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«El JNE y la Contraloría han sido espectadores y cómplices del uso ilegal de recursos del Estado, logísticos y humanos para inscribir el partido gubernamental, a pesar de las múltiples denuncias públicas no han hecho ni dicho nada»
La inconstitucional e ilegítima presidencia fraternal de Dina y Nicanor está en campaña política, hace tiempo, han logrado inscribir, ilegalmente, usando al gobierno y ausencia del JNE, su partido Ciudadanos por el Perú (con firmas falsas y uso de recursos del estado), han designado y contratado personas, sin cumplir requisitos, en todas las instituciones para apoyar su campaña y, acaban, al fin, de designar a uno de los operadores de Nicanor, un “cuello blanco”, un “hermanito”, como Premier y muchos otros ministros más.
Con 0% de aprobación y 97% de desprecio ciudadano, la pretensión gubernamental es elegir congresistas camuflados en alguna alianza para que actúen como sus defensores y les eviten la cárcel en el próximo gobierno; si lograran ser bancada sería su sueño mayor. Saben que solos no pasarán la valla, buscan aliarse con alguno de sus socios; disponer de recursos del estado, funcionarios y trabajadores es su “jale”. Sueñan ser furgón de cola de Keiko, se conformarían con Acuña o, cualquier mafioso urgido de recursos para la campaña. Lo vienen trabajando desde el inicio de gobierno, ocultado por sus semanales escándalos de corrupción, hoy con elecciones en marcha, la intervención gubernamental en la campaña electoral, así no tengan chances, será notoria, irregular y peligrosa.
La pareja presidencial fraternal sabe que le espera la cárcel cuando deje el gobierno, quiere evitarla a toda costa. El “Gabinete Nicanor” tiene el encargo de prolongar al gobierno lo más que pueda, participar en la campaña electoral en favor del partido de la pareja presidencial y procurar elegir congresistas. El Perú no les importa.
En diferentes ministerios e instituciones, hace meses, con aval de la Contraloría, dirigen contratos, designan funcionarios y contratan personal; es un padecimiento silenciado, las decisiones y designaciones por indicación del hermanísimo presidencial: PCM, Educación, Salud, Midis, Justicia, Vivienda, Interior, Cultura, Agricultura, Trabajo, Transporte, Mujer, Energía y Minas, Ambiente; también en ESSALUD, SUNEDU, SENCICO u empresas como PETROPERU y SEDAPAL. Han dispuesto la estructura gubernamental para apoyar al partido presidencial. El actual gabinete es abiertamente un gabinete de Nicanor, de operadores del presidente clandestino, de títeres del presidente en la oscuridad. El premier y varios ministros son operadores, títeres, de Nicanor.
Saben que el JNE está de su lado, no ve nada ni dice nada, permitirá sus ilegalidades, hasta que sus aliados actuales les permitan. El JNE y la Contraloría han sido espectadores y cómplices del uso ilegal de recursos del Estado, logísticos y humanos para inscribir el partido gubernamental, a pesar de las múltiples denuncias públicas no han hecho ni dicho nada. Al igual que el RENIEC, tampoco han hecho nada, respecto de las firmas falsas que presentaron para lograr su inscripción. Todos son delitos, con la sola función de fiscalización electoral, el JNE podría retirarlos del padrón y sacarlos de la campaña. Lamentablemente no tiene la fuerza ni la dignidad para cumplir su mandato constitucional.
El gobierno de 0% de aprobación, con demasiadas denuncias, nada tiene que perder, su vocación delincuencial lo llevará a forzar todo para evadir la cárcel por sus delitos cometidos. Están preparados, no quieren seguir la suerte de Ollanta ni Vizcarra; aspiran tener congresistas, sueñan con bancada propia. Es un gobierno delincuencial, muy peligroso, haciendo campaña electoral abierta para sobrevivir.
Son un gobierno ineficiente y corrupto, repleto de asesinatos, delitos y sin apoyo popular, pesado y apestado. Son un gobierno en pareja presidencial, inconstitucional e ilegítimo, sus actuales aliados les soportarán hasta que su utilidad caduque. En agosto o setiembre, el congreso podrá vacar a Dina, ya tendrán garantizado quedarse como congresistas hasta julio del 2026. Keiko y Fuerza Popular, Vladimir Cerrón y Perú Libre, López Aliaga y Renovación Popular, Acción Popular, Avanza país, Somos Perú y Podemos no querrán cargar al gobierno del 0%. Peor si comprueban que utiliza el aparato gubernamental para hacerles competencia electoral; descongelarán las varias denuncias constitucionales que tienen en el parlamento.
Quien no se desprenderá del gobierno es Acuña y APP, por mercaderes, angurrientos y mezquinos. Seguirán haciendo negocios y negociados hasta el final, saben que electoralmente van perdidos. “El papá de La Libertad y la mamá del Perú”, formaron un matrimonio a su altura: chatura gubernamental y moralmente criminal.
El momento electoral actual es sui generis, terrible para el futuro nacional: un gobierno ineficiente y desaprobado, necesitado de sobrevivir hasta fin del mandato y desesperado, cueste lo que cueste, por lograr congresistas en las próximas elecciones; una mafiosa coalición gubernamental consolidada en el congreso que sabe del desprecio ciudadano a su gestión y busca reelegirse y mantener su poder gubernamental a toda costa, ha copado los sistemas de justicia y electoral y ha modificado la normativa política electoral a su favor, va segura a la reelección de su mafiosa coalición; un variopinto y disperso espectro de partidos y candidatos, sin distingos políticos, unos más débiles que otros, que no juegan ni a gobiernistas ni a oposición, mudos todos respecto de la desgracia del país, pero que se vislumbran y proclaman los triunfadores próximos.
Es un momento electoral de pavorosa incertidumbre, hartos partidos y candidatos, pocas alternativas. Los malos conocidos de la mafia gubernamental tienen ventaja ante “egos” de los desconocidos y sus partidos que disfrutan “el baile de los que sobran”. Es un momento electoral que aparece poblado de desesperanza para el futuro del Perú.
Y es un momento electoral que estará marcado por dos hechos políticos: la vacancia de Dina y la incierta constitución de alianzas políticas. La vacancia de la presidenta “tranquilizaría” la campaña, disminuirá la confrontación y aireará el debate nacional. La mafiosa colación gubernamental que la soportó tanto tiempo dirá que escuchó el clamor popular, que solo la apoyó por la estabilidad y gobernabilidad y que la vacó por las denuncias de asesinatos y corrupción. Saben que, sin Dina, se despercuden del gobierno y mejoran sus posibilidades.
