«Porque, más allá del ser humano que fue, es ya una leyenda y una tradición asociada a la falsedad, al cinismo, a la medianía y a una grotesca hambre de poder»
Alberto fujimori está, como se dice ordinariamente, vivito y coleando, entre el montón de oportunistas que llegaron al velorio con la expectativa -gritándola con los ojos muy abiertos y la actitud- de pescar a río revuelto, alguito que les sirva en las próximas elecciones.
Está en la vulgaridad de poner parlantes a un volumen infame, con el tema «El baile del chino» que le faltó el respeto, con su ínfima calidad musical, al Museo de la Nación, a la solemnidad y discreción mínimas que un acto así requería; e incluso al muerto, que ya no puede bailar.
Lo representa la empalagosa e insoportable falsedad de la ceremonia dedicada -no a despedir a un fallecido- sino a sacarle todo el rédito político posible a un padre con capital simbólico, en beneficio de una hija que no ha podido, por mérito propio, ganar una elección y espera que esta circunstancia le dé un aventón.
También, la mediocre perversidad de la «vieja guardia» del fujimorismo que, cual fantasmas decadentes, reaparecieron estos días en el velorio y la televisión prostituida, a fungir de vetustas plañideras sin poder articular una sola frase inteligente o aceptable.
Está en la vomitiva figura de Dina Boluarte, perfilada en toda su miseria espiritual, sin atinar en ningún momento con un gesto de dignidad, una brizna de inspiración, cualquier cosa que la salve de ese lugar, en el fondo de la cloaca, que la historia le tiene reservado.
Está, en fin, en el mofletudo rostro de ministros y congresistas, ex ministros y excongresistas, futuros ministros y congresistas, aspirantes a candidatos, perdidos en el mar de la insignificancia, acicateados por la ruindad de su ambición, pero extraviados en el desierto neuronal que compone su «pensamiento».
Porque Alberto Fujimori, más allá del ser humano que fue, es ya una leyenda y una tradición asociada a la falsedad, al cinismo, a la medianía y a una grotesca hambre de poder. Un legado que su hija Keiko, en un acto de aprovechamiento parricida, representará mejor que nadie en el futuro.
Fundadora y directora de El Búho. Es periodista con más de 20 años de experiencia dedicada a temas de corrupción, conflictos socioambientales y derechos humanos.
¿Qué está pasando con la clase política peruana? ¿Podemos decir que tenemos un sistema de partidos políticos en el Perú? ¿Son estos solo vehículos para dar poder a las mafias que los financian? ¿Podemos avanzar hacia un escenario político diferente?
Residentes cargan ataúdes y fotos de los caídos durante la marcha fúnebre por los fallecidos durante los disturbios en Juliaca, Perú, el 11 de enero de 2023. Al menos 17 personas fallecieron el lunes en el sureste de Perú en la reanudación de las protestas que reclaman elecciones en zonas rurales que siguen siendo leales al depuesto presidente Pedro Castillo. (AP Foto/Hugo Curotto)
¿Qué está pasando con la clase política peruana? ¿Podemos decir que tenemos un sistema de partidos políticos en el Perú? ¿Son estos solo vehículos para dar poder a las mafias que los financian? ¿Podemos avanzar hacia un escenario político diferente?
Sobre estos temas y más conversan el periodista y analista político Carlos Bedoya, con la socióloga Alejandra Dinegro, y el sociólogo, investigador y docente universitario, Nicolás Lynch.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
La congresista Patricia Chirinos decidió ponerle fin a su afiliación en el partido político Avanza País. En una carta dirigida Aldo Borrero, presidente de Avanza País – partido de Integración Social, explica sus razones: “He trabajado con firmeza para promover los valores y principios que Avanza País representa, buscando siempre el bienestar de nuestro querido […]
La congresista Patricia Chirinos decidió ponerle fin a su afiliación en el partido político Avanza País. En una carta dirigida Aldo Borrero, presidente de Avanza País – partido de Integración Social, explica sus razones:
“He trabajado con firmeza para promover los valores y principios que Avanza País representa, buscando siempre el bienestar de nuestro querido Perú. Sin embargo, en este momento me veo en la difícil posición de comunicar mi decisión de renunciar irrevocable y formalmente al partido”.
La medida de la legisladora estaría motivada tras ser testigo de nombramientos y decisiones que no representan los ideales abrazados inicialmente en ese vínculo político, comenta Patricia Chirinos en su carta:
“Las discrepancias en torno a la dirección programática del partido y los desencuentros sobre el rumbo que deberíamos seguir como organización política han creado una distancia insalvable entre mi visión y la de la actual dirigencia”.
La parlamentaria de la bancada Avanza País, inscripción con la que llegó al Congreso en representación del Callao, también comentó que el partido no refleja sus principios de ingreso:
“Considero que lo más honesto es apartarme con la dignidad y la integridad que siempre he mantenido”.
Partidos y movimientos en los que ha militado Patricia Chirinos
La actual congresista y exalcaldesa de La Perla, Patricia Chirinos, formó parte del movimiento amplio regional Callao entre 2005 hasta su renuncia en 2010. También pasó por el Movimiento Independiente Chimpum Callao de 2014 a 2017. De mano de esta última agrupación llegó a ser alcaldesa de La Perla.
En octubre de 2019, Chirinos solicitó ser excluida de la Acción Popular, partido que no la había presentado como afiliada ante el ROP. Desde el 2020 hasta la fecha figura en el Registro de Organizaciones Políticas como “afiliada válida” de Avanza País.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
La Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo presentan sendos informes sobre el avance de este flagelo en el país. Principales regiones presentan los casos más escandalosos
La corrupción solo crea desconfianza, inestabilidad política y social, pérdidas económicas, atraso y servicios básicos no atendidos para los millones de ciudadanos que esperan algo más de sus autoridades.
Todas las encuestas relacionadas, han colocado la corrupción como uno de los problemas principales del Perú contemporáneo, y causa de su atraso. La Contraloría General de la República considera que debe ser uno de los temas centrales en toda discusión sobre política pública y oportunidades de desarrollo.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo, advierte que esta problemática tiene consecuencias directas e indirectas en el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas; así como un impacto mayor en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Ambas instituciones han elaborado informes especiales que arrojan resultados dramáticos. Así, la Contraloría a través de la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción (OBANT) hizo una medición del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) determinando que en el año 2023 el perjuicio que ocasionó en el país fue de S/ 24,268 millones.
Y la Defensoría del Pueblo, en un informe que comprende el periodo de enero a junio de 2024, ha registrado 6,294 casos de corrupción, de los cuales, 1,354 son de peculado, es decir, que tienen que ver con la administración de recursos. Y de todos esos, 6,002 están en investigación preliminar.
La Red de Medios Regionales incide en este informe en los efectos de la corrupción en entidades públicas mediante funcionarios y con recursos del Estado, lo que afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. Para esta investigación se ha reunido los casos más resonados de corrupción de funcionarios en Arequipa, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Piura y Loreto. Los casos seleccionados por esta alianza periodística son aquellos que han sido revelados o con hallazgos y avances claves más resaltantes en el tiempo.
Ayacucho reporta 235 casos de corrupción en trámitesolo en lo que va del año
En los últimos meses, Ayacucho ha sido escenario de numerosos escándalos de corrupción que involucran tanto a funcionarios regionales como a empleados municipales. La situación se agrava con el reciente embargo de bienes del gobernador regional, Wilfredo Oscorima, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción.
En el primer semestre del año, la Defensoría del Pueblo reportó 235 casos de corrupción en trámite en la región Ayacucho, lo que representa el 4% del total de casos a nivel nacional. De estos, 220 se encuentran en la etapa de investigación preliminar, mientras que 51 están relacionados con el delito de peculado.
El informe "Mapas de la Corrupción N° 01-2024" de la Defensoría del Pueblo detalla que el 42% de estos casos, es decir, 99, están enfocados en delitos como peculado, cohecho, y malversación de fondos.
Al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez se le han embargado bienes para asegurar el el pago de una eventual reparación civil por el caso Obrainsa del año 2014.
A Oscorima le embargan ocho de sus bienes por el caso Obrainsa
Entre los casos más resaltantes en la región se identifica el del gobernador regional Wilfredo Oscorima a quien el Poder Judicial ordenó el embargo de ocho de sus bienes muebles e inmuebles, por la investigación del caso Obrainsa sindicado como objeto de corrupción de funcionarios desde el 2014.
Según la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, se embargaron un departamento y un estacionamiento en San Borja, valorizados en 1.1 millones de soles. Esta medida cautelar busca asegurar el pago de una eventual reparación civil. La investigación se centra en un presunto soborno relacionado con la licitación del proyecto Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, en el que Oscorima habría recibido un soborno del 3% del valor de la obra por parte de la empresa Obrainsa.
El informe N° 087-2023 de la Contraloría General de la República revela que el gobernador Oscorima designó a ocho funcionarios sin la experiencia necesaria para sus cargos. Entre los designados se encuentran Iván Anchi Torres y Carlos Andrés Cappelletti Zúñiga, quienes ocuparon puestos clave en el Gobierno Regional de Ayacucho y la Red de Salud Cangallo, respectivamente. A pesar de que la Contraloría ordenó su remoción en un plazo de cinco días, los funcionarios continuaron en sus cargos hasta meses después.
En el mes de enero, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú llevó a cabo un megaoperativo denominado "Los Diligentes del Cafae", que incluyó la intervención de 11 inmuebles, entre ellos, oficinas del Gobierno Regional de Ayacucho. La operación está vinculada al presunto delito de peculado doloso, con funcionarios del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) implicados en la transferencia indebida de más de 3 millones de soles.
La Municipalidad Provincial de Huamanga es la entidad con más corrupción
La Contraloría también identificó a la Municipalidad Provincial de Huamanga como la entidad más corrupta de Ayacucho en 2024, con un índice de corrupción del 95 %. La gestión del alcalde Juan Carlos Arango se ha visto envuelta en numerosas irregularidades, incluyendo obras abandonadas por más de 256 millones de soles y la contratación de familiares para servicios de contingencia, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado.
Edith y Mariela Huamán Bonifacio, contratadas como brigadistas en la municipalidad de Huamanga, resultaron ser familiares del ex subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Carlos Badajos Huaytalla. También se han identificado gastos no contemplados en la habilitación de fondos para eventos como el Carnaval Ayacuchano 2024, con irregularidades en la rendición de cuentas, según la Contraloría.
