Lo que hubiera sido un escándalo preocupante en una democracia deviene en un asunto menor en un régimen autoritario como el actual. ¿Qué es un jalón de pelos frente al asesinato de un esposo o de un hijo? De acuerdo con lo informado por los medios de comunicación, las dos mujeres que se acercaron a Dina Boluarte en Ayacucho, eran una madre de un joven asesinado en las movilizaciones de hace un año y la otra esposa (hoy viuda) de otro movilizado. Se acercaron a reclamarle a Boluarte por justicia, a clamar contra la impunidad de lo que serían asesinatos a mansalva de las fuerzas del orden. En este caso del desorden, en la represión del gran movimiento social del año pasado.

En este territorio hostil Boluarte no tuvo mejor idea que lanzar caramelos al aire como si fuera una fiesta infantil. Y no me uno aquí al tropel de áulicos que insisten en que estuvo mal asesorada, falso. No es mal asesoramiento. Es desprecio por el pueblo de Ayacucho y por los deudos de las víctimas. De ésta y otras ciudades sur andinas que se levantaron hace un año. Ese desprecio que viene de la soberbia que les da lo que creen un poder omnímodo, es lo que lleva a esta situación.

Sin embargo, el jalón de pelos va más allá. Es señal del grave aislamiento del gobierno del Perú frente a sus ciudadanos, ejecutivo y congreso incluidos. Una metáfora de la ilegitimidad con la que se mueve el poder político en el país. Tan seguros se sienten en sus puestos estos individuos que el 90% en promedio que tienen de desaprobación en las encuestas no los ha despertado de su sueño autoritario ni parece que el jalón de pelos vaya a hacerlo tampoco.

Pero a los que insisten en hablar del jalón como violencia criminal, les digo que me permitan hablar del contexto. Se trata de un gobierno producto de la fuerza, donde un contragolpe del congreso le entrega el poder a quienes perdieron las elecciones del 2021. Esto despierta la ira popular y lleva a la activación de la movilización social. Esa movilización, que el poder ha optado por reprimir sangrientamente, es la que ha propiciado, a pesar de sus pausas, el aislamiento gubernamental.

Si una de las características del estado es el control del territorio, la gente que gobierna no controla el espacio peruano ni adentro, ni afuera de nuestras fronteras. Adentro, lo vemos en el reiterado rechazo que tienen ministros, presidenta, congresistas y altos funcionarios donde vayan. La acusación además es puntual: ¡asesinos! ¡Dina asesina! es lo que le gritaban los ayacuchanos en medio del jalón de pelos. Hartos de la impunidad con que se han tratado las masacres del sur andino durante las protestas. Afuera, en el aislamiento que deben soportar en cada reunión a la que van, en las que una y otra vez no les dan la mano y les recuerdan su verdadero carácter de gobierno autoritario y represor.

Esto, por supuesto, no se arregla solo con cambiar el operativo de seguridad de Boluarte, que, a la luz de los acontecimientos, da pena. Esto se arregla con una salida democrática a la aguda crisis política, lo que empieza por terminar con la impunidad reinante. Así avanzar a tener elecciones lo más pronto posible y a un régimen donde un jalón de pelos presidencial bien valga un escándalo.

Artículo publicado en OtraMirada.pe

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Tal parece que la gestión al frente del Gobierno Regional de La Libertad, para el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, es un juego donde no importa pasar por encima de la ley. De otra manera no se entienden las idas y venidas en torno a la designación, la destitución y la reciente insistencia en nombrar a una funcionaria de Educación, a quien el Ministerio Público dispuso investigar por 60 días por presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo.

La funcionaria en mención es Flor de María Ahón Solís quien ayer, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000040-2024-GRLL-GOB, refrendada por el mismo Acuña, fue designada nuevamente como jefa de la Subgerencia de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional La Libertad.

Es decir, la máxima autoridad regional insiste en designar en el cargo a una funcionaria que además es investigada por el Ministerio Público por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y falsedad genérica, y por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de falsa declaración de proceso administrativo en agravio del Estado.

Historia de un escándalo

Esta historia de escándalo se inició el 12 de enero de este año cuando la fiscal a cargo, doctora Luz Marina León Collantes del Sétimo Despacho de Investigación, dispuso iniciar investigación preliminar contra Flor de María Rosario Ahón Solís, por la presunta comisión del delito contra los derechos intelectuales en la modalidad de plagio.

La funcionaria Flor de María Rosario Ahón Solís presuntamente plagió su tesis “Gestión Institucional y calidad de servicio en una unidad de Gestión Educativa local de Trujillo 2019”, que presentó para obtener el grado de maestra en la Universidad César Vallejo, la universidad de propiedad del mismo Acuña.

Pese a ello, el mismo gobernador César Acuña, por recomendación e insistencia del cuestionado gerente regional de Educación Martín Camacho, tal y como lo afirmó este último en el diario Correo La Libertad, decidió ascenderla el 16 de enero, es decir, cuatro días después de la apertura de investigación fiscal. El GORE, con la firma del gobernador, emitió entonces la Resolución Ejecutiva N° 000027-2024-GRLL-GOB designándola jefa de la Subgerencia de Gestión Institucional de la GRELL.

Sin embargo, tras la difusión de este escándalo, el 18 de enero, el mismo Acuña firmó la Resolución Ejecutiva N° 000030-2024-GRLL-GOB dejando sin efecto el nombramiento de la funcionaria Flor de María Ahón.

El tema parecía zanjado y Acuña aparentaba haber recapacitado en torno a la correcta designación de sus funcionarios. Pero no. Este martes 23 de enero, el GORE La Libertad sorprendió a todos designando por insistencia a Flor de María Ahón Solís como jefa de la Subgerencia de Gestión Institucional de la GRELL.

La región no es un juego

De esta manera, el gobernador no sólo se contradice, sino que prefiere ignorar el proceso de investigación en curso contra Ahón Solís al insistir en mantenerla como funcionaria de confianza de su gestión. Esta inestable situación siembra dudas sobre los verdaderos motivos que subyacen a estas controversiales idas y vueltas con la funcionaria en el gobierno regional.

Mientras la investigación fiscal sigue su curso, el respaldo de Acuña a Ahón Solís evidencia falta de criterio total en la toma de decisiones, en casos sensibles que involucran a funcionarios de confianza en el equipo de gobierno regional de uno de los departamentos más importantes del país.

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LIMA. Diversas organizaciones comprometidas con la defensa del ambiente unen sus voces para convocar a la sociedad civil a una movilización en rechazo a la Ley 30222, denominada Ley Antiforestal. El motivo: la norma modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, lo que pondría en peligro a la Amazonía y las personas que la defienden.

