El último Informe de la Defensoría del Pueblo indica que en Arequipa hay seis conflictos sociales, cuatro de ellos activos y tres que involucran a la minería. En los últimos 3 años en la región, pugnas entre mineros a punta de armamento de guerra, represión policial, desconocimiento de acuerdos y pésimas condiciones de trabajo, han dejado el desolador saldo de al menos 60 fallecidos, decenas de heridos y criminalización de ciudadanos en pie de protesta.
Actualmente, hay cuatro conflictos sociales activos en Arequipa. Todos ellos son detallados en el Reporte de la Defensoría del Pueblo con la frase “No hay diálogo”.
Uno de los casos que más controversia trajo el último mes es el proyecto minero Tía María con el que insiste la empresa Southern Copper. Recientemente su gerente, Óscar Gonzáles Rocha, suscitó desentendidos y desplantes entre el Premier Álberto Otárola, el ministro de Energía y Minas Óscar Vera y el gobernador regional Rohel Sánchez, en plena “celebración” del PERUMIN 36.
Conflicto socioambiental Tía María y el Valle de Tambo
Ingresó como caso nuevo en octubre de 2013. Afecta al Valle de Tambo que se extiende por los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón, en la provincia arequipeña de Islay.
Involucra como actores primarios a la empresa Minera Southern Perú Copper Corporation, a los alcaldes de Islay, Cocachacra, Punta Bombón y Deán Valdivia, a agricultores y pobladores de estos distritos, al Frente de Defensa del Valle de Tambo, a las Juntas de Usuarios Irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo y del Valle de Tambo.
El 3 de septiembre, Óscar Vera Gargurevich, ministro de Energía y Minas, declaró sobre un supuesto diálogo entre la Southern y autoridades. Esto fue desmentido con comunicados oficiales de los alcaldes de Punta de Bombón y Deán Valdivia, y motivó la convocatoria a una asamblea popular para el 10 de septiembre en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra. Esto ocurrió a días de realizarse la edición PERUMIN 36.
El 10 y 16 de septiembre se realizaron asambleas populares. La segunda asamblea popular congregó alrededor de 70 personas. En ella acordaron realizar una marcha pacífica hacia la ciudad de Arequipa para el 25 de septiembre, contra el proyecto Tía María. Esta sería la primera fecha de la convención minera PERUMIN 2023. Uno de los principales motivos de la marcha sería manifestarse contra Dina Boluarte y su posible llegada a Arequipa
La molesta insistencia de Tía María
El 25 de septiembre, aproximadamente 40 personas iniciaron su recorrido hacia Cerro Juli, donde se realizaba el PERUMIN 36. No se presentaron enfrentamientos.
En la Convención Minera, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, a su llegada a PERUMIN 36, señaló que el “Minem desea que el proyecto se realice”.
A solo unas horas de estas palabras de Vera, el premier lo dejó sin piso:
“Sobre Tía María, no está en la agenda del gobierno en este momento. Tiene que solucionarse por consenso los problemas que ha tenido esta inversión”.
Pese a las negativas reiteradas, Southern Cooper Corporation se empeña en porfiar la decisión de los ciudadanos afectados por el proyecto. El presidente ejecutivo y director de la empresa, Óscar González Rocha, para enardecer más la discusión, aseguró que apenas unas 30 personas son las que aún se oponen al proyecto.
Involucró al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, comentando que le habría expresado su deseo del desarrollo del proyecto. Y sobre lo dicho por Alberto Otárola, el mexicano consideró que solo es una distracción para apaciguar las manifestaciones.
Caso Majes Siguas II
Este conflicto social de tipología “Asuntos de gobierno nacional”, ingresó como caso nuevo en mayo de 2017. Se ubica en la provincia de Caylloma, región Arequipa.
involucra como actores primarios al Frente de Defensa de la provincia de Caylloma, Gobierno Regional de Arequipa, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA).
Caducidad de contrato
El domingo 24 de septiembre, el Gobierno Regional de Arequipa anunció la caducidad del contrato con la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra). Según el gobernador Rohel Sánchez, esta medida responde a incumplimientos graves de la contratista.
Mediante el oficio N° 569-2023 de fecha 22 de septiembre, el GRA notificó a Cobra la decisión. Esta etapa de la resolución del contrato será revisada por árbitros de la Cámara de Comercio e Industrias de Lima.
“Los contratos se hacen para cumplirlos y no para perpetuarlos de por vida, menos si no hay avance alguno en los trabajos. La concesionaria Cobra lo único que ha hecho en todos estos 13 años, es aprovecharse de la confianza y burlarse de la esperanza de todo un pueblo y eso no va a volver a ocurrir”
Rohel Sánchez Sánchez, titular del GRA
Luis Molero, asesor legal externo del Gobierno Regional de Arequipa, explicó que en junio Cobra habría acusado al GRA de 25 incumplimientos a través de una carta notarial.
Entre los supuestos incumplimientos se señalaba la falta de la entrega del control del proyecto (entrega de terrenos). También mencionaba la valorización de obra que habría realizado Cobra y que no fueron pagadas y la no contratación de la Supervisión Especializada.
Molero desestimó esos reclamos pues el 1 % de entregas que faltaban corresponde a obras nuevas de la segunda fase. Estas no se habrían concluido debido a que el expediente N°2 no fue aprobado porque no se levantaron 169 observaciones.
“En lo legal hay un desequilibrio enorme. Consideramos que hay argumentos legales y se debe analizar en el tribunal arbitral y ellos darán las razones en lo legal”
sustentó Luis Molero, asesor externo del GRA ante la controversia por Majes Siguas II.
Conflicto socioambiental ECOSAMIN y CHOCO QORIWAYRA
Ingresó como caso nuevo en junio de 2023. Ubicado en el distrito de Choco, provincia de Castilla, departamento de Arequipa.
Involucra como actores primarios a las Empresas “ECOSAMIN” y “CHOCO QORIWAYRA, pobladores que realizan labores mineras, mineros informales, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
“Se trata del conflicto entre pobladores que laboran en las empresas mineras en proceso de formalización “Ecosamin” y “Choco Qoriwayra”, quienes denuncian que las tierras donde realizan labores mineras son invadidas por mineros informales y demandan la intervención de las autoridades”
detalló la Defensoría del Pueblo cuando presentó el caso en junio último.
Conflicto socioambiental Calpa Renace, Atico Calpa e Intigold Mining
Ingresó como caso nuevo en noviembre de 2020. Ubicado en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa.
Involucra como actores primarios a los mineros informales de Calpa Renace, mineros informales de Atico Calpa, empresa Intigold Mining.
Pese a que el conflicto se registro en la Defensoría del Pueblo en 2020, este caso data desde 2017. Cerca de 14 personas han muerto en enfrentamientos que han incluído armamento de guerra entre miembros de las asociaciones de mineros informales Atico Calpa y Calpa Renace.
Las grescas sangrientas entre estos grupos se han dado en terrenos del distrito de Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí, que fueron concesionados a la empresa Intigold Mining S.A, la cual tiene un historial de 17 infracciones ambientales y 15 infracciones laborales.
El año pasado, la Policía detuvo a 32 involucrados en las disputas e incautó armas de fuego y municiones. Hasta la fecha no se ha dado algún evento violento nuevamente y las investigaciones para ubicar a lso responsables de los asesinatos siguen inconclusas.
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