La Contraloría también ha señalado que la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yanama incumple especificaciones técnicas, afectando su funcionalidad y operación. Las deficiencias incluyen fisuras en estructuras y problemas en el tarrajeo de muros, que limitan la capacidad de la planta para ofrecer un servicio adecuado a la población. El perjuicio por la corrupción en la región es de S/ 597 millones.
Las costosas pérdidas que enfrenta Cusco a causa de la corrupción
La corrupción se ha convertido en un desafío moderno que amenaza el desarrollo de Cusco, una región rica en historia y patrimonio. Según el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024 y el último reporte “Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, la sitúan entre las regiones con mayores índices de corrupción en el país.
Las últimas 5 gestiones, incluida la actual, registran investigaciones por corrupción. Como resultado, tres exgobernadores terminaron en el penal de Qenqoro, dos con sentencia y uno investigado. Uno de ellos, Hugo Gonzales, dejó la prisión luego de cumplir dos tercios de su condena de 8 años de cárcel por el delito de colusión, el cual cometió durante un proceso de licitación de mantenimiento de carreteras durante su gestión (2007-2010).
Dos exgobernadores recluidos en un penal y uno investigado
Jorge Acurio Tito (gestión 2011 a 2013), está actualmente recluido cumpliendo una sentencia de cuatro años de prisión luego que se entregara a la justicia en el 2021 para cumplir una condena por el delito de colusión agravada por la desaparición de donaciones entregadas por Aduanas para beneficiar a cientos de personas afectadas por desastres naturales en el distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención. Otro caso fue el presunto pago de una coima de 3 millones de dólares de Odebrecht que habría recibido por dar una buena pro.
Asimismo, Edwin Licona (gestión 2015-2018), recluido en el penal con prisión preventiva dejó la cárcel en el 2020 por ser persona de riesgo ante la pandemia de la Covid 19 y enfrenta su proceso por corrupción bajo comparecencia restrictiva y libertad condicional. Licona es investigado por irregularidades en el pago de más de dos millones a una empresa contratada de manera directa, enmarcaoa en una situación de emergencia, para elaborar un supuesto expediente técnico del saldo de obra y equipamiento del hospital Antonio Lorena.
Por otro lado, Jean Paul Benavente García (gestión 2019-2022) es investigado por crimen organizado y falsificación de documentos durante su gobierno. Se le acusa de haber participado en la falsificación de firmas de supuestas cotizaciones de proveedores. Además, por contratación y pagos de consultorías que no se habrían brindado.
Ya van 392 casos en 2024 y obras paralizadas
A esta lista se suma el actual gobernador de Cusco, Werner Salcedo, quien está investigado por haber recibido como supuesto préstamo un reloj de la marca “Rolex” del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el mismo que también realizó “supuestos préstamos” de joyas y otros relojes Rolex a la presidente Dina Boluarte.
En los últimos seis meses, la Defensoría del Pueblo ha detectado 392 casos de corrupción en Cusco reportados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) actualizados al 30 de junio del 2024. De ese total, 123 casos son por peculado, 375 se encuentran en investigación preliminar y 238 corresponden a municipalidades.
El actual gobernador de Cusco, Werner Salcedo, investigado por recibir como presunto préstamo un reloj Rolex del gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima.
Según los reportes, Cusco ha sufrido un incremento del 8 % de casos en comparación con el año anterior. Esta escalada se refleja en el INCO 2023 según el cual la región ha perdido 1352 millones de soles debido a actos corruptos. Fondos que deberían haberse destinado a la construcción de infraestructura, programas de salud, educación y desarrollo agrario, pero que han terminado en manos de funcionarios corruptos y redes de tráfico de influencias.
Un ejemplo de ello es el proyecto de modernización del Hospital Antonio Lorena. En él, la corrupción y los sobrecostos resultaron en una obra inconclusa. Representa no solo una pérdida económica, sino también un costo humano, ya que miles de ciudadanos se quedaron sin atención médica adecuada. También ha afectado directamente la ejecución de proyectos y obras de infraestructura como carreteras, puentes y centros educativos.
La corrupción en Lambayeque: Los casos más sonados y sus protagonistas
Lambayeque, el segundo departamento con menor extensión en el Perú, no ha sido ajeno al perjuicio de la corrupción. Según la Contraloría General de la República, las pérdidas económicas por este flagelo suman S/ 579 millones en el último año. Dinero con el que se habría resuelto dos veces la brecha de infraestructura vial en sus tres provincias, que actualmente asciende a S/ 239 millones.
Detrás de los actos de corrupción hay protagonistas, unos más famosos que otros, pero todos con una práctica recurrente: vicios e irregularidades en las contrataciones públicas. Los casos más sonados han sido los de dos exalcaldes de Chiclayo.Roberto Torres Gonzales (2007-2014) y David Cornejo Chinguel (2015-2018). Ambos están en prisión por haber encabezado organizaciones que generaron perjuicios millonarios al Estado, pero cuyos procesos judiciales aún están en curso.
De hecho, en el caso de Torres Gonzales, este mes se cumplirán 10 años desde que fue enviado a prisión. Pero el Ministerio Público aún no formula acusación por los dos delitos que abrieron la carpeta fiscal en su contra. Estos son, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
También están los exalcaldes de Olmos y Chiclayo
Las dos organizaciones: “Los Limpios de la Corrupción” y “Los Temerarios del Crimen”, tuvieron connotación nacional. Al igual que el caso del exalcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse. Sus redes involucraron, según la fiscalía, congresistas, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional. También a servidores del Jurado Nacional de Elecciones, del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura e, incluso, de la misma Contraloría General de la República.
Otro exalcalde de Chiclayo que tiene temas pendientes con la justicia es Marcos Gasco Arrobas, antes Podemos Perú y ahora Alianza Para el Progreso. Gasco Arrobas enfrenta un pedido de 6 años de cárcel por la contratación irregular de compactadoras al inicio de su período municipal, que duró entre el 2019 y el 2022.
Caso Acuña
Sin embargo, hay otros casos. El ex gobernador regional y actual secretario nacional de Organización de Alianza Para el Progreso, Humberto Acuña Peralta, fue condenado a tres años de cárcel suspendida. También se le inhabilitó por el mismo período para el ejercicio del cargo público. Esto por sobornar, a través de su cuñado, esposo de la actual congresista María Acuña Peralta y exprocurador anticorrupción de Lambayeque, a un agente de la Policía Anticorrupción para frenar una investigación en su contra.
Acuña Peralta enfrenta también un proceso aún mayor como uno de los investigados por el caso Lava Jato. Autorizó la firma de adendas en el contrato de concesión del Trasvase Olmos, obra ejecutada por la brasilera Odebrecht.
El ex gobernador regional de Lambayeque y actual secretario nacional de Alianza Para el Progreso, Humberto Acuña Peralta, fue condenado a tres años de cárcel suspendida. E inhabilitado por el mismo período para el ejercicio del cargo público por soborno.
Los humanistas y Los victorianos
En el mismo caso del Proyecto Olmos, la fiscalía a cargo de la investigación Lava Jato ha comprendido a la expresidenta regional Nery Saldarriaga de Kroll. Y también a los consejeros regionales que acompañaron a la gestión de Humberto Acuña en el período 2011-2014.
Asimismo, es investigado el expresidente regional Yehude Simon Munaro. Presuntamente recibió dinero de Odebrecht para financiar su reelección en el 2006. Y su campaña al Congreso de la República en el 2011. Tanto Simon Munaro como Saldarriaga de Krol, fueron fundadores del Partido Humanista Peruano. Tras un cambio de nombre, se convirtió en Juntos por el Perú.
En el 2018 llegó a la gobernación regional de Lambayeque Anselmo Lozano Centurión, candidato de Podemos Perú. Estuvo como alcade del distrito chiclayano de La Victoria 19 años consecutivos. Se "mudó" con casi todo el aparato que lo acompañó en su labor edilicia a la región. Es allí donde la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso su captura, en enero del 2019. Se estableció que lideraba la organización que denominaron “El Imperio del Mal”. Así cometieron actos de corrupción en La Victoria y habían empezado a penetrar en el Gobierno Regional.
Cuando se ordenó su captura se dispuso la misma medida para el vicegobernador regional, Luis Díaz Bravo (exregidor en La Victoria). Por esta razón, durante unos días la región estuvo acéfala. Anselmo Lozano, ahora militante del partido Perú Primero, del expresidente Martín Vizcarra, enfrenta un pedido de 19 años de cárcel.
Actual gobernador con casos en la fiscalía anti corrupción
El actual gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores (Somos Perú), cumplió hace poco 19 meses de gestión. Pero ya suma dos investigaciones en la fiscalía anticorrupción por hechos denunciados por Expresión. La primera, por la presunta compra direccionada de 123 patrulleros, en el 2023. Y la segunda, por la contratación de una obra de nueve millones de soles con una empresa que presentó facturas falsas en su oferta. Esto, pese a que fue advertido de los vicios del proceso.
De acuerdo a un reporte de la Defensoría del Pueblo, en Lambayeque existen 238 casos de corrupción en trámite. De estos, 23 son por el delito de peculado. Lo preocupante es que el 96 % de los casos, es decir, 229, están en investigación preliminar. Esto significa que el Ministerio Público está lejos de formular acusación.
En La Libertad hay 174 casos de corrupción según la Contraloría
La Contraloría General de la República, ha determinado que el perjuicio de la corrupción en La Libertad es de S/ 1,131 millones. Y según el informe de la Contraloría, hay 174 casos en esta región que representan el 3 % del total a nivel nacional. De estos, 21 % son por peculado.
La región tiene un antiguo problema de inseguridad y numerosas denuncias que han involucrado a las principales autoridades. Entre las autoridades de la región, tanto el actual gobernador César Acuña, como el vacado alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández, tienen un sinfín de denuncias, entre ellas, algunas por corrupción.
César Acuña: acusado de tráfico de influencias para crear un distrito que lo apoye
En setiembre de 2022, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público, inició la investigación preliminar contra el presidente del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, en agravio del Estado.
Esto respecto a un Proyecto de Ley para la creación de un distrito para beneficiarse electoralmente. Una integrante del partido difundió un audio sobre una conversación en la que le exige a la presidenta del Congreso, Lady Camones, apurar “ese proyecto de Alto Trujillo [que] me va a favorecer a mí”. Pero en vista que Lady Camones no ofreció usar su influencia como congresista para favorecerlo, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Anticorrupción dispuso archivar la investigación.
Otras denuncias al famoso "plata como cancha" lo acusan de un sinfín de actos ilícitos que fueron compilados por el periodista Christopher Acosta en su libro homónimo. Las acusaciones fueron respondidas por demandas judiciales, pero no en los hechos.
