La realidad de los monitoreos ambientales participativos en el Perú

Columnista invitado Hernando Nuñez del Prado

Recientemente el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con el nuevo ministro Incháustegui a la cabeza, ha iniciado reuniones para buscar espacios de diálogo en varias regiones mineras del Perú (Moquegua, Cuzco). Se ha planteado gestionar la revisión de los proyectos, con participación de las municipalidades distritales. El MEM, asume el seguimiento y monitoreos de los compromisos asumidos por las empresas que llevan a cabo los proyectos, labor que antes estaba a cargo de la PCM.

monitoreos

Después de revisar algunas actas de las reuniones y propuestas de proyectos de Resoluciones Ministeriales, se nota a que “juega” el MEM: solo busca “dilatar” los acuerdos para tener una etapa de “tranquilidad” en la continuación de las operaciones mineras, para que no se agudicen los conflictos en las zonas productivas del sur del país; pero nada de cambios concretos.

La realidad con los resultado de los MAP, en más de 10 años, es que los diferentes grupos de trabajo con  participación ciudadana no son tomados en cuenta. Al no tener el reconocimiento “formal” de su institucionalidad en la normativa existente, no participan en la toma de decisiones, se les convoca, pero no se les hace caso a sus reclamos y/o demandas. Más adelante presentaremos el caso de los resultados del MAP a través de varios años, sobre la calidad de aire, el agua y sedimentos de la minera Cerro Verde en Arequipa. También haremos referencia a un Monitoreo Ambiental Comunitario de la calidad de aguas de la cuenca del río Cañipia, en Espinar usando macroinvertebrados, zona de influencia de la Minera Antapacay –Expansión Tintaya.

Está claro que los pedidos caen en “saco roto”, porque lo único que el MEM se compromete, es a hacer llegar las recomendaciones  a las entidades competentes para su ejecución “inmediata”.

Los MAP, son una parte de las modalidades de Participación Ciudadana, que surgieron hace mas de 10 años, ante la inacción en el control de la contaminación por descuido de las empresas y la falta de fiscalización de parte de los organismos competentes del estado. Los impactos graves de los proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos ocurren al amparo de  una normativa ambiental manipulada y modificada para «incentivar las inversiones” desde el año 2014; en vez de avanzar, se ha retrocedido. Las empresas con apoyo del estado vieron en los MAP una “salida” para bajar la tensión de los conflictos socio ambientales.

Esta participación de la sociedad civil, presenta una marcada dicotomía, por un lado, las empresas forman y promocionan los comités buscando legitimar sus actividades; y por otro lado, es la sociedad civil que busca unirse, formando grupos comunitarios para generar información con ayuda de la academia. Y también para poder acceder a la información ambiental de los proyectos extractivos.

La realidad actual es que el deterioro de la calidad de los factores ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad etc.) en el entorno de las operaciones mineras y de hidrocarburos, han  afectado la salud de las poblaciones, originan la pérdida de calidad de vida, y han alterado la forma de vida de decenas de comunidades y pueblos indígenas originarios.

Para la investigación sobre el tema de MPA, se ha hecho un análisis de tres publicaciones recientes sobre la calidad de la información que se genera, el marco conceptual en el que se basan, y algunas conclusiones y recomendaciones propuestas. En base a los análisis de estos documentos, se puede concluir que existe un déficit grande en lo que se refiere a una verdadera y legítima participación ciudadana. No existe una implementación de mecanismos que permitan que las comunidades sean consultadas, brinden aportes con una efectiva participación en la toma de decisiones, para los desarrollos de los proyectos extractívos, pese a que son actores  principales.

Otro de los aspectos a remarcar de la revisión de los informes y notas, es que los autores adolecen de una formación en la temática ambiental, dando lugar a un uso inadecuado de conceptos, lo que origina confusiones en el análisis y aseveraciones en forma de falacias.

El seguimiento, monitoreo y la vigilancia ambiental conforman un sistema que debe garantizar el cumplimiento de un Plan de Manejo Ambiental (PMA), establecido en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), con medidas detalladas y realizables, preventivas y correctoras y hasta compensatorias. El plan de vigilancia ambiental de los proyectos, debe ser realizado por especialistas, acompañados con pobladores, lo que permite detectar los incumplimentos y controlar los posibles impactos, tomar medidas correctoras y mitigar los efectos sobre los factores ambientales. Lo que se necesita es acción continua de fiscalización en los proyectos en desarrollo.

