Pasó en el Perú | Junín. El asesor legal de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Octavio Cartagena, explicó que el informe jurídico que elaboró concluye que debe rechazarse el pedido del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de ser reincorporado como docente de dicha universidad.

El informe legal indica que la destitución de Vladimir Cerrón como docente auxiliar en la Facultad de Medicina Humana, en diciembre del 2020, es un acto administrativo firme que no fue apelado a tiempo, y además la inhabilitación de Cerrón para ocupar cargos públicos sigue vigente.

A Vladimir Cerrón lo destituyeron como docente, basado en la condena que en 2019 recibió por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por el caso La Oroya.

En 2025, el Tribunal Constitucional anuló dicha sentencia y con este fallo, Cerrón solicitó que lo reincorporen como catedrático.

Pero Asesoría Jurídica considera que esta solicitud no procede porque la destitución no fue impugnada en el plazo legal y se convirtió en un “acto firme”, que no puede ser cuestionada, informó Huanca York Times.

Ayacucho: Operativo en distrito Villa Virgen del Vraem deja un detenido y un alcalde desaparecido

Pasó en el Perú | Ayacucho. En pleno corazón del Vraem, un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco (Fecof-Cusco) y agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor-PNP) terminó con la detención del gerente municipal de Villa Virgen, CPC Eduardo Quispe Huamaní, y con el alcalde Percy Rojas Gutiérrez en calidad de no habido.

El operativo se llevó a cabo esta mañana 20 de mayo en la Municipalidad Distrital de Villa Virgen, donde las autoridades allanaron las oficinas de Gerencia y Alcaldía. En la primera, se intervino y detuvo al gerente municipal, trasladado a Quillabamba para continuar con las diligencias fiscales. En la oficina del alcalde, sin embargo, no se encontró a Rojas Gutiérrez, a quien hasta ahora no se le puede ubicar.

Según versiones extraoficiales, el alcalde habría llegado anoche al distrito tras un viaje por gestiones, pero esta mañana ya no se encontraba en su domicilio ni en la sede municipal.

Trascendió también que las viviendas del alcalde fueron allanadas como parte del mismo operativo. El Ministerio Público mantiene la investigación bajo reserva, aunque el caso ya ha generado fuerte conmoción en la provincia de La Convención.

A través de redes sociales, se vienen difundiendo imágenes que estarían en manos de la Fiscalía y la Dircocor, donde se vería presuntamente al alcalde Percy Rojas Gutiérrez recibiendo varios fajos de dinero dentro de una oficina que presuntamente correspondería a la Alcaldía.

Hasta el cierre de esta edición, la comuna de Villa Virgen no ha emitido comunicado oficial. La ausencia del alcalde y el hermetismo institucional aumentan la incertidumbre en esta localidad del VRAEM, una de las más golpeadas por la informalidad y la conflictividad en los últimos años, informó Jornada.

Lambayeque: Piden 12 años de cárcel para alcalde de Ferreñafe

Pasó en el Perú | Lambayeque. La Fiscalía Especializada en Delitos  de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque pide 12 años de cárcel para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, imputado por el presunto delito contra la administración pública en la figura de colusión agravada. 

El Ministerio Público pide como pena accesoria 15 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

En mayo del año pasado, a Carmona Cruz y otros funcionarios de la comuna de Ferreñafe los detuvieron en el marco de un operativo, por presuntamente haber incurrido en actos de corrupción.

El Poder Judicial dictó prisión preventiva en su contra, pero no se hizo efectiva pues el edil permaneció internado en una clínica local hasta que se revocó el mandato cautelar, informó Semanario Expresión.

Puno: Alcalde de Azángaro fue vacado por el consejo municipal

Pasó en el Perú | Puno. El consejo municipal de Azángaro, aprobó el día de ayer, en una sesión extraordinaria, la solicitud de vacancia presentada contra el alcalde azangarino, Salvador Apaza Flores.

La vacancia se aprobó con diez votos y una abstención. La suerte del burgomaestre lo decidirá el JNE, que ratificará o rechazará la medida aprobada por el Consejo Municipal.

Cabe indicar que a Salvador Apaza Flores, lo vacaron en abril del 2024 con 8 votos a favor y 3 en contra por presuntos actos de nepotismo.

Sin embargo, el acuerdo fue anulado en mayo del mismo año por el JNE, tras el recurso de apelación que la defensa del alcalde presentó, alegando irregularidades en el proceso, informó El Objetivo.pe.

Loreto: Beneficencia tiene en abandono cementerios de Iquitos

Pasó en el Perú | Loreto. El Cementerio General de Iquitos, uno de los espacios más antiguos y simbólicos de la ciudad, presenta un notorio estado de deterioro. Visitantes denunciaron que sectores como los pabellones de la Santísima Trinidad y Santo Cristo de la Esperanza están cubiertos de maleza, con pasadizos intransitables, agua estancada y basura acumulada. En algunos casos, las tumbas están completamente cubiertas por la vegetación.

Los familiares advirtieron que la falta de mantenimiento representa un riesgo para la salud y una muestra de desinterés institucional.

También señalaron que enterrar a un ser querido allí tiene un alto costo, pese a que no se brinda un servicio adecuado.

Exigen a la Beneficencia Pública de Iquitos que intervenga para garantizar la seguridad y el respeto que corresponde, informó ProyContra.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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Arequipa registró 168 intervenciones por transporte informal de pasajeros en los primeros cuatro meses del año. La Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre (SUTRAN) ejecutó estas acciones junto a la Policía Nacional y autoridades locales.

Los operativos se realizaron del 1 de enero al 30 de abril, principalmente en la Carretera Interoceánica Sur y la Panamericana Sur. La mayoría de los vehículos sancionados cubrían las rutas Arequipa – Cusco, Arequipa – Puno y Arequipa – Moquegua.