El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández acusado de peculado doloso
Martín Salcedo Salazar, procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en diciembre del 2023 denunció penalmente al alcalde Arturo Fernández Bazán ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, por el supuesto robo de material de construcción perpetrado en el complejo deportivo Chan Chan (excomplejo Chicago).
También están comprendidos el gerente de Desarrollo Urbano, Richard Calderón Avila; el jefe de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Jordan Piminchumo Mendez, el exgerente de la misma área, Eduardo Pazos Elías, y la subgerente actual del sector, Elsa Novoa Vega.
Fernandez también tiene denuncias por su gestión como alcalde en un distrito de La Libertad y un polémica trayectoria pública. Estuvo en el ojo de la tormenta por agredir mujeres periodistas y por la exhibición de falos gigantes como atractivo turístico en su jurisdicción. Fue vacado precisamente por una demanda por difamación que perdió ante la justicia.
César Acuña Peralta, actual gobernador de La Libertad y Arturo Fernández Bazán, alcalde vacado de Trujillo tienen varias denuncias de todo tipo, también por corrupción
Dos alcaldes de Puno fueron a la cárcel por pedir coimas
Durante el año 2024, los gobiernos municipales de la región Puno afrontaron diversas investigaciones fiscales por actos de corrupción. En muchos casos, los alcaldes fueron acusados de pedir coimas o favorecer, con puestos de trabajo, a sus familiares.
Según el mapa de la corrupción de la Defensoría del Pueblo, de 6 mil 294 casos de corrupción en trámite este año, 198(3%), se concentran en Puno. De esta cifra, el 45% (89 casos), se constituyeron en las municipalidades provinciales y distritales. Y según la Contraloría, el perjuicio de la corrupción en esta región alcanza los S/ 887 millones en lo que va del año.
Detenido y vacado por pedir coimas
Uno de los actos de corrupción más emblemáticos ocurrió en el mes de abril de este año, cuando el alcalde del distrito de Umachiri (Melgar), Martin Huamán Lima, fue detenido por pedir una coima a una empresa constructora que ganó en el 2023 un contrato con la comuna distrital para construir una institución educativa. Por los retrasos en la obra, el alcalde pidió 50 mil soles a la empresa para no anular el contrato. Pero solo le entregaron 20 mil soles, por lo que el burgomaestre anuló el contrato. Posteriormente pidió 250 mil soles para aceptar la conciliación que la empresa demandaba a la comuna de Umachiri.
Tras su detención, la fiscalía provincial especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, pidió 5 días de detención preliminar contra la autoridad edil por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. Luego de permanecer bajo sombra, y ante unos audios que la fiscalía presentó como prueba del delito, Huamán Lima decidió acogerse a la terminación anticipada.
El alcalde del distrito de Umachiri (Melgar), Martin Huamán Lima, fue detenido por pedir una coima a una empresa constructora que ganó en el 2023 un contrato con la comuna distrital.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión suspendida y al pago de 25 mil soles por concepto de reparación civil. Además, fue inhabilitado para ejercer la función pública por dos años. Por ello y por la sentencia en su contra, el dos de mayo, el Concejo Municipal decidió vacarlo por unanimidad. Actualmente la alcaldía de Umachiri es conducida por la alcaldesa Yolanda Arela Surco.
En la cárcel por pedir coimas a night clubs
El 12 de abril de este año, el poder judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra el alcalde del Centro Poblado de la Rinconada (Ananea – San Antonio de Putina), Lelis Enrique Quispe Ramos, por el presunto delito de cohecho pasivo propio. El burgomaestre fue acusado de pedir 35 mil soles de soborno para evitar el cierre o clausura del centro nocturno denominado “Casa verde”.
La propietaria del night club le entregó 20 mil soles, dinero que se encontró en la propiedad del alcalde cuando la Policia, a raíz de una denuncia, allanó su vivienda.
Los efectivos policiales también hallaron, en manos de una regidora, un cuaderno en donde supuestamente se registraban los cobros de cupos. El cuadernillo tenía el sello de la Municipalidad del Centro Poblado de la Rinconada.
Al igual que el alcalde de Umachiri, a Lelis Enrique Quispe Ramos lo vacaron de su cargo. Su lugar lo asumió el primer regidor, Venancio Esteban Itusaca Chambi.
Funcionario Regional de Piura favorece la recontratación de su pareja
Según el último reporte o mapa de la corrupción de la Defensoría del Pueblo, de los 6 mil 294 casos de corrupción en trámite de este año, 306 (5%) se concentran en Piura. De esta cifra, el 37% (113 casos), se concentran en las municipalidades provinciales y distritales.
Y según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO 2024) de la Contraloría General de la República, el perjuicio de la corrupción en esta región alcanza los S/ 1,501 millones en lo que va del año.
A través de los resultados de una comisión de fiscalización del Consejo Regional, formada para investigar los hechos, se ha comprobado la contratación consecutiva durante más de un año como locadora de servicios de la bachiller en Derecho Susy Vallejos Calderón. A pesar de haber negado parentesco con algún funcionario de la sede regional, se evidenció que tiene un hijo en común con el funcionario benefactor.
¿Quién y qué cargo ocupaba el funcionario 'benefactor'?
Ángel Arturo Caicay Ramos era Director del Sistema Administrativo de la V Oficina Regional de Administración cuando sucedieron los hechos y se encontraba en la obligación, como funcionario del estado, de ejercer control previo de todas las operaciones que se realizaban en su oficina.
Entre las principales irregularidades encontradas en el expediente presentado por la comisión fiscalizadora del Consejo Regional, resultó que la locadora Susy Vallejos Calderón permanecía por un periodo corto en una dirección específica, pero culminados sus servicios en un área u oficina, inmediatamente se trasladaba a otra, con lo cual su vínculo laboral no se cortó en más de 12 meses seguidos.
Este hecho trasgredió los principios generales del sistema nacional de abastecimiento, pues permite que la locadora pueda iniciar un proceso legal buscando estabilidad laboral permanente.
En el gobierno regional de Piura se comprobó la contratación consecutiva durante más de un año de una bachiller en derecho, como locadora de servicios, quien negó parentesco con algún funcionario de la sede regional, pero tiene un hijo en común con el funcionario benefactor.
Funcionario acusado de corrupción sigue laborando en otro cargo
La estrategia utilizada fue rotarla de puestos para que se desempeñe en diferentes áreas de la sede de presidencia del Gobierno Regional Piura. Estuvo en la Oficina Regional Anticorrupción, Centro Regional de Planeamiento Estratégico, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
El caso se cubrió desde la prensa local de manera general, sin profundizar en las repercusiones de la inconducta funcional, la impunidad, el nepotismo, el trafico de influencias como hechos agravantes que muestran a un Gobernador Regional que, lejos de deslindar los hechos, justificó y solo rotó de puesto al funcionario en cuestión.
El C.P.C. Ángel Arturo Caicay Ramos sigue laborando en la sede del Gobierno Regional Piura. Ahora en el cargo de Sub Gerente Regional de Presupuesto Crédito y Tributación.
Indicador 11: Funcionarios y servidores públicos que no declaran a sus parientes
En el INCO 2024, el indicador 11 mide la cantidad de funcionarios y servidores que declararon 5 o menos parientes en su Declaración Jurada de Intereses(DJI). Evidencia la disposición y/o capacidad de los funcionarios y servidores públicos para transparentar su información de parentesco, como mecanismo para transparentar sus intereses y facilitar, de este modo, la identificación y gestión oportuna de posibles conflictos de intereses que pudieran afectar el correcto desarrollo de la gestión.
Exgobernadores de Loreto investigados y sentenciados por peculado
Loreto es una de las principales regiones del Perú donde se registran casos de corrupción, muchos de ellos denominados emblemáticos por la repercusión que tuvieron y la afectación económica que generaron al Estado peruano.
De acuerdo al Reporte “Mapas de la Corrupción” de la Defensoría del Pueblo, en Loreto se presentaron 225 casos de corrupción en el primer semestre de 2024 que se encuentran en trámite. De ellos, 98 casos son por peculado, lo que representa el 7% a nivel nacional y la ubica entre los tres departamentos que concentran la mayor cantidad de casos de peculado, además de Lima y Cusco.
En la actual gestión regional de Loreto, cuyo gobernador es el médico René Chávez Silvano, no hay denuncias por peculado. Pero sí hay un proceso por este delito contra el exgobernador Elisbán Ochoa Sosa, por presuntas irregularidades durante el estado de emergencia por covid-19. Se encontraron órdenes de servicio ejecutadas por contratación directa emitidas sin firma de los proveedores, pero que igualmente fueron cobradas por los implicados.
Proceso de contratación directa con irregularidades de trámite, órdenes de servicio sin justificación
Según la investigación fiscal, durante el Estado de Emergencia decretado por el covid-19, en el año 2020, los funcionarios imputados habrían autorizado que se tramite la contratación de servicios de alimentación y alojamiento para los ciudadanos que se encontraban varados en la región Loreto, tras decretarse el aislamiento obligatorio.
Sin embargo, al verificar la documentación respecto a este proceso de contratación directa, el Ministerio Público detectó irregularidades en la tramitación, órdenes de servicio que no contaban con la documentación que justifique la realización del servicio de alojamiento. Además, verificaron que con una misma solicitud del área usuaria se expidieron cuatro órdenes de servicio, las cuales no tenían la firma de los proveedores. Sin embargo, se habrían cobrado sin la documentación que sustente el supuesto servicio brindado.
El perjuicio generado en agravio del Gobierno Regional de Loreto, por la comisión de este delito, ascendería a la suma de 78 mil 505 soles. Este monto resulta de una pericia realizada por el Ministerio Público.
Al exgobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa (izquierda) se le investiga por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado, en tanto, a la exautoridad regional, Iván Vásquez Valera (derecha), se le condenó a 12 años de prisión, por peculado doloso, malversación de fondos y colusión.
Ante estos hechos, en marzo del 2022, el tercer despacho de la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Loreto, a cargo de la fiscal Celina Otero, formuló el requerimiento de prisión preventiva, por nueve meses, contra el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa. Y también para otros 11 investigados, entre funcionarios y terceros, por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.
Actualmente, el caso está con acusación en manos de la Corte Superior de Justicia de Loreto. La entidad debe programar la fecha y hora para la audiencia de control.