La movilización se llevará a cabo mañana jueves 25 de enero a las 5 p.m. en el Parque Universitario (Cercado de Lima). Esta acción forma parte de las acciones colectivas organizadas en respuesta a las preocupaciones de la comunidad.

La acción ciudadana es convocada por el Centro Federado de Ciencias Forestales de la UNALM, el colectivo Viernes por el Futuro, la Red Universitaria Ambiental Perú, y la Articulación de Activistas Ambientales. Cuenta a la vez con el apoyo de diversas organizaciones civiles que vienen realizando iniciativas desde la aprobación de la polémica norma.

Peligros de modificar la Ley Forestal

La Amazonía está llegando a un punto de deforestación crítico. En ese contexto las modificaciones realizadas a la Ley Forestal son vistas como un retroceso en los esfuerzos para combatir el cambio climático. Además, las comunidades indígenas son los actores más vulnerables, pues se ven afectadas directamente por estos cambios.

Por otro lado, las organizaciones convocantes denuncian la ilegalidad de la aprobación de la ley, subrayando que no se respetó el procedimiento adecuado. Por esto, exigen su inmediata derogatoria. Asimismo, denuncian que esta práctica se suma a la lista de irregularidades que ha cometido el congreso a lo largo de su periodo, dejando de lado la representación y respondiendo a intereses particulares.

Rol del Ministerio del Ambiente

Por otro lado, las organizaciones llaman a reconocer y fortalecer la autoridad del Ministerio del Ambiente (Minam) en la toma de decisiones que afectan directamente a la protección ambiental. Ante esto, la modificación de procedimientos que regulan la protección de bosques deja al sector en segundo plano en el proceso de zonificación. Esto, consideran, incrementará la deforestación en la Amazonía, pues el cambio de uso de suelos es la principal causa de la problemática.

Poblaciones indígenas

Finalmente, la movilización rechaza la falta de consideración hacia los derechos de los pueblos indígenas y originarios, especialmente la omisión del derecho a la consulta previa según la Convención 169 de la OIT. La iniciativa subraya la importancia de incluir y respetar las voces de estas comunidades que ocupan los territorios afectados.

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Las disputas entre mafias no cesan en Arequipa. A los recientes ataques contra viviendas y casos de sicariato se suma una balacera en contra de una trabajadora sexual en la avenida Andrés Avelino Cáceres.

La tarde del último martes, dos individuos a bordo de una motocicleta negra fueron tras una meretriz cerca al sector de Gratersa. Ante el ataque, la mujer se refugió en un local cercano. La huida no amilanó a los atacantes, que dispararon cinco veces contra una pollería y chifa donde se resguardó la sexoservidora.

A pesar de la ferocidad del ataque, no se dio cuenta de heridos ni muertos, aunque los comensales y transeúntes pasaron momentos de terror. Tras la balacera, los hampones huyeron de la zona a bordo del vehículo.

Horas después, comenzó a circular una publicación en redes sociales donde los agresores se adjudicaban la autoría del ataque. Los autodenominados “Cartel del Sur” o “CCNG” instaron a las meretrices a que los contacten, presumiblemente para el pago de cupos, advirtiendo que de no hacerlo serían objeto de “medidas drásticas”.

El hecho se produce en medio de una escalada de violencia en las últimas semanas. En Mariano Melgar y Pachacútec individuos a bordo de motos dispararon contra casas. Mientras que en Miraflores un sicario grabó el momento en que acababa con la vida de un extranjero y advertía a los “gota a gota” de más ataques.

Por su parte, la Policía mantiene la hipótesis de pugnas entre mafias extranjeras por el control del proxenetismo, extorsión y micro comercialización de drogas. Respecto al caso de la trabajadora sexual, trascendió que la joven declaró ante la PNP que se habría negado a pagar una cuota de protección.

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Las lluvias en las provincias de Arequipa han causado que otro poblador pierda la vida a causa de un huaico, este miércoles. La víctima identificada como Marcelino Menacho vivía en Salamanca, en la región de Condesuyos, y su fallecimiento se produjo luego de la activación de quebradas en el sector de Ñañaja.

Estos deslizamientos también afectaron a una vivienda y 6 familias de la zona, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer). También se reportó daños en el sector de Allanca, en Condesuyos.

Además, ocurrieron derrumbes y activación de quebradas en los anexos de Yanque y Queñuamarca. También se reportaron daños en la bocatoma del canal de Chanchallay, en una extensión de 50 metros.

En la provincia de Castilla se reportó un huaico en el anexo de Subna, causando que 90 personas quedaran temporalmente aisladas. Otro huaico en el sector de Chilcaymarca, bloqueo la vía que conduce a Orcopampa en dos tramos de 50 metros. Este último deslizamiento provocó la afectación de dos viviendas y 10 pobladores.

El alcalde del distrito de Chilcaymarca, Percy Ccama, dispuso que el hotel municipal funcione como albergue, para las personas afectadas por lluvias y deslizamientos.

Situación en otras provincias de Arequipa

En el distrito de Caylloma, se reportó la interrupción de la carretera en la vía Cabanaconde – Huambo.El secretario técnico informó que son 5 tramos interrumpidos en el sector Chucuhuasi y quebrada Cusqui.

El mayor daño lo sufrió el puente Cinco de Mayo que une los anexos de Cosñirhua – Malata con Tapay. Durante la intensidad de las lluvias, fue destruido por la crecida del río. Autoridades locales informan que hay 300 personas aisladas en esta zona.

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La excongresista Leyla Chihuán fue denunciada por una taxista, por chocar su vehículo y no hacerse responsable de los gastos. El accidente ocurrió el lunes pasado en la intersección de las calles El Filtro con Peral, y la agraviada indicó que Chihuán se dio a la fuga.

El impacto fue al costado izquierdo del taxi de placa VAP-177, de Jenny Villalba. La exparlamentaria Leyla Chihuán desconoció en todo momento el impacto del vehículo. Al momento de alcanzarla, luego del choque, la exvoleibolista se detuvo en la sede de la Municipalidad Provincial de Arequipa, e ingresó, minimizando el hecho a pesar que la taxista le increpó.

Los efectivos policiales, tras una discusión con la exparlamentaria, ordenaron el internamiento de ambos vehículos para que pase el peritaje de ley, en la comisaría de Santa Martha. A pesar de ello, en la noche se les indicó que podían retirar los automóviles.

Costos de accidente en Arequipa

Villalba indica que el vehículo con el que da servicio de taxi, es el sustento económico para su familia. Ella pide que la excongresista se haga responsable de los gastos del choque.

Pidió que Chihuán cubra los gastos de reparación de su taxi, ya que ella tiene una aseguradora privada.