Cada unidad infractora recibió una multa de S/5350, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Se internaron 6 vehículos como medida preventiva. También se retuvieron 159 placas de rodaje y 140 licencias de conducir.

Los vehículos más frecuentes fueron de categoría M1 (autos, taxis, SUV) con 66 casos, y M2 (furgones, minivans, microbuses) con 65 casos.

Las fiscalizaciones ocurrieron en tramos como los km 0 a 4, 34 a 40 y 49 a 55 de la Interoceánica Sur, además de los km 980 a 990 de la Panamericana Sur.

La SUTRAN informó que estos vehículos no garantizaban condiciones mínimas de seguridad. No tenían SOAT vigente, ni botiquín, ni sistemas GPS para monitoreo.

Los inspectores orientaron a los pasajeros sobre los riesgos del transporte informal, como accidentes, fallas mecánicas o falta de auxilio.

La SUTRAN recomendó usar servicios formales desde terminales autorizados. Además, recordó que está disponible la app “Viaje Seguro” para consultar rutas, compartir trayectos y reportar incidentes.

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Un presunto caso de violencia sexual a una menor de 13 años en el colegio privado Lord Byron, en Arequipa, ha despertado alarma en la comunidad educativa y generado serias observaciones por parte de los organismos competentes. Según el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, Rutbel Begazo, la omisión de la directora del plantel al no activar los protocolos de protección podría conllevar sanciones administrativas y penales.

“Definitivamente, hay una omisión y hasta cierto punto puede ser tipificado como complicidad porque esto ha permitido que no se logre capturar a este sujeto que ha violado a esta menor de trece años”, declaró Begazo en una reciente entrevista.

Omisión de protocolos pone en evidencia falencias del sistema educativo

El Reglamento de Instituciones Educativas Privadas del Ministerio de Educación establece seis protocolos que deben activarse ante cualquier caso de violencia sexual. En el caso del colegio Lord Byron, los hechos habrían ocurrido en marzo, pero recién en mayo se habría conocido públicamente la denuncia, lo que constituye una falta gravísima.

“Son seis protocolos que toda institución tanto pública como privada debe activar. En este caso, con la denuncia, es el protocolo número cinco, que debió procederse de la siguiente manera: apenas se tenía conocimiento, tenía que darse las medidas de protección de manera inmediata, hacer la denuncia a la Fiscalía o a la Policía, brindar la ayuda psicológica… y subir de manera inmediata, antes de las 24 horas, al portal del SíseVe”, explicó Begazo.

El caso revela una situación crítica en Arequipa, donde muchos colegios aún incumplen con sus obligaciones legales, poniendo en riesgo a menores. El presidente de la Asociación precisó que no solo la directora, sino también la institución podría recibir sanciones por la omisión en la denuncia.

Falta de docentes titulados también preocupa en Arequipa

Otro punto crítico señalado por Begazo es la ampliación del plazo para que los docentes de colegios privados cuenten con título pedagógico. Según la Ley N° 32272, promulgada por el Ejecutivo, los colegios podrán seguir contratando profesionales sin formación pedagógica hasta enero de 2027. Lo que representa un riesgo para la calidad educativa, especialmente en contextos donde se requiere preparación específica para enfrentar situaciones de convivencia escolar. Cabe señalar que el docente sindicado de agresor sexual no era un profesional de la educación.

“Recordemos que en el mes de enero se cumplió la fecha límite que daba que ya ningún otro profesional que no cuente con título pedagógico podía ejercer la labor docente, pero esto se ha ampliado dos años… es decir, hasta enero del 2027 alguien que no cuente con título pedagógico puede ejercer la docencia en los colegios privados”, indicó el representante del gremio.

“Hay un incremento de un 10 o 15% de tocamientos indebidos en las unidades de transporte. Y sí, definitivamente hay denuncias también en los colegios”, advirtió Begazo, quien considera urgente reforzar los sistemas de prevención y fiscalización en todas las instituciones educativas privadas de la región.

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La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el retorno de la inmunidad parlamentaria. Afirman que esta medida permitirá a los congresistas ejercer sus funciones sin temor a represalias políticas y que contribuirá a fortalecer la democracia.

Según el predictamen, la medida aplicaría a partir de las siguientes elecciones y establecería plazos fijos para evitar que las investigaciones se dilaten. La única congresista que se opuso durante el debate fue Ruth Luque.

El video ¿VUELVEN LOS INTOCABLES? | Aprueban el regreso de la inmunidad para congresistas se publicó en YouTube en este enlace

La abrupta destitución de Julio Suárez Cueva como gerente del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) y su reemplazo temporal por Walther Oporto, actual gerente regional de Salud de Arequipa, ha generado un fuerte rechazo entre médicos, trabajadores y pacientes del principal centro oncológico del sur del país.

La medida, ordenada mediante una resolución del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), ha sido calificada como una «interferencia política» que pone en riesgo la continuidad del proyecto de construcción del nuevo IREN Sur y, sobre todo, la atención de miles de pacientes con cáncer.

Milagros Conza, vocera de la Asociación Valiente de Leoncitos –que agrupa a familiares de niños con cáncer–, no ocultó su preocupación. «Nos da mucho miedo que todo lo avanzado con Suárez se pierda. Él era un médico humano, que se preocupaba por los pacientes, los equipos y la infraestructura. Ahora, con este cambio, tememos que la atención empeore», declaró.

Conza reveló que muchos padres ya enfrentan graves dificultades, como la falta de especialistas y equipos obsoletos, lo que los obliga a pagar hasta 960 soles por una resonancia magnética en clínicas privadas. «Aquí no hay neurólogos oncólogos pediátricos. Mi hija tuvo que ser atendida fuera, y los costos son altísimos. ¿Qué pasará ahora con este cambio?», cuestionó.