Otro caso 'emblemático' en Loretoen la obra de alcantarillado
Un tema muy perjudicial para Loreto fue la obra de alcantarillado de Iquitos, por cuyas irregularidades se condenó al exgobernador Iván Vásquez Valera a 12 años de prisión. Los delitos atribuidos fueron de peculado doloso, malversación de fondos y colusión.
La investigación, que se inició el 2013, detectó pagos irregulares por 177 millones de soles a la empresa China International Water & Electronic Corp. (CWE), que no contaba con respaldo técnico ni económico, y ampliaciones de plazo injustificadas. Esta obra de saneamiento resultó con costos casi duplicados, desde 418 millones de soles hasta aproximadamente 748 millones de soles.
Loreto tiene cuatro exgobernadores regionales y todos ellos vienen atravesando procesos por corrupción, muchos en trámite. A excepción de Iván Vásquez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Iquitos, también con otras denuncias que siguen su curso.
De acuerdo al Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO 2024) de la Contraloría General de la República, el perjuicio de la corrupción en esta región amazónica alcanza los S/ 800 millones en lo que va del año.
Con dos exgobernadores sentenciados y prófugos, Junín es la segunda región con más casos de corrupción
Después de Lima, Junín es la región que lidera el número de casos de corrupción en el sistema judicial en lo que va del 2024. Un liderazgo que tiene a dos exgobernadores con sentencias vigentes y prófugos de la justica.
Hasta fines de junio de este año, la Procuraduría Anticorrupción contabilizó 6 mil 294 casos de corrupción en el país. De estos, 409 comprenden a funcionarios de la región Junín. Lima mantiene su primer lugar con 1209 casos de corrupción.
Vladimir Cerrón: 11 meses prófugo
La negociación incompatible es el delito más recurrente en el cual están involucrados los funcionarios. Precisamente, ese es el delito de la primera sentencia contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en agosto del 2019. Esto, cuando iniciaba el octavo mes de su segundo mandato al frente del Gobierno Regional de Junín. La jueza Susan Carrera Túpac Yupanqui determinó que Cerrón se interesó indebidamente en autorizar un pago a la empresa. Esta había incumplido plazos en la obra de saneamiento de La Oroya. El delito se cometió en la primera gestión de Cerrón como gobernador de Junín (2011-2014)
Luego, en junio del 2021, estallaría el caso Los Dinámicos del Centro. Una presunta organización criminal que cobraba coimas por entregar licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y por puestos laborales.
El caso continúa en investigación y la Fiscalía sindica a Vladimir Cerrón como el cabecilla de esta organización. De la misma también formaría parte la presidenta Dina Boluarte. El dinero obtenido ilegalmente se utilizó para financiar la campaña electoral de Perú Libre en el 2021, según la tesis fiscal. Boluarte era parte de la plancha presidencial que encabezó Pedro Castillo.
La primera sentencia contra el exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón fue en agosto de 2019. Por negociación incompatible, cuando iniciaba el octavo mes de su segundo mandato al frente del Gobierno Regional.
En febrero de 2023, a Vladimir Cerrón lo sentencian por segunda vez por corrupción. Ahora, por el caso del Aeródromo Wanka, en el cual es hallado responsable de delito de colusión. La condena la reformulan en segunda instancia a 3 años y 6 meses de pena efectiva, el 6 de octubre de 2023. Desde entonces, el líder de Perú Libre se encuentra prófugo.
Exgobernador Ángel Unchupaico sentenciado por lavado de activos
Ángel Unchupaico Canchumani es el segundo exgobernador de Junín con dos sentencias condenatorias del Poder Judicial, aunque ambas con efecto suspendido. La primera, por lavado de activos, del 27 de setiembre de 2023. El delito lo habría cometido cuando ejerció como alcalde del distrito más poblado de la región, El Tambo, entre el 2007 y 2014.
En esos años, según la Fiscalía, habría funcionado en esa municipalidad una organización criminal dedicada a desviar dinero público hasta por S/ 63 millones. Parte del botín se utilizó, a través de terceros, para la construcción de un edificio de 12 pisos, llamado Edificio Storby. El caso aún no se resuelve en segunda instancia, pero la Sala de Apelaciones de la Corte de Junín ya pidió descargos a las partes.
La segunda sentencia contra el exgobernador Unchupaico se dictó en enero de 2024. Esta vez por el delito de negociación incompatible al haber designado a un asesor legal que no cumplía los requisitos para el cargo. Al exgobernador lo sentenciaron a 4 años y seis meses de prisión suspendida.
En el 2023, la corrupción se llevó en la región Junín S/ 671 millones, con los que podrían haberse construido 130 puestos de salud.
Arequipa: Alcalde de Yarabamba involucrado en caso de corrupción
Según información de la Procuraduría especializada en investigar Corrupción, en Arequipa 122 municipalidades fueron las entidades con más porcentaje involucradas en casos de corrupción (47 %). Esta cifra hace referencia a la primera mitad del 2024.
Precisamente, en enero de este año se destapó un escándalo en la municipalidad de Yarabamba. En un megaoperativo llevado a cabo en Arequipa el 23 de enero de 2024, detienen a Manuel Aco, entonces alcalde del distrito de Yarabamba. Es acusado de liderar la presunta organización criminal "Los Ediles del Cono Sur". La operación, realizada por la policía anticorrupción, también implicó a otros cinco funcionarios de la municipalidad. Aco y su grupo están acusados de diversos delitos contra la administración pública, incluyendo concusión, tráfico de influencias y malversación de fondos.
Durante el operativo, que incluyó el allanamiento de 11 inmuebles y cinco oficinas municipales, se encontró más de 80 mil soles en efectivo en la residencia del alcalde. Además, se decomisaron en total 584,650 soles, así como diversos dispositivos electrónicos y documentos.
El 23 de enero de 2024, Manuel Aco, al entonces alcalde del distrito de Yarabamba, de Arequipa, lo detienen acusado de liderar la presunta organización criminal "Los Ediles del Cono Sur". Fue acusado de concusión, tráfico de influencias y malversación de fondos.
Yarabamba es uno de los distritos más ricos del Perú pero solo ejecutó el 25 % del presupuesto
Lo que llamó la atención es que al distrito de Yarabamba se le considera uno de los más ricos del Perú en los últimos años. En agosto, el alcalde reemplazante de Aco, José Luis Luna Zapana, informó que el distrito ha ejecutado solo el 25% del presupuesto acumulado. A pesar de la disponibilidad de recursos, la población sigue reclamando por la falta de servicios tan básicos como el acceso al agua potable.
Sobre Manuel Aco Linares, el exalcalde del distrito más adinerado de Arequipa, actualmente pesa nueve meses de prisión preventiva. Los viene cumpliendo en el penal de Socabaya. La medida es mientras duren las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho activo.
Este caso es solo un botón de muestra de lo ocurrido en otras minucipalidades que reciben canon minero. Es el caso de los exalcaldes de Uchumayo, Vidal Pinto; de Quequeña, José Palomino; de Cerro Colorado, Manuel Vera. Todos ellos acabaron sentenciados. Pinto estuvo en la cárcel, y Vera se mantuvo meses como prófugo de la justicia, donde aun tiene muchas cuentas por rendir.
Gobernadores regionales presos y con restricciones
En cuanto a las autoridades regionales, todas fueron acusadas por casos de corrupción. El más reciente escándalo lo protagonizó Elmer Cáceres Llica quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el caso "Los hijos del cóndor". El supuesto negociado involucró a varios consejeros regionales en una repartija de terrenos en Majes. Su antecesora en el cargo, Yamila Osorio, tiene restricción de salida del país, por un contrato celebrado en su gestión con la constructora Obrainsa. La acusan de haber solicitado coimas y el caso está en etapa de juicio oral.
Antes, el expresidente regional Juan Manuel Guillén, tiene varias acusaciones y al menos dos sentencias condenatorias. Estuvo con prisión domiciliaria por el caso vía Arequipa-La Joya en el que se le acusa de solicitar, junto a su equipo, coimas a una constructora española. Y el aprista Daniel Vera Ballón estuvo investigado por lavado de activos. Sus allegados resultaron, sorpresivamente y sin justificación, dueños de un hotel, una empresa de transporte y otros signos de riqueza que no pudieron explicar. El Ministerio Público archivó el caso por "pruebas insuficientes" que vinculara a Daniel Vera Ballón con su cuñada y sus empleados, dueños de estos bienes.
La región Arequipa ha perdido 928 millones de soles el último año, debido a la corrupción.
Diez personas han muerto a causa de los incendios forestales y casi un centenar de heridos se registraron en lo que va del año. Más de la mitad de las regiones del país reportan estos siniestros
Según el jefe de Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 10 personas han muerto debido a los incendios forestales al momento, 96 han quedado heridas y hay 1876 damnificados, en lo que va del año.
Con 49 incendios forestales activos reportados hasta este sábado, son 1495 hectáreas de cultivo las que se han perdido, mientras otras 1264 hectáreas quedaron afectadas.
Según INDECI, los titulares de las Direcciones Desconcentradas, informaron ayer a Dina Boluarte el impacto de los 49 incendios forestalesentre las 14 regiones afectadas. Sin embargo, hoy no se han publicado medidas de emergencia en el diario oficial El Peruano que haya ordenado el Ejecutivo.
A la poca y casi inerte respuesta del Gobierno también se suma falta de información. Diversas organizaciones civiles y ambientales cuestionan que los medios oficiales y el INDECI no reporten la cifra de mortandad de animales ni la pérdida de biodiversidad en casi todo el país (14 de 24 regiones) a causa de los incendios forestales.
Dina Boluarte y Ministros «monitorearon» acciones sobre los incendios forestales
En una presentación del sábado 14, el jefe de INDECI, Juan Carlos Urcariegui Reyes, informó que el país atraviesa los meses de mayor producción de incendios, entre agosto a octubre. También señaló que desde 2021 a la fecha se han producido 1106 incendios, siendo 2022 el año con más siniestros. Esos datos fueron anunciados ante la presencia de Dina Boluarte, sin que se haya adoptado alguna medida especial. Esta mañana, la página de la Presidencia publicó un video asegurando que el 60% de los siniestros estarían controlados.
El jefe institucional del INDECI precisó que actualmente se vienen registrando incendios forestales en Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.
Mientras, decenas de ciudadanos de las zonas afectadas por los incendios forestales, organizaciones civiles y ambientales, periodistas y más, siguen alertando del avance de esta crisis ambiental y la falta de agua e insumos para voluntarios.
