El asalto a la Junta Nacional de Justicia otra vez está en marcha. Los otorongos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobaron el nada parcializado informe de Esdras Medina que recomienda destituir e inhabilitar a los magistrados por 10 años.
En respuesta, la JNJ rechazó el nuevo atropello congresal y denunció que afecta la autonomía además de impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales. En su defensa, la junta apuntó directamente al otorongo evangélico, haciendo notar que había adelantado juicio y, por tanto, no tenía imparcialidad.
Un condicionante que viola el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que quien instruye o juzga no puede tener una postura ya tomada, como sí tuvo Esdras. Aun así, tal parece que todo está consumado.