El Cuerpo Médico del IREN Sur respaldó estos temores en un comunicado oficial, exigiendo la «inmediata restitución» de Suárez Cueva y denunciando que el Gobierno Regional, liderado por el gobernador Rohel Sánchez, ha tomado decisiones que «atentan contra la continuidad del proyecto del nuevo IREN Sur», una obra valorizada en 1,188 millones de soles.

Según el documento, la salida de Suárez Cueva –quien había alertado sobre irregularidades en el cambio de terrenos para el futuro hospital– dejó al instituto «acéfalo», sin coordinadores médicos y con un «grave riesgo» para la atención de pacientes.

Walther Oporto pide tranquilidad a comunidad del IREN Sur

Las críticas también apuntan hacia el gerente Walther Oporto, quien asumió la dirección temporal del IREN Sur en medio de cuestionamientos. Oporto ya había sido destituido en 2023 como gerente regional de Salud por presuntas irregularidades en asignaciones de personal, incluyendo un supuesto beneficio a su hermana.

En declaraciones, Oporto aseguró que su designación en el IREN Sur es «coyuntural» y prometió «reforzar la atención», aunque evitó confirmar si permanecerá en el puesto. «El IREN Sur no va a dejar de atender. Vamos a potenciar sus equipos, como el resonador magnético, que es de última generación», afirmó. Sin embargo, sus palabras no han calmado los ánimos.

Percy Manrique, presidente del cuerpo médico del Hospital Goyeneche, cuestionó que Oporto «no tiene especialidad en oncología ni la experiencia necesaria» para dirigir un centro de esta complejidad. Mientras, el Consejo Regional de Arequipa expresó su desacuerdo con la designación, señalando que «hay médicos más capacitados» para el cargo.

La incertidumbre ahora se extiende entre los pacientes, muchos de los cuales viajan desde regiones vecinas para recibir tratamiento. «Si ya había demoras en citas y faltaban equipos, ¿qué nos espera ahora?», se preguntó Conza.

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Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la construcción de la avenida Jesús, una obra vial que conecta los distritos de Arequipa y Mariano Melgar, y que registró un costo final de S/20,427,313.

El proyecto, ejecutado por administración directa por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), inició el 19 de septiembre de 2022 con un presupuesto inicial de S/9,770,189. Durante su ejecución se aprobaron 12 modificaciones al expediente técnico, 11 ampliaciones de plazo y 9 variaciones presupuestales, lo que incrementó su costo en más del 100%. La obra, culminada el 12 de marzo de 2025, comprendió la construcción de 840 metros de doble vía, con pavimento asfáltico, veredas de concreto, bermas para estacionamiento, reductores de velocidad y señalización vertical y horizontal.

Sin embargo, una inspección realizada el 28 de abril de 2025 por la Contraloría detectó fallas prematuras que comprometerían la durabilidad de la obra. Entre los problemas encontrados se observaron hundimientos en dos tramos del pavimento asfáltico, juntas de dilatación en veredas con sellado deficiente, desgaste acelerado en la pintura de rampas y sardinel, así como señalización horizontal y vertical deteriorada. Estos daños resultan especialmente preocupantes considerando que la obra apenas llevaba un mes y medio de culminada.

La Contraloría también inspeccionó el almacén central de la MPA, ubicado en el sector Divino Niño Jesús (Yura), donde encontró materiales sobrantes sin uso. Se verificó la existencia de 23 unidades de tubería PVC color azul y 36 unidades de tubería de polietileno para alcantarillado que nunca se instalaron. El reporte señaló una diferencia no registrada de cuatro unidades de tubería, con un valor no contabilizado de S/39,259, que no fue justificado por los responsables del proyecto.

El informe evidenció además graves fallas en los sistemas de control. El Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) no estaba actualizado y no hubo un seguimiento adecuado de las inversiones, lo que afectó el control social y la transparencia en el uso de fondos públicos.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPA remitió el informe al alcalde provincial de Arequipa, exigiendo la implementación de acciones correctivas y preventivas para subsanar las deficiencias.

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La cantante vernacular Yarita Lizeth Yanarico, conocida como «La Chinita del Amor», denunció públicamente un presunto incumplimiento de contrato por parte de la promotora de su evento en Cochabamba, Bolivia. Durante una transmisión en vivo en la madrugada del lunes, la artista, visiblemente afectada, relató los problemas que enfrentó.

Según Yanarico, no solo se le adeuda el pago por su presentación, sino que su equipo de trabajo también sufrió abuso por parte de los responsables del sonido «Tokio». Estos habrían retenido los instrumentos musicales del grupo, agravando la situación. La cantante y su equipo intentaron comunicarse con las autoridades locales para buscar ayuda, pero no obtuvieron respuesta.

La situación ha generado indignación entre los seguidores de Yanarico, quienes exigen una pronta solución y justicia para la artista. La falta de pago y la retención de los instrumentos han dejado a la cantante y su equipo en una posición vulnerable, sin los recursos necesarios para continuar con sus presentaciones.

Yanarico ha pedido a las autoridades bolivianas que intervengan para resolver este conflicto. La artista espera que se tomen medidas urgentes para recuperar sus instrumentos y recibir el pago pendiente. La comunidad artística y sus seguidores están atentos a los desarrollos de este caso, esperando que se haga justicia.

La falta de cumplimiento de contratos y el abuso de poder pueden tener consecuencias graves para los músicos, afectando su sustento y su capacidad para seguir trabajando. La solidaridad de sus seguidores es crucial en momentos como este.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

Una familia completa ha desaparecido en extrañas y alarmantes circunstancias tras ser acusada de estar implicada en el crimen que conmocionó al Vraem: el asesinato del ingeniero Jesús Quintanilla Mendoza (40) y la profesora Aydé Sosa Figueroa, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados el pasado 11 de mayo dentro de una poza de maceración de droga en el centro poblado de San Jerónimo, provincia de Satipo, Junín. 

