Dina Boluarte guarda silencio ante la prensa, asegura que son sus obras las que hablan por ella. Esta actitud es apoyada por sus ministros como César Vásquez, pero en las calles los peruanos no se callan.

El video Dina Boluarte dice que se comunica con el pueblo a través de su trabajo y por eso no declara se publicó en YouTube en este enlace

DE NO CREER | El debate sobre la creación del colegio de politólogos generó una inesperada escena cuando Alejandro Muñante, por primera vez, compartió la opinión de la congresista Susel Paredes al estar en contra de la propuesta. Ni siquiera la misma congresista Paredes creyó que él le estaba dando la razón. A pesar de la curiosa escena, los demás congresistas decidieron dar luz verde a la polémica propuesta y se aprobó con 71 votos a favor.
El video ¡INSÓLITO! | Alejandro Muñante sorprende a todos en el Congreso al apoyar a Susel Paredes se publicó en YouTube en este enlace

¿QUIÉNES LO PROTEGEN Y QUIENES LO RESPALDAN? | El debate en el Congreso tras la interpelación al ministro del Interior confirmó el amplio respaldo que recibe de varios congresistas, quienes lo calificaron de valiente y aplaudieron su gestión. Además, señalaron al Ministerio Público como responsable de que la criminalidad en el país no disminuya. Solo una minoría congresal pidió su renuncia.

El video Congresistas defienden al ministro del Interior en un tenso debate, Susel Paredes lo mandó a su casa se publicó en YouTube en este enlace

Al proyecto de eliminación de movimientos regionales, propuesto por Fuerza Popular, se sumaron con su texto sustitutorio Avanza País, Alianza Para el Progreso (APP) y Somos Perú. Han apoyado la reforma como parte de una coalición parlamentaria que ha variado el marco constitucional del país. La inclusión de esta medida de última hora ha intensificado el debate sobre su impacto en la política regional.

En Ayacucho, los movimientos regionales han sido determinantes en la política local. Actualmente, la región cuenta con cinco movimientos vigentes: Alianza Por Nuestro Desarrollo (ANDE), Movimiento Regional Agua, Movimiento Regional Ayni, Movimiento Regional Trabaja Ayacucho y Movimiento Regional Wari Llaqta. ANDE. Liderado por Mauricio Quispe Cirilo, este último ha tenido éxito en las elecciones locales, ganando la alcaldía de La Mar, aunque su candidato para el gobierno regional fue descalificado.

El Movimiento Regional Agua, que fue fundado en 2021 y es liderado por Pabel Bellido Miranda, ha firmado recientemente una alianza con el partido Libertad Popular, dirigido por Rafael Belaúnde Llosa. Esta alianza, sellada el 7 de septiembre, marca un giro significativo en la política de Agua, que ha sido tradicionalmente de izquierda. Bellido Miranda ha expresado su agradecimiento a Belaúnde y ha enfatizado el compromiso de su movimiento con el desarrollo regional, a pesar de las críticas por aliarse con un partido de derecha.

Wilfredo Oscorima y el Movimiento Regional Wari Llaqta

Libertad Popular, conocido por su apoyo al actual gobierno de Dina Boluarte, es objeto de controversia. La decisión de Bellido Miranda de unirse a este partido fue criticada por quienes consideran que va en contra de la ideología original de Agua.

A pesar de estas críticas, Bellido Miranda ha defendido la alianza como un paso necesario para enfrentar los desafíos regionales y construir un futuro mejor.

El Movimiento Regional Wari Llaqta, con el cual Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, ganó el Gobierno Regional. También fue objeto de atención tras la renuncia del “Wayki”, en abril. Entonces anunció su intención de postularse nuevamente en las elecciones de 2026 para el mismo puesto, esta vez con el partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña.

A pesar de las críticas por su gestión y las acusaciones de corrupción, como el caso “Rolex” que involucra a Dina Boluarte, presidenta de la República, Oscorima continua con la intención de reelegirse.

Movimientos regionales: líderes abandonan sus organizaciones ante amenaza de desaparecerlos desde el Congreso

Eliminación de organizaciones regionales con consecuencias profundas

El Movimiento Regional Ayni y el Movimiento Regional Trabaja Ayacucho también forman parte del panorama político de Ayacucho, pero han tenido menos protagonismo en comparación con ANDE, Agua y Wari Llaqta.

La eliminación de los movimientos regionales podría tener repercusiones profundas en la política local. Los líderes de estos movimientos ya están adaptando sus estrategias en respuesta a la incertidumbre.

Así se suman a Bellido Miranda, ahora en Libertad Popular, y Oscorima en Alianza para el Progreso, asegurando su participación en el 2026 ante la incertidumbre y la cercanía de plazos.

Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, tentará una reelección con Alianza Para el Progreso, al igual que Juan Carlos Arango, alcalde provincial de Huamanga. Pabel Bellido ya anunció su candidatura por el partido Libertad Popular para el gobierno regional de Ayacucho.

Candidatos que se perfilan para la campaña electoral 2026

En Ayacucho, las expectativas electorales para 2026 ya están en plena efervescencia. La campaña de Wilfredo Oscorima, actual gobernador, sigue ganando fuerza a pesar de las protestas y paros regionales en contra de su gestión.

Por otro lado, Juan Carlos Arango, actual alcalde de la provincia de Huamanga, también se perfila como candidato para el gobierno regional de Ayacucho en 2026. Aunque aún no definió su partido, a Arango se le vincula al partido Perú Moderno. Esto es, junto al dueño de la empresa AJE, Carlos Añaños, a través de fotografías difundidas en las redes sociales. Sin embargo, en los primeros días de septiembre, el partido Perú Primero, liderado por Martín Vizcarra, lo designó como coordinador regional.

Por último, Pabel Bellido, quien ya anunció su candidatura por el partido Libertad Popular, se posiciona como uno de los candidatos más destacados para el gobierno regional de Ayacucho en 2026. Bellido generó expectación con su cambio de postura política. Pasó de una ideología de izquierda a una de derecha, lo que fue un tema de debate en la región.

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El Congreso de la República, no logró consenso sobre el proyecto de terrorismo urbano y pasó a un cuarto intermedio, tras un largo debate, varios aportes y sugerencias e incluso con un texto sustitutorio.

No se incluyó el texto presentado por la presidenta Dina Boluarte porque el Congreso ya tenía su propio proyecto.

Sin embargo, los congresistas no llegaron a un consenso y suspendieron el debate para que regrese a la Comisión de Justicia y así puedan analizarse los proyectos de ley agrupados en torno al tema e incluso el texto sustitutorio para cambiar el nombre de “terrorismo urbano” a «criminalidad sistemática».

Piden que proyecto vuelva a Comisión de Justicia

El pedido de retorno a la Comisión de Justicia lo hizo su propio presidente, el congresista Isaac Mita (Perú Libre). Aseguró que este grupo de trabajo recogerá los aportes y sugerencias hechos para mejorar la iniciativa. Aunque no incluyó el proyecto que presentó el Ejecutivo sobre el mismo tema.

Dina Boluarte propone la cárcel para quienes protestan e impunidad con la excusa del «terrorismo urbano» (VIDEO)

Mita Alanoca refirió al pleno que se verá el dictamen que ya se tenía y recaía en más de seis proyectos. Uno de ellos plantea modificar el Código Penal, para incorporar el delito de terrorismo urbano y así mejorar la iniciativa.

“Este tema es algo serio y no se trata de manejarlo emocionalmente o de interés, sino de buscar la paz social y proteger la vida de las personas. Por lo tanto, pido un cuarto intermedio para desarrollar mejor esta propuesta”, sostuvo.

De acuerdo al dictamen sobre el terrorismo urbano, se describe como la conducta consistente en “actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella”. Esto, a través de los delitos de sicariato, conspiración, ofrecimiento para sicariato y extorsión.

Quieren cambiar nombre de terrorismo urbano

Luego de que los congresistas debatieran sobre la ley de «terrorismo urbano» sin llegar a un consenso, se presentó un texto sustitutorio que proponía cambiar el nombre a «criminalidad sistemática».

Los legisladores presentaron el nuevo documento, proveniente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Este tiene el aval de los integrantes de la Mesa Directiva, del Colegio de Abogados de Lima, juristas y el área técnica legislativa del Parlamento.