De manos cruzadas, El premier Gustavo Adrianzen, la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Defensa Walter Astudillo, y al final el ministro del Interior Juan José Santivañez monitoreando desde el COEN las acciones contra incendios foretales.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
La demanda laboral en Piura está experimentando un cambio, el 13% de los puestos de trabajo exigen perfiles técnicos de computación, marketing, contabilidad y administración de empresas, según la Encuesta de Demanda Ocupacional 2024 del Ministerio de Trabajo. Y en el país, el 80% de los empleos exigen el conocimiento de informática y otras áreas […]
La demanda laboral en Piura está experimentando un cambio, el 13% de los puestos de trabajo exigen perfiles técnicos de computación, marketing, contabilidad y administración de empresas, según la Encuesta de Demanda Ocupacional 2024 del Ministerio de Trabajo.
Y en el país, el 80% de los empleos exigen el conocimiento de informática y otras áreas tecnológicas. Sin embargo, una de las principales dificultades es acceder a instituciones académicas que ofrezcan lo que el mercado laboral requiere.
Jaime Tamashiro, director general de Cibertec precisó que 5 de cada 10 peruanos considera a la educación virtual como alternativa para acceder a instituciones de prestigio sin trasladar su lugar de residencia o trabajo.
En el caso de Cibertec, para Piura se le ofrecen 11 carreras en modalidad 100% virtual, con titulación técnica en dos años, en áreas como Tecnologías de la Información y Administración y Negocios.Además de la posibilidad de acceder, cumpliendo los requisitos, al grado de bachiller.
Con 40 años de experiencia en tecnología, Cibertec conecta las necesidades de los empleadores con la exigencia académica, logrando que 9 de cada 10 egresados encuentren trabajo, aseguró Tamashiro. Las carreras ofrecidas por Cibertec están licenciadas por el Ministerio de Educación.
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Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El 13 de septiembre, Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) presentó el IX Informe Alternativo: Balance de la sociedad civil 2022-2023, sobre la situación de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú. Elaborado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el […]
El 13 de septiembre, Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) presentó el IX Informe Alternativo: Balance de la sociedad civil 2022-2023, sobre la situación de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú.
Elaborado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), analiza los avances y deficiencias en la implementación de los 42 servicios estatales dedicados a atender esta problemática.
Insuficientes recursos para combatir la trata de personas
El informe examina cómo estos delitos alcanzaron niveles críticos en un contexto de creciente criminalidad organizada y una crisis migratoria en expansión.
A pesar de los esfuerzos, la lucha contra la trata de personas enfrenta obstáculos, como la falta de presupuesto, la ausencia de una estrategia nacional clara y la carencia de un registro único de denuncias y víctimas.
Se identificó que casi el 75% de los servicios carecían del presupuesto necesario para prevenir, perseguir y atender a las víctimas del delito. En una entrevista con Inforegión, Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, también destacó la necesidad de que el Poder Judicial implemente más salas especializadas para casos de trata de personas.
“Desde 2021, mantenemos las mismas 14 fiscalías especializadas sin ninguna ampliación, dejando muchas regiones sin acceso a estos servicios”, explicó. Además, subrayó la urgencia de mejorar otros servicios esenciales, como los Centros de Emergencia Mujer y las cámaras Gesell, espacios diseñados para entrevistar a menores y víctimas de delitos. El informe examina cómo estos delitos alcanzaron niveles críticos en un contexto de creciente criminalidad organizada y una crisis migratoria en expansión. (Foto: Inforegión) Respecto a la prevención, Querol subrayó que se requiere de un enfoque integral para abordar la problemática.
«No es un problema aislado ni surge de forma espontánea, la trata de personas está precedida por una serie de cuestiones como la violencia de género, la pobreza y los conflictos familiares, factores que aumentan la vulnerabilidad», señaló.
Añadió que es clave considerar la discriminación de género y la insuficiente protección de menores. Así como integrar la educación y la salud mental en las estrategias de prevención de la violencia.
Crisis migratoria, criminalidad transnacional y explotación digital
El informe también destaca el impacto de la crisis migratoria en la trata de personas. Querol señaló que el discurso discriminatorio que criminaliza a los migrantes obstaculiza su inclusión social y aumenta la vulnerabilidad de las posibles víctimas.
“En los últimos años, el número de migrantes víctimas de trata aumentó en un 500%. Mientras que en 2014 no se reportaban casos de venezolanos, hoy constituyen el 85% de las víctimas extranjeras”, detalló.
Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, enfatizó que, aunque la política nacional contra la trata se estableció en 2021, es urgente actualizarla para abordar desafíos emergentes como la criminalidad transnacional y la explotación digital.
“La explotación sexual en línea ha crecido rápidamente y no está cubierta por la política actual, que carece de servicios para combatir estos delitos y enfrentar el impacto de la criminalidad transnacional, que también afecta a víctimas extranjeras y requiere un control especializado”, afirmó.
“No podemos permanecer en silencio”
Durante el evento, la embajadora de Estados Unidos en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, destacó que la trata de personas es una violación fundamental de los derechos humanos que afecta a millones de personas en el mundo.
“Frente a esta dura realidad, no podemos permanecer en silencio ni adoptar una postura neutral. Es preciso denunciar, tomar una posición clara y actuar para prevenir que los tratantes continúen esclavizando a seres humanos”, declaró. Se señaló que el discurso discriminatorio que criminaliza a los migrantes obstaculiza su inclusión social y aumenta la vulnerabilidad de las posibles víctimas.(Foto: CHS)
Por último, señaló la importancia de la colaboración entre organismos internacionales y la sociedad civil para fortalecer los esfuerzos del Estado peruano en la protección de las víctimas y la sanción de los responsables.
“El gobierno de los Estados Unidos, a través de Usaid continuará apoyando a CHS Alternativo para monitorear la implementación de la política pública en favor de las víctimas rescatadas y de aquellas que se rescatarán”, concluyó.
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El Frente Policial Vraem, bajo la dirección del Coronel PNP Pedro W. Solórzano Niño de Guzmán, ha llevado a cabo un amplio operativo simultáneo en las regiones de Lima, Pasco, Junín y Cusco (sector Vraem). La operación, que incluye actividades de inteligencia, prevención, seguridad, protección e investigación, se enfoca en desmantelar una organización criminal involucrada […]
El Frente Policial Vraem, bajo la dirección del Coronel PNP Pedro W. Solórzano Niño de Guzmán, ha llevado a cabo un amplio operativo simultáneo en las regiones de Lima, Pasco, Junín y Cusco (sector Vraem). La operación, que incluye actividades de inteligencia, prevención, seguridad, protección e investigación, se enfoca en desmantelar una organización criminal involucrada en el tráfico ilícito de drogas.
Durante el operativo, que se está desarrollando en diferentes localidades y según el avance de la investigación, se están realizando procedimientos especiales como descerrajes, allanamientos y detenciones preliminares judiciales. Hasta el momento, se han registrado diez detenidos, dos vehículos incautados y aproximadamente 41 bidones blancos que, según las primeras informaciones, contienen ácido sulfúrico.
La operación, denominada «Ojos Lindos», está dirigida a una red criminal compuesta por al menos once personas identificadas, que se dedica a la promoción y facilitación del tráfico ilícito de insumos químicos para la elaboración de drogas ilegales. Esta organización está vinculada a actividades terroristas en la jurisdicción del VRAEM.
El operativo continúa en desarrollo y se espera que se presenten más resultados conforme avancen las investigaciones.
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La Asociación Empresarial Cerro Juli, que la tuvo en uso por 30 años y debía aportar un porcentaje de sus utilidades al Estado, pagó solo 36 mil soles en los últimos 7 años; esto es, menos de 500 soles mensuales por 19 hectáreas.
Centro de Convenciones Cerro Juli, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa). | FOTO: El Búho
Luego de tres décadas de administración privada del Campo Ferial Cerro Juli en Arequipa, sin rendición de cuentas aún, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) transferirá nuevamente la gestión del recinto a otra asociación privada, por otros 30 años, bajo un nuevo convenio de usufructo.
Este centro de convenciones, donde se realizan los eventos más importantes de la ciudad, pasaría a ser administrado por una sociedad denominada Fondo de Desarrollo Regional, que gestionaría las 19 hectáreas del predio por hasta 30 años.
El representante del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Alonso Ortiz Peralta, quien es miembro de la comisión que negocia con Midagri la transferencia del campo ferial, explicó que el convenio probablemente sea un usufructo con un plazo máximo de 30 años. “En caso que sea usufructo, la ley señala como plazo hasta 30 años; hay otras modalidades como el derecho de superficie que puede durar hasta 99 años, pero probablemente sea un usufructo por 30 años”, anunció Ortiz Peralta.
Sin embargo, las negociaciones con Midagri aún no han concluido. El convenio de usufructo actual con la Asociación Empresarial Cerro Juli, entidad privada que administra el campo desde 1994, vence el próximo 4 de noviembre. Hasta que esta fecha no se alcance, Midagri no puede realizar la transferencia del uso del terreno a la nueva asociación.
Nueva asociación: Fondo de Desarrollo Regional
La novedad de la nueva asociación es que, además de entidades privadas, estaría integrada por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La conformarán la Sociedad Agraria de Arequipa (SADA), la Junta de Usuarios Regional de Arequipa, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), probablemente presidiendo el comité encargado de gestionar el campo ferial.
Según Ortiz, ya han realizado gestiones para reservar el nombre del Fondo de Desarrollo Regional ante los Registros Públicos. Aunque se ha avanzado en la formalización, explicó que aún están en proceso de delegar las facultades específicas a cada integrante del directorio. Se prevé que la escritura pública de constitución de la nueva asociación se presente en los próximos días, antes de que finalice septiembre.
Asociación Cerro Juli: no tenemos obligación de financiar al Estado
Mientras tanto, la Asociación Empresarial Cerro Juli manifestó que se encuentra trabajando en el cierre de operaciones. Sin embargo, a la fecha, no se conoce una rendición de cuentas de sus obligaciones económicas. Según el convenio de usufructo, debía pagar al Estado el 7% de sus utilidades anuales.
Javier Tapia Corrales, presidente del directorio de la Asociación, dijo al respecto que, en un informe presentado por Midagri en junio de 2023, se reconoció que la asociación ha cumplido con sus objetivos. Entre ellos, el fomento del desarrollo económico de la región Arequipa y la mejora de la infraestructura del campo ferial. “Tenemos un campo de nivel internacional con módulos, áreas verdes, conectividad y servicios, además de infraestructura que antes no existía”, destacó Tapia.