La “oposición nacional” que pidió renuncia, vacancia y la denunció, sentirá que su pedido, así sea tarde, se escuchó y es un logro suyo. La campaña electoral se “desdinizará”, le permitirá enfocar mejor sus propuestas y a sus rivales. Además, la constitución de alianzas políticas, serviría, más que a la mafiosa coalición gubernamental de partidos y candidatos conocidos, a los nuevos y pequeños. Esto, con el fin de participar con alguna expectativa en las próximas elecciones. Insisto, sin alianzas políticas o frentes sociales de apoyo, los nuevos y desconocidos van a la segura derrota y perdida de su inscripción electoral.
La situación del Perú y la campaña electoral están marcadas por la inestabilidad del “gabinete Nicanor”, la probable vacancia de Dina y la ilegal campaña electoral del gobierno. También por el alejamiento y retiro de respaldo de la actual coalición gubernamental de la presidencia y su necesidad de aparecer como lejana al gobierno. Ojalá se construya un proceso de alianzas y frentes sociales de partidos y candidatos nuevos que prioricen los intereses del país. Y, quiera dios, se forje un despertar ciudadano que encarne el 97% de desprecio actual a los gobernantes en un voto firme que diga #PorEstosNo.
Abogado, catedrático y político peruano nacido en Amazonas Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala y ministro de Vivienda en el gobierno de Alejandro Toledo.
Arequipa: Fiscalía allana 9 inmuebles y detiene a 5 presuntos miembros de la organización criminal “Los Intis”, vinculada a la minería ilegal en Caravelí. En el operativo se incautaron armas de largo alcance, más de 100 mil soles y 100 mil dólares, 209 municiones y más.
Arequipa: La Fiscalía ejecutó el operativo de allanamiento, detención e incautación contra presuntos miembros de la organización criminal 'Los Intis', dedicada a los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, así como cohecho pasivo propio.
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, ejecutó hoy un operativo de allanamiento, detención e incautación contra presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Intis’. Esta red estaría dedicada a los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, así como cohecho pasivo propio, en el contexto de la minería ilegal que asedia a la provincia de Caravelí. La diligencia de allanamiento y detención preliminar realizada por el mencionado despacho estuvo a cargo de la fiscal provincial María Alejandra Cabana Ocsa,
Como resultado de la diligencia se logró la detención preliminar judicial de Darwin Samaniego, Jesús Baca, Irving Domínguez y Adrián López. Asimismo, se procedió a la detención en flagrancia delictiva de Patricia Robles, exconviviente del investigado Adalberto Mego. Los hechos ilícitos se habrían perpetrado en el contexto de un conflicto entre zonas mineras ubicadas en la provincia de Caravelí, Arequipa.
Asimismo, se allanó nueve inmuebles vinculados a los imputados y se incautó elementos relevantes para la investigación. Entre ellos: tres armas de corto y largo alcance, S/ 104 560, $ 118 729, 11 celulares, 209 municiones, 7 casquillos percutados, una carabina de caza, 6 cacerinas, una camioneta, entre objetos que habrían sido utilizados para los fines de la organización delictiva. Según las pesquisas, un grupo de asociaciones mineras que operan en el referido lugar se habrían proveído de armas de corto y largo alcance, así como municiones, más allá del límite superado, desde el 2020.
Minería Ilegal en Arequipa: Fiscalía detiene a vinculados a organización criminal Los Intis, de Caravelí
Para estos actos ilícitos, la presunta organización criminal «Los Intis» habría contado con la participación de un exservidor público de la Sucamec con el fin de cometer usurpación agravada de superficies entregadas en concesión minera u ocupadas por terceros para continuar con la actividad extractiva, la conspiración al sicariato, el suministro de armas de fuego a personas contratadas para desalojar a asociaciones rivales, entre otros actos delictivos, para dedicarse a las actividades mineras. Incluso, no se descarta que se hayan dedicado a la minería ilegal.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
Una denuncia por violencia sexual contra una menor de 13 años en el colegio privado Lord Byron School, ubicado en la ciudad de Arequipa, ha despertado la atención entre padres de familia y autoridades. El hecho, que se hizo público recientemente, reaviva la discusión sobre los protocolos que deben seguir las instituciones educativas ante denuncias de violencia escolar.
De acuerdo con datos del portal SíseVe —herramienta implementada por el Ministerio de Educación (Minedu) para reportar casos de violencia escolar—, hasta abril de este año se han registrado 44 denuncias de violencia sexual en centros educativos de Arequipa. Durante todo el 2023, la cifra alcanzó los 160 casos, mientras que en 2024 se elevaron a 222, lo que evidencia una problemática creciente de este tipo de violencia contra estudiantes.
La reciente denuncia en el Lord Byron School ha puesto en el foco público el procedimiento que deben seguir las autoridades educativas frente a estos casos. El Minedu cuenta con la estrategia Convivencia Escolar, una oficina especializada en la prevención de violencia y promoción de relaciones respetuosas. A través de esta dependencia, se busca también fortalecer los protocolos de atención ante cualquier tipo de agresión dentro del ámbito escolar.
Cuando la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) toma conocimiento de una denuncia por violencia sexual, se deben activar de inmediato los protocolos para proteger a la víctima y separar al presunto agresor. En caso el colegio no haya comunicado oportunamente el hecho, Convivencia, por medio de especialistas, inicia una supervisión y solicita la documentación respectiva. Si la institución educativa se niega a entregar estos documentos, esto se considera una falta grave sujeta a sanción.
El proceso administrativo sancionador (PAS) puede derivar en multas económicas al propietario del colegio privado. En casos graves y muy graves, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) es la encargada de ejecutar la sanción. Para faltas leves, la responsabilidad recae en la UGEL correspondiente. Si el colegio no cumple con pagar la multa impuesta, puede ser cerrado temporalmente. La reincidencia podría llevar al cierre definitivo del centro educativo. Estas sanciones pueden superar el valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), según la normativa vigente.
Alarmante registro de violencia escolar en Arequipa
El reporte actualizado del portal SíseVe indica que, en lo que va del 2025, se han registrado 214 casos de violencia escolar en Arequipa. De estos, 71 corresponden a violencia física, 99 a violencia psicológica y 44 a violencia sexual.
Del total de casos de violencia sexual, el 77.27% de las víctimas son niñas y el 22.73% niños, lo que refleja una mayor vulnerabilidad entre las menores de edad. Además, el 76% de estas denuncias provienen de colegios públicos y el 24% de instituciones privadas. Esto implica que, en la mayoría de casos, la GREA debe abrir investigaciones contra los docentes o trabajadores señalados.
Canales de ayuda
El Minedu recomienda utilizar la plataforma SíseVe para reportar cualquier tipo de violencia escolar. En caso no se pueda acceder virtualmente, se puede presentar la denuncia directamente en la UGEL correspondiente a la jurisdicción del colegio. Los menores de edad víctimas de violencia y los testigos de estos actos pueden registrar la denuncia.