«El presente texto sustitutorio surge de las sugerencias planteadas en la Mesa de Trabajo (…) donde se contó con la presencia del presidente del Congreso y miembros de la Mesa Directiva, congresistas miembros de la Comisión, destacados juristas del ámbito del derecho penal, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y representantes del Colegio de Abogados de Lima», decía el oficio.

Pero, cuando el oficio iba a ingresar al Pleno para su debate final, votación y eventual aprobación, el propio Pleno aprobó cuestión de orden. Esto a fin de que regrese a debate la propuesta inicial de crear el delito de «terrorismo urbano», y descartaron el de «criminalidad sistemática».

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LA RED | En el programa de esta noche conversamos sobre las amenazas a la labor del periodista que afectan el derecho de la población a estar informada. Los últimos incidentes ocurridos con autoridades y la crisis del sector, nos llevan a cuestionar la necesidad de una prensa libre y descentralizada, tras haberse celebrado recientemente el Día del periodista.

Nos acompaña Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

El video de la Red de Medios Regionales del Perú se publicó en YouTube en este enlace

La Junta de Portavoces del Congreso, que incluye a representantes de las trece bancadas parlamentarias, ha decidido por mayoría iniciar el debate sobre la modificación o derogación de la Ley N° 32108. Esta norma cambió la definición de crimen organizado y estableció la obligatoriedad de que un abogado del imputado esté presente durante los allanamientos, lo que ha generado críticas por parte de diversos sectores, especialmente del gremio de transportistas.

A pesar de la urgencia de este tema, no se ha fijado una fecha precisa para su debate en el pleno del Congreso. La congresista Diana Gonzales Delgado, de la bancada Avanza País, prefirió no adelantar su postura sobre la posible derogación de la ley. Señaló que esperará el informe de la Comisión de Justicia antes de tomar una decisión. Según la parlamentaria, es fundamental que cualquier iniciativa de modificación del Código Penal sea precisa y cuente con la participación de todos los sectores involucrados. «Cuando estamos modificando código penal no podemos estar sometidos a subjetividades», afirmó Gonzales.

Crisis de inseguridad en Lima y crimen organizado

El pedido para modificar o derogar la Ley N° 32108, que afecta la figura penal de crimen organizado, surge en medio de una creciente crisis de inseguridad en el país. El gremio de transportistas, afectado por una ola de extorsiones y violencia que ha dejado cuatro chóferes de transporte público asesinados en Lima, exige medidas más efectivas para combatir la delincuencia. Según ellos, la actual norma fomenta la impunidad de los delincuentes, obstaculizando las operaciones policiales y judiciales.

Ante esta situación, el Congreso acordó remitir la ley a la Comisión de Justicia. Esto, a fin de que emita un nuevo dictamen antes de llevar el tema al pleno. La decisión fue respaldada por varias bancadas: Perú Libre, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular, Honor y Democracia. Somos Perú, Bloque Magisterial y Alianza para el Progreso.

Gonzales aclaró que, aunque se decidió enviar el proyecto a la Comisión de Justicia, no significa que se haya evitado el debate sobre la derogación.

«No se ha negado el debate a una iniciativa legislativa, lo que se ha indicado con esta votación en la Junta de Portavoces es que se proceda al trámite que corresponda, eso significa un estudio en la Comisión de Justicia para luego ser elevado al pleno del Congreso»

Diana Gonzales Delgado congresista de la bancada Avanza País

Con respecto a la posición de su bancada sobre la ley de crimen organizado, Gonzales subrayó que en Avanza País existe libertad de expresión. Y que el voto de uno de sus integrantes no implica que todos compartan la misma postura.

«En mi bancada hay libertad de expresión y el hecho de que una persona vote de una manera no significa que todos estemos en la misma sintonía», aseguró.

Congresista Diana Gonzales Delgado

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Quienes pensaban que el gobierno de Dina Boluarte era mejor que Castillo lo estarán pensando de nuevo. Los 90 están de regreso y, gracias al apoyo fujicerronista, Boluarte está dispuesta a deshacerse de cualquier peruano que la cuestione, utilizando leyes que, bajo el pretexto de combatir la inseguridad ciudadana, le permiten vengarse de sus opositores.

La ley de «terrorismo urbano» que, según el mismo gobierno carece de sentido, busca introducir dos disposiciones que beneficiarían a Boluarte para silenciar a quienes la rechazan. Anteriormente, advertimos que se había propuesto que las denuncias contra la PNP y el Ejército, por el uso de sus armas, fueran procesadas en fueros militares y no civiles; lo que aparece como disposición complementaria final de la ley. Pero además, el gobierno también pretende sancionar hasta con 15 años de cárcel a quienes ejerzan su derecho a la protesta. 

Mientras, Dina guarda silencio ante la prensa, apoyada por sus ministrillos, pero en las calles los peruanos no se callan. ¿Podrá encerrarlos a todos?

Mira el noticiero completo aquí:

 Traje amarillo y joyas: así se congració “Chibolín” con Dina Boluarte | Al Vuelo

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César Acuña anunció la propuesta de implementar un programa social para atender a las familias de los 4 mil internos del penal El Milagro en Trujillo. «Vamos a visitar casa por casa, para saber cuál es la situación real de la familia del interno”, dijo.

El video LO HIZO DE NUEVO | César Acuña da «brillante» solución para la lucha contra la inseguridad ciudadana se publicó en YouTube en este enlace

Los hilos de la telaraña de Chibolín parece que llegan hasta el mismo despacho de Dina Boluarte. La pepa la soltó el empresario Henry Shimabukuro, quien reveló que el encarcelado Andrés Hurtado entregó regalitos a la aún presidenta. De acuerdo con el pelado, el vestido color amarillo patito con el que Dina Ercilia deslumbró al país fue cortesía del hermano superior. Pero ahí no termina la cosa, sino que también habría dado otros obsequios a Lady Rolex, entre ellos prendas, relojes, anillos, pulseras y cadenas.

Sabiendo de la debilidad de la tía por las joyas, no sería nada descabellado que la mandataria se dejara engreir por Hurtado, al igual que lo hizo con el wayki Oscorima. Lo revelado por Shimabukuro coincide con informaciones del programa Beto a Saber donde se dijo que Maritza Mendoza, diseñadora y amiga cercana de Chibolín, fue quien confeccionó el atuendo de Dina para las Fiestas Patrias de 2023. Hay novela para rato.

Dina Boluarte propone la cárcel para quienes protestan e impunidad con la excusa del «terrorismo urbano».

Quienes pensaban que el gobierno de Dina Boluarte era mejor que Castillo lo estarán pensando de nuevo. Los 90 están de regreso y, gracias al apoyo fujicerronista, Boluarte está dispuesta a deshacerse de cualquier peruano que la cuestione, utilizando leyes que, bajo el pretexto de combatir la inseguridad ciudadana, le permiten vengarse de sus opositores. La ley de «terrorismo urbano» que, según el mismo gobierno carece de sentido, busca introducir dos disposiciones que beneficiarían a Boluarte para silenciar a quienes la rechazan.

Anteriormente, advertimos que se había propuesto que las denuncias contra la PNP y el Ejército, por el uso de sus armas, fueran procesadas en fueros militares y no civiles; lo que aparece como disposición complementaria final de la ley. Pero además, el gobierno también pretende sancionar hasta con 15 años de cárcel a quienes ejerzan su derecho a la protesta. Mientras, Dina guarda silencio ante la prensa, apoyada por sus ministrillos, pero en las calles los peruanos no se callan. ¿Podrá encerrarlos a todos?

Junta Nacional de Justicia rechazó por unanimidad reconsideración presentada por Patricia Benavides

Patricia Benavides se jugó su última carta en el pleno de la Junta Nacional de Justicia, pero sus integrantes confirmaron, por unanimidad, su destitución como fiscal de la Nación. Esta decisión se basó en las irregularidades y faltas disciplinarias que incluyen la posible interferencia en la investigación que se seguía a su hermana, Enma Benavides, y el presunto favoritismo hacia Miguel Vegas Vaccaro, al nombrarlo fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de que tenía sanciones disciplinarias. Además, en el fallo se indica que las sanciones caso «son consistentes y mantienen una concordancia con el derecho y la justicia». La misma suerte corrieron Azucena Solari y Enma Benavides, al rechazarse sus reconsideraciones. Parece que esta vez la Popis sí que agotó su última carta bajo la manga. Ya ninguno de sus amigos la defiende.

