El ex presidente regional de Arequipa, Juna Manuel Guillén, volverá a afrontar un nuevo juicio en su contra. Esta vez es por el caso ‘Puente Chilina’, donde se le acusa de colusión agravada, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo.
Además, han sido incluidos sus funcionarios de confianza Jorge Luis Aguilar y Sarah Peña Dávila. De acuerdo a la tesis fiscal, en noviembre de 2009 se declara de necesidad pública la ejecución del puente Chilina. Se dio facultades al Gobierno Regional de Arequipa para iniciar la expropiación de terrenos, conforme a la Ley General de Expropiaciones.
En la gestión de Juan Manuel Guillén se consideró las valuaciones efectuadas por un perito particular para determinar el valor comercial de los predios del sector de Carmen Alto. Pero estos terrenos no se encontraban en el trazo del proyecto declarado viable. Esta fue la modalidad utilizada para beneficiar a sus propietarios con montos sobrevalorados.
Según el Ministerio Público, se ocasionó una defraudación patrimonial de 2 millones 268 mil soles por la adquisición de un terreno que no se utilizó en la construcción del puente Chilina.
El Ministerio Público solicitó una pena de 11 años y 4 meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación por un año contra Juan Manuel Guillén. En caso de Sarah Peña Dávila y Jorge Luis Aguilar, se está solicitando una condena de 15 años de pena privativa de la libertad, 490 días multa y la inhabilitación para el ejercicio público por 4 años.
Este megaproyecto se convirtió en una vía troncal que interconectaría los distritos de Cayma, Yanahuara, Selva Alegre, Cerro Colorado y Miraflores. Aunque en la práctica, este puente no logró su objetivo de dar un respiro al tráfico vehicular de la ciudad.
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Un caso de larga data en Arequipa
Recordemos que Juan Manuel Guillén fue sentenciado en marzo de 2022 a 3 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible. Esta sentencia se debió a las famosas ‘contrataciones directas’ que su gestión realizó, saltándose toda la normativa de ley para contrataciones públicas.
Se acusó al exgerente general del GRA, Jorge Luis Aguilar, de firmar 73 contratos con montos superiores a 3 UIT, en contra de la norma. También la exjefa del área funcional no estructurada de Apoyo y Coordinación de los Proyectos Especiales, Sarah Peña, firmó 36 contratos. Lo mismo hicieron los exfuncionarios Rossana Morais Velásquez y Juan Velille Torres al suscribir 15 y 10 contratos respectivamente, bajo este sistema.
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