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La explosión de un balón de gas en el campamento de la empresa minera Calpa Renace, en Caravelí, dejó al menos 19 personas heridas. Así lo confirmó la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa).

El siniestro tuvo lugar la tarde del martes 23 en el distrito de Atico, cuando el contenedor entró en combustión en el comedor del lugar. Tras el incidente el complejo fue cubierto por una intensa humareda.

Los heridos fueron trasladados en dos ambulancias, una del puesto de salud y otra de la comuna provincial. Debido a la gravedad de las heridas, tres de los heridos fueron derivados al hospital de Camaná, uno de ellos en condición grave. Los otros 16 fueron atendidos en el Centro de Salud de Caravelí, donde se encuentran en observación.

No es la primera que la minera Calpa Renace es escenario de graves incidentes. En diciembre de 2020, nueve personas resultaron heridas tras el enfrentamiento entre mineros artesanales. El conflicto volvió a reavivarse en junio del 2022, cuando 14 personas murieron en el cerro Huanaquita en un enfrentamiento con armas de fuego. Asimismo, en la zona también se registraron incendios con saldo mortal.

Lista de heridos en Calpa Renace

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La mayoría de los congresistas de la comisión de Defensa del Congreso ha manifestado su molestia con el gobierno de Dina Boluarte y, sobre todo, con el titular de la PCM, Alberto Otárola, por el retiro del jefe de la PNP, Jorge Angulo. Aseguraron que su retiro fue ilegal y que, en realidad, la responsabilidad es de Otárola por sus falsos anuncios de una «reforma policial» que hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo.

Jorge Montoya aseguró que la salida de Angulo es un intento de tapar la ineficiencia del ministro del Interior y de Alberto Otárola. Para el congresista de Renovación Popular, la agresión contra Dina Boluarte en Ayacucho pudo haberse evitado si es que hubiera una preparación adecuada.

En tanto, Patricia Chirinos, José Cueto y Roberto Chiabra advirtieron al ministro del Interior de que han vulnerado la ley 31750 aprobada por insistencia en el Congreso. La norma establece que el mandato del jefe de la PNP dura 2 años y fija una serie de causales para interrumpir dicho periodo, sin embargo, la salida de Jorge Angulo no cumple con ninguna de ellas.

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LIMA. A casi dos meses del asesinato del defensor indígena Quinto Inuma, su hijo Kevin Inuma Mandruma viajó a Lima, acompañado de su madre Marlith Mandruma, para exigir justicia. Esto implica mayor celeridad en la investigación por el crimen contra el líder kichwa, ocurrido el pasado 29 de noviembre de 2023, y la detención preliminar de los responsables. 

«Son 54 días desde el asesinato de mi papá. Sabemos que la Policía entregó su informe final a la Fiscalía. Todo ya ha sido entregado a la Fiscalía, pero no hay avances y, hasta ahora, no han pedido ninguna detención preliminar. Por eso, para nosotros, se trata de una decisión política. No tienen interés, si lo tuvieran, ya habrían hecho algo hace tiempo», manifestó a Inforegión.

El fallecido presidente (apu) de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito Huimbayoc, en la región San Martín, fue asesinado, tras ser emboscado por sujetos encapuchados y armados, en el río Yanayacu.  El dirigente indígena retornaba a su comunidad desde la ciudad de Tarapoto, luego de participar como ponente en un encuentro de mujeres y liderazgo, en Pucallpa (Ucayali). Desde el 2017, aproximadamente, Quinto Inuma y el actual apu, su hermano Manuel, venían denunciando amenazas y agresiones por parte de personas vinculadas a la tala ilegal, tráfico de madera y narcotráfico en la zona.

«Sin justicia, no podemos retornar a nuestra comunidad»

A raíz de la muerte de Quinto Inuma, alrededor de 20 personas, entre adultos y niños, han sido desplazados de su comunidad a la ciudad de Tarapoto por motivos de seguridad. En  ese contexto, Kevin ―quien es el mayor de cuatro hermanos― se ha convertido en el sostén económico de su familia, incluido su pequeño hijo. Él y su esposa son profesores bilingües.

«Nos han traído a Tarapoto desde nuestra comunidad, donde tenemos nuestros cultivos y podemos hacer las actividades diarias a las que estamos acostumbrados. Vivimos de la agricultura. Traernos a la ciudad es estar privados de nuestra libertad y, con resguardo policial, tampoco nos dejan salir tanto. Estamos en un salón de cuatro paredes. Nosotros queremos retornar, pero mientras no haya justicia no es posible. Mi familia siente temor», señaló. 

Durante las primeras semanas de enero, se lanzó una campaña de apoyo para la familia de Quinto Inuma, con el fin de cubrir los gastos de alimentación y los estudios de sus hermanas menores, de 15 y cuatro años. Ellas ya están matriculadas en Tarapoto. Aunque la respuesta solidaria fue positiva, los fondos recaudados se destinaron principalmente para costear la alimentación de todos. 

«No es fácil mantener esa cantidad de personas en la ciudad. Como familia, nos preocupamos y nos preguntamos por qué el proceso legal demora tanto. La comunidad ahora mismo es un desastre. Está mal organizada y otra vez han empezado a talar los árboles, porque dicen que nunca habrá justicia por la muerte de mi padre y que el caso quedará en nada», expresó.

«Solo nos dicen que no hay presupuesto»

Respecto a las medidas de protección para él y para su familia, recordó que su padre Quinto Inuma estaba dentro del protocolo para defensores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), desde el 2021. Sin embargo, solo fue en el papel. Asimismo, enfatizó que desde los ministerios excusan su inacción para con los pueblos indígenas con la falta de presupuesto y de personal policial.

«¿Qué está haciendo el Estado por nosotros? Lo que hacemos es para todo el mundo, no solo para nuestra comunidad. Lo hacemos por amor, porque queremos preservar los bosques para las futuras generaciones. También los protegemos y conservamos porque son nuestro mercado, de allí sacamos nuestros medicamentos. Tenemos derechos, incluso, tratados internacionales nos respaldan, pero no tenemos justicia. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ha ingresado tres veces a la comunidad por las denuncias de mi padre, pero no hizo nada», cuestionó.

Familia Inuma acompañando al Caso Saweto

Kevin Inuma, quien acompañó a las viudas e hija de los defensores asháninka asesinados en 2014, conocido como el caso Saweto, en un plantón realizado este lunes 22 de enero, frente a Palacio de Justicia; dijo que espera que la justicia por la muerte de su padre no tarde tantos años como la que reclaman las personas allegadas a Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintísima y Francisco Pinedo.

Añadió que su familia y él continuarán con el legado de su padre de proteger los bosques y que esperan no haya más muerte de defensores no solo en San Martín, sino en otras regiones, como Ucayali, Loreto y Madre de Dios.