Esto ocurre en un contexto general que registra un incremento inusitado de la violencia y la inseguridad en el país.
Recuperan 35 hectáreas propiedad del Estado. Las tierras pertenecen al área de influencia de la segunda etapa del Proyecto Majes Siguas. Invocan a no ocupar terrenos del Estado, pues es un delito que se castiga con hasta 10 años de cárcel efectiva.
Recuperan 35 hectáreas propiedad del Estado. Las tierras pertenecen al área de influencia de la segunda etapa del Proyecto Majes Siguas, Arequipa. Invocan a no ocupar terrenos del Estado, pues es un delito que se castiga con hasta 10 años de cárcel efectiva.
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) mediante el Proyecto Especial Integral Majes Siguas realizó la defensa posesoria de 35 hectáreas de terrenos. Estas extensiones de tierra son de propiedad del Estado, y están ubicadas en los laterales 4, 5, 6 y 9 del distrito de Santa Rita de Siguas. Todas comprendidas dentro del área de influencia de la segunda etapa del Proyecto Majes Siguas.
En el lugar, algunos agricultores realizaron plantaciones de paletas de tuna para la producción de cochinilla e instalaron tuberías para riego por aspersión. Las instalaciones fueron retiradas y destruidas con apoyo de maquinaria pesada del PEIMS – Autodema.
“Estamos en constante protección de los terrenos del Estado, no permitiremos ocupaciones ilegales. Exhorto a los agricultores abstenerse de invadir tierras que no les corresponden”, refirió el gerente ejecutivo del , Duberly Otazú García.
El ingeniero solicitó a la población a no ocupar terrenos del Estado, pues es un delito que se castiga con hasta 10 años de cárcel efectiva. En ese sentido, la oficina de Asesoría Jurídica presentará las denuncias civiles y penales en contra de quienes resulten responsables de esta invasión en Arequipa.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
La celebración por el 484.º aniversario del distrito de Characato comenzó con una conferencia de prensa encabezada por el alcalde Zerafín Nicolás Pinto Pinto. El acto incluyó la presentación oficial de las candidatas al certamen Señorita Characato 2025 y la invitación a la población de Arequipa para participar de actividades culturales y cívicas que se realizarán durante todo el mes de junio.
“Tenemos ahorita nosotros un presupuesto de 21 millones que ha quedado de la gestión pasada porque el año pasado no se pudo gastar, como ustedes saben solo se gastó el 35%”, expresó el burgomaestre durante su intervención. Indicó además que estos recursos acumulados permitirán ejecutar una serie de obras que beneficiarán directamente a la población.
Arequipa: agenda festiva en medio de una ejecución lenta del presupuesto
El calendario de festejos contempla presentaciones artísticas, el concurso de belleza, un desfile institucional y actos cívicos. Para Pinto, estas actividades no solo reafirman la identidad local, sino que también generan espacios de encuentro para los vecinos.
Sin embargo, más allá del colorido, el alcalde admitió que solo se está ejecutando un 18% del presupuesto disponible. Aunque hay entusiasmo por sacar adelante el plan de gobierno, aún quedan obras importantes pendientes de destrabe, como el parque San Francisco y un proyecto en Mosopuquio.
Respecto a infraestructura, se mencionó que algunas propuestas como el Palacio Municipal no podrán concretarse debido a su alto costo, que oscila entre los 15 y 18 millones de soles, y por no calificar bajo la modalidad de obras por impuestos.
Characato refuerza alianzas para mejorar seguridad
Pese a que el distrito es considerado relativamente tranquilo, el alcalde manifestó que se trabaja para no bajar la guardia en temas de seguridad. La municipalidad cuenta actualmente con una sola patrulla y, para reforzar las zonas fronterizas con otros distritos, se ha comenzado una coordinación con Socabaya.
“La seguridad, al menos en Characato, todavía tenemos un pueblo seguro, no hay muchas incidencias de delincuencia, pero estamos enfocados”, comentó Pinto, quien además sostuvo que se necesita incrementar el número de unidades vehiculares para mejorar el patrullaje.
“Tenemos una [patrulla], se necesita más, más camionetas, motos, tenemos que implementar poco a poco”, afirmó al referirse a los desafíos de fortalecer la seguridad en el distrito.
Characato apuesta por la continuidad pese a las limitaciones
El alcalde se mostró comprometido con ejecutar el plan de trabajo por el cual fueron elegidos, e hizo un llamado a la población a seguir confiando. Sobre su rol frente a la actual suspensión temporal del titular del cargo, Ángel Linares, por motivos de salud, Pinto expresó que sigue esperando su recuperación, pero aseguró que continuará trabajando por el desarrollo del distrito.
Las celebraciones por el aniversario serán una oportunidad para reafirmar el compromiso con la cultura y el progreso local, pero también dejan en evidencia la urgencia de ejecutar lo pendiente. Mientras la población festeja, las autoridades enfrentan el reto de transformar los proyectos en realidades concretas para Characato.
La doctora en antropología médica Kimberly Theidon se presentó ante la Corte IDH en el caso de Celia Ramos por las esterilizaciones forzadas. Theidon, con base en sus numerosas investigaciones, calificó el plan del régimen de Fujimori como una forma de aprovecharse de las poblaciones vulnerables, engañando tanto a las mujeres como al personal médico que debía cumplir cuotas para no perder su trabajo.
Aseguró que, en sus estudios, no ha encontrado evidencia de que el Gobierno de Fujimori haya informado adecuadamente a las mujeres sobre los riesgos que implicaba este procedimiento. Además, remarcó que las campañas estaban dirigidas principalmente a mujeres, a pesar de que la vasectomía era un método más económico y con menos riesgos, lo que evidencia un sesgo de género en la política aplicada.
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Tras su paseo por El Vaticano, a la mandataria le tocó viajar este fin de semana a Ecuador. Dina Boluarte asiste a la toma de mando de Daniel Noboa, reelegido en un estado de excepción marcado por un conflicto armado tras la extraña toma de un canal.
Dina Boluarte asiste a la toma de mando de Daniel Noboa en Ecuador. La presidenta viajó a Quito para participar en la ceremonia de investidura del reelegido mandatario ecuatoriano. Tras su viaje para inoportunar al Santo Padre en El Vaticano, la jefa de Estado peruana pidió de inmediato al Congreso que autorice un nuevo viaje al país vecino para este fin de semana. El Parlamento autorizó el viaje de la mandataria con 57 votos a favor.
Dina Boluarte arribó en Ecuador para la ceremonia presidencial. La mandataria fue recibida por una delegación diplomática y participa en las actividades protocolares. Así también, nuestra mandataria viajera tenía agendada la participación en un almuerzo oficial con Daniel Noboa.