En los casos que se termina la etapa de construcción de un proyecto, se debe ejecutar un plan previamente diseñado de restauración, el cual debe lograr reparar parte de los daños causados durante esta etapa. Este accionar debería ser el objetivo del Grupo de Trabajo del sector de Tumilaca, con el Proyecto Quellaveco (AAQ) en la región Moquegua. La vigilancia ambiental asegurará que esta restauración se lleve a cabo de forma correcta.

Los ANTECEDENTES de los MAP, se remontan a los años 2007 -2008 que surgen como respuestas a los conflictos socio-ambientales en las zonas mineras. Los grupos, comités formados con diferentes nombres y apelaciones, fueron apoyados por el MEM, subsector minero, como una manera de resolver/manejar las situaciones de conflictividad entre las poblaciones y las empresas.

A través de los últimos 15 años años existen aproximadamente unas 50 agrupaciones involucradas en actividades de MAP; se trata de organizaciones más o menos activas en las principales regiones mineras, cuyo accionar depende del grado de los impactos en su calidad de vida y la conflictividad existente; en la actualidad  las mas activas son las del corredor minero sur andino.

Varios de los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa (CMVAP), actúan parcialmente en las actividades de MAP en aproximadamente 30 empresas mineras.

En el MARCO LEGAL existente hace más de 10 años, este no ha sido actualizado, los MAP forman parte de los mecanismos de participación ciudadana. Estos son reglamentados por una norma (D.S. N° 028-2008-MEM y la R.M N° 0304- 2008-MEM), para su conformación y funcionamiento; los CMVAP deben inspirarse, como mínimo, en los derechos y principios ya identificados en dicha norma (iii). Estos incluyen los Derechos a la:

Participación: toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones de la autoridad, sobre asuntos referidos a la actividad minera, que pudieran tener alguna incidencia sobre sus intereses, sin perjuicio de las competencias que les corresponden a las autoridades en cada uno de los niveles de gobierno.

Acceso a la información: toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información y acceder adecuada y oportunamente a la información pública.

Los Principios incluyen: el respeto a la diversidad cultural; No discriminación; El diálogo continuo; Vigilancia ciudadana. La población tiene derecho a realizar de manera organizada actividades de control y seguimiento sobre las medidas, acciones, obligaciones y compromisos sociales y ambientales asumidos por el titular minero.  Este rol de control y seguimiento debe estar a cargo de una institución especializada.

Como referencia, es importante conocer que, entre febrero 2008 y agosto del 2009, la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) emitió 30 Resoluciones Directorales en las cuales se consideró el mecanismo de “Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo”.  Existía prisa por implementar este instrumento para “alivianar” los conflictos existentes en la actividad minera.

Síntesis de la revisión de estudios recientes

1.En la publicación del Grupo Regional de Desarrollo (GRADE), sobre “Propuestas para mejorar los mecanismos de evaluación ambiental minera (i), el objetivo fue brindar recomendaciones de política pública, para contribuir a mejorar el monitoreo ambiental de la minería. Se menciona que en los proyectos analizados (Veladero, San Juan, Argentina y Antapacay- Expansión Tintaya, Espinar, sur de Perú), se identificó que minería (de gran escala) produce incertidumbre, con respecto al uso excesivo  del recurso en contra de una disponibilidad limitada y los efectos sobre la calidad del agua por la contaminación, por falta de control de sus efluentes. La desconfianza sobre el recurso hídrico se manifiesta en un aumento de los conflictos socioambientales, (las poblaciones del entorno se protegen de mayores daños) y la pérdida de legitimidad de las capacidades estatales en la fiscalización ambiental.

Además, indican que sería necesario fortalecer las instituciones de evaluación ambiental minera; para el caso de Perú sería el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que no es solo para minería. También recomienda que sería clave para afianzar el control ambiental sobre la minería, el transparentar los mecanismos de evaluación como el muestreo, análisis (estos no son mecanismos, son parte de una metodología que cumple protocolos y realizada por especialistas).

Adicionalmente sugieren mejorar el acceso ciudadano a la información y a los derechos ambientales (información, decisión y justicia).

Evaluando el documento se verifica que los autores economistas no tienen claro los conceptos, ya que mal utilizan varios términos, lo que origina confusión. Por ejemplo, los MAP no son un mecanismo de evaluación (no valora nada), es un mecanismo de participación. El monitoreo es una herramienta de supervisión, que arroja datos puntuales de valores de la calidad de los factores ambientales en tiempo y espacio; por lo que su ejecución no representa nada concluyente, si no se tiene elementos (valores de línea base) u objetivos designados previamente para vigilar su cumplimiento.