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La Corte Superior de Justicia de Ica ha obtenido la aprobación para el uso de un terreno destinado a la construcción de la Ciudadela Judicial. Este terreno, que abarca diez mil metros cuadrados, se ubica en la calle “Camino a Cachiche” Mz L – Lote 01 Sub Lote, en el distrito, provincia y departamento de Ica. La asignación del terreno se formalizó mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 014-2024-GORE-ICA/GR.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Osmar Albújar De La Roca, en conjunto con el Gobernador Regional, Jorge Hurtado Herrera, están programados para firmar próximamente un convenio marco que iniciará oficialmente el proyecto de la Ciudadela Judicial. Este proyecto busca centralizar los servicios judiciales de la región en un solo complejo.

«ARTÍCULO 1°.- APROBAR la AFECTACIÓN EN USO a favor de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA, por un plazo indeterminado, sobre el área de 10,000.00M2 ubicado en la Calle «Camino a Cachiche MZ. L — LOTE 01 SUB LOTE del Distrito, Provincia y Departamento de Ica», inscrito en la Partida Registra] N° 11000606 del Registro Predios de Ice y anotado con el CUS N.° 92571, con la finalidad de que sea destinado a la Ejecución del Proyecto «Ciudadela Judicial de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos en el Ámbito Penal, Laboral, Civil, Familia y El archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Ica» resuelve la resolución.

La Ciudadela Judicial planea integrar diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos. Cubrirá áreas como penal, laboral, civil, familia y albergando el Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Ica. El diseño del proyecto tendrá como objetivo mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios judiciales para la población de Ica.

Informaron que el proyecto de la Ciudadela Judicial en Ica es un paso hacia la modernización y centralización de los servicios judiciales en la región. Se espera que la nueva infraestructura contribuya a una mejor gestión de los recursos judiciales. Sobre todo facilite el acceso de los ciudadanos a diversos servicios legales en un único lugar.

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LIMA. Desde hace casi 10 años, las familias de los defensores ambientales asesinados en la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto en 2014 buscan justicia. Las viudas e hijas de los líderes indígenas llegaron a Lima y realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia.

Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez, defensor ambiental asesinado en ese caso, contó sobre la lucha durante estos nueve años. Indicó que espera que el Estado cumpla bien con sus funciones y se pueda conseguir justicia.

Falta de apoyo del Estado en el caso Saweto

Ruiz Santillán señaló que llegó a Lima en busca de justicia por los asesinados en el caso Saweto. Indicó que, durante estos nueve años, el Estado no ha hecho bien su trabajo y que no brindó el apoyo necesario.

La hija de Francisco Pinedo explicó que ella, al igual que las viudas, no están siendo escuchadas por las autoridades. Ante esta situación, Lina tiene el temor de que no se pueda conseguir justicia por la muerte de su padre y de los otros defensores.

«El Estado no está trabajando como debe ser. No nos está escuchando, porque nosotros como indígenas reclamamos nuestro derecho. (…) Me duele mucho que mi papá derramó su sangre por nuestros bosques, nuestro territorio, por nuestras vidas», dijo Lina.

Sentencia anulada

En agosto de 2023, la sentencia de 28 años y tres meses contra los presuntos implicados fue anulada. Esta decisión fue declarada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ucayali. Debido a esto, se ordenó un nuevo juicio oral que finalizaría este mes.

Al respecto, Lina Ruiz señaló que no tiene certeza de que se pueda conseguir justicia por la muerte de los cuatro defensores. Añadió que está preocupada por la situación en la que se encuentra el caso y que no tiene confianza en el Estado.

«Yo estoy bien preocupada. No tenemos confianza, porque es la segunda vez. ¿La primera vez qué pasó? Se anuló la sentencia. Pensamos como indígenas afectadas, y ya no tenemos confianza en el Estado. Esperemos que no quede impune», afirmó la hija del defensor asesinado.

Continúa la afectación a bosques

La ciudadana indicó que su comunidad Alto Tamaya-Saweto sigue siendo afectada por la deforestación de bosques. Ante esta situación, Ruiz exhortó a las autoridades a que vayan a la zona y conozcan el panorama.

Asimismo, espera que no haya más muertes de las personas que defienden las comunidades y los bosques de la Amazonía peruana.

«Lo único que pido al Estado es que trabaje bien. También que ya no nos maten, que no haya más muertes. (…) Yo reclamo mis derechos, reclamo mis derechos como indígena», finalizó Lina Ruiz.

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La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho, liderada por el Fiscal Percy Rodríguez Salvatierra, en colaboración con fuerzas policiales y militares, logró la desmantelación de una red dedicada a la producción de clorhidrato de cocaína. La operación resultó en la incautación de 15 sacos, aproximadamente 265 kg de cocaína.

La diligencia se ejecutó en Rosario Santillana, distrito de Llochegua, provincia de Huanta, en el VRAEM. Además de destruir un laboratorio de drogas, se eliminaron 26 toneladas de insumos químicos, priorizando la preservación ambiental.

El lugar reveló una red de bienes y equipos para la fabricación de drogas, incluyendo prensas, gatas hidráulicas, hornos microondas y más. Es crucial señalar que durante la intervención se escucharon disparos, indicando un enfrentamiento armado.

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El covid-19 y sus variantes siguen siendo una amenaza para la salud pública, por eso, el Gobierno Regional del Cusco ha decidido empezar a vacunar a los grupos de riesgo con la vacuna monovalente.

La vacuna Omicron XBB.1.5 es monovalente adaptada, es decir, que solo contiene el componente de la variante ómicron XBB.1.5. Así, se busca brindar una mayor protección a las personas que pueden sufrir complicaciones por el virus.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna monovalente contra la Covid-19 en Cusco?

La vacuna Omicron XBB.1.5, más conocida como monovalente está dirigida a las personas adultas mayores de 60 años, al personal de salud, a las gestantes (desde las 12 semanas de embarazo) y a los pacientes con enfermedades crónicas.

Estos grupos son los más vulnerables ante el covid-19 y sus variantes. Si ya han recibido una o dos dosis de la vacuna bivalente, pueden acceder a la vacuna Omicron XBB.1.5 después de dos meses de la última dosis.

La vacunación se realizará en todos los establecimientos de salud de la región cusqueña. Además, se hará una campaña de visita domiciliaria para identificar y vacunar a los grupos de riesgo.

El gerente regional de Salud, Ernesto Choquehuayta Morales, ha informado que la vacuna Omicron XBB.1.5 es segura y eficaz. Asimismo, ha pedido a la población que acuda a vacunarse y mantenga las medidas de prevención.

¿Qué pasa con los pacientes inmunocomprometidos o trasplantados?