Mientras, la Cancillería ecuatoriana confirmó la asistencia de más de 50 delegaciones internacionales, sin embargo, solo dos dignatarios han asistido a la toma de mando de Noboa: Dina Boluarte y Gustavo Petro.
Dina Boluarte de viaje: El extraño contexto de criminalidad en Ecuador que favoreció a la reelección de Daniel Noboa
Daniel Noboa fue reelegido en medio de un estado de excepción en varias regiones. El político ecuatoriano ganó la segunda vuelta electoral el 13 de abril de 2025, derrotando a Luisa González, en un proceso marcado por la militarización y denuncias de irregularidades.
Como se recuerda, el 9 de enero de 2024 un canal fue “tomado” por un extraño grupo de delincuentes. Tras ello, el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno”. Además, se suspendieron las clases presenciales en todo el país por varios días como medida preventiva. Lo sorprendente fue una rápida intervención de las fuerzas del orden ecuatorianas para reducir a los delincuentes. Los facinerosos no parecían estar coordinados y no exigieron un rescate preciso como liberación de encarcelados, dinero, u otros beneficios, lo cual fortalecieron la hipótesis de un posible montaje para realzar la imagen de Daniel Noboa camino a las elecciones.
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Una llamada les devolvió la esperanza, pero todo fue un engaño. Allegados de la alférez FAP Ashley Vargas, piloto desaparecida, expresaron su pesar e indignación tras confirmarse que era falsa la información sobre su presunta ubicación, con vida, en el mar de Pisco.
«Se paralizaron horas valiosas en la búsqueda que se tenía que hacer», reclamó el abogado de la familia. Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, aseguró que las labores de búsqueda continuarán por vía aérea, marítima y terrestre.
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Un cronograma oficial marca el avance del proyecto de pararrayos a nivel nacional que beneficiará a cuatro provincias del sur de Puno, tras años de espera por el marco normativo que permitiera su ejecución. Oscar Macedo Cárdenas, gerente general del Gobierno Regional de Puno, confirmó la instalación de la mesa técnica por parte de la […]
Un cronograma oficial marca el avance del proyecto de pararrayos a nivel nacional que beneficiará a cuatro provincias del sur de Puno, tras años de espera por el marco normativo que permitiera su ejecución.
Oscar Macedo Cárdenas, gerente general del Gobierno Regional de Puno, confirmó la instalación de la mesa técnica por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros para implementar 1,124 pararrayos en 32 distritos.
La Ley N° 32300 fortalece la implementación regional de proyectos de pararrayos, otorgando el respaldo legal necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas exigía para aprobar esta intervención pública.
Las provincias beneficiarias incluyen Puno, El Collao, Chucuito- Juli y Yunguyo, donde dirigentes mantienen expectativas sobre la concreción de este proyecto que protegerá a las comunidades rurales.
La mesa técnica integrada por la Secretaría de Gestión de Riesgo, la PCM, Indeci, Senamhi y la Dirección General de Programación Multianual del MEF estableció fechas específicas para cada etapa del proceso.
El cronograma inició el 30 de abril con reunión preliminar, continuó el 7 de mayo con conformación de mesa técnica y fijó entre el 14 y 15 de julio la presentación de tipología de inversión.
La aprobación del indicador de cierre de brecha constituye el paso fundamental que permitirá ejecutar el proyecto sin cuestionamientos del MEF sobre su viabilidad técnica y financiera.
Macedo explicó que desde 2023 coordinan con dirigentes de aproximadamente 100 zonas de la zona sur, organizados en comité que mantiene seguimiento permanente del proceso administrativo.
El funcionario regional anunció viaje de control a mediados de junio para verificar el cumplimiento del cronograma establecido por la PCM y garantizar que se respeten los plazos comprometidos.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
En el corazón del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la tierra donde el aroma del café y el sudor campesino aún sostienen a miles de familias, el eco de las balas ha reemplazado al canto de los gallos. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas del orden y presuntos narcotraficantes o remanentes […]
En el corazón del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la tierra donde el aroma del café y el sudor campesino aún sostienen a miles de familias, el eco de las balas ha reemplazado al canto de los gallos.
Los enfrentamientos armados entre las fuerzas del orden y presuntos narcotraficantes o remanentes subversivos como los Quispe Palomino ya no son noticias aisladas. Son parte del paisaje diario. Los distritos como Vizcatán del Ene se han vuelto el escenario de una guerra silenciosa y desproporcionada, donde los más afectados no son los combatientes, sino las comunidades.
Hace apenas unos días, mientras los vecinos de Alto Mantaro, Valle Hermosa y Valle Manantial debatían sus necesidades básicas en reuniones comunales, la paz se rompió con un zumbido en el cielo. Helicópteros militares sobrevolaban bajo, seguidos de ráfagas y explosiones.
Por tierra, se reportaban movimientos de tropas y enfrentamientos con presuntas columnas armadas. Los testimonios se repiten. Agricultores, madres, maestros: todos coinciden en que las operaciones militares no avisan, no protegen, y no diferencian.
“Aquí no vivimos en el Vraem, sobrevivimos en el Vraem”, comentó una fuente a Jornada.
Operativos sin coordinación y la amenaza constante
Con respecto a ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el reciente operativo en Alto Mantaro tenía como objetivo una columna armada vinculada al clan Quispe Palomino.
El intercambio fue intenso. Un helicóptero del Ejército fue impactado por disparos de ametralladora PKT, presuntamente robada de Huancavelica años atrás. Aunque se incautaron documentos subversivos y municiones, varios miembros del grupo lograron escapar por la espesura de la selva.
Mientras tanto, los pobladores observaban desde sus chacras cómo las balas pasaban cerca de sus casas, escuelas y cultivos. En algunos sectores, los enfrentamientos se dieron a escasos metros de instituciones educativas. El temor crece entre los padres, que ya no saben si enviar a sus hijos a estudiar o protegerlos en casa.
La marcha por la paz y la dignidad
Cansados del abandono y del miedo, la población de Vizcatán del Ene organizaron una marcha pacífica hacia Pichari. Su pedido fue claro: que el Gobierno escuche y respete sus derechos, que se detengan los operativos sin coordinación, y que se reubiquen las bases militares lejos de zonas pobladas.
“No estamos en contra del Ejército ni de la Policía. Queremos vivir en paz. Somos agricultores, no enemigos del Estado”, expresaron.
Narcotráfico, violencia e impunidad
La problemática del Vraem es compleja. El narcotráfico ha echado raíces profundas, convirtiéndose en una fuente de poder, violencia y corrupción. En esta lucha por el control del territorio, el Estado y los grupos criminales libran una guerra en la que los civiles quedan atrapados, sin protección ni justicia.