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Pasaron dos meses y el Gobierno Regional de Junín no le paga a Susana Baca por la canción del Bicentenario.
Ayacucho: Trabajadores de Canaan exigen pagos y denuncian paralización de obras.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video Pasaron dos meses y no le pagan a Susana Baca por la canción del Bicentenario | Pasó en el Perú se publicó en YouTube en este enlace

Pasó en el Perú | Junín. La reconocida compositora y cantante peruana Susana Baca denunció que, pese a haber entregado el 30 de julio la canción por el Bicentenario de la Batalla de Junín, el Gobierno Regional incumplió con el pago acordado.

Susana Baca compuso la canción “La Espada y La Razón” y entregó el video el 30 de julio, seis días antes de la conmemoración de la Batalla de Junín, pero, como sabemos, no fue presentado en dicha fecha en el santuario de Chacamarca, en la provincia de Junín.

La compositora responsabilizó al gobernador Zósimo Cárdenas por la demora de su pago y de ocultar en el día principal del Bicentenario la exhibición de la canción, informó Huanca York Times.

Ayacucho: Trabajadores de Canaan exigen pagos y denuncian paralización de obras

Pasó en el Perú | Ayacucho. Cientos de trabajadores de la obra en Canaan, parte de la gestión del gobernador regional Wilfredo Oscorima, denuncian el impago de más de tres meses de salarios. Pese a gestiones ante el consejo regional, no se ha obtenido una respuesta clara, lo que ha generado malestar entre los empleados, tanto obreros como personal administrativo, quienes exigen una solución inmediata a la crisis.

Edilberto Lara, presidente de la zona este de la ciudad, denunció la falta de compromiso por parte de las autoridades: «Nos dijeron que iban a hacer las gestiones necesarias, pero hasta hoy no hay respuesta», afirmó. Además, varios trabajadores han sido despedidos sin recibir sus salarios, lo que agrava la situación.

Ante las crecientes denuncias, la Defensoría del Pueblo de Ayacucho ha intervenido, recomendando al Gobierno Regional que agilice el pago de los trabajadores afectados. Según la Defensoría, se está gestionando un préstamo con el Banco de la Nación para cumplir con los salarios pendientes. No obstante, los plazos siguen siendo inciertos, aumentando la preocupación de los afectados.

La gestión de Oscorima enfrenta fuertes críticas no solo por los retrasos salariales en la obra de Canaan, sino también por la paralización de más de 30 proyectos en toda la región. Mientras tanto, las autoridades regionales atribuyen la crisis a un recorte presupuestal, justificación rechazada por los trabajadores, quienes demandan soluciones rápidas para una situación que afecta a decenas de familias en la región, informó Jornada.

Puno: Graban a policías pidiendo y recibiendo coimas

Pasó en el Perú | Puno. A seis efectivos de la policía fiscal los grabaron recibiendo coimas de unos supuestos contrabandistas.

Este hecho ocurrió a las 2:00 p.m. del 24 de septiembre en el distrito de Chucuito, en la vía Puno – Desaguadero. En el video se aprecia a los policías junto a un camión de color blanco con celeste, también se ve un bus y varias personas vestidas de civil.

Todo hace pensar que se trataría de una intervención policial, pero sin la presencia de un fiscal. Lo que más llama la atención de la grabación, es que el chófer del bus intervenido le da dinero a uno de los policías, posteriormente se ve como una de las comerciantes saca sus cosas del vehículo de la policía. Todo hace suponer que los policías quitaron mercancías a los comerciantes para luego exigirles el pago de una coima, informó El Objetivo.pe.

Loreto: Organizan concierto para recaudar fondos por incendios

Este jueves a las 4 de la tarde se lleva a cabo el concierto “Salvemos Nuestra Amazonía”, organizado por Raúl Flores Vásquez, gerente del grupo Explosión de Iquitos. El evento recaudará fondos para apoyar a las organizaciones que protegen el medio ambiente y a la compañía de bomberos del distrito de San Juan. La entrada es gratis, pero se pide una colaboración de cinco soles para ayudar a enfrentar los incendios que afectan a la selva.

Flores comentó que este concierto ya estaba en los planes desde hace tiempo, pero tuvieron que postergarlo por la complicada situación en la Amazonía. Además, se ha sumado un grupo de artistas, como Mauricio Mesones y Ernesto Pimentel, conocido en el medio como la Chola Chabuca. Además de otros, que pondrán la música y el entretenimiento.

Aunque hay mucho entusiasmo, Raúl también reconoció que muchas veces estos temas no llaman la atención hasta que nos tocan de cerca. Por eso, hizo un llamado a la gente para que se acerquen y sean parte de este esfuerzo.

Explosión ya está pensando en seguir organizando más eventos como este. Creen que es importante apoyar a las instituciones que luchan día a día por la selva y la seguridad de todos, informó ProyContra.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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Sucedió el 3 de octubre de 1968, hace 56 años. Y comenzó entonces la revolución que puso a nuestro país en el camino de la modernidad capitalista con nuevas instituciones y un elenco de derechos sociales que hizo del Estado peruano un Estado Social de Derecho.

Fue el lanzamiento de la tercera etapa en la evolución de nuestra nación: la primera había sido la independencia, que nos dieron San Martín y Bolívar entre 1821 y 1824; y la segunda, la abolición de la esclavitud dispuesta por Castilla en 1854.

El grupo de militares que impulsó la revolución de 1968, del que formaron parte el general Juan Velasco Alvarado y los coroneles Jorge Fernández Maldonado, Enrique Gallegos Venero, Rafael Hoyos Rubio y Leonidas Rodríguez Figueroa, creó un modelo de dirección del Estado aparente para los cambios que habrían de realizarse.

En el Estatuto del Gobierno Revolucionario, que contenía la normativa de ese modelo, dispusieron que la Presidencia de la República estaría a cargo del general de división o su equivalente designado por la Junta del Gobierno Revolucionario; el Poder Legislativo sería ejercido por el Consejo de Ministros, presidido por el Presidente de la República; los ministros, todos con rango de general, serían nombrados por el Presidente de la República y cada uno tendría un asesor técnico civil. De este modo, el poder político, o la facultad de tomar decisiones al más alto nivel, correspondería a los ministros en conjunto y en sus sectores ministeriales, y el poder técnico, consistente en la facultad de estructurar la política de cada sector ministerial, según el Plan Inca, y elaborar los proyectos de normas pertinentes, quedaría a cargo de técnicos de la más elevada calificación profesional.

Esta revolución, entre 1968 y 1975, hizo lo que se había propuesto, principalmente la estatización del complejo petrolero de la Brea y Pariñas, la Reforma Agraria, la reforma de la educación primaria y secundaria, el nombramiento de jueces por concurso, una política social que le dio nuevos derechos a los trabajadores.

Y nunca se titulo de izquierda, ni de derecha mucho menos.

Quienes fuimos llamados como asesores técnicos cumplimos nuestro deber, sin envanecimientos ni límites de horario, con la pasión serena de actores de una voluntad de cambio necesaria para nuestro país y nuestro pueblo, y alternando con jefes militares inteligentes, cultos y persuadidos de que la historia les había dado la oportunidad de servir a nuestra nación de ese modo.

¡Qué diferencia con los políticos que llegaron al control del Estado peruano después¡

Transcribo a continuación la parte de mi libro El capitalismo, una historia en marcha hacia otra etapa (Lima, 2017), relativa a mi gestión como asesor técnico del Ministerio de Trabajo, entre 1970 y 1975.

L.— TESTIMONIO PERSONAL

La historia no se hace sólo compilando documentos públicos y privados, reproduciendo hechos narrados por los periódicos y revistas, registrando las declaraciones de los protagonistas de la economía, la política, la cultura y las actividades sociales. Se hace también con los testimonios de las personas que vieron o intervinieron en ciertos hechos relevantes o que pueden suministrar datos sobre ellos.

Como participante en el gobierno de Velasco, estoy en esta posición, y puedo aportar el recuerdo de mis vivencias como actor de su política laboral y de seguridad social.

A comienzos de agosto de 1970, retorne de París a Lima, luego de recibirme de doctor en Ciencias Sociales del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de París. Luego, a fines de 1969, durante un breve período en Lima, yo había sido elegido miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados de Lima con Luis Bramont Arias como decano, con quien compartíamos la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos.