Los pacientes inmunocomprometidos o trasplantados tienen un sistema inmunitario debilitado. Por eso, necesitan más dosis de la vacuna monovalente Omicron XBB.1.5 para generar una respuesta adecuada. Según el gerente regional de Salud, estos pacientes requieren hasta de 3 dosis de la vacuna monovalente adaptada.

La vacuna Omicron XBB.1.5 es una de las opciones disponibles para combatir el covid-19 y sus variantes. Sin embargo, no es la única ni la definitiva. La ciencia sigue avanzando y desarrollando nuevas vacunas que se adapten a las variantes circulantes. Por eso, es importante estar atentos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y seguir vacunándose.

La vacuna monovalente Omicron XBB.1.5 es una esperanza para Cusco. Con ella, se busca proteger a los grupos de riesgo y reducir la transmisión del virus. Pero también se necesita la responsabilidad y la solidaridad de todos. Solo así podremos superar esta pandemia.

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LIMA. La presidenta Dina Boluarte viene recibiendo duras críticas por su decisión de retirar al general PNP Jorge Angulo Tejada. Según el exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Ricardo Valdés, la decisión de Boluarte fue exagerada, equivocada y cuestionable. Además, aseguró que la posición de retirar al comandante general de la Policía Nacional del Perú es poco clara y poco honesta. 

En entrevista con Inforegión, Valdés remarcó que lo hecho por Boluarte da una pésima señal. “Con ese tipo de actitud es bien difícil que ella pueda tener la consideración de la Policía y el respeto de la ciudadanía”, lamentó. Y agregó que Boluarte toma decisiones a su única conveniencia, sin pensar sobre el impacto que puede tener sobre terceros. 

Cabe recalcar que Angulo fue cambiado por el cuestionado teniente general Víctor Zanabria, quien afronta serias denuncias e investigaciones por corrupción y crimen organizado en Arequipa y Lima. 

‘La única responsable es Boluarte’

“La decisión que tomó la presidenta Boluarte fue exagerada si se toma en cuenta sólo lo ocurrido en Ayacucho”, afirmó Valdés a Inforegión. El exviceministro se refiere al suceso del 20 de enero último por las ciudadanas Ruth Bárcena e Ilaria Ayme. Ellas encararon a Boluarte gritándole “asesina” e inclusive Ayme logró jalarle los cabellos durante un evento. Ambas son familiares de dos víctimas de la represión militar que ocurrió en diciembre del 2022.

El también director de CHS Alternativo considera que el responsable de lo sucedido en Ayacucho no es Angulo, sino Boluarte. “Ella desconoció el protocolo de seguridad y decidió darse un baño de popularidad y descender del estrado para mezclarse con la población”, aseveró. Y agregó que “fue un acto impulsivo, poco reflexivo y muy inseguro y la Policía tampoco actuó muy eficientemente”. 

“Hay un jefe de la Casa Militar que ve la seguridad de la presidenta y a él no se le ha tocado”, criticó Valdés. Según el exviceministro, en los hechos ocurridos en Ayacucho hay corresponsabilidad de Boluarte, del jefe de la Casa Militar y del ministro del Interior. También del jefe de Inteligencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, del ministro del Interior y, al final, del comandante general de la Policía. Pero acá parece estar echándole solo la culpa al defenestrado Angulo. 

‘Boluarte y Otárola son los responsables de la inseguridad ciudadana’

El exviceministro considera que la decisión de Boluarte al cambiar al general Angulo fue equivocada. Según explicó Valdés a Inforegión, “es equivocada si se pretende adjudicar al ex comandante general la responsabilidad por la inseguridad ciudadana”. 

En la resolución suprema que da por concluida la designación de Angulo, el Ejecutivo remarcó que los estados de emergencia decretados en diferentes distritos no lograron disminuir la criminalidad. Además, remarca que “se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial por el actual comandante general”. 

Sin embargo, Valdés explicó que los principales responsables de la inseguridad ciudadana son Boluarte y el premier Alberto Otárola. “Ellos presiden el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y les toca articular los esfuerzos a nivel nacional para luchar contra la inseguridad”, remarcó. Lamentablemente, recordó Valdés que apenas convocaron a cuatro reuniones de ese Consejo en el 2023. Y criticó que Boluarte haya declarado en emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres sin sustento. 

Cambio de Boluarte es cuestionable legalmente

En opinión de Valdés, la decisión de Boluarte de cambiar al general Angulo también es cuestionable pues atenta aspectos legales. Por ejemplo, la vigencia de la ley que establece dos años de estabilidad para el comandante general de la Policía.

Finalmente, recordó que también había pugnas entre Angulo y el ministro del Interior, Víctor Torres, por la colocación de diversos cargos.

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La angustia terminó y se abrió paso el horror. En La Libertad, la insania criminal ha desbordado todo límite imaginado sin que nada ni nadie sea capaz de ponerle freno. La última víctima de esta andanada de violencia extrema es el empresario minero Santos Guillermo Sánchez Vera, de 38 años de edad.

HALLAZGO EN LA CARRETERA

La mañana del martes, un camino desolado en el sector Ingacorral en el distrito de Cachicadán, en la provincia de Santiago de Chuco, en la serranía de La Libertad, fue escenario de un macabro hallazgo: un hombre yacía tendido boca arriba, sin vida. Eran las 8 de la mañana. Vestía una casaca amarilla y un pantalón negro cubierto con una frazada. Pero eso no era todo.

El cadáver tenía signos de tortura. Le habían cercenado los dedos de la mano izquierda y de su cabeza había brotado gran cantidad de sangre. Hasta parecía que le habían arrancado los ojos. La escena era espeluznante.

A la llegada de la policía de la zona, se descubrió un detalle más. En el torso, sus asesinos habían escrito un mensaje macabro: “por no pagar completo”, decía la inscripción como mensaje. No había más pistas.

SECUESTRADORES DISFRAZADOS DE POLICÍAS

Desde un primer momento, las primeras sospechas apuntaron a que el cadáver pertenecía al empresario minero Santos Guillermo Sánchez Vera, de 38 años, quien fue secuestrado el último jueves cuando regresaba desde Pataz a Trujillo en su camioneta Ford de placa BFF 945, modelo Raptor.

Se desconoce cómo lo sorprendieron, pero hoy se sabe que sus plagiarios los habrían detenido haciéndose pasar por policías y luego no tuvieron piedad en su accionar. No dudaron en asesinar a sus dos acompañantes: Edgar Vega Torres y Roger Paredes Aguilar, de 29 y 47 años, cuyos restos aparecieron junto a la camioneta.