En la nota se cuestiona el rol desempeñado por el Estado y sus equipos técnicos respecto al control ambiental. Se señala que ante esta situación las poblaciones locales han recurrido a la realización de monitoreosindependientes”, ya que desconfían de los procesos de control ambiental dirigidos por los Estados o empresas. 

2. En el Informe titulado “Comités de Monitoreo Ambiental Participativo en Contextos Mineros”, apoyado por la cooperación canadiense, se ha investigado en forma simultánea casos de proyectos mineros en 4 países (Argentina, Bolivia, Panamá y Perú). de la región LAC (ii).

Este análisis identifica algunos de los contextos de creación de los CMAP, y su relación con los sistemas gubernamentales de cada país. Se mencionan algunas “buenas prácticas” para superar los desafíos, y se comparten políticas basadas en acciones que fortalecen a los comités, presentan un enfoque que contribuiría a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El caso estudiado que revisamos es el del proyecto  Antpacay – Expansión Tintaya, localizado en la Provincia de Espinar, región Puno (sur Perú). Se ha tratado de abordar el problema a través del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (S.N.G.A). Se menciona que las entidades competentes OEFA y Autoridad Nacional del Agua (ANA)  han realizado avances en la desconcentración de sus funciones administrativas mediante

– Apertura de la Autoridad Local del Agua (ALA)Alto Apurímac – Velille

 – Una oficina de enlace de OEFA – Espinar.

Las dos instituciones experimentan una serie de deficiencias (falta de equipos con personal capacitado y “expertise”), se atiende las quejas, recibiendo los oficios correspondientes, lo que no permite cumplir como entes fiscalizadores y támpoco garantizar la protección ambiental.

Entre los problemas identificados en el SNGA, se tiene:

I. Limitado acceso a la información, pese a la implementación de la vía digital, para facilitar el acceso a la información del IGA, estos continúan siendo procesos largos que requieren el manejo de un lenguaje técnico, lo que dificulta el acceso a información para la ciudadanía.

II. Instrumentos de evaluación ambiental “insuficientes”.

Los instrumentos de evaluación ambiental “existentes” no contemplan el monitoreo de la cantidad del agua, que es un aspecto crítico de las demandas poblacionales. Esto es una falacia, porque lo que existe son las Evaluaciones de Impacto Ambiental  (EIA); en el caso de Perú, solo se considera un elemento intrínseco, el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS). En este documento, se establece valores de referencia de la calidad del agua, aire, suelos, denominado como línea base (inventario ambiental), que son registrados antes del inicio del proyecto.

Estos datos de “línea base” sirven para poder comparar con los nuevos valores de la calidad del agua, suelo, aire, registrados con los efectos de las acciones, una vez iniciado el proyecto. Por otra parte, mostrando un desconocimiento en la temática ambiental, se menciona que los instrumentos de gestión ambiental existentes (Estándares de Calidad Ambiental –ECA y Límites Máximos Permisibles – LMP) son “insuficientes” para evaluar los impactos ambientales acumulados en el territorio. Es pertinente aclarar que los ECA y LMP, No son “instrumentos”, son parámetros, ver límites que se deben tener en cuenta, según la normativa, para definir si por encima de ese valor puede generar daño al medio ambiente o a la salud de la población.

III. Deslegitimación.

La población desconfía de la “independencia” de las instituciones, por “favores” de las empresas en la logística del monitoreo, como el traslado de personal, refrigerios y equipos.

IV. Desestimación del valor político, social y ambiental del monitoreo comunitario

Las instituciones estatales deslegitiman los MAP por razones técnicas. Esta percepción negativa impide aprovechar la información ambiental generada “permanente” en el tiempo.

V. Justicia Ambiental en Espinar

Se sigue tratando de “esconder” el problema de la causalidad de la contaminación del agua de las cuencas de los ríos Cañipia y Salado. Después de más de 30 años de explotación de la mina Tintaya, sin las regulaciones ambientales actuales, es lógico pensar que las acciones de la explotación  antigua, y ahora Antapaccay, estén en el origen de la grave contaminación de las aguas en las cuencas. Se menciona que existen estudios del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) de los años 2013 y 2015, que corroboran un origen de los metales pesados asociado  a la minería

VI. Falta de atención a la salud de la población afectada

Existen dos Planes de atención a la salud (2015 y 2015-2017) para Espinar que no se han cumplido. La población reclama la vulneración de sus derechos a una atención de salud integral.