La Defensoría del Pueblo ha intervenido solicitando al Ejecutivo que respete los derechos humanos y proponga la reubicación de bases militares en lugares no habitados. No es la primera vez que suceden incidentes similares. En cada ocasión, las víctimas son las mismas: familias humildes, pueblos olvidados.
¿Qué acciones pueden traer la paz al Vraem?
Expertos en derechos humanos y desarrollo rural coinciden en que no basta con operativos armados. Para pacificar el Vraem se necesita: Coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades antes de cualquier intervención armada. También la presencia del Estado con servicios básicos como salud o educación.
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El Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.° 5532/2022-CR, que regula el uso de teléfonos celulares en instituciones y programas educativos de nivel primaria y secundaria, tanto públicos como privados. La norma busca mejorar la atención y el rendimiento escolar, así como reducir la sobreexposición de los estudiantes al internet.
Según el texto aprobado, las instituciones deberán restringir el uso de celulares inteligentes u otros dispositivos electrónicos similares durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. La medida alcanza a toda la Educación Básica y fue sustentada por el congresista Segundo Montalvo (PL), presidente de la Comisión de Educación, quien señaló que la iniciativa apunta a reducir las distracciones y mejorar el proceso educativo.
La autora del proyecto, Milagros Aguayo (PL), sostuvo que la norma también contribuirá a reducir los trastornos mentales asociados al uso excesivo de celulares, y a prevenir casos de ciberbullying dentro del entorno escolar.
Durante el debate, congresistas de diversas bancadas coincidieron en que el uso responsable de la tecnología debe estar acompañado de seguimiento adulto, y que esta medida representa una herramienta para proteger a la niñez y promover entornos escolares más adecuados para el aprendizaje.
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En el marco de las principales efemérides ambientales del mes de junio, como el Día Mundial del Medio Ambiente (5), el Día Mundial de los Océanos (8) y el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17), se realizará el ciclo de charlas “Tumbes: una aventura del mar hacia los bosques”, una […]
En el marco de las principales efemérides ambientales del mes de junio, como el Día Mundial del Medio Ambiente (5), el Día Mundial de los Océanos (8) y el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17), se realizará el ciclo de charlas “Tumbes: una aventura del mar hacia los bosques”, una jornada virtual y gratuita que invita a reflexionar sobre la riqueza natural de esta región y los desafíos que enfrenta en el contexto de la crisis climática.
El evento se realizará el viernes 6 de junio, de 9:30 a.m. a 12:30 p.m., y reunirá a especialistas y actores locales para dialogar sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas marino-costeros y terrestres de Tumbes, una de las regiones más biodiversas del país.
La iniciativa busca informar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en torno a la urgencia de adoptar prácticas sostenibles, con énfasis en la protección de la fauna marina, la conservación del bosque seco, uno de los ecosistemas más amenazados del Perú, y la promoción de un turismo responsable como herramienta de desarrollo sostenible.
Según los organizadores, el objetivo es “dar a conocer las acciones frente al cambio climático, el trabajo de las ONG y la importancia del turismo sostenible como aliado en la conservación de los ecosistemas”. (Foto: Sernanp)
Enfoque en ecosistemas marinos y bosques secos
El ciclo de charlas pone el foco en dos ecosistemas emblemáticos de Tumbes: el mar y el bosque seco, ambos altamente vulnerables al cambio climático y esenciales para la biodiversidad regional. A lo largo de la jornada se presentarán acciones concretas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático, así como estrategias de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que permitan asegurar la sostenibilidad ambiental en el tiempo.
Además, se compartirán experiencias de conservación lideradas por organizaciones de la sociedad civil, junto a esfuerzos del sector público, la academia y el sector turístico, mostrando cómo la articulación entre estos actores fortalece la resiliencia de los ecosistemas frente a las amenazas climáticas.
Según los organizadores, el objetivo es visibilizar las respuestas locales frente al cambio climático, destacar el valioso trabajo de las ONG, comunidades organizadas y otros actores locales, y subrayar el rol del turismo sostenible como una herramienta clave para conservar los ecosistemas sin comprometer su futuro.
La actividad también busca promover buenas prácticas para el cuidado de la fauna marina, así como poner en valor el aprovechamiento responsable del bosque seco y del ecosistema marino, dos espacios naturales fundamentales para la región de Tumbes, tanto por su riqueza ecológica como por su potencial para el desarrollo sostenible.
¿Cómo me inscribo?
Las charlas se transmitirán por la plataforma Google Meet y están dirigidas a ciudadanos interesados, estudiantes, profesionales del sector ambiental y turístico, así como organizaciones comunitarias. La inscripción previa se realiza a través del siguiente formulario en línea.
Para más información sobre el evento, los interesados pueden contactar al número +51 949 942 234 o acceder al grupo de WhatsApp oficial para recibir actualizaciones.
Este ciclo de charlas es organizado desde la sociedad civil con el apoyo del Ministerio del Ambiente (Minam), a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación en coordinación con el Gobierno Regional de Tumbes, AIDER, EcoOceanica, ACOREMA y el Área de Conservación Privada Bosque Seco Amotape, con el apoyo de la Oficina Regional de Turismo – IPERÚ Tumbes.
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El Gobernador de La Libertad, César Acuña; el gerente de Imagen Institucional, Miguel Urbina Correa; y el gerente de Administración, Jobvito Flores Mariños, son investigados por presuntas irregularidades al haber destinado S/2 millones para publicidad en medios de comunicación.
Acuña en el ojo de la tormenta. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, a través de la carpeta fiscal N° 260-2025, dispuso iniciar investigación preliminar contra César Acuña, Miguel Urbina y Jobvito Flores.
Los tres funcionarios de la actual gestión regional de La Libertad fueron denunciados por el docente Javier Arturo Carrión Ojeda por los presuntos delitos de colusión, malversación y negociación incompatible.
Javier Carrión señaló que César Acuña habría hecho abuso de su cargo al firmar resoluciones que habilitan el «gasto millonario en publicidad». De acuerdo con la denuncia, el gerente de Administración, Jobvito Flores, presuntamente habría dado directivas a la Subgerencia de Logística y Servicios Generales para ejecutar «contrataciones directas» con medios de Comunicación.
Estas modificaciones administrativas del Gobierno Regional para poder destinar este presupuesto a la publicidad mediante resoluciones gerenciales regionales, a las que Noticias Trujillo tuvo acceso, ya son investigadas por la Fiscalía.
Resolución del 6 de marzo de 2025 que permite contrataciones directas.
El caso fue declarado complejo por el fiscal César Espinola Carrillo, debido a que se requiere el testimonio de otras 14 personas entre representantes comerciales de medios de comunicación y funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad.