A los pocos días de mi regreso y ya reintegrado a mis labores académicas, leí en el diario La Prensa un largo comunicado de la junta directiva del Colegio de Abogados de Lima, estigmatizando la reforma agraria. Lo firmaba el decano. Me sorprendí, pues no se había convocado a la junta directiva para tratarlo. Como estaba en desacuerdo con el contenido de ese comunicado y era inconsulto, redacté un documento enjuiciándolo y pedí a los otros miembros de la junta directiva firmarlo. Sólo lo hicimos cinco de los once que la integrábamos. Los demás se negaron: tres para no desairar al decano y dos por simpatizar con el Partido Aprista. Lo llevé al diario Expreso y este lo publicó.

Según supe luego, el comunicado del Colegio de Abogados había suscitado en algunos generales del Consejo de Ministros cierta conmoción que los generales reformistas lograron disipar cuando se publicó el documento que mis cuatro colegas y yo habíamos firmado.

A mediados de setiembre de 1970, recibí una llamada telefónica en mi estudio jurídico. Era de Arturo Valdés Palacio quien me solicitaba una entrevista para conversar sobre un asunto jurídico. La reunión se efectuó un mediodía de la semana siguiente en su oficina. Al llegar, una secretaria me hizo pasar a una sala de sesiones en la cual ya estaban en torno a una mesa un general y dos coroneles del Ejército uniformados. El general era Arturo Valdés Palacio y los coroneles Enrique Gallegos Venero y Raúl Meneses Arata. Me dieron la mano cordialmente y tomé asiento.

—Venimos en nombre del Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República —comenzó Valdés tras indicarme quiénes eran y presentarse como secretario del Consejo de Ministros—. Quisiéramos conocer su opinión sobre el Ministerio de Trabajo.

Me puse en guardia.[1] Sin embargo, en sus atentos semblantes se veía que estaban en la antípoda de la aleve expresión de los agentes de la PIP que me habían tenido en sus manos. Tratando de conservar la serenidad, respondí, apelando a un truco de plática:

—¿Quieren una versión de compromiso o lo que pienso realmente?

—¡Lo que usted piensa realmente, claro! —dijo Valdés vívamente.

—¿Alguno de ustedes es zapador?

—Yo — respondió Meneses.

—Coronel, vaya alguna de las mañanas siguientes al Ministerio de Trabajo con un equipo de demolición antes de que llegue el público, minan el edificio, esperan la entrada de los funcionarios y empleados, y lo vuelan.

Gallegos preguntó seriamente:

—¿Tan grave es la situación?

—Pésima. El ministro de Trabajo despacha con un grupo de funcionarios corrompidos, algunos de los tiempos de Odría, que resuelven a favor de los empresarios, y para los trabajadores la imagen de la revolución es la que encuentran en el Ministerio de Trabajo. Cambien al ministro.

—Es difícil —dijo Meneses—. Él fue uno de los generales que decidió el apoyo de la Fuerza Aérea a la revolución el 3 de octubre de 1968.

—Difícil, pero no imposible. Si vuestra revolución, con la que simpatizo, quiere llegar a los trabajadores hagan algo por ellos.

La tensión cedió. Gallegos dijo que había hecho un curso en la Escuela Militar de Saint-Cyr. Luego la conversación pasó a otros temas. La manera de expresarse de los tres era culta e inteligente, y se notaba que estaban bien informados de mi currículum vitae y sobre todo de mis estudios en Francia. Intuí que podía confiar en ellos, y nos despedimos cordialmente.

A fines de setiembre, leí en un periódico que el ministro de Trabajo, general Jorge Chamot Biggs, había renunciado para ocupar un puesto en Washington y que en su lugar se había nombrado al general de la Fuerza Aérea Pedro Sala Orozco, quien se desempeñaba como agregado aéreo en las embajadas del Perú en Francia y Gran Bretaña.

Unos días después Valdés Palacio me pidió por teléfono que me reuniese con el nuevo ministro y que lo asistiese como su asesor técnico. Le respondí que aceptaba.

Sala me invitó a la casa donde se hospedaba y, cuando lo visité la noche siguiente, le hablé sin ambages:

—No tengo alma de burócrata, general. Si voy a colaborar con el gobierno revolucionario y con usted es para poner en ejecución una política que favorezca a los trabajadores.

Sala sonrió y dijo:

—Para eso he venido.

—Estimo —continué— que las realizaciones de la revolución en el área del Ministerio de Trabajo deben ser muy concretas. Las he anotado en este papel —y se lo entregué.

Era una relación de medidas de trabajo y seguridad social que, a mi juicio, el gobierno debía aprobar.

Sala leyó el papel y dijo:

—De acuerdo. Usted se ocupará de esto. Yo me quedó con la gestión del Ministerio.

El 3 de octubre hubo una gran manifestación frente al Palacio de gobierno, conmemorando el segundo aniversario de la revolución. La constituían en su mayor parte trabajadores que llenaron la Plaza de Armas.

A mediados de ese mes me incorporé al Ministerio de Trabajo como asesor técnico del ministro. El director general de Administración, un funcionario ingresado bajo algún gobierno anterior, me asignó una oficina en el quinto piso frente al despacho ministerial casi vacía, y me destinó dos secretarias que no sabían escribir a máquina. Era una provocación. Pero no se me ocurrió reclamar por respeto a esas trabajadoras que debían de estar sobre los cuarenta años y tenían familia. Las puse al frente y les dije que practicaran con las máquinas de escribir siguiendo mis instrucciones para hacerlo al tacto. Sorprendidas y asustadas comenzaron sus ejercicios.

Por su lado, Sala se dedicó a conformar el equipo de altos funcionarios que lo acompañarían en la gestión del Ministerio. Dejó en la Dirección General de Asesoría Jurídica a un antiguo funcionario de actitud obsecuente; colocó en la importante Dirección General del Trabajo a un comandante en retiro de la Fuerza Aérea de su promoción, extraño a los asuntos laborales, a quien le puso como asistente, en el cargo de director de trabajo, a un abogado de claras tendencias patronales (hasta ahora asesora a organizaciones empresariales); la Dirección General de Seguridad Social la confió a un médico del Seguro del Empleado, recomendado por algún general; y en la Dirección General del Empleo mantuvo a un funcionario vinculado a algunas organizaciones internacionales. Fue su manera de equilibrar su marcha por un camino que desconocía.

Inmediatamente después de mi ingreso inicié la redacción del proyecto de la ley de estabilidad en el trabajo, que estaba en el primer lugar de la lista que le había entregado a Sala. Unos días después, el ministro designó a los abogados Nelson Cáceres Angulo, antiguo militante del Partido Socialista y defensor de trabajadores, y Carlos León de la Fuente, un funcionario del Ministerio de Trabajo, para prestar servicios en mi oficina. Era evidente que el ministro quería contrapesar con ellos lo que yo podría hacer. Pero su cálculo falló. La experiencia de estos colegas era por demás insuficiente para la elaboración normativa de trabajo y seguridad social.[2]

Sin embargo, comenté con ellos el proyecto de la ley de estabilidad en el trabajo con el cual estuvieron de acuerdo. Cuando lo consideré listo lo presenté al ministro y este lo envió al COAP ante el que yo debía sustentarlo. Presidía este organismo el general José Graham Hurtado, un hombre de extraordinaria inteligencia, culto y motivado por la revolución; y lo integraban doce coroneles de las tres armas, hombres sobre los cuarenta años, muy receptivos, de mente ágil y con muchos deseos de aprender, con quienes me entendí en seguida. Tras varias reuniones el proyecto recibió luz verde, como se decía entonces. Velasco vino a una última reunión, me escuchó, me hizo algunas preguntas con un tono bastante brusco que absolví y, dirigiéndose a Graham, le dijo que lo presentara al Consejo de Ministros. Este lo aprobó. Fue el Decreto Ley 18471 del 11 de noviembre de 1970.

Mi desempeño en la asesoría técnica de Trabajo, que era también la del gobierno, fue una experiencia creativa y absorbente. Cuando retorné de París con mi tesis de doctorado (Droit de la Formation Profesionnelle), pensaba que yo mismo debía traducirla al castellano y editarla. Y luego redactar un tratado de Derecho del Trabajo y otro de Seguridad Social. No me quedó tiempo para una cosa ni para la otra. Como una suerte de desquite, me dije que en lugar de comentar las leyes, jurisprudencia y opiniones de otros —que de eso están llenas las páginas de los libros de derecho— era más provechoso que hiciera yo mismo las normas y que las comentaran otros.