Entre las RECOMENDACIONES DE POLÍTICA  de este informe, se incluye:

Mejorar el Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental

  • Transparentar los mecanismos de evaluación ambiental minera

Ampliar los mecanismos de participación ciudadana en minería.

Se remarca que es trascendental que se articule a los “monitoreos comunitarios” dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Proyecto de Ley N°336/2016-CR).

Justicia Ambiental en Espinar

Es urgente que el Estado cumpla con el diseño e implementación de la estrategia de salud pública de emergencia para la población de Espinar.

3. El Proyecto PERCAN, de la cooperación Canadiense, (Menard, 2011), elaboró una Guía para la implementación de CMVP (iii).

Se basó en 3  estudios de casos: Ancash (Huarmey, Jangas); Arequipa (Bateas y Cerro verde); Moquegua (Comisión Mesa de Diálogo “grupo de trabajo para el caso Aruntani”)

Una preocupación que se decantó en los estudios es la poca confianza de la población en los resultados, y hasta en la independencia de los comités y participantes en los monitoreos con la empresa. Muchos pobladores no creen en los resultados cuando son difundidos, sobre todo cuando los datos “confirman”, que no hay contaminación, así  se “vivan” los efectos que dañan la salud de los pobladores o sus animales.

En este esfuerzo se contó con ayuda internacional, mediante las experiencias de instituciones internacionales que han contribuido a promover la implementación del monitoreo ambiental participativo en el país. Dos de ellas estaban involucradas como financistas, la Corporación Financiera Internacional (CFI) en el caso del proyecto minero Yanacocha en Cajamarca, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el caso del proyecto gasífero Camisea en Cusco y Ayacucho.

En el documento se define el Monitoreo ambiental, como la recolección, procesamiento y análisis sistemáticos de datos en el tiempo por parte de especialistas técnicos; a fin de identificar los cambios en algunos aspectos o elementos del entorno de un proyecto.

Esta guía, presenta propuestas bien estructuradas para los CMVAP, analizando los Principios y Valores que deben promoverse, se define los Objetivos y el Rol del comité y se señala algunas pautas para la formalización de los CMVAP.

Entre las conclusiones se remarca que esta Guía fue elaborada para el MINEM, para la implementación del mecanismo de participación ciudadana del Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos contemplado en la norma vigente; lamentablemente esta propuesta, la más seria, no ha sido difundida ni utilizada para tratar de consolidar el mecanismo en el subsector.

Así, entre otras recomendaciones señala que los CMVAP deben elaborar sus propios programas y herramientas para realizar sus acciones de monitoreo y vigilancia.

Se preguntan ¿cómo se pretende generar confiabilidad en los resultados de las acciones de monitoreo y vigilancia? Indicando que deben respetarse algunas reglas básicas tal como lo estipula la norma de participación ciudadana.

Algunos casos emblemáticos:

Minera Cerro Verde

Lineas abajo se muestra un cuadro, donde se sintetiza los resultados de los monitoreos de la calidad del aire, de la calidad de agua y sedimento desde el año 2013, realizados por la OEFA en la zona de influencia de la operación minera.  Se aprecia que los valores de material particulado (PM 10 y 2,5), sobrepasan los ECA de calidad del aire. En el caso del agua también los valores de los parámetros medidos muestran que la calidad de agua está deteriorada; igual los contenidos de metales pesados en los sedimentos.  Conociendo estos incumplimientos por parte de la minera, no se ha hecho nada al respecto. Esta situación es por falta de capacidad técnica y “expertise” de la OEFA para hacer una evaluación especializada y proponer medidas de mitigación

También se ha reportado en una investigación de la UNSA, en marzo del 2020, la presencia de metales pesados (cadmio, arsénico) en los cultivos de hierba buena y otros, en el distrito de Tiabaya, que al ser consumidos por los cuyes, los animales presentaron envenenamiento. Estos contaminantes llegan a los campos de cultivo con el viento, son polvos secos procedentes de la relavera, situada a menos de 10 km en línea recta.