Debido a esta complejidad, la investigación fiscal se extenderá cuatro meses más para confirmar si hubo responsabilidad o no de los funcionarios en la administración de estos recursos destinados a publicidad.
Miguel Urbina, encargado de elaborar el Plan de Medios
El «Plan de Estrategia Publicitaria 2025» y el «Plan de Medios 2025» fue elaborado por el gerente de Imagen Institucional, Miguel Urbina, quien habría seleccionado a medios de forma directa para la estrategia de comunicación del Gobierno Regional, de acuerdo con la denuncia.
Este plan está firmado por César Acuña, gobernador de La Libertad, quien aprobó este presupuesto de S/2 millones, de los cuales S/887,302.60 se destinaron al «Plan de Medios». De acuerdo con la denuncia, Miguel Urbina habría direccionado contrataciones para favorecer a sus amigos periodistas, algunos de ellos fueron sus compañeros en el canal UCV Satelital, hoy Cosmos TV.
No es la primera vez que aparecen cuestionamientos a la labor de Miguel Urbina, gerente de Imagen del Gobierno Regional. De acuerdo con la información recabada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el pasado 4 de abril de 2024, el equipo de prensa de SOL TV tuvo dificultades para conseguir declaraciones de la doctora Joana Cabrera, debido a que Urbina se interpuso y empujó al reportero de dicho medio de comunicación.
Denuncia también menciona a actual gerente de Ambiente
De acuerdo con el denunciante, habría un presunto favorecimiento en la contratación directa de publicidad, como sería el caso de Radio Los Ángeles, cuya expropietaria fue la señora Janet Romero Arévalo, tía del señor Frank Sánchez, actual gerente regional del Ambiente del Gobierno Regional y militante de Alianza Para el Progreso (APP).
Funcionarios rechazan denuncia
El gerente de Imagen del Gobierno Regional rechazó que mediante contrataciones directas para difusión de contenido publicitario en medios se pretenda comprar líneas editoriales de medios de comunicación con el fin de resaltar la gestión del gobernador César Acuña.
En respuesta a la denuncia, el gobernador de La Libertad, César Acuña, dijo «recuerden que hoy cualquiera denuncia» a los medios de comunicación que le preguntaron sobre este caso.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El deterioro progresivo de la carretera que conecta a la provincia de Sandia con otras regiones del país se ha convertido en un obstáculo clave para su crecimiento económico. Según Alejandro Pampa Velásquez, subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Sandia, las intensas lluvias de los últimos meses han agravado el estado de […]
El deterioro progresivo de la carretera que conecta a la provincia de Sandia con otras regiones del país se ha convertido en un obstáculo clave para su crecimiento económico. Según Alejandro Pampa Velásquez, subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Sandia, las intensas lluvias de los últimos meses han agravado el estado de la vía, limitando el transporte y comercialización de productos agrícolas.
“Uno de los principales factores que afecta la competitividad de nuestros productores es el transporte. La carretera, con apenas 4 metros de ancho, se encuentra seriamente afectada por las lluvias, lo que la vuelve peligrosa y poco funcional, especialmente para vehículos de carga pesada”, afirmó el funcionario.
Pampa Velásquez instó a las autoridades regionales y nacionales a priorizar el mantenimiento constante de esta vía estratégica, así como su ampliación. Enfatizó que la infraestructura vial es crucial para dinamizar la economía local y facilitar el acceso a nuevos mercados.
La provincia de Sandia cuenta con una economía agrícola diversa, favorecida por su variedad de pisos ecológicos, que van desde los valles interandinos hasta la selva baja. Entre los principales cultivos se encuentran el llacón, maíz, granadilla, chirimoya, palta, papaya andina y café de alta calidad, considerado uno de los mejores del mundo. No obstante, la precariedad de las vías limita su capacidad de exportación y comercialización.
Un ejemplo claro de esta problemática es la pérdida del mercado de papaya andina, que hasta hace tres años se exportaba a Chile y Arequipa, alcanzando un volumen anual de hasta 1.300 toneladas. “Lamentablemente, ese mercado se ha cerrado. Ahora Huánuco y el mismo Chile están produciendo papaya andina, lo que nos deja en desventaja”, explicó Pampa.
Frente a este panorama, el subgerente propuso diversificar los destinos de exportación, con especial énfasis en el mercado chino, y aprovechar el futuro funcionamiento del puerto de Chancay como punto estratégico para la salida de frutas y otros productos agrícolas.
“Con el apoyo institucional adecuado, podemos abrir nuevos mercados, reactivar nuestra economía y mejorar la calidad de vida de nuestros productores”, concluyó.
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“Mis hermanas y mi familia esperamos que, después de casi tres décadas del fallecimiento de mamá, se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos”, expresó Marisela Monzón Ramos, hija Celia Ramos, […]
“Mis hermanas y mi familia esperamos que, después de casi tres décadas del fallecimiento de mamá, se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos”, expresó Marisela Monzón Ramos, hija Celia Ramos, una mujer víctima de las esterilizaciones forzadas en el Perú, en el gobierno de Alberto Fujimori.
Marisela presentó su testimonio ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el primer caso de las esterilizaciones forzadas que llega a este tribunal internacional, y que representa un hito histórico en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.
Su madre, Celia Ramos, una mujer de Piura en situación de pobreza, fue sometida a una esterilización sin su consentimiento en julio de 1997 como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado, ejecutado y supervisado por el gobierno de Alberto Fujimori y sus exministros de salud entre 1996 y 2001.
De acuerdo con el testimonio, a pesar de haberse negado reiteradamente, Celia fue presionada por personal de salud y finalmente intervenida quirúrgicamente sin un consentimiento pleno, libre, previo e informado. Sufrió un paro respiratorio por la medicina suministrada durante la operación que le provocó un coma y falleció 19 días después, sin recibir la atención médica necesaria.
Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reciben testimonio de un caso de esterilizaciones forzadas. Foto: Laura García, Trineo.
Su caso no es aislado: según el Ministerio de Salud, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 270 mil ligaduras de trompas, la mayoría sin garantías de consentimiento. Además, 18 muertes documentadas están vinculadas a estas prácticas, según la Defensoría del Pueblo.
Crimen de lesa humanidad
En la audiencia, las organizaciones peticionarias, incluyendo Demus, CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos, solicitaron a la Corte declarar al Estado peruano responsable por crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad personal, la autonomía reproductiva y la igualdad ante la ley.
También exigieron una investigación exhaustiva, sanciones a los responsables, incluyendo altos funcionarios del gobierno de Fujimori, y reparaciones integrales para la familia de Celia y otras víctimas.
La perita Kimberly Theidon destacó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar perpetuó estereotipos de género, discriminación étnica y normas machistas, afectando principalmente a mujeres pobres, rurales e indígenas.