En cuanto a los aportes económicos, tras un informe publicado por El Búho, cuestionando la falta del pago acordado en el convenio, Tapia informó que durante estos 30 años de gestión, la actual asociación ha brindado utilidades de 306 mil soles a la Dirección Agraria de Agricultura, —dependencia del Ministerio de Agricultura, hoy Midagri—, y 36 mil soles al propio Midagri.
“Antes había la Dirección Agraria y canalizamos esos fondos a esta dirección hasta que estuvo vigente y luego, tuvimos que pasarlo desde el 2018 al Ministerio de Agricultura. Hemos aportado 300 mil soles a la Dirección Agraria y 36 mil soles a Agricultura, porque no tenemos como obligación financiar al Estado, nos autofinanciamos para hacer crecer esto con una visión empresarial y por eso, sí podemos decir en qué hemos gastado el dinero con exactitud milimétrica”
Javier Tapia Corrales, presidente del directorio de la Asociación Empresarial Cerro Juli
No obstante, la Asociación no ha mostrado la documentación y no se conoce el detalle de estas cifras. El tema fue cuestionado en gestión anterior del GRA por lo que se formó una comisión investigadora del Consejo Regional. La labor de la comisión concluyó en un informe de más de 500 páginas que luego «se extravió». Curiosamente, los consejeros integrantes Edy Medina, James Posso y Miguel Manchego han decidido guardar sospechoso silencia al respecto. Por ejemplo, en comunicación telefónica con este medio, Edy Medina negó en un principio haber integrado la comisión. Solo después de mucha insistencia, aceptó que sí habla elaboración del informe. Aunque añadió que «no recordaba nada», por lo que no podía aportar ningún detalle del informe ni de su desaparición.
El convenio actual concluye el 4 de noviembre y, una vez que el usufructo termine, las instalaciones del campo ferial pasarán a manos de Midagri.
Según el asesor del GRA, después de la rendición de cuentas y la liquidación del convenio actual, se procederá a la transferencia al Fondo de Desarrollo Regional. Este trámite debe ser aprobado previamente por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
“Nosotros también hemos solicitado al Midagri que se realice la liquidación [que deberá hacer la Asociación Empresarial Cerro Juli] y que cuando esté hecha, también nos la remitan a nosotros. Nos interesa que la gestión haya sido realizada de manera transparente y eficiente”
Alonso Ortiz Peralta
Para Ortiz Peralta, una vez que la nueva administración asuma el control del campo ferial Cerro Juli, su primera acción será asegurar una correcta liquidación del convenio anterior. Además de realizar un inventario de las mejoras realizadas durante los últimos 30 años: “Primero debemos asegurarnos de que las condiciones del convenio de usufructo se cumplan tal cual están estipuladas. Lo segundo será hacer un mantenimiento necesario y continuar con la administración eficiente de este espacio”.
El objetivo de la nueva administración será priorizar las actividades agrarias y pecuarias. Así también destinar un espacio para actividades educativas, culturales y de innovación tecnológica. Ortiz enfatizó la importancia de mantener el enfoque en el desarrollo regional, alineando el uso del recinto con las necesidades y objetivos del GRA.
Aunque la composición del nuevo directorio no varía mucho respecto al actual, según Ortiz, la incorporación del Gobierno Regional es un cambio significativo. “No es un calco del mismo directorio. El GRA no había tenido participación en la gestión de este terreno hasta ahora. Con esta nueva administración, se asegura la presencia del Gobierno Regional y el cumplimiento de los objetivos que tiene para el uso de este espacio”.
El país enfrenta una situación crítica con más de 173 incendios forestales registrados en lo que va del 2024, que afecta a 20 regiones. Las más afectadas son Cusco con 31 incendios, Huancavelica con 21 y Huánuco con 17, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Otras regiones como Cajamarca (14 incendios) y […]
El país enfrenta una situación crítica con más de 173 incendios forestales registrados en lo que va del 2024, que afecta a 20 regiones. Las más afectadas son Cusco con 31 incendios, Huancavelica con 21 y Huánuco con 17, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Otras regiones como Cajamarca (14 incendios) y Ucayali (11 incendios) también sufren un impacto significativo.
Hasta el momento, los incendios causan la pérdida de más de 3300 hectáreas de áreas naturales y tierras de cultivo, que afectan la biodiversidad, así como a las comunidades que dependen de estas tierras. A la fecha, se reportan seis muertos y más de 1876 damnificados. La magnitud de los incendios supera la capacidad de respuesta local, lo que genera preocupación a nivel nacional.
Impacto ambiental y social
Zonas críticas de la Amazonía, como algunas áreas protegidas, son devastadas. En redes sociales, Pancho Cavero, veterinario y defensor del medio ambiente, expresó: «La Amazonía está en llamas, y no podemos seguir siendo testigos pasivos… Lo vivimos hace poco con la última pandemia, y no podemos permitir que vuelva a ocurrir por nuestra negligencia».
Se han destruido más de 3300 hectáreas de áreas naturales y cultivos. (Foto: Sernanp)
Por su parte, Willy Reaño, periodista y educador ambiental, también hizo un llamado: «Es urgente, perentorio, que el Gobierno declare de una vez la emergencia nacional y que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con la presidenta de la República a la cabeza, asuma el control de la situación».
Acciones inmediatas
Los bomberos voluntarios, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y las comunidades locales están luchando para detener el avance del fuego, pero no cuentan con los recursos suficientes. Se requiere una intervención inmediata por parte del Gobierno central y una mayor cooperación internacional para evitar que la situación empeore.
Willy Reaño agregó: «La experiencia del cuerpo bomberil del Sernanp nos demuestra que la población organizada, con las herramientas adecuadas y una dirección clara, tiene la capacidad de detener el fuego y hacerlo pronto, evitando la pérdida de vidas y el impacto negativo en nuestros ecosistemas».
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Ya son diez las personas, en mayoría adultos mayores, que han fallecido por los incendios forestales en distintas regiones del Perú. Además, hay 96 heridos y 1.876 afectados. Al momento, se registran 51 focos activos en sierra y selva del Perú. En lo que va del 2024, se contabilizan en 222 los incendios forestales producidos […]
Los incendios forestales ya han cobrado la vida de diez personas, cientos de animales y la pérdida de vegetación natural y cultivos. Foto: Andina
Ya son diez las personas, en mayoría adultos mayores, que han fallecido por los incendios forestales en distintas regiones del Perú. Además, hay 96 heridos y 1.876 afectados. Al momento, se registran 51 focos activos en sierra y selva del Perú.
En lo que va del 2024, se contabilizan en 222 los incendios forestales producidos en las últimas semanas, a nivel nacional. Se han extinguido 152 y 19 ya fueron controlados, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
De las 20 que sufrían esta emergencia, ahora son 14 las regiones afectadas conforme a lo informado por el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (Sinpad).
Las regiones afectadas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Huánuco, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.
La principal causa de los incendios es la acción humana
Si bien, según el Indeci y el Sinpad hay solo diez incendios activos en la región, Defensa Civil y Gestión de Riesgos y Desastres de Amazonas, afirma que son 14. En tanto, en Áncash, son ocho los focos de fuego.
A nivel nacional, 1.495,33 hectáreas se han perdido y otras 1.264,85 están afectadas. A esto se suma que 2.257,96 hectáreas de cobertura natural han sido calcinadas por el fuego y 4.347 animales resultaron damnificados.
Como se ha venido informando desde emergencias anteriores, la principal causa de los incendios forestales es la actividad o costumbre humana. Es una práctica ancestral, la quema de zonas de cultivo, quema de pastos. Pero también los han producido las fogatas, los explosivos, entre otros.
Además de la zona protegida en Amazonas que albergaba restos arqueológicos y animales en vías de extinción, que solo viven en esa parte del país, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó de otras áreas preservadas con incendios, el Parque Nacional Huascarán, en el sector de Ulta (Áncash), y en el Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes) donde trabajan 340 guardaparques bomberos forestales.
Condiciones atmosféricas no son las mejores
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en su boletín vigente al 19 de setiembre informa que, en la sierra, zona del oriente, disminuirá la temperatura diurna. Para la selva, se proyecta el ingreso a un nuevo friaje que favorecería la reducción de las temperaturas diurnas hasta el 17 de setiembre, pero luego se incrementarán nuevamente.
También se esperan vientos predominantes y lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra y selva. Estas condiciones atmosféricas podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales.
Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), según su mapa de monitoreo de eventos y fenómenos meteorológicos, informa que en las últimas 24 horas en el Perú se detectaron 8.751 focos de calor.
Los arequipeños de 14 distritos no están satisfechos con los servicios y condiciones de bienestar en la ciudad, preocupándoles especialmente la falta de transparencia, la corrupción y la inseguridad
Víctor Hugo Rivera, alcalde provincial, y Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa. | IMAGEN: Difusión
Un reciente informe de Percepción Ciudadana, elaborado por la organización Comunidad en Marcha, ha revelado que los arequipeños de 14 distritos no están satisfechos con sus autoridades. Ni con los servicios y condiciones de bienestar en la ciudad de Arequipa durante el primer semestre de 2024.
El informe, realizado por la Universidad Católica San Pablo (UCSP), la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y Cáritas Arequipa, destaca una disminución en la satisfacción ciudadana en diversas áreas claves. Además, expone una alta desaprobación hacia las autoridades encargadas de la gestión.
Los resultados muestran una reducción en la satisfacción en comparación con el segundo semestre de 2023. Las mayores caídas se registraron en áreas como vivienda (13.7%), gestión del gobierno regional y municipal (10.7%), empleo y actividades económicas (9.4%) y movilidad e infraestructura vial (9.2%). Estos resultados reflejan la percepción a nivel de la ciudad de Arequipa.
“Los informes fueron enviados a los alcaldes, consejeros y regidores para que analicen estos resultados y se generen propuestas para trabajar en conjunto y mejorar la situación. Este trabajo busca ser una llamada de atención para las autoridades ante la cada vez más baja percepción de la población”
Juan Carlos Banich Galdos, director de Comunidad en Marcha.
A pesar de la insatisfacción general, ocho de cada diez encuestados consideran que Arequipa sigue siendo un buen lugar para vivir. Y cuatro de cada diez optarían por permanecer en la ciudad. Sin embargo, esta percepción positiva sobre la ciudad no es suficiente para contrarrestar el creciente descontento con las autoridades.
Insatisfacción con las autoridades de Arequipa
El informe destaca que la percepción favorable hacia la gestión de las autoridades es alarmantemente baja. La aprobación de la gestión del Gobierno Regional de Arequipa es apenas del 3.9%. Mientras que la Municipalidad Provincial de Arequipa registra solo un 2.4%. La situación en los municipios distritales no es mucho mejor, con un promedio de satisfacción del 4%.
