Una nueva configuración del mapa político se aproxima en las 25 regiones del país. A un año de la elección del presidente Pedro Castillo y en medio de un clima de inestabilidad política, unos 24 millones de peruanos irán nuevamente a las urnas este 2 de octubre para elegir a sus autoridades locales por los siguientes cuatro años. Pero los candidatos no tienen un historial óptimo.
En este proceso se han inscrito más de 11 mil listas electorales para los gobiernos regionales y municipales, según el Jurado Nacional de Elecciones. En este escenario, la Red de Medios Regionales del Perú examinó la información declarada por los postulantes al ente electoral e identificó a 1 mil 220 candidatos que consignaron sentencias penales en su hoja de vida.
Candidatos con sentencias lideran listas
Dentro de este grupo, 692 postulantes lideran las listas y fórmulas electorales en estos comicios. En concreto, se encontró a 16 (2%) aspirantes a gobernador regional, 144 (21%) postulantes a alcaldes provinciales y 532 (77%) candidatos que quieren convertirse en los siguientes burgomaestres distritales de su jurisdicción.
De acuerdo al especialista en temas electorales, Jorge Luis Mamani, “el elector peruano queda desalentado y con pocas expectativas cuando corrobora que la corrupción no sólo es una percepción, sino una realidad”.
“El latinobarómetro de las Américas señala que casi el 90% de los peruanos considera que más de la mitad de sus políticos son corruptos”.
¿A qué organización política pertenecen?
Según lo analizado, 399 (58%) postulantes integran las filas de partidos políticos mientras que 293 (42%) están afiliados a movimientos políticos.
A nivel de partidos, las agrupaciones como Somos Perú, Alianza para el Progreso, Perú Libre , Frente de la Esperanza y Avanza País se llevan los créditos de tener más candidatos sentenciados encabezando sus listas.
Entre los casos más notorios está el exalcalde provincial de Yarowilca, Rosalí Leandro Tarazona, que postula por segunda vez para gobernador de Huánuco por el partido Avanza País. El ingeniero civil declaró en su hoja de vida una sentencia por agresión contra la mujer-maltrato psicológico de 2019. El caso se encuentra a la espera del fallo.
En cambio, entre los movimientos regionales destacan, por ejemplo, el Movimiento Regional Agua, que lleva a 10 postulantes para ocupar las alcaldías provinciales y distritales, en Ayacucho. Entre ellos se encuentra el exservidor municipal Augusto Cayo Cayo que por segunda ocasión tentará la alcaldía provincial de Paucar del Sara Sara, tras no conseguirlo en el 2018. Él viene cumpliendo una sentencia por violencia familiar de 2005, emitida por el Juzgado Mixto de Paucar del Sara Sara.
También está el exalcalde distrital de Sacsamarca, Bartolomé Fernández López, que busca llegar al sillón provincial de Huanca Sancos. El exedil consignó un proceso por agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar de 2021. Aunque ha señalado que lo ha absuelto la Sala Penal de Apelaciones de Ayacucho.
¿Cuáles son los delitos que más declararon los candidatos?
Entre los delitos en los que han incurrido estos candidatos se encuentran casos de corrupción como peculado, cohecho y apropiación ilícita, etc. Por ejemplo, el exalcalde cusqueño de la provincia de Canas, Raúl Rado Lazo, quien declaró una condena por cohecho pasivo impropio de 2013. Al exburgomaestre lo detuvieron por recibir una coima de 3 mil 900 soles de una proveedora de materiales, por lo que lo suspendieron y encarcelaron. Ahora pretende postular nuevamente al mismo cargo por el partido Alianza para el Progreso.
Otro caso conocido es de César Jesús Gallardo Alvarez excalde de Coviriali, provincia de Satipo, en Junín. El exedil fue sentenciado a 3 años de cárcel efectiva por haberse apropiado indebidamente de 61 mil soles de una obra durante su gestión (2007-2010). Permaneció prófugo por más de un año hasta que fue capturado en Lima en el 2017. A pesar de ello, Álvarez pretende volver al sillón municipal este año por el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso.
Finalmente también aquellos candidatos que han incurrido en delitos como la omisión a la asistencia familiar, lesiones, abuso de autoridad, violencia familiar, alimentos, usurpación, resistencia a la autoridad, entre otros.
Candidatos cuestionables y la ausencia de filtros en partidos
El abogado Jorge Luis Mamani, mencionó que entre el conjunto de delitos declarados sean más comunes aquellos relacionados con la administración pública como el delito de peculado.
“Alguien que ha registrado sentencia por un delito relacionado con la administración de los recursos públicos, con la gestión de los bienes municipales o regionales genera duda respecto a su eventual gobierno. Contar con antecedentes de sentencias por delitos de corrupción no representa una buena carta en la hoja de vida de los candidatos”.
De igual manera, resulta preocupante que, en el Perú, el delito más recurrido y que sido registrado por los propios candidatos en sus hojas de vida sea el de “omisión a la asistencia familiar”.
“En nuestro país contamos con un amplio espectro de candidatos que no respetan a sus hijos y dependientes, que no les otorgan mensualmente una pensión. Un candidato que tiene una sentencia por omisión a la asistencia familiar significa que no sólo se ha rehusado a pasar una pensión de alimentos; sino que además luego, de la sentencia del juez civil, se ha seguido rehusando de forma reiterada, llegando a un proceso penal. Lamentable que personas con estas sentencias estén postulando a cargos de representación popular, de representación de miles de ciudadanos”.
En cuanto a las agrupaciones políticas que llevan a estos candidatos, el especialista resalta la falta de filtros adecuados para seleccionar las candidaturas.
“La ciudadanía no sólo debe analizar al candidato y el tipo se sentencia que registra, sino también debe revisar qué partidos llevan a más sentenciados; y por qué no se están haciendo estos filtros y/o evaluaciones al interior de las organizaciones políticas”.
Por último, Mamani expresó que, más allá de que alguien sentenciado se encuentra con sus derechos políticos rehabilitados; es importante que los ciudadanos se informen de los delitos por los que fueron sentenciados, de su gravedad y las sentencias que registra. Un voto informado, es un deber ciudadano.