Me complacía además por haber llegado a una posición que me posibilitaba hacerlo, y no dejaba de sorprenderme de los extraños rumbos de la vida. Desde 1963 yo había frecuentado el Ministerio de Trabajo como abogado de trabajadores, con el paréntesis de los años que pasé en París haciendo doctorado. Sabía bien, por lo tanto, cómo los trataban. Era muy difícil que ganasen, aunque sus reclamaciones fuesen justas. Para dominar la intrincada y exigua legislación del trabajo, yo había tenido que escribir un libro sobre los derechos de los obreros, con el cual pensaba acabar, además, con el conocimiento casi exclusivo de esa legislación por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y por algunos dirigentes de la CTP que la guardaban en legajos de amarillentas páginas como libros sagrados.[3]

Cuando mis clientes trabajadores perdían una reclamación, teniendo derecho, compartía su cólera y frustración. Entonces me preguntaba si algún día desaparecería tanta ignominia y corrupción, resistiéndome a caer en la desesperanza y a habituarme a esa ciénaga infecta.

Ese día había llegado. Aunque existe siempre la posibilidad de conseguir algunas normas favorables a los trabajadores, incluso con gobiernos totalmente adictos a los empresarios, sin enajenar la independencia ideológica y la dignidad, el gobierno revolucionario les ofrecía ahora una vía amplia y franca por la cual yo, que conocía a fondo sus necesidades y aspiraciones, debía encaminarme.

Me di cuenta de que estaba ante la posibilidad de impulsar y lograr, en el campo de las relaciones de trabajo y en la seguridad social, los cambios correlativos de las reformas que el gobierno realizaba. Una tarea para la cual disponía de un plazo incierto, dependiente de la correlación de fuerzas entre los militares. Debía, en consecuencia, trabajar tan rápido como me fuera posible y eludir los galimatías técnicos y formalismos contrarios a la ejecución inmediata de las normas. De esta manera, sus destinatarios, las aprendían con facilidad, las incorporaran en su haber ideológico y legal.

Luego de unas semanas de práctica, mis secretarias se convirtieron en expertas dactilógrafas. Y podían copiar y recopiar innumerables veces los borradores corregidos que les entregaba. Ambas siguieron además un curso de taquigrafía luego de terminar sus labores por la tarde y demostraron una perspicacia singular para informarse de cuanto acontecía en el Ministerio de Trabajo.

Programé los proyectos de las normas que debía redactar por ejes temáticos, como lo indicara en el papel que le había entregado a Sala. A medida que los terminaba, en su mayor parte decretos leyes y decretos supremos, iba a sustentarlos al COAP. Los coroneles de este organismo, para quienes el tratamiento legal de las relaciones de trabajo era desconocido o poco conocido, se interesaban, sin embargo, en cada proyecto hasta comprenderlo mientras yo insistía en mis explicaciones.

En las primeras semanas de mi gestión, algunos demoraban su acuerdo, aplicando el método de la contradicción ficticia (decían que hacían de abogados del diablo). Hasta que, al convencerse completamente, aprobaban mis textos. De esos debates salían correcciones que, en ciertos casos, fueron muy importantes, sobre todo cuando intervenía el general Graham. Durante los cuatro años y medio que concurrí al COAP, los coroneles que lo integraban cambiaron conforme ascendían o los destinaban a otras colocaciones. Y tras cada cambio tenía que volver a mi persuasiva didáctica.

Las normas laborales se habían acumulado desde 1913 por la presión de los trabajadores y el propósito de las clases propietarias y sus gobiernos de calmarlas o atraerlas a su lado en los procesos electorales. Pero eran insuficientes o inconvenientes para permitir una posición más equilibrada de empresarios y trabajadores.

Las principales normas que redacté completaron el cuadro legal de las relaciones laborales. Fueron las siguientes:

Concernientes a las relaciones de trabajo individuales:

1.- Decreto Ley 18445, del 27/10/1970, disponiendo el pago de triple remuneración cuando el trabajador no disfrute del descanso vacacional en el período anual siguiente al año en que hubiera trabajado. 

2.- Decreto Ley 18471, del 10/11/1970, sobre la estabilidad en el trabajo.[4]

3.- Decreto Ley 19267, del 11/1/1971, sobre el pago preferencial inmediato de las remuneraciones y otros derechos sociales en las tercerías y prohibiendo la ordinarización del proceso por esta causa.

4.- Decreto Ley 19479, del 25/7/1972, Ley del Artista, y su reglamento, Decreto Supremo 010-73-TR del 26/7/1973.

5.- Decreto Supremo 015-72-TR, del 28/9/1972, estableciendo la obligatoriedad general de llevar libros de planillas de remuneraciones y otros derechos sociales. Y la creación de las boletas de pago de remuneraciones.

6.- Decreto Supremo 006-73-TR, del 5/6/1973, sobre el examen médico de los menores de 18 años para ser admitidos en las empresas.

7.- Decreto Ley 21106, del 25/2/1975, sobre el pago de salarios a los obreros por los domingos y días feriados no laborables en proporción al tiempo trabajado en la semana. Y supresión de la pérdida del salario dominical por ausencias o tardanzas.

8.- Decreto Ley 21116, del 11/3/1975, eliminando la pérdida de la compensación por tiempo de servicios por falta grave. Generaliza el plazo de treinta días para retirarse del trabajo por renuncia, que sólo regía para los empleados.

Concernientes a las relaciones de trabajo colectivas:

1.- Decreto Supremo 06-71-TR, del 29/11/1971, de negociaciones colectivas, estructurándolas en las etapas de trato directo, conciliación en el Ministerio de Trabajo y solución por las autoridades de trabajo en dos instancias.

Las organizaciones sindicales se regían por el Decreto Supremo 009, del 3 de mayo de 1961, emitido a instancias de la OIT, para reglamentar el convenio 87 sobre libertad sindical, que el Perú había ratificado por la Resolución Legislativa 13281 del 15 de diciembre de 1959. La huelga no estaba normada, pero entraba en la noción de libertad de acción sindical dentro de la legalidad, del convenio 87. No se requería, por lo tanto, una nueva norma sobre este aspecto. Pero, por la presión de los dirigentes empresariales no se le aplicaba a determinadas organizaciones sindicales. De ellas, la más importante era la CGTP que había pedido su registro poco después de su congreso refundacional de junio de 1968.[5]

Sólo estaba registrada la Confederación de Trabajadores del Perú, dirigida por militantes del Partido Aprista. De entrada opiné que, puesto que ni el convenio 87 ni el Decreto del 3 de mayo de 1961 excluían del registro por motivos políticos a las organizaciones sindicales, se debía inscribir a la CGTP. El ministro, el COAP y el Consejo de Ministros estuvieron de acuerdo, y la CGTP fue registrada en enero de 1971. Eliminada la ilegal compuerta restrictiva, las organizaciones sindicales inscritas en el Ministerio de Trabajo durante la gestión de Velasco fueron tantas como las registradas anteriormente.[6]

En abril de ese año, se constituyó la Confederación Nacional de Trabajadores en un congreso de trabajadores simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano. Se le registró en seguida. La actitud del ministro de Trabajo con las centrales sindicales: CGTP, CTP, CNT y CTRP fue de gran asequibilidad, complementada con la integración de sus representantes a las delegaciones de nuestro país a las conferencias internacionales de Trabajo, sobre todo las del Pacto Andino y la OIT.

Concernientes a la administración pública del trabajo y los procesos de trabajo:

1.- Decreto Ley 18668, del 1/12/1970. Facultaba a las autoridades de trabajo a imponer multas a los empleadores por infracción de las disposiciones legales y convenciones colectivas. Y por cualquier hecho contrario a la armonía en las relaciones laborales, multas que no serían consideradas gastos de la empresa. Serían deducibles para la determinación de la renta neta. Si la infracción se cometía en establecimientos del Estado, no se pagaba la multa, pero los funcionarios o empleados responsables debían sufrir las sanciones pertinentes.

2.- Decreto Ley 18870, del 1/6/1971, de creación de la Comisión Permanente de Regulación de Remuneraciones y Condiciones de Trabajo en el Ministerio de Trabajo para recomendar a las autoridades los criterios determinantes en estos casos, ya por vía de autoridad ya por negociación colectiva.