FAMILIARES LO RECONOCIERON

Tras la divulgación de la noticia, y el arribo de los peritos policiales a la zona del hallazgo en la sierra de La Libertad, llegaron también algunos familiares y amigos quienes reconocieron al empresario, por sus rasgos y sus prendas, a decir de testigos de la diligencia del levantamiento del cadáver.

No obstante, como ordena la ley, será el peritaje forense que se practicará en la División de Medicina Legal del Ministerio Público de Trujillo, será el que confirme oficialmente la identidad del fallecido.

Días previos a este horrendo desenlace, se hizo pública la versión de que los secuestradores exigían 10 millones de dólares para devolver con vida al empresario minero.

Tras el hallazgo del cadáver, otras versiones no oficiales indican que la familia de Sánchez Vera habría pagado mucho menos por el rescate y que eso desató la furia de los criminales. Por ello, los asesinos habrían escrito el mensaje “por no pagar completo”, en el mismo cuerpo del fallecido.

Hasta el cierre de este despacho, la policía guardaba silencio sobre este macabro caso y el cuerpo ya yacía en la morgue.

LA BANDA DE FALSOS POLICÍAS

Respecto a los autores de este crimen, no se descarta que detrás esté la misma banda que vestida con chalecos de la policía, secuestró en octubre del año pasado al prestamista Iván Díaz Garrido a quien se lo llevaron a plena luz del día de su negocio en la avenida Perú de Trujillo.

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Fiscalía identificó a 4 policías que cometieron abusos durante protestas contra Dina Boluarte en Lima

La fiscal Patricia Carrillo Béjar, del equipo especial que investiga los abusos en las protestas sociales, identificó a cuatro suboficiales de la PNP que habrían tenido participación directa en violaciones a los Derechos Humanos de diversos ciudadanos que participaban en las manifestaciones contra el régimen de Dina Boluarte, en Lima. Román Vílchez Guevara, Roberto Urbina Novoa, Freddy Atoche Sandoval y Roberto Cruz Silva habrían tenido participación en provocar lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad, el 19 de enero del 2023. Parece que la justicia empieza a asomarse para las víctimas del abuso durante las manifestaciones. ¿Y en las regiones, para cuándo?

Abogados de Patricia Benavides denuncian que exfiscal de la Nación es víctima de amedrentamiento y una “guerra psicológica” en su contra

Patricia Benavides está en silencio desde que apeló ante la Junta Nacional de Justicia. Y mientras el TC ha dejado al voto el pedido de Benavides de anular las investigaciones que la JNJ tiene en su contra, sus abogados no pierden el tiempo. Han denunciado que su patrocinada está siendo víctima de amedrentamiento y una “guerra psicológica”. Jorge Del Castillo dijo que 7 hombres, presuntos licenciados del Ejército, llegaron hasta la casa de Benavides con la intención de hablar con ella. Ellos afirmaron que le dieron dinero para que les apoye con una gestión en el Parlamento.

Pese a que las personas fueron identificadas debidamente, el abogado dijo que “esto lo hace gente especializada en hacer quebrar moralmente a una persona”. Juan Peña el otro abogado de  Benavides, anunció que presentarán una denuncia por usurpación de identidad porque aparentemente alguien se habría hecho pasar como la exfiscal de la Nación para engañar a esas personas sobre un supuesto beneficio en el Congreso.  Pobrecita la Popis.

Controversia por decisión de gobierno de Dina Boluarte de destituir a Jorge Angulo como jefe de la PNP

El culebrón por la caída en desgracia de Jorge Angulo tiene para rato. El general semiótico se fue de paseo por los sets de Willax y aseguró que hay otros intereses cuando le tiran dedo por la jaloneada de pelo a Dina Ercilia en Ayacucho. Además, echó más gasolina al fuego y consideró probable que el ministro del Interior, Víctor Torres, fuera el que pidió su cabeza. La controversia llegó hasta la cancha de Porky López Aliaga, quien salió a defender la aplicación de los estados de emergencia promovidos por Angulo. Dijo que les permitió erradicar la prostitución del jirón Zepita y atacar los mercados de celulares robados. Aún así, el jefe de Renovación Medieval no quiso pelearse con su amiguita Dina y dijo que son decisiones políticas que no son de su competencia. La novela sigue.

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Pasó en el Perú | La Libertad. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvarez, afirmó que la agresión hacia la presidenta de la República, Dina Boluarte, en Ayacucho, no la afectó; al contrario, se encuentra fortalecida para seguir trabajando y recorriendo el Perú.

«No, no la ha afectado; al contrario, nuestra presidenta está fortalecida y sigue avanzando para continuar saliendo, cerrando brechas, inaugurando e iniciando obras, porque ese es el temple», señaló Contreras Álvarez.

La ministra también indicó que la mandataria no se verá impedida de regresar a Ayacucho y visitar otras regiones del país a pesar del incidente.

«La presidenta está presente en los 24 departamentos del Perú; ella viaja a todos y continuamos avanzando. Comprendemos la preocupación de la población, ya que, a lo largo de los años y gobierno tras gobierno, persisten brechas que aún no se han cerrado», puntualizó a Noticias Trujillo.

Ayacucho: Autoridades rechazan la agresión de Dina Boluarte

Pasó en el Perú | Ayacucho. «Nosotros lamentamos como autoridades el suceso que ha pasado con la presidenta» mencionó, Ulises Bautista Salvatierra, alcalde del distrito de Chiara lugar donde sucedió la agresión a Dina Boluarte el pasado fin de semana por parte de Ruth Bárcena e Ilaria Mendoza.

Bautista acotó que también comprende la reacción de Bárcena pero considera que no era la manera, de igual manera.

Por su parte, Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Regional de Ayacucho, rechazó los actos de violencia sucedidos pero se solidarizó con los familiares de las víctimas del 15 de diciembre y espera que no haya una persecución política a Barcena, informó Jornada.

Cusco: Usuarios de Joinnus denuncian que plataforma no funciona y no pueden comprar boletos a Machu Picchu

Pasó en el Perú | Cusco. Continúan las quejas por el deficiente funcionamiento de la plataforma Joinnus. Esta vez los usuarios le increparon a la directora de Cultura Cusco por anunciar que la venta de boletos por Joinnus no presenta inconvenientes.

En tanto operadores turísticos dudan que Joinnus no cobre comisión y solo gane 3 mil soles por mes con la venta de boletos. ¿Dónde está el negocio? Se preguntaron, informó CuscoPost.

Piura reporta más de 900 casos de Covid-19 y 632 de dengue

Pasó en el Perú | Piura. La región reporta más de 900 casos de Covid-19 y 6 defunciones, según el último reporte oficial.

Estas cifras superan las de los casos de dengue que suman 632 casos, tres veces más que lo reportado en las primeras semanas del año pasado.

