Cuando Elmer Cáceres Llica empezó su carrera política buscó seguir los pasos de su abuelo, Elías Cáceres Lozada, el primer alcalde de Caylloma. Logró ser dos veces burgomaestre de la provincia cayllomina antes de llegar al Gobierno Regional de Arequipa. Se percibía a sí mismo como un líder mesiánico que reivindicaría a sus ancestros y haría un recambio generacional en la política de la región.
Sin embargo, Cáceres Llica se encuentra hoy encarcelado en el penal de Socabaya acusado de montar una organización criminal para cometer actos de corrupción al interior del gobierno regional; negociando con terrenos en Majes y obras.
Todo empezó a precipitarse el 22 de octubre pasado, cuando la policía lo buscó en su domicilio, cumpliendo una orden judicial de allanamiento y detención. La Fiscalía había presentado cargos en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo genérico. El caso involucraba a su entorno político, funcionarios y gerentes de alta confianza, además de consejeros regionales y dirigentes.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Omar Tello Rosales, presentó la captura de los presuntos integrantes de la organización ‘Los hijos del cóndor’ como un proceso emblemático logrado en Arequipa. Mientras el fiscal del caso, Arturo Valencia Paiva, apuntaba que el gobernador era nada menos que el líder y hombre clave de esta red criminal.
“Lo que hemos determinado en líneas generales es la presunta existencia de una organización criminal al interior del Gobierno Regional de Arequipa; en la cual el gobernador Elmer Cáceres Llica tendría la calidad de líder y hombre clave”, señaló el fiscal Arturo Valencia en conferencia.
La supuesta red criminal venía cometiendo una serie de actos delictivos desde que Cáceres Llica llegó al poder, en el 2019. Conformó un grupo de poder marcadamente definido con miembros del Consejo Regional, con quienes entabló una alianza, para obtener apoyo político a cambio de la entrega de dádivas y otros beneficios personales a expensas del Gobierno Regional de Arequipa.
El arresto del gobernador ocasionó una crisis dentro de la institución paralizando su funcionamiento. Se producía en medio de un contexto en el que se impulsaba la reactivación económica post pandemia y proyectos promisorios como Majes Siguas II estaban en agenda. Es más, días antes de su detención, se venía discutiendo la posibilidad de que el Consejo Regional de Arequipa apruebe la firma de la adenda 13 formulada por la empresa concesionaria Cobra, pero todos estos hechos pospusieron el debate y hoy se corre el riesgo de afrontar un arbitraje.
Aunque, para un sector, el encarcelamiento del gobernador de Arequipa, fue en buena medida, una respuesta a la demanda de la población que estaba hastiada de la gestión deficiente del gobernador desde que empezó la pandemia.
El ocaso del cóndor
El 22 de octubre de 2019 marcaría el inicio de la debacle de Cáceres Llica, muy aficionado a la simbología del cóndor andino que vive en su provincia. La historia se entrelaza con la interpelación a Marcelo Córdova Monroy, el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y uno de sus más cercanos amigos. Sobre él recaían una serie de cuestionamientos como la demora en viabilizar el proyecto Majes Siguas II, la contratación de funcionarios que no cumplían los requisitos, compras irregulares en la entidad y la entrega de tierras del proyecto. El Consejo Regional pedía su cabeza.
Sin embargo, siete días atrás el propio Córdova Monroy tramó una estrategia para evitar que lo censuren. Se reunió con la consejera de Camaná, Chriss Díaz Montoya, en una juguería de la calle Mercaderes. En medio de la conversación le ofreció unos terrenos en las pampas de Majes a cambio de contar con su apoyo. Luego de este encuentro va conformándose el grupo de consejeros aliados del gobernador, quienes se reunían secretamente en restaurantes y cevicherías de la ciudad para coordinar sus acciones antes de cualquier votación, con pleno conocimiento del gobernador. A cambio, recibían dinero en efectivo, puestos laborales en obras, terrenos, e incluso botellas de wisky.
Todo era registrado por la consejera de Camaná, Chriss Díaz Montoya. Ella pasó a desempeñarse como la agente especial Samanta Miranda Tijeros, a pedido del Ministerio Público. Cuando la fiscalía logró prisión preventiva de 24 meses para la autoridad, ella recién contó los descubrimientos que hizo en casi dos años como infiltrada.
“Samanta identificó a los miembros integrantes de la red criminal, liderada por Elmer Cáceres LLica y su modus operandi. A cambio de no fiscalizar, denunciar e interpelar la gestión regional, el gobernador Elmer Cáceres Llica entregaba a través de sus funcionarios, dádivas económicas; terrenos y obras, a los consejeros regionales y funcionarios del Gobierno regional de Arequipa”, relató la consejera.
La consejera, que aún permanece no habida, ante el temor de un acto de venganza, dijo que hizo todo lo que hizo por la búsqueda de justicia en un país impregnado de corrupción. Señaló que mientras el gobernador se “ahogaba en alcohol”, decenas de familias buscaban desesperadas una cama UCI para su ser querido que fallecía esperando en la puerta de los hospitales.
Una organización criminal
El juez José Málaga, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, explicó durante la lectura de su fallo que cuando una organización política pasa a cometer delito se habla de una organización criminal.
“Si vamos a identificar a la política con conductas delictivas estamos en un problema de apreciación; si la sociedad no sabe distinguir entonces significa que la moral y la ética se ha perdido de vista”, argumentó el juez.
Por su lado, el gobernador de Arequipa ha negado todos los cargos. Se ha defendido alegando que estos actos forman parte de las coordinaciones políticas que se realizan y que no puede criminalizarse la política. Rechazó haber entregado dádivas y ofrecido terrenos a los consejeros. Por el contrario, Cáceres Llica ha insinuado que su detención responde a un acto de venganza de sus adversarios, culpando incluso al exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, o al empresario Javier Ísmodes, a quienes ganó en la contienda electoral.
La autoridad regional ha señalado que la investigación es tendenciosa y lo que pretendió es sacarlo del cargo. Además, dijo sentirse discriminado ya que ninguna otra autoridad sufrió arresto mientras afrontaba investigaciones. El gobernador se ha visto en la necesidad de ofrecer su departamento como garantía con el fin de asegurar que no rehuirá el proceso. Sin embargo, el magistrado ha determinado que existen los suficientes elementos para que se ampare la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Mientras Cáceres Llica sigue peleando por su libertad, el Gobierno Regional de Arequipa ha terminado siendo dirigido por la consejera Kimmerlee Gutiérrez. Ella fue elegida, curiosamente, en reemplazo de su padre, el fallecido vicegobernador, Walter Gutiérrez.
La crisis institucional sumada a la amenaza de una tercera ola de covid-19, ha llevado a las autoridades a reconocer una falta de liderazgo en la región. Pero también existe responsabilidad en la población que no participa en la política y ha elegido a autoridades dudosas en los últimos años. En el último mes, el gobernador de Arequipa ha sido encarcelado; mientras el actual alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, ha sido sentenciado a 6 años de prisión efectiva en primera instancia. Algunos especialistas consideran que para remar y salir de estas aguas turbulentas hay que generar un cambio real en la política local. ¿Por dónde vendrá ese cambio?
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