En comparación, durante el segundo semestre de 2023, la aprobación de la gestión del gobierno regional fue del 16.3%, la municipalidad provincial llegó al 10.3%, y los municipios distritales alcanzaron el 16.3%.
Otro aspecto crítico del informe es la percepción sobre transparencia y lucha contra la corrupción. En este ámbito, tanto el gobierno regional como los municipios provincial y distrital no superan el 2% de aprobación.
Algunos distritos como Cercado, Cerro Colorado y Miraflores muestran niveles extremadamente bajos de satisfacción, no llegando ni al 1%. En temas de transparencia, los distritos de Hunter, Socabaya y Tiabaya alcanzaron un preocupante 0% en la percepción de su población.
Seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana también es una de las principales preocupaciones de los arequipeños. El nivel de satisfacción en este rubro cayó al 18.2% en el primer semestre de 2024. Una baja significativa en comparación con el 22.8% registrado en el último semestre de 2023.
Los ciudadanos señalaron problemas en la coordinación vecinal en temas de seguridad (23.8%), la falta de equipamiento del serenazgo (16%) y de la Policía Nacional (13.2%), así como la insuficiente presencia de cámaras de seguridad (10.2%).
Fernando Olivera, el exministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Alejandro Toledo, se unió a las voces que critican el homenaje a Alberto Fujimori en Palacio de Gobierno: “Hoy un Estado corrupto ofende a los peruanos rindiendo vergonzantes honores a uno de los más prominentes Jefes del sistema de corrupción que domina al […]
Fernando Olivera, el exministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Alejandro Toledo, se unió a las voces que critican el homenaje a Alberto Fujimori en Palacio de Gobierno:
“Hoy un Estado corrupto ofende a los peruanos rindiendo vergonzantes honores a uno de los más prominentes Jefes del sistema de corrupción que domina al Perú desde su independencia».
En un pronunciamiento representando al Frente Esperanza y con firma de su puño, también rememoró una serie de delitos y crímenes del Fujimorato. En su recuento mencionó el tráfico de armas y cocaína que involucró al Estado Peruano con las FARC. Así también la complicidad entre Fujimori y Montesinos.
“Siguió la inconstitucionalidad y fraudulenta re reelección impuesta a sangre y fuego el 28 de julio del 2000 dinamitando el Banco de Nación y asesinando a seis trabajadores de seguridad”.
Sepultura de Alberto Fujimori a 24 años del primer Vladivideo
Fernando Olivera, quien hace exactamente 24 años presentó el primer vladivideo públicamente, junto a Luis Iberico y Susana Higuchi, aseguró que sigue pensando lo mismo sobre Alberto Fujimori.
Más tarde, en una entrevista de La República, agregó que el fujimorismo seguiría en el poder a través de Dina Boluarte. Además, alertó sobre los riesgos de un fraude electoral, posiblemente con Keiko Fujimori. Lamentó también que Alberto Fujimori no haya pedido un perdón público:
«No hubo ningún indicio de arrepentimiento ni de perdón de asumir la pena que le correspondía por graves delitos contra los derechos humanos que (Alberto Fujimori) cometió. Lo que quieren es consagrar la impunidad”.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
«El fujimorismo no ha muerto y esa sí que es una noticia muy mala para la gran mayoría de peruanos. El líder de la banda no estará más, pero quedan los vástagos, la señora K y los fanáticos»
La señora K, fría y ambiciosa, lo tenía todo calculadísimo. Sabía que de ninguna manera su padre —depauperado por un cáncer de larga data— llegaría en condiciones elementales a la feroz contienda electoral del año 2026. Sin embargo, lo postuló para quedar bien (con las huestes naranjas y con los incautos de siempre, que no son pocos). Lo hizo para la fotografía y para impostura que le suelen ser tan afines. Fue un gesto político en su más escabrosa connotación.
“Tomaré la posta de nuevo”, quizá pensó frotándose las manos con fruición: “Pero ahora les diré que piensen en él, en su memoria, en su gobierno… Yo tengo que terminar la tarea. ¡Su entierro será todo un espectáculo!, voy a exprimirlo hasta después de muerto… porque ésta también será mi última oportunidad”.
Su mucama de turno, la torpe señora D, obsecuente hasta la deshonra, decretó tres —repito: ¡tres!— días de duelo nacional y, por si fuera poco, fue diligente para ofrecer unas exequias dignas de un estadista de la patria (que, para muchos desavisados, no tiene parangón). La opereta ya estaba armada y la prensa más canalla y farsesca se encargaría de refrescarnos la memoria de una muy particular —y provechosa, para ellos— manera: en Latina se llegó a decir que el incendio del Banco de la Nación lo provocaron los protestantes de la Marcha de los 4 Suyos (cuando todos sabemos que fue otra puesta en escena sangrienta de Montesinos y su secuaz).
¿Faltaba algo más? Sí, por supuesto: el sátrapa moriría a la misma edad y en el mismo día que falleció el genocida terrorista Abimael Guzmán Reinoso. Atroces coincidencias o meros ajustes de cuentas del destino; porque la mejor manera de hacer reír a Dios es contándole nuestros planes (el japonés señaló, en una de sus últimas apariciones, con su clásico semblante taimado, que estaba tramitando su RUC para cobrar las regalías que debía recibir por sus libros).
El fujimorismo no ha muerto y esa sí que es una noticia muy mala para la gran mayoría de peruanos. El líder de la banda no estará más, pero quedan los vástagos, la señora K y los fanáticos de la talla de Miki Torres:
—Ha muerto un héroe —sentenció ese infeliz, sin que le temblara la voz de vergüenza, ante las lágrimas del solícito reportero de América Televisión (o de Canal N, da lo mismo).
Habrá circo, qué duda cabe. Y el fujimorismo, una vez más, irá con todo y por todo. Se exhumarán recuerdos y se exagerarán méritos propios y ajenos. Se hará ficción a cargo de sus mastines más agachados y fieles, como ocurre en la ignominiosa política peruana.
¿Nos meterán el dedo de nuevo? Uno hace zapping o va al puesto de periódicos y, desconsolado, cree que sí. El verdadero cáncer es el fujimorismo más recalcitrante y violento. Y, al parecer, está a punto de devorarnos.
¿Cómo evitar otro precipicio de cara al 2026? Estas horas aciagas exigen inconmensurables dosis de memoria y, sobre todo, de dignidad.
Escritor arequipeño. Ha publicado varios libros de ficción y se dedica a las crónicas urbanas con un estilo intimista e irreverente. Hincha acérrimo del FBC Melgar
Kyara Villanella, nieta de Alberto Fujimori, aseguró que su abuelo sabía que su hija Keiko era quien debía seguir su legado político. Luego, Keiko Fujimori, en un discurso político durante el entierro de su padre, dijo que cumplirá su último deseo y continuará reivindicando su obra.
Eres libre de esas personas que no te perdonaron que nos rescataras del hambre y del terror. Eres libre de esos 16 años de prisión injusta, con una sentencia sin prueba alguna.
Keiko Fujimori dirigiéndose a su padre Alberto Fujimori en durante su entierro.
Asimismo, la excandidata presidencial agradeció al gobierno de la presidenta Dina Boluarte por defender el indulto de su padre. Aseguró que su padre ganó el juicio de la historia al ver a tantas personas que fueron a rendirle respeto.
Palacio de Gobierno se encargó de darle los honores póstumos al expresidente que fue despedido entre arengas de sus seguidores.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Hallazgo ha proporcionado nuevas evidencias sobre la «Cultura Ika», una civilización que floreció en la costa sur central del Perú entre los años 1000 d.C. y 1470 d.C.
Ica, Perú. Arqueólogos peruanos han realizado un notable descubrimiento en el sitio arqueológico de Huacachina Seca, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ica. El hallazgo, que consistió en varios fardos funerarios de más de 800 años de antigüedad, ha proporcionado nuevas evidencias sobre la «Cultura Ika», una civilización que floreció en la costa sur central del Perú entre los años 1000 d.C. y 1470 d.C.
El equipo, dirigido por el arqueólogo Rafael Mallco Huarcaya, inició las excavaciones a finales de agosto, con la autorización del Ministerio de Cultura. El 4 de septiembre, los investigadores encontraron el primer fardo funerario que contenía los restos de un joven de entre 13 y 16 años.
El cuerpo estaba envuelto en finos tejidos y acompañado de un ajuar funerario compuesto por textiles doblados y una vasija de cerámica. Este tipo de sepulturas era característico de las prácticas mortuorias de la cultura Ika, revelando detalles sobre las creencias y costumbres funerarias de esta sociedad prehispánica.
Hallan en Ica momias en fardos funerarios de más de 200 años escondidas en Huacachina Seca.
Arqueólogos de Ica, hallaron los fardos funerarios
El sitio de Huacachina Seca, anteriormente conocido como Soniche, ha cobrado mayor relevancia debido a su proximidad con el centro administrativo de Takaraka, lo que sugiere una posible relación entre las áreas administrativas y los cementerios de la cultura Ika. Según los expertos, este hallazgo abre nuevas posibilidades de investigación. Sobre las interacciones sociales y económicas dentro de la cultura Ika, así como sobre el papel de estos centros en la organización de sus poblaciones.
El descubrimiento de los fardos funerarios es solo el inicio de estudios que el equipo planea realizar. Los investigadores esperan desenterrar más restos humanos y artefactos que puedan arrojar luz sobre la vida cotidiana y las creencias religiosas de la cultura Ika. Además, se planea realizar análisis científicos para profundizar sobre el origen y desarrollo de esta civilización, utilizando herramientas multidisciplinarias que incluyen estudios bioarqueológicos y tecnológicos.
Hallan en Ica momias en fardos funerarios de más de 200 años escondidas en Huacachina Seca.
Este hallazgo también tiene un trasfondo histórico, ya que el área de Huacachina Seca fue explorada por primera vez en 1901 por el arqueólogo alemán Max Uhle, considerado el padre de la arqueología peruana. Posteriormente, en la década de 1970, la arqueóloga Dorothy Menzel utilizó los hallazgos de Uhle para clasificar la cerámica de la cultura Ika, contribuyendo al estudio de esta civilización precolombina.
Los trabajos de excavación en Huacachina Seca continuarán en los próximos meses con el respaldo de las autoridades locales. Esto, con la esperanza de realizar nuevos descubrimientos que aporten al patrimonio cultural del Perú y a la comprensión de la cultura Ika, cuya importancia sigue vigente en la historia arqueológica de la región.