Los desaparecidos son Juan Matías Chilingano Quispe (65) y sus hijos Edwin Chilingano Pérez (27) y Álex Chilingano Pérez (19), naturales de Huaracancha (Chincheros, Apurímac) residentes en el centro poblado de San Jerónimo Baja, distrito de Tambo del Ene (VRAEM), donde vivían desde hace más de una década y cultivaban en su chacra familiar. 

Según fuentes cercanas, los tres fueron capturados por el Comité de Autodefensa de San Jerónimo Baja, quienes los retuvieron por supuestamente estar detrás del doble crimen. Se denunció que fueron torturados y encerrados en un calabozo improvisado, para luego ser entregados a los familiares de las víctimas. Desde entonces, no se ha sabido nada de ellos. Un familiar cercano reveló que Juan Matías y Edwin habrían sido asesinados, mientras que Álex logró escapar y dejó un audio días después, denunciando que fueron secuestrados por autoridades locales y que solo él sobrevivió. Actualmente se desconoce su paradero, aunque algunos creen que sigue con vida, escondido por temor a represalias.

¿Crimen injusto?

La familia Chilingano trabajaba desde hace años con la profesora Aydé Sosa, quien había contratado al ingeniero Quintanilla para realizar un levantamiento topográfico en su terreno. Ambos lograron ser vistos por última vez el 4 de mayo cuando partieron desde Huamanga (Ayacucho) hacia San Jerónimo. Una semana después, sus cuerpos fueron encontrados con signos evidentes de tortura, golpes y fracturas. El informe del Instituto de Medicina Legal de Pichari reveló que el ingeniero murió por un traumatismo encéfalo craneano severo, mientras que la profesora sufrió además asfixia mecánica por sofocación. La brutalidad del crimen sugiere la participación de más de una persona. Pese a las graves acusaciones, los parientes de los desaparecidos niegan su implicancia y aseguran que son víctimas de una represalia sin pruebas.

“Los mataron por sospechas y sin evidencias. Ellos sabían quién fue, por eso los silenciaron”, sostuvo un familiar, que pidió no ser identificado por miedo a represalias.

El caso ha generado consternación en la región y puesto en la mira la actuación de los comités de autodefensa, así como la presencia del narcotráfico en la zona. Mientras tanto, la familia Chilingano continúa desaparecida y sus seres queridos claman por justicia y por el esclarecimiento de los hechos.

Audio

En un audio que envió a través del aplicativo WhatsApp Alex Chilingano desesperado y muy entristecido suplicó de ayuda a las autoridades, pues los tenían secuestrado injustamente a él, a su hermano y padre.

“Señores autoridades por favor quiero me ayuden, quiero justicia, nos tienen secuestrados a mí, a mi hermano y mi papá, nos amenazaron de muerte y se encontrarían en el centro poblado de San Jerónimo Baja, los tenían en el monte y ahorita no sé cómo estará mi papá; mi hermano y yo nos hemos escapado de la tortura. Por favor ayúdanos”, imploró en su mensaje.

La familia Chilingano solo aguarda encontrar con vida a los jóvenes y al sexagenario, aunque estas posibilidades son casi mínimas, puesto que no hay rastro de ellos.

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El Comité de Defensa del Agua convocó a una movilización este 5 de junio en Iquitos, como parte de las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada incluirá un pasacalle que busca promover una reflexión colectiva sobre el impacto de la contaminación en la ciudad y en la Amazonía. 

“Necesitamos inventar otra forma de convivir sin destruir ríos ni bosques”, señaló José Manuyama, vocero del comité. La actividad contará con la participación de colegios, organizaciones civiles y ciudadanos de distintas zonas. Según Manuyama, el objetivo es visibilizar la falta de acciones efectivas frente a la crisis ambiental y exigir un mayor compromiso de las autoridades. “El Estado debe liderar procesos de educación ambiental, pero no hay coordinación ni trabajo con la gente”, advirtió.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Pro & Contra

Siete regidores de la Municipalidad Provincial de Ica están bajo cuestionamientos tras haber aprobado el cambio de zonificación de terrenos agrícolas a industriales, lo que permitió el ingreso de la empresa Tengda Perú Cerámica SAC, una compañía de capital chino que inició la construcción de su planta sin contar con permiso ambiental ni licencia de funcionamiento.

La polémica se reactivó este fin de semana durante una audiencia descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso, celebrada en la sede del Colegio Médico de Ica. A pesar de haber sido citados, los regidores involucrados no asistieron, lo que fue interpretado como un intento de evitar responsabilidades. La presidenta de la comisión, Tania Ramírez, advirtió que podrían ser llamados al Congreso para explicar el procedimiento que favoreció a la empresa extranjera.

Ingrid Ramos Oré, única regidora presente en la sesión, denunció que la aprobación del cambio de zonificación se dio sin informe favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano ni estudio de impacto ambiental, elementos requeridos por ley. La votación fue promovida por el regidor Carlos Ponce Aparicio, con el respaldo de Leydy Loayza Mendoza, Nélida García Ramos, Jorge Hinostroza Alejo, Paúl Astohuamán Junes, Ana Huarcaya Pampañaupa y José Luis Escate Espinoza. En contra votaron seis regidores.

La empresa Tengda, que invirtió aproximadamente US$60 millones, se instaló en el distrito de Salas Guadalupe, una zona originalmente agrícola. A pesar de operar sin autorización, logró inscribirse en Registros Públicos en 2022, y un año después inició las obras. En paralelo, contrató como asesor legal a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte, lo que generó suspicacias por un posible conflicto de intereses.

Durante la audiencia, un grupo de personas de Salas Guadalupe supuestamente fueron llevados para exigir la apertura de la planta, alegando que generaría hasta 3,000 empleos. Argumentaron que las agroexportadoras locales ofrecen trabajo temporal y precarias condiciones laborales, mientras que Tengda les promete empleo estable en turnos rotativos. Sin embargo, estas manifestaciones son lo opuesto a las denuncias por maltrato laboral y explotación hacia la empresa.

