, en una mesa de diálogo convocada por la Municipalidad de Atico, no se presentaron los documentos que probaran esa supuesta titularidad.
Los intentos de los vecinos por hacer mantenimiento a la vía, con maquinaria y respaldo institucional, fueron detenidos por la presencia de alambradas con púas. Según los acuerdos tomados en esa reunión, la otra parte tenía siete días para sustentar su derecho de propiedad. Sin embargo, nunca lo hicieron. El 4 de abril, un nuevo encuentro en Arequipa ratificó que la vía es pública, pero el ingreso continuó bloqueado.
El 10 de abril, durante otra mesa técnica, las autoridades regionales volvieron a reiterar que la vía AF-104 es de libre tránsito. Pese a ello, hasta la fecha no se ha permitido su reapertura. “Se burlan de las autoridades y de toda la ley, porque saben que la Constitución garantiza el libre tránsito”, reclamó Alca. La frustración crece, mientras los vecinos no pueden acceder a sus campamentos ni a sus lugares de trabajo.
En paralelo, la presencia de más de 80 efectivos policiales en el distrito ha generado un clima de miedo entre la población. Según Walter Edinson Neyra, presidente del Frente de Defensa de Atico, los efectivos “actúan como si fuéramos delincuentes” y protegen a los verdaderos responsables del conflicto. “En el centro minero están como perro en su casa. Nadie dice nada”, expresó indignado.
Neyra denuncia que el enfrentamiento entre las asociaciones Calpa Renace y Atico-Calpa es manipulado para justificar el desalojo de la población local.“Ellos hacen ver todo como si hubiera muchos grupos, pero eso es mentira. Son ellos los que han tomado toda la posesión de la mina”, afirmó. En lo que va del año, ya se han registrado dos nuevos enfrentamientos y el temor a que la violencia escale como en 2022 —cuando murieron 14 personas— es cada vez mayor.
El 29 de mayo, según reportes locales, se bloqueó nuevamente la vía de acceso a Atico, lo que provocó enfrentamientos. Los pobladores responsabilizan directamente a la Policía Nacional del Perú, acusándola de respaldar a los grupos armados que controlan la zona.
Arequipa: entre la desprotección estatal y el hartazgo popular
Pese a las mesas de diálogo, resoluciones y pronunciamientos legales, la situación en Atico sigue estancada. Los dirigentes exigen que el gobierno central declare estado de emergencia y tome el control de la zona, antes de que ocurra una tragedia mayor. “A mí hasta ahorita ya son como cuatro procesos que me han abierto. Uno de los procesos que han abierto es del Estado”, denunció Neyra.
La indignación no solo apunta a la falta de acción estatal, sino también a la actuación de las autoridades locales. Neyra cuestionó duramente al alcalde provincial de Caravelí, Soto Rivero, por oponerse a la declaratoria de emergencia. “Él no es representante de mi pueblo. Si pasa algo peor, él será el responsable”, sentenció.
Mientras tanto, los pobladores de Atico continúan movilizándose con documentos, videos y testimonios, buscando que sus voces sean escuchadas. “Más de 200 personas han venido a ver esta problemática. El pueblo se está sumando porque quiere justicia”, finalizó Neyra.
Un cierre sin justicia
El conflicto en Atico expone una herida abierta en Arequipa: la convivencia entre minería informal, legalidad precaria y abandono estatal. Con antecedentes mortales y denuncias de crimen organizado en curso, la situación no admite más dilaciones. La carretera sigue bloqueada, las familias siguen fuera de sus hogares y el Estado aún no aparece.
Si no se actúa con prontitud, Atico podría convertirse en el nuevo epicentro de una tragedia anunciada, como ya ocurrió en Pataz. En palabras de sus dirigentes: “La población va a reaccionar. Y si pasa algo peor, las autoridades tendrán que asumir su responsabilidad”.
El distrito de Ciudad Nueva, en Tacna, vivió una jornada llena de color y creatividad con la carrera de “Coches Locos”, que reunió cerca de 50 vehículos temáticos como parte de la inauguración de la avenida Expedición Libertadora.
Los participantes sorprendieron con coches inspirados en personajes y universos como Stitch, Star Wars, El Chavo del 8, Mario Bros, La Pantera Rosa, entre otros.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
"Aquí el poder ya no está arriba, pone sobre el piso la pregunta: ¿Quién me representa?", expresó el artista.
Dina Boluarte se ha acostumbrado a utilizar a escolares para defenderse de las críticas y recibir aplausos sin cuestionamientos. Asegura que ese es el respaldo que realmente le importa, porque —según ella— así se demuestra lo bien que está haciendo su gestión.
Sin embargo, desde Trujillo, una performance ha demostrado lo contrario: fueron los mismos escolares quienes rechazaron su figura, pisoteando su imagen.
El acto ha generado opiniones divididas: algunos usuarios piden que la propuesta se replique en todo el país, mientras otros la califican como una grave falta de respeto a la figura presidencial, denunciando una supuesta incitación al odio en menores.
Por otro lado, Kiyoshi, autor del performance explica que No me representa, 2025 «presenta una figura hiperrealista colocada en el suelo, donde convierte el cuerpo simbólico del poder en un territorio transitable y objeto de crítica, despojándola de su investidura de autoridad para transformarla en emblema del desencanto de muchos peruanos».
«La acción simbólica de pisar muestra la ruptura entre el ‘poder’ y la voluntad heredada a quienes vienen detrás, este se convierte en un acto participativo que refleja el malestar social y el repudio popular de una nación históricamente ignorada por sus líderes. Aquí el poder ya no está arriba, pone sobre el piso la pregunta: ¿Quién me representa?».
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
Así lo reveló el pastor pentecostal Anthony Lastra, quien decidió contar su verdad: fue la propia presidenta quien se acercó a la comunidad evangélica en busca de apoyo espiritual
FE DE UN DÍA | Dina Boluarte confesó a pastores evangélicos que se sentía más cómoda y tranquila en su iglesia que con los católicos, quienes “siempre le daban con palo”. Así lo reveló el pastor pentecostal Anthony Lastra, quien decidió contar su verdad: fue la propia presidenta quien se acercó a la comunidad evangélica en busca de apoyo espiritual, prometiendo que haría realidad la creación de una capellanía religiosa.
Como se recuerda, en más de una ocasión las máximas autoridades peruanas católicas, como el cardenal Carlos Castillo, ha criticado su actuar contra el pueblo peruano. Sin embargo, todo cambió con el nombramiento del nuevo papa León XIV.
El compromiso se esfumó, a pesar de que existían documentos firmados por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana. Hoy, el actual premier niega rotundamente que la presidenta tenga vínculos con el pastor o la iglesia evangélica. Asegura que el Gobierno mantiene cordialidad con todas las religiones, pero que nunca se prometió la creación de dicha capellanía.
¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales! Únete a #Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/ Nuestra web: www.elbuho.pe Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: ElBuho.pe Instagram: @elbuho.pe Twitter/X: @elbuho_pe TikTok: @elbuho.pe
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