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Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El 9 y 10 de septiembre, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) organizó marchas en la capital del país, que movilizaron a miles de mineros artesanales e informales. Su principal demanda es la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo. Este registro, cuyo plazo actual vence […]
El 9 y 10 de septiembre, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) organizó marchas en la capital del país, que movilizaron a miles de mineros artesanales e informales. Su principal demanda es la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo.
Este registro, cuyo plazo actual vence el 31 de diciembre de este año, es el centro de un debate nacional que involucra cuestiones económicas, ambientales y de seguridad.
Exigen otra prórroga que permita ampliación del Reinfo
El proceso de formalización minera en Perú tiene una larga y complicada historia, marcada por la implementación de diversos programas destinados a lograr esta transición.
En este contexto, se estableció el Reinfo para facilitar el paso hacia la formalidad. Sin embargo, hasta la fecha, el Reinfo solo ha sido objeto de múltiples prórrogas y modificaciones.
A menos de cuatro meses para que expire el plazo actual para la formalización minera, la Confemin exige la extensión del Reinfo ¿Cómo? A través de la aprobación de un proyecto de ley que busca prolongar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Una propuesta controvertida, ya que expertos y organizaciones ambientales advierten que permitiría a mineros informales e ilegales operar bajo una apariencia de legalidad, sin cumplir los requisitos legales.
Es importante señalar que en marzo de este año, con 78 votos a favor y sin necesidad de una segunda votación, el Congreso aprobó derogar una norma, incluida en un decreto legislativo, que tenía como objetivo frenar la minería ilegal y fortalecer el proceso de formalización.
Esta derogación también desautorizó a la Policía Nacional para intervenir en casos de tenencia ilegal de explosivos en actividades mineras. A menos de cuatro meses para que expire el plazo actual para la formalización minera, la Confemin exige la extensión del Reinfo . (Foto: Adolfo Valverde)
Ampliación del Reinfo dificultaría la lucha contra la minería ilegal
“Llevamos 25 años en un proceso extraordinario de formalización minera sin ningún éxito. Pedir más extensiones solo perpetúa la informalidad y, por ende, la ilegalidad”, señala Karina Garay, coordinadora de Amenazas de FZS Perú.
Según la especialista, el proceso actual no ha traído beneficios significativos ni para los mineros ni para la protección ambiental, por lo que su ampliación resulta inútil, ya que no está cumpliendo con su fin.
Dante Vera, director de V&C Analistas y miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), advierte que la ampliación del Reinfo mantendría el actual estatus quo.
“Y se mantendría el principio de exención de responsabilidad penal”, afirma ¿A qué se refiere? Esta exención permite que quienes se inserten al Reinfo eviten consecuencias legales por minería ilegal, una medida que se instauró para “fomentar la formalización”.
Para Vera, esta medida dificulta la lucha contra la minería ilegal y fomenta un manto de impunidad. «Esto significa que las autoridades policiales y fiscales especializados en delitos ambientales no pueden intervenir, ya que los involucrados tienen una especie de salvoconducto”, aclara.
“Por lo que se busca con la ampliación es que todo siga igual”, añade. Garay comparte esta perspectiva y sostiene que el proceso actual no fortalece la minería formal ni combate eficazmente la minería ilegal.
Además, señala que la constante extensión de los plazos del Reinfo disminuye la presión sobre los involucrados para regularizar su situación de manera efectiva. Así se concluye que el Reinfo presenta deficiencias que deben corregirse en lugar de prolongarse con nuevas ampliaciones. Expertos opinan el actual proceso de formalización no fortalece la minería formal ni combate eficazmente la minería ilegal, por lo que su ampliación no sería beneficiosa. (Foto: Andina)
Contratos de explotación y Confemin
“Un tema complejo sigue siendo los contratos de explotación o cesión entre titulares y mineros”, subraya Vera. Explica que, por un lado, hay unos 2 000 mineros que están operando en concesiones autorizadas, principalmente en la gran y mediana minería.
Por otro lado, muchos pequeños titulares tienen sus concesiones ocupadas por mineros informales o ilegales, un factor que complica la regulación.
El director de V&C Analistas también cuestiona el destino de los 86 953 mineros inscritos en el Reinfo, de los cuales más de 20 mil están activos, mientras el resto tienen su registro suspendido.
Entre las demás demandas de la Confemin, se incluye la renuncia del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, así como la promulgación de una ley que regule la pequeña minería y la minería artesanal.
En relación con esta última propuesta, Vera señala que su enfoque principal será la reforma constitucional del régimen de concesiones, lo que podría conllevar cambios trascendentales en la gestión de los recursos naturales del país.
Además de las marchas, representantes de la Confemin realizaron un plantón masivo frente a la fachada del Minem y se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el titular del sector el 10 de septiembre.
Aun así, las movilizaciones continuaron, y al día siguiente la Confemin celebró el cónclave de la pequeña minería y minería artesanal. Un evento en el que participó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien expresó su apoyo. Rafael López Aliaga demandó a congresistas impulsar dos proyectos de ley que permitan crear la Empresa Nacional de Minería Informal. (Foto: Municipalidad de Lima)
¿Qué caminos hay?
Expertos del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible elaboraron un informe con 10 propuestas clave para abordar los desafíos de la pequeña minería y minería artesanal.
Las recomendaciones incluyen mejorar la coordinación entre organismos estatales, reformar el marco institucional, ofrecer incentivos que promuevan la formalización, restablecer el orden interno, entre otras medidas. Conoce más aquí.
Por su parte, Garay resalta la necesidad de un proceso de formalización minera eficiente que simplifique trámites, mejore la fiscalización y brinde incentivos para prácticas responsables. Señala que la burocracia y la débil supervisión regional llevan a algunos mineros a abandonar la formalización y recurrir a prácticas que ya no son solo informales, sino ilícitas.
«Es necesario promover un ‘oro limpio’, que cumpla con los parámetros ambientales y no utilice mercurio», afirma. La presión de Confemin y las respuestas del gobierno y el Congreso marcarán el rumbo de este conflicto. Una situación que se complica aún más en territorios indígenas, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, donde la supervisión estatal es escasa.
La minería ilegal frecuentemente conlleva delitos conexos como tala ilegal, corrupción, tráfico de tierras y contaminación de fuentes hídricas. Por lo que el desenlace tendrá un impacto en la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades afectadas.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Ante el incremento de casos de incendios forestales en la región de Ayacucho, el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, William Ayala, señaló que, a pesar de los trabajos de sensibilización y prevención en las comunidades altoandinas, los pobladores se resisten a dejar sus “tradiciones culturales” para evitar la quema de sus chacras. […]
Los incendios forestales siguen azotando al país y las comunidades nativas afectadas llaman a una movilización nacional en defensa de sus derechos.
Ante el incremento de casos de incendios forestales en la región de Ayacucho, el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, William Ayala, señaló que, a pesar de los trabajos de sensibilización y prevención en las comunidades altoandinas, los pobladores se resisten a dejar sus “tradiciones culturales” para evitar la quema de sus chacras.
“Este año ha crecido el número de incendios en nuestra región y el impacto que genera es bastante alto, con el daño a los diversos ecosistemas que tardan en regenerarse durante muchos años”, mencionó.
Agregó que, a pesar de que vienen desarrollando trabajos de información y capacitación para realizar actividades de preparación de abono y quemas controladas, no se implementan estas recomendaciones.
«Los campesinos nos escuchan, participan y luego se olvidan. Ellos son reacios a cambiar, por lo que existe la necesidad de cambiar de estrategia para disminuir los incendios forestales», arguyó.
Asimismo, precisó que es necesario implementar sanciones a los responsables de estos incendios, por lo que se deben realizar trabajos de investigación, dado que el tema de sensibilización no está dando resultados.
Con respecto al control de incendios, comentó que debe activarse la plataforma de Defensa Civil, con el apoyo de los gobiernos locales.
“En el momento del incendio, hay entidades que deben intervenir: primero los bomberos, luego los gobiernos locales, y si en dos días no se tiene control, recién sale Defensa Civil del Gobierno Regional. Sin embargo, también es necesario que se asignen recursos para el tema de implementaciones”, finalizó.
En los últimos días, se han registrado incendios forestales en Chiara, Vilcas Huamán y el sector de Quispillacta ocasionando la muerte de un campesino y afectación al ecosistema.
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La mortandad de ganado en el distrito de Caylloma llega al 10% y afecta a más de 2 mil criadores de alpacas y ovinos, quienes dependen de esta actividad para su subsistencia
Mortandad de ganado afecta a criadores de alpacas y ovinos, quienes dependen de esta actividad. | FOTO: Difusión
Unas 7 mil cabezas de ganado han muerto a causa de las heladas en las alturas del distrito de Caylloma, en Arequipa. Esta cifra representa el 10% del total de 70 mil animales que son criados en la zona, según informó el alcalde distrital Juan Delgado Lacacta. La mortandad de ganado afecta principalmente a los criadores de alpacas y ovinos, quienes dependen de esta actividad para su subsistencia.
Durante la temporada de friaje, el municipio con apoyo del programa Agro Rural —del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)— construyeron 80 cobertizos para proteger a los animales. Sin embargo, siguen necesitando más apoyo de las autoridades. Actualmente, de los 4 mil habitantes del distrito, alrededor de 2 mil 800 personas se dedican a la ganadería.
Autoridades de Caylloma en Lima
El próximo martes 17 de septiembre, las autoridades del distrito de Caylloma se reunirán en Lima con representantes de los ministerios de Vivienda, Educación, Energía y Minas, Salud y Transporte. También participarán representantes del Gobierno Regional de Arequipa. El objetivo principal de este encuentro es coordinar un plan de acción que permita la ejecución de proyectos en beneficio de la población cayllomina.
“Esperamos que todas las obras que tenemos en idea, perfil y expediente, que suman alrededor de 622 millones de soles, se realicen mediante los ministerios para beneficio de la población”
Juan Delgado Lacacta, alcalde distrital de Caylloma
Entre las obras prioritarias que necesita Caylloma se encuentran la construcción de la vía Jachaña – Cayarani, mejoras en hospitales y centros educativos. Así también, el establecimiento de un relleno sanitario. El edil también indicó que cuentan con un plazo de 120 días para gestionar los avances necesarios en los proyectos.
Esta reunión forma parte de una mesa técnica temporal creada por Midagri. Según su plan de trabajo, en torno a la transferencia del Proyecto Especial Majes Siguas, la finalidad es promover el desarrollo de actividades productivas en el distrito de Caylloma, zona de influencia directa de dicho megaproyecto.