Sociedad de industrias rechaza a la empresa china Tengda

El gremio empresarial también ha expresado preocupación. En diciembre de 2024, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) denunció públicamente que Tengda violó leyes ambientales y urbanísticas, iniciando obras sin permisos ni evaluación ambiental. Produce rechazó su solicitud de evaluación al constatar que la planta ya estaba construida, y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) multó a la empresa con 20 UIT por uso indebido del agua de un pozo con licencia agrícola.

En el fondo del conflicto, subyace una crisis hídrica creciente en la región. Ica enfrenta una sobreexplotación del acuífero subterráneo, con un desbalance de 145 millones de m³ anuales, según datos de la Autoridad Nacional del Agua. El uso indiscriminado de este recurso, tanto por agroexportadoras como por industrias no reguladas como Tengda, agrava la situación.

El caso continúa escalando a nivel político y social, mientras crece la presión para que el Congreso actúe frente a una posible red de corrupción y falta de fiscalización, que permitió a una empresa operar al margen de la ley en una de las regiones más estratégicas del país.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

Los días 15 y 16 de mayo se realizó en Lima el cuarto encuentro macrorregional de Tejiendo Ciudadanía, una iniciativa liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con el Grupo La República, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Red Científica Peruana, con financiamiento de la Unión Europea. La actividad reunió a más de 200 representantes de comunidades indígenas, instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y universidades de la zona centro del país.

La representante del PNUD, Bettina Woll, destacó la amplitud del proceso: “La iniciativa Tejiendo Ciudadanía recogió perspectivas diversas, incluyendo las de las juventudes, sobre los desafíos más relevantes del país y propuestas sobre cómo enfrentarlos”.

Crimen e impunidad, una amenaza persistente

Uno de los temas centrales fue el avance del crimen organizado y la impunidad. En lo que va del año, más de quince choferes han sido asesinados en el país, mientras que más de 7600 bodegas han cerrado en los últimos dos años debido a extorsiones. Los participantes coincidieron en que este fenómeno no solo tiene efectos económicos, sino que también debilita la institucionalidad democrática.

“Los dirigentes sindicales ya no pueden sindicalizarse como hace veinte años, porque las bandas criminales están al acecho”, afirmó Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Según datos del gremio, 26 trabajadores del sector construcción civil han sido asesinados en lo que va del año.

Desde el Poder Judicial, su presidente, Jhony Contreras, denunció limitaciones para enfrentar esta situación: “El poder político pretende imponerse a la labor judicial. Nuestra independencia está amenazada desde el momento en que dependemos de otro poder del Estado para nuestro presupuesto. No podemos ni aumentar el número de jueces”.

Democracia, economías ilegales y representación territorial

La representación política desigual fue otro de los temas abordados. Tarcila Rivera Zea, presidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq), cuestionó que los pueblos originarios solo sean tomados en cuenta durante procesos electorales. Denunció que la falta de representación efectiva deja a estas comunidades expuestas a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros, propuso repensar el proceso de descentralización: “Tenemos gobiernos regionales que, cuando hay crisis, voltean a ver al gobierno nacional. Es fundamental posicionar al Estado en los territorios”. Doris Guillermo, vicegobernadora de Pasco, añadió que “es necesario una mayor autonomía de las regiones, para no depender del gobierno central”.

Informalidad y falta de condiciones para el desarrollo

La informalidad laboral fue otro eje del encuentro. Más del 70 % de los trabajadores en el Perú se desempeñan fuera del sistema formal. El economista Diego Macera afirmó que “la formalidad es importante porque nos lleva a la productividad”, pero advirtió que existen múltiples trabas: trámites complicados, costos extrasalariales y un sistema tributario poco amigable.

Desde el Ministerio de la Producción, el viceministro de MYPE e Industria, César Manuel Quispe, reconoció las dificultades: “Formalizarse sigue siendo un camino lleno de trabas y burocracia”. Anunció la implementación de una ventanilla única laboral y una política nacional de formalización para vincular a las pequeñas empresas con cadenas de valor.

Infraestructura y prevención frente a desastres

El encuentro también abordó la necesidad de infraestructura resiliente. Rolando Capucho, jefe del Cenepred, advirtió que el desarrollo no puede darse sin prevención de desastres. Señaló que, aunque existen planes en todas las regiones, su ejecución depende de los gobiernos regionales y locales: “La prevención es una tarea que corresponde a los tres niveles de Gobierno”.

Por su parte, Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, señaló que la planificación debe tener un enfoque territorial: “No es lo mismo hacer un proyecto en Lima que en Iquitos o en Piura. Solo con presupuesto público no alcanza. Se requiere de inversión privada y del compromiso del Estado”.

Hacia una ciudadanía activa y conectada

El evento concluyó con una convocatoria a fortalecer el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para la docente universitaria Miriam Quispe, “faltan estrategias para concientizar a la sociedad”. Desde la academia, se están impulsando reformas educativas que integren la sostenibilidad y la participación cívica como ejes formativos.

Entre las principales propuestas discutidas figuran la articulación entre instituciones del sistema de justicia, una reforma policial, el impulso de la formalización laboral con enfoque inclusivo y la mejora de la planificación urbana con enfoque territorial. También se destacó la necesidad de promover una ciudadanía informada, activa y con capacidad de exigir derechos en todo el país.

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Levy Pacheco Verde, fiscal adjunto provincial titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo, remitió al fiscal provincial coordinador de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, copias certificadas del caso 2306014904-2025-16, al advertir la existencia de una denuncia penal por hechos acontecidos, cuya calificación compete a esta Fiscalía, según lo previsto en el art. 334, inciso 1 del Código Procesal Penal.