Por su parte, la delegación del Estado peruano también interrogó a la hija de Celia Ramos y adoptó una postura negacionista sobre la existencia de esterilizaciones forzadas sistemáticas en el Perú.
Para Demus y otras organizaciones de derechos humanos, este caso, elevado a la Corte IDH en 2023 tras la falta de avances en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representa una oportunidad para reconocer la violencia reproductiva como un crimen de lesa humanidad y garantizar la no repetición.
Las organizaciones piden una política de reparaciones para las casi 7,000 mujeres inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo).
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La Fuerza Aérea del Perú halló una tercera pieza de la aeronave en la que viajaba la piloto Ashley Vargas. La parte fue encontrada en la playa Supay, de la reserva nacional de Paracas, Ica. Continúa la búsqueda de la alférez con apoyo aéreo, naval, policial y satelital.
La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó esta mañana el hallazgo de una tercera sección estructural de la aeronave KT-1P desaparecida, en la que iba la piloto Ashley Vargas. El componente fue ubicado en la playa Supay, dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Este fragmento de la aeronave ha sido asegurado e incorporado a la investigación técnico-operativa.
En paralelo, continúa la operación de búsqueda y rescate, la cual se ejecuta de forma ininterrumpida, asegura la Fuerza Aérea del Perú. La FAP realiza las tareas de busqueda con la participación de medios aéreos, navales y policiales. A la fecha, se han acumulado más de 60 horas de vuelo.
La operación cuenta además con el apoyo de imágenes satelitales solicitadas a la Agencia Espacial del Perú bajo el convenio CONIS. Asi también está el despliegue de la Marina de Guerra del Perú, que ha movilizado una patrullera de la Capitanía del Puerto de Pisco, el buque BAP Luis Flores Portugal con sonar de barrido lateral.
La FAP también remarca que la aeronave KT-1P en la que viajaba la piloto Ashley Vargas fue diseñada y ensamblada en Lima por el Servicio de Mantenimiento (SEMAN). La avioneta cumplía protocolos técnicos, asegura la institución aeronáutica.
Falsos informantes le dijeron a la familia de la piloto Ashley Vargas que la joven no podía hablar
Ayer, familiares de la piloto Ashley Vargas fueron contactados por personas que aseguraron haberla encontrado a 80 millas mar adentro. Luego se descubrió que se trataría de una posible estafa. Incluso el padre de la piloto declaró con algunos medios capitalinos: “Está con vida, pero no puede hablar”.
“Una lancha de tiburoneros llamó a mi cuñada en Lima para decirle que tienen a Ashley en la embarcación. Está con vida, pero no puede hablar”, relató el padre de Ashley Vargas. Lamentablemente, se ha desmentido el hallazgo.
Edgar Vargas Escobedo, padre de la oficial de la FAP, indicó a Latina que mantuvo una comunicación con un coronel. El supuesto alto mando le habría dado coordinaciones para lo que sería el rescate. «Voy a cortar porque me está llamando el ‘coronel’», compartió con el canal Latina.
Se conoció que los falsos informantes habrían pedido dinero para gasolina a la familia. El número desde donde se hizo la llamada ya fue identificado por la Policía Nacional del Perú (PNP).
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar por audios que vinculan a Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC, con presunto complot fujimorista para perjudicar al fiscal José Domingo Pérez e infiltrar en la cúpula del Ministerio Público.
El fiscal José Domingo Pérez sustentará el caso de los aportes ilícitos a la campaña de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ante el Tribunal Constitucional (TC) que lo citó par este 27 de agosto.
Fiscalía Anticorrupción ha iniciado formalmente la investigación preliminar por los audios difundidos recientemente que se involucra al actual jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. El contenido de los audios que involucran a Juan Fernández Jerí podría constituir indicios de posibles irregularidades administrativas o actos de corrupción, señala el Ministerio Público.
“Frente a cualquier señal de irregularidad, nuestra obligación es actuar con celeridad, imparcialidad y dentro del marco legal vigente”, señaló el fiscal a cargo del caso. Asimismo, agregó que se garantizará el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. La investigación preliminar está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Cuarto Despacho).
Juan Fernández Jerí sigue en la ANC y apuntan a congresista de Fuerza Popular como el “Agente Roberto”
Este presunto complot entre Juan Fernandez Jerí incluiría intentos de modificar la cúpula de la Fiscalía de la Nación, con el objetivo de apartar a Pérez y a Rafael Vela. Mientras, Juan Fernández Jerí sigue siendo el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, aunque enfrenta una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de Anticorrupción debido a los audios que lo vinculan con un presunto complot contra fiscales que investigan a Fuerza Popular.
En los audios filtrados que involucran al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, se menciona a un personaje identificado como «Roberto». Este personaje podría tratarse de la congresista Martha Moyano.
Algunas hipótesis sustentan que, Christian Salas, exabogado de Fuerza Popular, habría entregado los audios a un agente llamado «Roberto». Este luego los habría difundido a terceros como evidencia a sus superiores de sus esfuerzos por avanzar con el supuesto complot dentro del Ministerio Público.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
No solo quieren inmunidad. Un proyecto de ley de Fuerza Popular a tan solo meses de las Elecciones 2026 dice defender la libertad ideológica de los congresistas porque no son “funcionarios administrativos”. Sin embargo, serviría para que los parlamentarios en funciones puedan realizar actividades partidarias.
Se acercan las Elecciones Generales 2026 y algunos congresistas no solo buscarían restituir la inmunidad parlamentaria. Fuerza Popular presentó un proyecto de Ley que dice defender la “libertad ideológica” de los legisladores porque no son “funcionarios administrativos”. Sin embargo, serviría para que los padres de la Patria, aun en funciones, puedan realizar actividades partidarias. La presentación de la iniciativa coincide con una alerta reciente sobre la legisladora Martha Moyano. Un dominical reveló recientemente que la fujimorista viajó a Loreto cuando es representante de Lima. La visita se dio con pasajes de avión comprados por el Congreso, y aprovechó para asistir más tardes a una actividad de la Escuela Naranja de Keiko Fujimori.
Ayer, el congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, presentó un Proyecto de Ley para modificar el Reglamento del Congreso. La iniciativa dice defender que los parlamentarios expresen y promuevan posiciones partidarias dentro de sus funciones, colgándose de una sentencia del TC y argumentando que no estarían sujetos al principio de neutralidad política. Sin embargo, abriría la puerta para que en verdad puedan participar en actividades de sus partidos políticos cuando deberían estar ejerciendo sus funciones legislativas como las semanas de representación.