La epidemia se ha mantenido latente mientras las autoridades y especialistas recomiendan extremar las medidas de prevención para evitar más con contagios.

El Colegio Médico también exhorta a la población a aplicarse la vacuna contra la Covid-19 para evitar cuadros graves de la enfermedad, informó Pirhua.pe

Lambayeque reporta 84 casos de dengue en lo que va del 2024

Pasó en el Perú | Lambayeque. En lo que va del 2024 se reportan 84 casos de dengue, con mayor incidencia en los distritos de Mochumí, Túcume y Pueblo Nuevo, informó la Gerencia Regional de Salud.

El año pasado, por la epidemia por dengue, el virus estuvo presente en 36 de los 38 distritos de la región. Actualmente la presencia del vector es en 14 distritos.

Según indicó la GERESA, se ha planificado la implementación de Unidades de Vigilancia Clínica (Uviclin) fijas en los distritos de Olmos, José L. Ortiz, Hospital de Ferreñafe, centro de salud Cerropón (Chiclayo) y en los Hospitales Las Mercedes, Regional y Belén, a fin de brindar atención correspondiente a los pacientes, informó Semanario Expresión.

Colocan sacos de arena por temor a desbordes en el Río Ica

Pasó en el Perú | Ica. El Río Ica que atraviesa por el centro de la ciudad se ha puesto en alerta ante el reciente crecimiento alarmante de su caudal. Aunque hay una obra de protección aún sin terminar hace cinco años, existen puntos críticos en los cuales podría suscitarse desbordes hacia las viviendas aledañas.

Ante este temor Defensa Civil y brigadistas municipales colocaron sacos de arena al margen ante una eventual crecida. El subgerente de Defensa Civil, explicó que el Río ya llegó a la alerta naranja y que no está lejos de tocar en cualquier momento el umbral rojo.

En el año 2017 el río Ica sufrió su último desborde y afectó a más de 6,500 mil viviendas. En el 2019 se inició una obra de más de 208 millones de soles, con retrasos de la pandemia y presuntos actos de corrupción, la obra en este 2024 sigue sin terminarse, informó La Lupa.  

Arequipa: alcalde de Yarabamba es detenido por presuntos actos de corrupción

Pasó en el Perú | Arequipa. Manuel Aco Linares, alcalde de Yarabamba, uno de los distritos con mayor dinero en el Perú gracias al canon minero de Cerro Verde, fue detenido junto a otros funcionarios y empresarios.

Son acusados por presuntos actos de corrupción como parte de la supuesta organización criminal “Los Ediles del Cono Sur”, quienes operaban con licitaciones públicas donde se favorecían a empresarios de la construcción.

La Policía halló en total aproximadamente medio millón de soles durante las intervenciones a todos los detenidos, informó El Búho.

Loreto: Vendedores de mercado protestan contra Municipio

Pasó en el Perú | Loreto. Vendedores del Mercado Modelo 3 de Octubre protestaron en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Maynas, exigiendo que les den puestos de venta en el nuevo centro de abastos que fue inaugurado en diciembre pasado, pues ellos llevan vendiendo más de 30 años.

Los vendedores señalaron que los dirigentes comercializaron los puestos y los dejaron al aire, a pesar que estaban registrados en el padrón inicial.

Los medidas de lucha por parte de los vendedores continuarán hasta tener una respuesta por parte de la autoridad municipal, informó ProyContra.

Junín: Ño Carnavalón de Huancayo busca revalorar el Huaylarsh este 9 de febrero

Pasó en el Perú | Junín. Este nueve de febrero la calle Real de la provincia de Huancayo se vestirá de colorido con el gran pasacalle del Ño Carnavalón. Este año se enfocará en dos categorías: tradición e identidad, donde se busca revalorar la danza del Huaylarsh antiguo y moderno, e interculturalidad, donde los elencos deberán representar atractivos locales.

Hasta el momento se ha confirmado la participación de 60 elencos y se anuncian más de diez mil soles en premios.

El gerente municipal de Huancayo, Cristhian Velita, se mostró confiado en que el evento atraerá a gran cantidad de turistas que podrán disfrutar de los potajes y lugares turísticos de la provincia, informó Huanca York Times.

Huánuco: Innovan producción de grageas de cacao

Pasó en el Perú | Huánuco. Azzaggio es una empresa que trabaja con la materia prima del cacao y café producidos en la ciudad de Tingo María, región Huánuco. Se diferencia en que busca el mejor grano de cacao para hacer sus grageas y revestir su chocolate. Ese valor agregado que da a sus productos le permitió ganar importantes premios en los últimos años.

Esta empresa fue reconocida dos veces en el Salón del Cacao y Chocolate Internacional, en Perú, por innovar la producción de grageas al 60 % de cacao. Así, sus grageas de granos de cacao tostados recubiertos con chocolate al 60% puro de cacao obtuvieron la medalla de oro en el International Chocolate 2021 Awards.

Y por sus grageas de piña deshidratada recubiertas con chocolate al 60% puro de cacao, ganó la medalla de bronce en el International Chocolate 2023 Awards. Además, hace dos meses, participó en la Feria del Chocolate de París, en Francia, en donde Upiachigua se reunió con algunos empresarios y les dio a probar chocolates que todavía no lanza al mercado, sorprendiéndolos gratamente.

Empresa entró ahora a la línea de los snacks

Hace siete años, Azzaggio empezó como un emprendimiento familiar de grageas de cacao. Durante la pandemia retomó el trabajo con materia prima y buscó semillas de cacao de calidad. El representante de la empresa anunció que en dos meses más, esta empresa lanzará nuevos productos al mercado y que ya ha entrado a la línea del snack.

Además, están impulsando los nibs de cacao (que son pequeños trozos de granos de cacao fragmentados con sabor amargo y a chocolate). Estos son para que puedan servirse con yogurt en el desayuno, informó Inforegión.

Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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El retiro del jefe de la PNP, Jorge Angulo, también conocido como el policía semiótico, ha enfadado a congresistas de la comisión de defensa. Cuestionaron al titular de la PCM, Alberto Otárola.

Esta noche conversamos con el congresista Edwin Martínez, sobre el incidente ocurrido con Dina Boluarte el fin de semana en Ayacucho.

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El ministro del Interior, Víctor Torres, reconoció este martes en el Congreso que el cambio del general Jorge Angulo, fue por la falta de seguridad en la actividad donde la presidenta Dina Boluarte fue jaloneada. Con sus declaraciones, crece la controversia por los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú.

Las razones de su destitución en la resolución emitida son otras. Se le hace responsable de la inseguridad en el país. El titular del Mininter llegó a decir a los congresistas que le pedían la razón legal del cambio que, “no ha sido una destitución, ha sido la culminación de las funciones”.