El citado caso atañe a la denuncia por omisión de actos funcionales que interpusieron Frank Sánchez Romero y Ricardo Delgado Arana, directores de la empresa de saneamiento Sedalib S.A., contra el presidente del directorio Percy Rosario Martell, por no someter a votación sus pedidos respecto a la nueva elección del presidente del directorio y la remoción y designación del gerente general de la empresa.

Los directores de Sedalib, solicitaron “prevenir respecto del delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales”, contra Percy Ricardo Lucio Rosario Martell, en su condición de presidente del directorio, por omitir someter a voto los pedidos efectuados por ellos respecto de la elección del nuevo presidente de directorio y del gerente general, existiendo bajo su criterio “alto riesgo” que en la sesión del directorio a convocarse el presidente no someta a voto los pedidos pese a estar obligado.

El 7 de abril de 2025 se llevó a cabo la sesión de directorio N.2 1017-2025, sin embargo, Percy Rosario expresó que no iba a someter ninguna propuesta que para él era ilegal, y respecto a la votación de gerente general, indicó que previamente la Subgerencia de Recursos Humanos evalúe el cumplimiento de los requisitos de las personas propuestas.

Percy Rosario habría tomado decisiones por sí mismo lo que constituiría, “una evidente omisión de actos funcionales”, contraria a lo previsto en el art. 62, inciso 3, del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1280, que establece que los directores de la empresa prestadora municipal están obligados a adoptar acuerdos societarios y disposiciones internas de la empresa prestadora municipal, conforme a las normas sectoriales.

El 6 de mayo de 2025 los dos directores citados nuevamente solicitaron ejercer su derecho a voto respecto de la agenda antes indicada, existiendo el alto riesgo que en la sesión del directorio a convocarse el presidente no someta a voto los pedidos pese a estar obligado.

Los denunciantes estiman que se debería prevenir el delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en tanto existiría alto riesgo que en la sesión del directorio a convocarse el presidente no someta a voto los pedidos, pese a estar obligado.

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La sobrecarga turística en Machu Picchu amenaza con dejar al santuario histórico en la lista de patrimonio mundial en peligro, según la Contraloría General. Entre el 17 y el 30 de abril de 2025, 2505 personas ingresaron a la terraza superior de la Llaqta, más de cinco veces el límite diario de 450 personas establecido por el Ministerio de Cultura (Mincul). En mayo, la situación se repitió con 1546 visitantes. El Informe de Orientación de Oficio n.° 010-2025-OCI/5765-SOO revela que la venta de boletos excedió los aforos aprobados tanto en temporada baja como alta. Mientras el Mincul autorizó el ingreso de 490 personas al día en temporada alta, se vendieron boletos hasta para 639 personas. La plataforma estatal TuBoleto.cultura.pe respetó los límites, pero los visitantes también ingresaron por la Ruta 5 de la Red de Caminos Inca. Esta ruta finaliza en la terraza superior, una zona destinada solo a fotografías, pero actualmente soporta flujos masivos que sobrepasan su capacidad.

Ruta expuesta por sobrecarga turística en Machu Picchu

La sobrecarga turística en Machu Picchu también afecta la Ruta Realeza Diseñada, llamada Ruta 3-B. Esta sección incluye sectores usados por la élite inca. Entre el 18 y 30 de abril de 2025, ingresaron 1368 personas. En mayo, la cifra llegó a 1248. Todo esto ocurrió por el acceso desde la Ruta 5 y fallos en la plataforma de venta de boletos. El tarifario oficial (TUSNE 2025) exige un pago de S/ 152 por acceder a esta ruta. Sin embargo, las entradas no reflejan este cobro. El Mincul solo exime del pago a quienes compraron boletos antes del 4 de marzo de 2025. Las demás entradas no deberían incluir este recorrido sin tarifa adicional. La falta de cobro genera una pérdida económica para el Estado. Además, debilita la planificación del flujo turístico y pone en riesgo estructuras incas de gran valor. La comisión de control detectó desgaste en muros, plataformas y zonas ceremoniales por el tránsito desmedido. En la Ruta 5 de la Red de Caminos Inca, el aforo diario permitido es de 250 personas. 

Sin embargo, entre el 17 y 30 de abril de 2025, ingresaron 936 visitantes. En mayo, el número llegó a 1490. Hubo días en los que la venta de boletos alcanzó hasta 695 personas. Este exceso genera compactación del suelo, erosión y deterioro de escalinatas y caminos. Las pendientes pronunciadas resultan particularmente vulnerables. La constante presión del turismo compromete la integridad del sitio arqueológico y su entorno natural. Durante la 46.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en julio de 2024, ya se expresó preocupación. En aquella ocasión, el comité discutió el elevado número de visitantes y la fragilidad del ecosistema local. La Contraloría notificó al titular del Mincul los resultados del informe, que cubre del 20 de enero al 14 de abril de 2025. Se espera que el ministerio tome acciones inmediatas para garantizar el uso sostenible de este patrimonio mundial declarado por la UNESCO en 1983. El riesgo no solo es cultural. También lo es ecológico, económico y político. La falta de control y cobro correcto vulnera la normativa vigente y pone en entredicho la gestión del turismo patrimonial en Perú.

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La madrugada de hoy, una tragedia enluta a la región de Sandia, cuando un bus de la empresa Valle Inambari, que cubría la ruta Massiapo Alto Inambari – Sandia – Juliaca, sufrió un fatídico despiste. El vehículo, por causas aún no determinadas, se precipitó hacia un abismo en el sector de Sumaq Kinray, en la vía nacional que conecta a estas localidades.

El impacto fue devastador. Testigos aseguran haber escuchado el estruendo del vehículo cayendo por el abismo. De inmediato, se desplegaron equipos de rescate y personal de emergencia para tratar de salvar a los sobrevivientes, pero la magnitud del accidente dejó a todos en shock.

Hasta el momento, se ha confirmado que un sobreviviente, identificado como Marcial Luque Checca (37), fue rescatado con vida. Fue trasladado de urgencia al hospital de Sandia, donde recibe atención médica por las graves lesiones sufridas. Su condición es estable, pero el camino hacia su recuperación será largo.