3.- Decreto Supremo 003-71-TR, del 12/7/1971, estableciendo los criterios y el procedimiento de inspección del trabajo, y las facultades de las autoridades laborales.

4.- Decreto Ley 19040, del 23/11/1971, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y de creación del Fuero Privativo de Trabajo y Comunidades Laborales. Para la moralización del Ministerio y los juzgados de trabajo se nombró, a mi iniciativa, comisiones de evaluación. Debían recomendar la separación o permanencia de funcionarios y empleados en esos cargos, sobre la base del estudio de expedientes en los que habían intervenido. Salieron más de doscientos. Para cubrir los puestos vacantes de subdirectores hacia abajo propuse convocatoria pública a concursos de ingreso ante comisiones formadas por nuevos funcionarios y profesores universitarios. Los avisos se publicaron en los diarios de circulación nacional. Se pudo contar así con equipos de funcionarios competentes técnica y éticamente que podían tramitar los procedimientos con la calidad, legalidad y celeridad requeridas. Por ser de confianza, los directores y directores generales continuaron siendo nombrados por el ministro de Trabajo.

5.- Decreto Supremo 007-71-TR, del 30/11/1971, sobre el proceso judicial ante el Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales.[7]

6.- Decreto Supremo 003-72-TR, del 29/2/1972, sobre las instancias en los procedimientos administrativos de trabajo.

7.- Decreto Supremo 06-72-TR, del 30/6/1972, de denuncias por infracción de las normas de trabajo cuando el vínculo laboral estuviese vigente, ante el Ministerio de Trabajo, que comprendían los despidos ilegales que debían resolverse de inmediato.[8]

8.- Decreto Supremo 019-72-TR, del 14/11/1972, sobre consultas y defensa gratuita de los trabajadores por el Ministerio de Trabajo.

Las principales normas de seguridad social que redacté fueron las siguientes:

1.- Decreto Ley 18846, del 28/4/1971, entregando al Seguro Social Obrero la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hasta ese momento tenían las compañías de seguros privadas.

2.- Decreto Supremo 002-72-TR, del 24/2/1972, Reglamento del Decreto Ley 18846 sobre los riesgos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

3.- Decreto Ley 19990, del 24/4/1973, sobre el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.

4.- Decreto Ley 20212, del 6/11/1973, Ley Orgánica del Seguro Social del Perú, que fusionó la Caja Nacional del Seguro Social (Obrero) y el Seguro Social del Empleado, dándole a la entidad naciente una nueva estructura.[9]

5.- Decreto Ley 20530, del 26/2/1974, sobre el régimen de pensiones de los servidores públicos que estaban en el Régimen de Cesantía, Jubilación y Montepío.[10]

6.- Decreto Supremo 011-74-TR, del 31/7/1974, Reglamento del Sistema Nacional de Pensiones.

7.- Decreto Ley 20707, del 27/8/1974, que posibilitó la incorporación al régimen de salud del Seguro Social del Perú a todos los pensionistas. Se incluyó a los del Régimen del Decreto Ley 20530, disposición incorporada al Decreto Ley 22482.

8.- Decreto Ley 20808, del 26/11/1974, estableciendo un sistema único de pago de las aportaciones de seguridad social. Además, un registro único de inscripción de los asegurados y las cuentas corrientes de acreditación de aportaciones de estos.[11]

9.- Decreto Ley 22482, del 27/3/1979 sobre el Régimen de Prestaciones de Salud de la Seguridad Social.

Yo había elaborado el proyecto de este decreto ley en 1974, pero no fue aprobado porque el ministro de Economía, general Amílcar Vargas Gavilano, adujo que el Estado no podría asumir el aumento de las cotizaciones para financiar las prestaciones de salud de la cónyuge y los hijos del asegurado, debido a la crisis económica. A fines de 1978, un funcionario del Ministerio de Trabajo, que había colaborado conmigo en la preparación de este proyecto, lo extrajo de una gaveta y convenció al ministro de Trabajo, general José García Calderón de la Fuerza Aérea, para tramitarlo.

Fue aprobado en marzo de 1979, permitiendo sólo la atención por maternidad a la cónyuge del asegurado y por salud a los hijos hasta cumplir el primer año de edad, que podía ser financiada con las cotizaciones previstas en el proyecto. El ministro de Economía Javier Silva Ruete, quien descartó el seguro de salud completo para la familia del asegurado, hizo aprobar, en lugar de este, la creación del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) por el Decreto Ley 22951, expedido el 30 de junio de 1979. Su fuente de financiamiento debían ser las cotizaciones de los empleadores y trabajadores. Y su destino, la construcción de viviendas por las empresas privadas del ramo, a varias de las cuales él había asesorado.

Casi todas las normas indicadas han sido reproducidas en el texto de las que se dieron luego, reformándolas en perjuicio de los trabajadores.

Abiertos los caminos de la sindicación, la inspección del trabajo, las denuncias y las negociaciones colectivas, se canalizó por ellos una gran parte de la presión de los trabajadores. En consecuencia, las huelgas aumentaron, si bien fueron de corta duración por los plazos breves de solución de las reclamaciones, excepto en algunos casos.

En ese período, las negociaciones colectivas se resolvieron: en trato directo 75.4%; en conciliación en el Ministerio de Trabajo 6.4%; y por resolución de la autoridad laboral 18.2%. Por lo general, las huelgas se dejaban para este último momento.

El 26 de noviembre de 1974, Sala pasó al retiro y tuvo que dejar la cartera de Trabajo. Había permanecido en este cargo algo más de cuatro años.[12] Ningún otro ministro de Trabajo ha durado tanto tiempo. En junio de 1974 fue elegido presidente de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra por el voto de más de 150 Estados, como reconocimiento a la posición tercermundista y a las realizaciones normativas del gobierno de Velasco en materia laboral y de seguridad social. Desde la reunión de la Conferencia de la OIT, en junio de 1973, yo había promovido la candidatura de nuestro país para este cargo con el apoyo del segundo secretario de nuestra embajada en esa ciudad, David Álvarez Calderón. Luego la cancillería peruana continuó el trámite diplomático. Velasco insistió en retenerlo en el gabinete ministerial y lo nombró jefe del SINAMOS.

El nuevo ministro de Trabajo no dio la talla para el cargo, y ya se advertía que su presencia anunciaba un cambio más profundo en el gobierno.[13]

Las últimas normas que pude hacer aprobar fueron los decretos leyes 21106 y 21116, en febrero y marzo de 1975. Era inútil que continuara allí. Me retiré de la asesoría técnica en trabajo a mediados de marzo de 1975.

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[1] Años ha me había enfrentado a dos interrogatorios policiacos: uno, sazonado de torturas, introductorio a un cautiverio de un año en la Penitenciaría de Lima, en abril de 1954, y luego a una ominosa deportación a Bolivia con otros cinco estudiantes universitarios, seguida de otra deportación por la policía política del gobierno del MNR a la Argentina, sin documentos y a pie por una solitaria quebrada de Villazón, sin duda para ejecutarnos, de lo que nos salvamos por la intervención de un grupo de campesinos armados del lugar a quienes había alertado una contrabandista que se enteró en Villazón de lo que nos iba a suceder. Otro interrogatorio me sobrevino en el cuartel de la policía política peruana, en la avenida Bolivia de Lima, en julio de 1965, antes de ser encerrado allí más de cuatro meses.

[2] Algunos meses después, Nelson Cáceres, advirtiendo su incómoda posición y disconforme con el horario interminable de trabajo, renunció a ese cargo. El otro abogado fue encargado de informar sobre los asuntos administrativos del Ministerio.

[3] Derechos sociales del obrero, Lima, Imprenta La Treinta y Dos de los artesanos gráficos Bellatín (linotipo) y Ponce (maquinista), jirón Lucanas 359, 1963. Las cajas las hizo el obrero y excelente dirigente gráfico Juan Miranda. Se tiraron 5,000 ejemplares que se vendieron en unos seis meses.

[4] Este decreto Ley dispuso que los trabajadores sólo podrían ser despedidos por las causas justas señaladas en la ley y probadas por el empleador, y la reposición del trabajador despedido si la causa era injustificada con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta la de reposición efectiva. El gobierno de Morales Bermúdez lo reprodujo introduciéndole una disposición por la cual la estabilidad regía para los trabajadores con una antigüedad mayor de tres años: Decreto Ley 22126.