Actualmente los pobladores de los distritos (Socabaya, Uchumayo Tiabaya) colindantes a la operación, están afectados por un “Smog” fotoquímico (ozono troposférico, aerosoles y PM). La contaminación también se ha triplicado, igual que la producción, afectando seriamente la salud de la población. Así, estos gases son potencialmente peligrosos en el contexto actual del coronavirus, lo que incrementa la cantidad de contagiados.

N.°Número de InformeDescripciónFechaParticipativo /No participativoComponentes evaluadosParámetros que incumplieron los ECA vigentes* y/o normativa referencial**
1217-2013 OEFA/DE-SDCAMonitoreo de calidad de aire en el distrito Socabaya, Arequipa30 enero – 3febrero de 2013NPAirePM (2.5)
2081-2015-OEFA/DE-SDCAMonitoreo de calidad ambiental de aire en el distrito de Jacobo Hunter, provincia y departamento de Arequipa8 – 12  diciembre 2014NPAirePM (2.5) Localidades de Costa Verde y Tingo Grande
3263-2015-OEFA/DE-SDCAMonitoreo ambiental participativo de calidad ambiental de aire en el distrito de Jacobo Hunter, provincia y departamento de Arequipa 3 – 8 noviemb. 2015PAirePM (2.5) y PM (10)  
4276-2016-OEFA/DE-SDCAMonitoreo ambiental de calidad de agua superficial y sedimento en el Río Chili y afluentes, en los distritos de Yura, San Juan De Tarucani, Cayma, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Sachaca, Jacobo Hunter, Socabaya, Tiabaya y Uchumayo, Provincia y Departamento Arequipa 14 – 18, mayo 2016NPAgua y sedimentoAgua: Conductividad eléctrica, coliformes totales, coliformes termotolerantes, cloruros, DBO, arsénico, boro, hierro y manganeso.     Sedimento: Arsénico, cobre, cromo y mercurio.
5003-2019-OEFA/DEAM-STECEvaluación ambiental en el área de influencia de la unidad minera Cerro Verde de la Sociedad Minera Cerro Verde SAA, ubicada en los distritos Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento Arequipa 2 abril – 12 mayo; del 18 – 31 julio, y del 1-19  setiembre 2018NPAgua y sedimentos, comunidades hidrobiológicas geología local aire, suelo, polvo sedimentadoAire: PM (10)   Agua superficial: pH, Conductividad , eléctrica, Cloruros Fluoruros, Boro.   Sedimento: Cobre

Antapaccay – Expansión Tintaya

Las comunidades campesinas de la provincia de Espinar y los pobladores de la ciudad de Yauri (Cuzco) han recurrido a ONGs para desarrollar monitoreos hídricos comunitarios.

Existe una asociación civil (Asociación de Vigilantes y Monitoreos Ambientales de Espinar), para que los resultados de los controles ambientales en sus comunidades sean institucionalmente reconocidos.

Resultados conocidos 

En el rio Tintaya, desde los años 2010 -2011 se comprobó la contaminación por sulfatos, nitritos, selenio, manganeso e incluso calcio. También los contenidos de molibdeno superaba los 0,5 mg/L, estroncio superaba los 0,8 mg/L y la dureza total era mayor a 500 mg/L.

Esta situación es particularmente grave, ya que el estado está “presionado” hace varios años por los “lobies extractivos” para no mostrar resultados negativos; el estado no ha sido capaz, por falta de ética y transparencia, de decir la verdad sobre los resultados en el Informe final Integrado (MINAM, 2013).

Es cuestión de tiempo que se corrobore, el origen de la contaminación de los acuíferos por la minería. Esta contaminación y pérdida de la calidad de agua ya se está demostrando, con el “Monitoreo Ambiental Comunitario de la calidad de aguas de la cuenca del río Cañipia. Se está estudiando macroinvertebrados bentónicos, en los cuerpos de agua, como bioindicadores de la calidad del recurso, con el apoyo de profesores biólogos de la UNMSM.

Discusión

Hace mas de 10 años que no se ha creado ninguna nueva norma para incentivar y mejorar la participación ciudadana. El desorden imperante en la realización de monitoreos, las varias iniciativas locales, la falta de atención del estado a los reclamos de los CVMAP y la falta de credibilidad en los informes que se presentan, hacen a esta herramienta inútil, y un gasto no justificado.

Sintetizando podemos decir que estas prácticas de monitoreos no han sido beneficiosas; no existe una verdadera participación de las comunidades y tampoco se ha logrado crear confianza y disminuir  tensiones. Solo se ha logrado aplazar parcialmente la conflictividad en las zonas mineras.