Sin embargo, la tragedia no termina ahí. La noticia más devastadora llegó hace instantes, cuando se informó sobre la recuperación de uno de los cuerpos de las víctimas. Las labores de búsqueda continúan, pero las autoridades locales temen lo peor: se estima que más de 20 personas han perdido la vida en este trágico accidente.

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El exalcalde de Huancayo, Alcides Glorioso Chamorro Balvín, enfrenta juicio por el presunto delito de negociación incompatible, por haber favorecido de manera indebida a la empresa Qenser E.I.R.L., en la obra de recuperación y mejoramiento del patrimonio cultural de la Catedral de Huancayo, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

El fiscal Carlos Rodrigo Mera Palomino, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, solicitó una condena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva para Chamorro, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Junto al exalcalde también están acusados otros exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo: Alejandro Romero Tovar, exgerente municipal; Amado Gonzales Panduro, exgerente de Administración; Hugo Santos Mucha, exgerente de Obras Públicas; y Jorge Cusinga Luján, entonces procurador público, entre otros.

También figura como acusada Evelyn Martel Torres, representante de la empresa Qenser, quien enfrente acusación por colusión agravada.

La tesis fiscal

De acuerdo con el Ministerio Público, Chamorro firmó la Resolución de Alcaldía N.° 233-2017-MPH/A, del 25 de julio de 2017, sin contar con informe técnico legal, basándose únicamente en el Informe N.° 38-2016-MPH/PPM. Con dicha resolución autorizó al procurador municipal a participar en un proceso de conciliación extrajudicial con Qenser para conceder una ampliación de plazo hasta el 19 de agosto de 2017, pese a las irregularidades previamente advertidas.

La Fiscalía sostiene que esta decisión contradecía el Decreto de Alcaldía N.° 008-2016-MPH/A, que delegaba dicha facultad al gerente municipal, quien debía sustentar con informe técnico legal, conforme al artículo 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para el fiscal Mera, esto evidencia un interés indebido del exalcalde en favorecer a la contratista.

La obra de recuperación de la Catedral de Huancayo se inició el 28 de noviembre de 2016 y debía culminar el 27 de marzo de 2017, pero concluyó recién el 5 de septiembre de ese mismo año. En total, se aprobaron cinco ampliaciones de plazo.

Según la acusación, la ampliación autorizada el 25 de julio de 2017 evitó la aplicación de penalidades a la empresa por los retrasos, las cuales hubieran ascendido a S/ 58,202.19. A cambio, se reconoció solo un pago de S/ 100 por concepto de gastos generales, lo que habría generado un perjuicio económico a la Municipalidad de Huancayo.

La audiencia judicial contra Chamorro continuará este martes 20 de mayo a las 3:00 p. m., en el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Anticorrupción de Huancayo, a cargo del magistrado Guido Arroyo Ames. La sesión se realizará de manera virtual para recibir el testimonio de los testigos convocados por las partes.

Asesor de la comisión de Cultura del Congreso

Alcides Chamorro es asesor en la Comisión de Cultura en el Congreso de la República, presidido por el parlamentario por Junín, Edgar Reymundo Mercado.

Tiene un sueldo de más de 12 mil soles mensuales, de acuerdo con información publicada en el portal del Parlamento.

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La difusión de audios que evidenciarían un presunto complot entre el jefe de la ANC y Fuerza Popular contra fiscales como José Domingo Pérez y Marita Barreto ha desatado una guerra interna en el Ministerio Público.

José Domingo Pérez y Rafael Vela han sido enfáticos al exigir a la fiscal de la Nación que no guarde silencio ante este escándalo y que adopte medidas contra Luis Fernández Jerí mientras se investigan los hechos.

Por su parte, el jefe de la Autoridad Nacional de Control ha negado rotundamente que los audios le pertenezcan. Asegura que son falsos, que habrían sido generados por inteligencia artificial, que no conoce al abogado vinculado a Fuerza Popular y que no tiene intención de renunciar.

En paralelo, los sectores más críticos hacia los fiscales afectados también dudan de la veracidad de los audios y niegan que exista un complot.

Hasta el momento, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no se ha pronunciado sobre lo que ocurre al interior de la institución que lidera.

El video FISCALÍA EN CRISIS | Se desata ofensiva interna contra José Domingo Pérez por presión fujimorista se publicó en YouTube en este enlace

Los Gobiernos Regionales, entre ellos el de Arequipa, rechazan la reciente aprobación del reglamento de la Ley N.º 32213, norma que establece la rectoría y amplía el plazo del proceso de formalización minera en la pequeña minería y minería artesanal. La medida, oficializada por el gobierno de Dina Boluarte el 18 de mayo a través del Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, ha generado polémica por incluir, sin consenso, la figura del llamado “Reinfo hereditario”.

El reglamento establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asumirá la rectoría sobre estos sectores mineros, en reemplazo del papel que desempeñaban los Gobiernos Regionales. Esta decisión ha sido tomada unilateralmente desde el Ejecutivo nacional, según denuncian los gobernadores regionales, sin haber sido consultada con las autoridades territoriales que ejecutan directamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Si en los gobiernos regionales no ha funcionado el otorgamiento de los Reinfos al ritmo que se esperaba, menos va a funcionar en el Ministerio de Energía y Minas. Esta es una medida que se ha dado desde el escritorio sin tener la opinión de los gobiernos regionales”, declaró Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, durante una entrevista en RPP, en representación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

En un pronunciamiento oficial, la ANGR expresó su desacuerdo con la centralización del proceso, argumentando que ello “vulnera una vez más el proceso de descentralización”. Los gobiernos regionales exigen que se les restituya el liderazgo en materia de formalización minera y se fortalezcan sus capacidades técnicas y económicas para asumir esta responsabilidad.