Desde las primeras horas del día de este martes ya se hablaba de la ilegalidad de la destitución del Comandante General de la Policía toda vez que, la norma que rige a la Policía y que este Gobierno modificó establece que el periodo de un director general de la PNP es por dos años con la opción de ampliarlo por uno más y que puede ser cesado antes de terminar su administración “únicamente” por muerte, pedir pase al retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, delito doloso y comisión de un delito flagrante.

Jorge Angulo: «No permito que nadie meta la mano en…ascensos»

El teniente general PNP, Jorge Angulo Tejada, ex comandante general de la Policía Nacional ahora en retiro aasegura que su salida no se debe a la agresión a la mandataria Dina Boluarte en Ayacucho, sino a que “no permitió que el ministro del Interior, Víctor Torres, interfiera en la designación de altos cargos de la Policía”.

«No permito que nadie meta la mano en los procesos (de ascensos y asignaciones de cargos) y eso parece que no le ha gustado al ministerio del Interior (Víctor Torres)», dijo a La República.

Dijo sentirse decepcionado por la decisión de la presidenta Dina Boluarte y por la forma como se está tratando a la institución policial. Explicó que es la Casa Militar la responsable del ataque a Dina Boluarte y no la Policía porque de acuerdo con los protocolos, dispuso que las unidades elaboren sus planes operativos y de inteligencia.

En Ayacucho hubo más de 200 efectivos policiales, “pero el anillo de seguridad más cercano a la presidenta, está bajo la responsabilidad de la Casa Militar», dijo y criticó que se le haya relevado del cargo, sin que se procediera a una indagación minuciosa de los hechos.

Cambios con polémica

Todos los cambios hechos al momento por el ministro Víctor Torres y refrendados por la presidenta Dina Boluarte tienen en las personas designadas consideraciones a observar.

En el caso de Víctor Zanabria Angulo, quien fue designado como el nuevo actual Comandante General de la Policía, en reemplazo de Jorge Angulo, su desempeño como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa no estuvo libre de denuncias e investigaciones en su contra.

Una durante la pandemia cuando se le abrió una investigación por la presunta compra de mascarillas sobrevaloradas para los efectivos policiales de Arequipa, Tacna y Moquegua junto a cinco agentes. Asuntos Internos inició un proceso administrativo. Otra en junio de 2022 durante un conflicto minero en Atico, Caravelí en el que murieron 14 personas con armas de fuego. Zanabria habría enviado efectivos sin el registro de viaje pese a que estaba enterado del conflicto.

Y otra denuncia del obrero Claver Colquehuanca, a quien se le depositó 17 mil 600 soles cuando solo se le restaban 200 soles de 4,500 que cobró. Informó del error a Víctor Zanabria quien le indicó que cobrara los 200 soles y que el resto se lo entregue “para que no tengas problemas”.

Oscar Arriola Delgado, jefe del Estado Mayor

El Gobierno designó al teniente general de la PNP, Óscar Manuel Arriola Delgado, jefe del Estado Mayor, tras la destitución inmediata de Carlos Chong Campana, oficializada la designación de Víctor Zanabria.

Arriola Delgado es vocero de la Policía Nacional y director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal PNP (Dirnic). Ocupa el quinto lugar en la línea de mando policial. Fue jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

Oscar Arriola fue criticado por tomarse una fotografía con Flor de los Milagros Contreras, miembro de la agrupación extremista de derecha “La Resistencia”, investigada por la Fiscalía de la Nación por atacar a los medios de comunicación y políticos. El encuentro fue en julio del 2023, durante el pasacalle por el 40.º aniversario de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

Luis García Barrionuevo, nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini)

La Dirección Nacional de Inteligencia es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo por tanto ahora, funcionario de la PCM. Luis García es contralmirante de la Marina en situación de retiro. Su designación se da tras la agresión a la presidenta Boluarte en reemplazo de Roger Arista Perea.

Lo ascendieron a contralmirante de la Marina en el 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso y cuando Pedro Cateriano era entonces ministro de Defensa. Fue asesor del Ministerio del Interior, durante la gestión del exministro José Luis Pérez Guadalupe, en el 2015.

Se venía desempeñando como jefe de asuntos internos del proyecto minero Michiquillay (Cajamarca), de la compañía minera Southern, antes de ser nombrado director de la Dini. En la pandemia entregó equipos de bioseguridad a la policía por parte de dicha minera.

Cabe recordar que el 18 de diciembre, el Gobierno de Dina Boluarte designó como jefe de la Dini a Juan Carlos Liendo O’Connor, en reemplazo del general EP (r) Wilson Barrantes Mendoza. Y a menos de un mes, nombra a Roger Arista, su segundo jefe de la Dini.

Congresistas piden renuncia o destitución del ministro Torres

Mientras que el ministro del Interior, Víctor Torres, sostuvo que los cambios en la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen como objetivo refrescar las estrategias en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana en el país, legisladores de cuatro bancadas piden su renuncia o destitución.

Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, opina que la presidenta debe destituir a Víctor Torres y aceptar su responsabilidad política en los intentos fallidos para restablecer la seguridad.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, consideró que el titular del Interior debió renunciar el domingo, al día siguiente de la agresión que sufrió la presidenta en Ayacucho. “Es gravísimo lo que ha sucedido”.

Sigrid Bazán, vocera de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, dijo que el ministro Torres “debe renunciar, al igual que la mayoría de ministros de este gobierno”. “Ha crecido la pobreza, el hambre, el desempleo y la delincuencia ha tomado las calles. Además de ilegítimo, el gobierno de la señora Boluarte es ineficaz”, señaló.

En tanto, el congresista Carlos Anderson (no agrupado) dijo que el gobierno de Boluarte mantiene la inestabilidad en la alta dirección de la PNP que hubo durante la gestión de Pedro Castillo. “En los primeros 13 meses del gobierno de Castillo, la PNP tuvo cinco jefes. Ellos fueron César Cervantes, Javier Gallardo, Vicente Tiburcio, Luis Vera y Raúl Alfaro. En la gestión de Boluarte ya van tres, Raúl Alfaro, Jorge Angulo y ahora Víctor Zanabria.

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Lluvias intensas y huaycos están afectando gravemente el sur del país. Esta tarde, la ciudad de Arequipa registró una tormenta que activó las torrenteras. Efectivos policiales rescataron oportunamente a una persona en la torrentera de la avenida Venezuela.

De igual forma, las fuertes lluvias activaron la quebrada Sinausniyoc generando el ingreso de un huaico por la zona. En Apurímac (tierra de la presidenta Dina Boluarte), el río Challhuanca ha destruido la carretera Interoceánica.

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