El proyecto de Ley menciona que no se usarían recursos del Congreso para estas actividades. Sin embargo, lo que sí facilita es que los legisladores aprovechen su tiempo en funciones para participar activamente en eventos partidarios, afectando la imparcialidad de su rol representativo.
La iniciativa de Fuerza Popular está suscrito por 24 congresistas: naranjas, celestes y de otras bancadas de distintos colores políticos. Entre ellos figuran los representantes de Arequipa: Jaime Quito Sarmiento, Alex Paredes y Diana Gonzáles.
La propuesta es presentada en medio de cuestionamientos recientes sobre el rol político de los congresistas, denuncias archivadas en la comisión de ética, e incluso, cuando están casi a gritos, los pedidos para restituir la inmunidad parlamentaria.
Martha Moyano y la Escuela Naranja: ¿Cuál es el antecedente que coincide con el proyecto de Fuerza Popular?
Precisamente, un informe de Cuarto Poder reveló que Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, habría utilizado pasajes financiados con recursos del Congreso durante su semana de representación para asistir a la inauguración de la Escuela Naranja, un evento partidario vinculado a Keiko Fujimori. Moyano defendió su participación, argumentando que los congresistas tienen un rol político permanente. Obviamente Martha Moyano está dentro de los firmantes del proyecto fujimorista.
“Cuando uno hace su semana de representación, que es el momento en que uno puede dejar las actividades legislativas y de comisiones, uno tiene la obligación también de acercarse a sus bases. […] Claro que viajamos con dinero del Congreso. ¿Eso es aprovechar? Sí, claro. Pero no está mal si se hace con transparencia”, señaló la fujimorista Martha Moyano ante reportaje del dominical Cuarto Poder.
La iniciativa de Fuerza Popular que busca crear un artículo 25A en el reglamento del Congreso, ha sido enviada a la Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi. El proyecto también coincide con la proximidad de las Elecciones Generales 2026.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
Arequipa: Ministro de Justicia se pronuncia sobre imputación de delitos a menores de edad. Lambayeque: Unidad de Flagrancia Delictiva lidera meta a nivel nacional
Pasó en el Perú | Ayacucho. La madrugada de este jueves, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó un megaoperativo en diversas regiones del país, incluyendo Ayacucho, donde fueron detenidos funcionarios del programa nacional de alimentación escolar Wasi Mikuna (ex Qali Warma), en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción y vínculos con una organización criminal.
En Ayacucho, las acciones se centraron en las provincias de Huamanga y Huanta, donde fueron intervenidas las viviendas de especialistas alimentarios pertenecientes a la Unidad Territorial del programa. Los operativos incluyeron allanamientos simultáneos con fines de detención preliminar judicial, en coordinación con agentes de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú.
El caso está bajo la conducción del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, quien lidera las investigaciones por el presunto delito de organización criminal y corrupción de funcionarios. Los involucrados habrían recibido sobornos por parte de la empresa proveedora Frigoinca SAC, encargada de abastecer productos alimenticios al programa social.
En total, se allanaron 11 inmuebles en las regiones de Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y Ucayali, y se detuvo a cuatro funcionarios. Además, se incautaron de elementos clave que formarían parte de las evidencias en el proceso penal.
La intervención en Ayacucho contó con la participación de 117 agentes policiales y 11 fiscales del Ministerio Público. La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre los vínculos entre la empresa y los funcionarios del programa en esta región, aseguró. Jornada.
Arequipa: Ministro de Justicia se pronuncia sobre imputación de delitos a menores de edad
Pasó en el Perú | Arequipa. Durante su visita a Arequipa, el ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, se refirió a la controvertida ley que permite imputar delitos a adolescentes de 16 años, medida criticada por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
«El Ministerio emitió una opinión en contra, pero el Congreso promulgó la ley», explicó, aclarando que ahora solo queda esperar el fallo de la acción de inconstitucionalidad presentada.
Aunque reconoció que la norma «no es una solución contundente contra la inseguridad», subrayó que el gobierno la acatará mientras esté vigente.
El ministro también inauguró un centro legal en la región, destacando la ampliación de defensores públicos y servicios de conciliación para descongestionar la justicia, informó El Búho.
Lambayeque: Unidad de Flagrancia Delictiva lidera meta a nivel nacional
Pasó en el Perú | Lambayeque. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, César Bravo Llaque, destacó que la Unidad de Flagrancia Delictiva, implementada el año pasado en Chiclayo, ha logrado posicionarse en el primer lugar de producción a nivel nacional, con más de dos mil sentencias condenatorias, informó Semanario Expresión.
Puno: Exalcalde de Carabaya fallece tras sufrir un accidente vehicular
Pasó en el Perú | Puno. Nuevamente, las carreteras de la selva puneña se tiñen de sangre. Esta vez, la víctima mortal fue el exalcalde provincial de Carabaya, Ronald Gutiérrez Rodrigo, quien sufrió un accidente de tránsito en la vía interoceánica, del sector Kollapapuja del distrito de Macusani.
De acuerdo a los medios locales, el accidente ocurrió en la mañana de este viernes, cuando la moto lineal que conducía el ex burgomaestre, chocó contra vehículo negro de marca Suzuki. Debido al fuerte impacto, el auto se volcó y la moto quedó completamente destrozada.
Mientras que el exalcalde, fue rescatado con vida y conducido al hospital San Martín de Porres de Macusani, en donde falleció a causa de las graves heridas.
Su deceso causó conmoción en la región de Puno, especialmente en Carabaya, en donde se izo la bandera a media asta y se declaró duelo provincial los días 23, 24 y 25 de mayo.
Cabe destacar que Ronald Gutiérrez Rodrigo, fue alcalde de Carabaya desde el 2011 al 2014. Al igual que otros alcaldes, afrontó diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión, informó El Objetivo.pe.
Loreto: Alcalde debe atender a comerciantes de Santa Clara
Pasó en el Perú | Loreto. Desde hace cinco años, decenas de comerciantes venden productos en la feria informal de la calle Eloy Jaramillo, en Santa Clara.
Aseguran que la Municipalidad de San Juan Bautista no les permite obtener carnés de manipulación ni de comerciante por estar ubicadas en la vía pública, a pesar de que solicitan formalizar su trabajo.
También denunciaron que no les ofrecen una alternativa viable para trasladarse a un local que les permita mantener sus ventas.
Las vendedoras afirmaron que el mercadillo, ubicado a unas cuatro cuadras, no tiene movimiento comercial, lo que genera pérdidas. Algunas fueron reubicadas en anteriores ocasiones sin resultados positivos.
Según indicaron, no reciben visitas del alcalde ni del personal edil, y reclaman que antes, bajo otra gestión, sí se les otorgaron permisos. Piden una solución que considere su realidad económica y la necesidad de trabajar en condiciones seguras y estables, informó ProyContra.
“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.
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