Como consecuencia de esta disposición, el Gobierno Regional de Arequipa anunció la suspensión de los plazos administrativos del Reinfo a partir del 19 de mayo, hasta que se complete la transferencia documentaria al Minem.

“Reinfo hereditario”: figura polémica en el nuevo reglamento

Uno de los puntos más criticados del reglamento es la incorporación del “Reinfo hereditario”, una disposición que permite transferir la titularidad de una inscripción en el Reinfo por sucesión en caso de fallecimiento del titular. Según la norma, esta sucesión debe estar registrada formalmente, y en caso de existir varios herederos, deberán constituir una persona jurídica integrada exclusivamente por ellos para poder continuar con el proceso de formalización.

Los gobiernos regionales también se oponen a esta medida y exigen su eliminación. “En una herencia donde haya 4 o 5 herederos, mientras se dé el proceso de la declaratoria de los herederos, esto traerá serios problemas. Lo único que se está haciendo es fomentar la actividad minera informal e ilegal”, afirmó Rohel Sánchez, advirtiendo que la medida podría traer serios conflictos en el sector.

Por su parte, Miguel Ángel Linares, consejero regional de Arequipa e integrante de la Comisión de Energía y Minas, consideró que el reglamento debe ser derogado. “La solicitud de formalización no es transmisible por herencia”, explicó.

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La masiva afluencia de turistas, que supera los límites permitidos, pone en riesgo la conservación de la ciudadela inca de Machu Picchu y de la Red de Caminos Inca, en Cusco.

Según un informe de la Contraloría General de la República, la Unesco podría incluir este sitio en la lista de patrimonio mundial en peligro debido a la sobrecarga turística que está afectando tanto su estructura como su ecosistema.

Invocan al Ministerio de Cultura tomar medidas al respecto.

El video MACHU PICCHU BAJO AMENAZA | Machu Picchu en riesgo por exceso de turistas, alerta la Contraloría se publicó en YouTube en este enlace

La presidenta Dina Boluarte denunciará a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras cuestionar la legalidad y el fondo de las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía en su contra.

Así lo anunció el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, quien opinó que la conducta de la fiscal de la Nación es «desafiante e irresponsable con la verdad”. Esto en relación con las cinco denuncias constitucionales que interpuso el Ministerio Público contra Boluarte en el Congreso.

Portugal Sánchez dijo que habiendo pasado cuatro días, no se les ha informado sobre los argumentos de estas denuncias y que solo les han notificado sobre los casos del presunto delito de enriquecimiento Ilícito y las cirugías estéticas a las que se habría sometido en 2023.

Cirujano Mario Cabani está prohibido de declarar

Sobre la carta notarial que se le envió al médico Mario Cabani, pidiéndole que no declare ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el próximo 28 de mayo, dijo que cuando se autorizó el levantamiento del secreto médico, fue para que el cirujano y el personal de la clínica Cabani, respondan ante «un foro y una autoridad».

Según la defensa legal, era para el caso del Ministerio Público y la fiscal Delia Espinoza, y no para medios de comunicación u otras “entidades” como el Congreso de la República. «La propia resolución del Poder Judicial exclusivamente delimita ante qué foro y ante qué autoridad, no ante los medios de comunicación», refirió.

Aseguró que Cabani conocía de esta disposición porque estuvo en la audiencia donde un juez supremo «expresamente» le dijo, «en el hipotético caso que salga fundado», que sus declaraciones son «para la investigación» y no puede hablar fuera de esta.

Abogado considera como entidad al Congreso de la República

Pero, días después de la autorización del acto médico, declaró ante un medio de comunicación. «Creímos que iba a respetar la orden judicial y lo único que le hemos manifestado a Mario Cabani a través de la carta es que la autorización es para que declares ante la fiscal», indicó.

«Te estamos haciendo recordar que esa autorización no es para que vayas a declarar a tus anchas ante la Comisión de Fiscalización, medios de comunicación o en el lugar que tú decidas, sino en el lugar que ha decidido el juez», añadió.

Adelantó que si se presenta y declara ante el grupo de trabajo del Congreso e incumple el mandato judicial, Cabani enfrentará acciones legales.

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El certamen literario que ganó Orlando Mazeyra reunió 66 novelas de diferentes países y la mención honrosa fue para el escritor uruguayo Pedro Peña.

La novela ganadora, titulada El mar que nos espera, ha sido elogiada por escritores y académicos como Fernando Rivera Díaz. El doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Princeton señala: “El sueño y la condena de vivir se narran y desnarran en esta implacable nouvelle que con una velocidad alucinante recorre el otro lado de las cosas. Orlando Mazeyra Guillén ha escrito en El mar que nos espera una historia extraordinaria donde los personajes miran desde el vértigo de la pesadilla y el acecho de la muerte, las posibilidades de la vida”.

Por su parte, el destacado escritor Luis Hernán Castañeda, doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Colorado (Boulder), señala: “Orlando Mazeyra Guillén se sumerge en un mar cuyas profundidades ocultan las ruinas de una tragedia. Con una prosa directa y precisa, recupera los fragmentos de un pasado traumático. Y los devuelve a la superficie, donde intenta construir la casa de la novela. Su proyecto, a la vez literario y sanador, busca hacer habitable —respirable— el océano de sombras que asfixia a sus personajes. De allí que El mar que nos espera sea una historia resquebrajada, que no deja de perseguir, a través de sus giros de voz, perspectiva y género, una cierta unidad perdida. Sin embargo, el intento por anclar su relato en una verdad revela que la escritura ofrece un camino engañoso. Y que las motivaciones del escritor, lejos de ser redentoras, pueden estar contaminadas por el deseo y la traición”.

La novela premiada se presentará en julio durante la Feria Internacional del Libro de Ayacucho. El certamen literario reunió 66 novelas de diferentes países y la mención honrosa fue para el escritor uruguayo Pedro Peña.

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