Debido a la presión de la CGTP, la Ley 24514, de agosto de 1986, derogó la anterior. Copió, sin embargo, casi todo su contenido y restableció el plazo de tres meses para alcanzar la estabilidad. Durante el gobierno de Fujimori el congreso constituyente, cuya mayoría le era adicta, expidió la Ley 26513, en julio de 1995. Eliminó la reposición en el trabajo en los casos de despido sin causa justa y la cambió por una indemnización. Por una sentencia del 11 de julio de 2002, el Tribunal Constitucional restableció la reposición en el trabajo si el despido carece de causa justa.

[5] En ese momento, yo había sugerido y ayudado a los dirigentes de esta organización a preparar la documentación exigida para su registro y a hacerla firmar por los asistentes a su congreso, que tenía lugar en un local sindical de la segunda cuadra del Paseo de la República, una reunión pletórica de discursos reivindicativos y, también, de despreocupación por ese aspecto tan importante.

[6] Teresa Tovar anota que entre 1936 y 1968 fueron “reconocidas” 2279 organizaciones sindicales; y 2115 entre 1968 y 1975. Ob. cit., pág. 73. Aclaro: las autoridades del Estado no “reconocen” a las organizaciones sindicales. Las registran. Existen por la voluntad de sus integrantes, como expresión de la libertad sindical.

[7] El proceso creado por este Decreto Supremo fue reproducido por el Decreto Supremo 03-80-TR, del 26/3/1980. También intervine como consultor invitado, añadiéndole algunas disposiciones sobre embargos y precisiones surgidas de la jurisprudencia. Era muy rápido y eficaz. Aportó ciertas disposiciones que fueron incluidas después en el Código Procesal Civil. Se le derogó cuando se dio la Ley 26636, en junio de 1996, que alargó los procesos judiciales laborales a no menos de cinco años. La Ley 29497, de enero de 2010, debida a la iniciativa del gobierno de Alan García, los alargó más aún, con lo cual los empresarios pueden disponer de las sumas adeudadas a los trabajadores años de años, pagando un interés menor al de plaza, si perdieran los procesos, en aplicación del Decreto Ley 25920, del 28/11/1992, dado por Fujimori. Un negociazo sin riesgos.

[8] Con este decreto, similar al del proceso judicial laboral, los procedimientos administrativos por conflictos generados por la inaplicación de las normas, o por despidos, se resolvían en plazos muy breves. No iban más allá de tres meses.

[9] Tuve a cargo la presidencia de la comisión encargada de ejecutar esta fusión que se cumplió en el plazo de un año, según ley.

[10] Mi intervención en la elaboración y discusión de este Decreto Ley se centró, en particular, en su relación con el Sistema Nacional de Pensiones.

[11] Esta norma tuvo como antecedente el régimen del Instituto Nacional de Previsión de España que estudié a fines de junio de 1974 en Madrid, Segovia y otras localidades, gracias a la amabilidad del director de esta entidad Martí Bufill. Las cuentas corrientes de los asegurados sólo fueron implementadas muchos años después. Los gobiernos que vinieron luego no pagaron las aportaciones que debían como empleadores y las que les descontaban. Y no querían, por lo tanto, que quedaran trazas documentales de esta apropiación ilícita que dañó los derechos de numerosos asegurados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad que administra el Sistema Nacional de Pensiones, lleva las cuentas de los asegurados recién desde mediados del 2000.

[12] Sus discursos, la mayor parte de los cuales redacté, fueron compilados en el libro Política de la Revolución en el Sector Trabajo, Lima, Ministerio de Trabajo, mayo de 1974. La edición se pagó con la venta de mi libro Derecho del Trabajo Colectivo, Lima, Ministerio de Trabajo, 1973.

[13] En uno de esos días, Benjamín Samanez Concha, director general de Reforma Agraria, me dijo: “Estamos jugando los descuentos.”

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El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, llegó este jueves a la ciudad de Arequipa. El titular de esta cartera defendió las inversiones mineras, específicamente el proyecto cuprifero Tía María, en Islay.

Mucho insiste que el proyecto Tía María es importante para la economía de la región Arequipa. Además, restó importancia al paro preventivo que acatarán los agricultores del Valle de Tambo el próximo 21, 22 y 23 de octubre.

Desde Arequipa, Mucho Mamani vuelve a defender su posición de apoyar el proyecto cuprífero de Southern en el Valle de Tambo.

«Es importante para la economía de Arequipa y para la generación de puestos de trabajo, miles de jóvenes ya estarían trabajando ahora que falta empleo para derrotar la pobreza»

Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

Respecto a la población que rechaza la realización del proyecto Tía María, el ministro Mucho señaló que «todavía hay un grupo de peruanos que piensan en el pasado y hablan de que va a afectar el valle y que va a quitar el agua a los agricultores, eso no va a suceder», aseguró el hombre de confianza de la presidenta Dina Boluarte.

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Sobre posible impacto ambiental de Tía María

En cuanto a la preocupación del impacto ambiental, Rómulo Mucho recordó que existen leyes que regulan las actividades mineras.

«Todo depende de cómo hagas las cosas, las leyes existen y se siguen mejorando para el manejo de residuos y para todo lo que se relacione en poca afectación al ambiente y menos a la persona»

Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

Ante las preguntas insistentes de la prensa, el ministro Mucho atinó a decir que no se minimiza las protestas de los agricultores del Valle de Tambo. «Hay que escucharlos e informarles», refirió minutos antes de ser fuertemente resguardado por su seguridad y otros miembros de la organización del Congreso Anual sobre la Región Arequipa (CARA).

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El próximo 12 de octubre, la plaza Mayta Cápac en el distrito de Miraflores será escenario de la octava edición del Festival del Pan y Pastelería en Arequipa. Este evento, que busca resaltar la tradición panadera de la región, reunirá a los mejores panaderos de la Ciudad Blanca. Ellos exhibirán más de 80 variedades de pan y pasteles.

Este festival no solo es una oportunidad para celebrar la tradición panadera en el sur del Perú, sino también una antesala al Día Mundial del Pan, que se conmemora el 16 de octubre. Durante el evento, los asistentes podrán degustar panes tradicionales y contemporáneos, elaborados con ingredientes autóctonos como la cañihua y la chicha morada, tal como ocurrió en la edición de 2023.

René Mamani, miembro de la comisión organizadora, destacó que uno de los momentos más esperados será el tradicional «bautizo» de la guagua.

Además de las presentaciones artísticas, este año se espera la presentación de nuevos productos que reflejan la creatividad de los panaderos arequipeños.

«Tenemos una cantidad de 80 sacos, son 60 participantes, cada participante no traerá menos de un saco»

René Mamani, miembro de la comisión organizadora.

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Arequipa, una ciudad de paneros

Mamani también resaltó que el arequipeño promedio consume alrededor de cinco panes al día, lo que demuestra el profundo arraigo de este alimento en la dieta local. Mamani destacó que las dos variedades más vendidas en Arequipa es el pan de trigo y tres puntas.

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Miembros del comité regional del partido político Ahora Nación en Arequipa presentaron este jueves sus actividades, ante la cercanía de la campaña electoral para las Elecciones 2026. Además, adelantaron que ya tienen algunos perfiles para presentar como candidatos al Gobierno Regional de Arequipa.

El comité descartó que el gobernador regional Rohel Sánchez sea su candidato al Gobierno Regional de Arequipa. Igualmente, también descartó que la esposa del gobernador, Luz Marina Zevallos, forma parte de sus candidatos a los comicios.

«En lo formal, no hay ninguna alianza, no hay nada. (Como candidatos) tampoco, no hay ninguna candidatura, mucho menos para la señora Luz Marina»

Además, indicó que varios movimientos regionales se acercaron a proponer alianzas con el partido político. Uno de estos movimientos fue Arequipa Avancemos, pero no se aceptó, ya que habrían querido imponer candidatos.

«Nosotros promovemos la democracia interna, el surgimiento de líderes, de las bases»

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Incógnita sobre candidatos en Arequipa

Se adelantó que cuentan con cuatro personas que podrían ser candidatos al GRA, pero no adelantaron nombres. Solo adelantó a Juan Carlos Linares, actual alcalde de Cayma, como uno de los posibles candidatos del partido político.

A pesar de la expectativa, el líder del partido, Alfonso López-Chau, no llegó a la ciudad de Arequipa, para la presentación del comité regional.

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Arequipa se ha posicionado como la primera región consumidora de carne de cerdo en el Perú, con un promedio de 20 kilos per cápita anuales. La región supera el promedio nacional de 10 kilos por persona, de acuerdo con la Asociación Peruana de Porcicultores. Además, Arequipa es una de las mayores productoras, junto con Lima y Trujillo, ubicándose como una de las zonas más importantes para la industria porcina. Una de las razones son los potajes arequipeños como el adobo y el chicharrón de chancho.

La jefa de marketing de la Asociación Peruana de Porcicultores, Jenifer Alfonso, destacó que el consumo de carne de cerdo ha crecido de manera sostenida desde el año 2017. La industria se ha impulsado principalmente por el auge de la gastronomía y campañas de marketing a nivel nacional.

“Hemos pasado de 5.5 kilos per cápita en 2017 a 10 kilos en 2023. Esperamos que este año cerremos con 10.5 kilos, gracias al esfuerzo de todos en la industria porcina y a la promoción del consumo de carne de cerdo”

Jenifer Alfonso, Jefa de Marketing de la Asociación Peruana de Porcicultores

Por otro lado, la Expo Porcina 2024 será el evento clave para promover el crecimiento del sector en el sur del país. La feria se llevará a cabo en Arequipa este 3,4 y 5 de octubre en el Centro de Convenciones de Cerro Juli. Este evento incluirá la participación de empresas y profesionales de la porcicultura y avicultura. Durante esta jornada, se desarrollarán charlas técnicas y se presentarán las más recientes innovaciones de la industria. Se busca fomentar el intercambio de conocimientos y fortalecer el desarrollo de esta actividad económica. Y también se hablará del adobo.

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Día del Adobo arequipeño

El reciente anuncio del Día del Adobo de Cerdo, a celebrarse el primer domingo de octubre, fue oficializado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) mediante la Resolución N° 0334-2024. Esta medida busca promover el consumo de esta carne en todo el país y tendrá un impacto positivo en Arequipa. En la región, el adobo de cerdo es un plato típico y emblemático de la gastronomía local.

La producción de carne de cerdo en el Perú está en constante crecimiento. Por ello, la Asociación Peruana de Porcicultores trabaja de la mano con entidades como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y el Midagri para impulsar la formalización de las granjas y asegurar el crecimiento del sector a nivel nacional. Además, la exportación de carne de cerdo podría ser una realidad en los próximos dos años, de acuerdo con las proyecciones de la asociación, lo que abriría nuevas oportunidades para los productores locales.

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Líderes de pueblos indígenas de Perú hacen un llamado urgente a Estados Unidos, Suiza, India y Arabia Saudí para que cesen la compra de «oro sucio» extraído ilegalmente de la Amazonía. Esta denuncia se produce en el marco del encuentro «Defensa de la Amazonía ante el infierno minero», convocado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en Lima. Wilfredo Tsamash, líder awajún y representante de pueblos indígenas de San Martín, reveló una estadística alarmante: «El 70% del oro exportado del Estado peruano es dinero ilegal». Tsamash hizo un llamado directo a los principales compradores internacionales: «Se pide a Suiza, Estados Unidos, Arabia Saudí, la India, quienes son compradores, cesen esta acción porque este mineral está manchado con la vida que ha cobrado de pueblos indígenas y la biodiversidad».

Origen del oro

Los líderes indígenas también esperan la promoción de investigaciones para rastrear el origen del oro y combatir la actividad ilegal. Según Aidesep, en la última década (2014-2024), la minería ilegal ha generado US$7800 millones, una cifra que supera 11 veces lo estimado para el narcotráfico. La situación es grave en Madre de Dios, descrita por el presidente de Aidesep como «un cáncer que presenta metástasis». Los efectos de esta actividad ilegal son devastadores para el medio ambiente y la salud de las comunidades. Se estima que se emiten 185 toneladas métricas de mercurio al año, un contaminante que afecta directamente la capacidad cognitiva y el neurodesarrollo de la población.

Ejecutivo y Legislativo

Los representantes indígenas señalan al Ejecutivo y Legislativo como parte del problema, acusándolos de «impulsar la informalidad para que se pueda dar explotación minera ilícita». Denuncian la promulgación de leyes que fomentan esta actividad, como el registro de formalización minera y la reciente modificación de la ley forestal.

Frente a esta crisis, los líderes indígenas demandan más puestos de vigilancia en el territorio amazónico para destruir las dragas mineras ilegales, así como mayores recursos para investigar la presencia de mercurio en aguas, flora y fauna.  Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de acciones concretas tanto a nivel nacional como internacional para combatir la minería ilegal y proteger la Amazonía y sus pueblos.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

 

En una sesión clave para la política local de Trujillo, el Concejo Municipal aprobó el pedido de vacancia contra el suspendido y prófugo alcalde, Arturo Fernández Bazán. Esta decisión, tomada por mayoría, representa un nuevo paso en el proceso para remover definitivamente a Fernández de su cargo, luego de ser sentenciado por un delito de difamación y mantenerse en la clandestinidad.

Aprobación de la vacancia

El pedido de vacancia fue presentado por la abogada Editha Sernaque Chiroque, quien argumentó que la sentencia condenatoria contra Fernández cumplía con todos los requisitos legales para proceder con su destitución.

Durante la sesión, 14 regidores votaron a favor de la vacancia, mientras que solo 2 se opusieron. Con este resultado, la vacancia fue aprobada por mayoría y el caso será elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), órgano que tendrá la última palabra en la resolución de este proceso.

¿Qué sigue para Arturo Fernández?

Aunque el Concejo Municipal ha aprobado la vacancia, la decisión final queda en manos del Jurado Nacional de Elecciones. El alcalde encargado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna, subrayó que el JNE es la última instancia legal que decidirá el futuro de Fernández.

«El Concejo ha votado a favor, pero el único que resuelve de manera jurídica es el JNE. Según algunos especialistas, procede la vacancia y no quedan más recursos legales que puedan interponerse», señaló Reyna.

La incertidumbre sobre el fallo del JNE

El proceso aún genera incertidumbre entre las autoridades locales, dado que las decisiones anteriores del JNE han sido variadas y, en algunos casos, contradictorias. El regidor Jorge Vásquez, señaló que la situación de Arturo Fernández es delicada.

«El JNE va a definir la suerte de Arturo Fernández. Sin embargo, sus criterios han sido muy contradictorios en casos similares. Si Fernández llega sin proceso pendiente y habiendo cumplido su pena, es probable que la vacancia no proceda», explicó Vásquez.

Esta afirmación refleja las dudas que persisten sobre el desenlace final, aunque la mayoría de los especialistas en derecho municipal consideran que la vacancia tiene altas probabilidades de ser ratificada, dado que todos los requisitos legales han sido cumplidos.

Contexto del caso de Arturo Fernández

Arturo Fernández Bazán, conocido por su estilo polémico y confrontacional durante su gestión, fue suspendido de su cargo y declarado prófugo de la justicia tras ser condenado por un delito de difamación. La sentencia, que incluye una pena privativa de la libertad, fue el resultado de un largo proceso judicial en el que Fernández agotó todos los recursos legales a su disposición.

Su condición de prófugo, sumada a la gravedad de los cargos en su contra, ha generado gran expectativa en la población trujillana, que sigue de cerca el proceso para saber si finalmente será destituido de manera oficial.

Un paso decisivo para la política local

La aprobación de la vacancia por parte del Concejo de Trujillo marca un punto importante en la historia política local, ya que pone fin a meses de incertidumbre y controversia.

Los ciudadanos esperan que el JNE se pronuncie pronto para aclarar el futuro del gobierno municipal, mientras que la gestión interina de Mario Reyna continúa enfrentando los desafíos de administrar una ciudad que ha sido sacudida por este escándalo político.

 

 

 

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La Defensoría del Pueblo de Ayacucho ha intervenido tras las denuncias de los obreros de la obra en Canaan, quienes señalan que no reciben sueldos desde hace tres meses. Ante esta situación, la Defensoría emitió recomendaciones al Gobierno Regional para que se agilice el pago de los trabajadores afectados.

Según la Defensoría, luego de varias gestiones, se informó que el pago pendiente en la obra de Canaan se realizaría mediante un préstamo gestionado con el Banco de la Nación.

La Defensoría ha resaltado la importancia de este seguimiento en el contexto de un aparente recorte presupuestal, que el Gobierno Regional ha señalado como la causa de los retrasos.

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