Luego, el “proceso” de comprometerse con la comunidad, no ha sido verdadero, falta transparencia en el accionar de las empresas.

La abundancia de estudios sobre la temática del MAP, realizados por opinólogos, sin argumentos ni resultados valederos, muestran que existe la consigna  de organismos internacionales de querer mostrar casos de éxito, cuando no los hay.

Esta herramienta tiene varias deficiencias, desde su falta de concepción de una metodología coherente y válida, los resultados muestran que su realización por parte de las empresas no logran legitimar sus actividades.

Ante la falta de cumplimiento de los ECAs, los organismos emiten informes, pero no se hace nada, no hay propuestas de medidas de control y mitigación; los impactos sobre los factores ambientales (agua, aire, suelos, cultivos etc.), continúan afectando la salud de la población.

La situación es insostenible, el estado continua cediendo a las “presiones” de los grupos de poder que manejan el sector extractivo, para no mostrar los resultados de envenenamientos, con metales pesados provenientes de las actividades de empresas irresponsables

Hay que enfrentar la “verdad desnuda”, existe en el entorno de las zona mineras, la contaminación de factores ambientales (agua, suelos) en toda la cuenca; y se está afectando la salud de las poblaciones. En el corto plazo esta situación, deberá traer consigo el ajuste de las regulaciones y una fiscalización descentralizada, más severa. Estas protestarán diciendo que hay exceso de normas y trámites, pero solo les quedará ir más allá de cumpir la mormativa “débil” y manipulada; y asumir el compromiso verdadero de cuidar el medio ambiente. Así, sería peor continuar con la contaminación de elementos claves como los acuíferos, debemos proteger las cabeceras de cuenca y no poner en riesgo la sostenibilidad ambiental del país.

El próximo gobierno deberá tener clara la “Agenda ambiental pendiente” en cuanto a los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs), el MINAM, por lo que deberá tomar el liderazgo con autonomía, transparencia y ética, para  ganar credibilidad y retomar la confianza.

El tema de Evaluación de Impactos Ambientales en los proyectos es complejo, por lo que existen IGA, con una metodología bien establecida;, donde intervienen especialistas multidisciplinarios, debiendo ser exhaustivos y deben tener plazos razonables para su diagnóstico; estos documentos deben ser acompañados con resúmenes simples en lenguaje accesible en máximo 20 páginas, no los que se presentan de más de 500 páginas. Así, los ciudadanos deben poder revisar los resultados de la evaluación y tomar nota para vigilar y monitorear los planes de manejo que contienen las recomendaciones que se deben cumplir para controlar y mitigar los impactos. 

Es necesario implementar cursos sobre las bases de la Gestión ambiental (IGA) para economistas y abogados; y a todo nivel, para que se pueda hablar con conceptos claros y puedan ser entendidos y utilizados en la forma correcta.

Un “remedio” sería la contratación de instituciones autónomas (Universidades o consultoras extranjeras). La incorporación de instituciones autónomas en el proceso de EIA, tiende a restablecer la confianza ciudadana respecto de la calidad de la información ambiental. La lista de consultoras autorizadas por el MEM para realizar los EsIA, debe ser revisada y su perfomance evaluada por expertos.

Recomendaciones

Se propone modernizar y mejorar la normativa existente, con la creación de nuevas normas para incentivar la participación ciudadana en la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de los compromisos que figuran en los Planes manejo, de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA).

Se sugiere algunos principios que deben ser tomados en cuenta para mejorar la participación ciudadana. Entre otros:

La Corresponsabilidad, que significa que todos igualmente responsables como individuos y como grupo de que los objetivos y metas del comité se logren. La corresponsabilidad exige la voluntad de todas las partes de trabajar conjuntamente.  También la búsqueda de Consenso; el ejercicio de la Democracia, entendida como el poder que reside en la totalidad de sus miembros; haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Además el Diálogo: entendido como un proceso de aprendizaje interno; la Equidad de género; la  Inclusión social; la Justicia social; la Rendición de cuenta; el Respeto intercultural; la complementariedad como forma de relacionamiento; el  Respeto a la vida y al medio ambiente y la Transparencia. ¡¡Hay mucho por hacer!!

Es necesario aclarar el concepto de “mecanismo de participación ciudadana”, no es posible que organismos como OEFA, mencione a las denuncias ambientales; o el SENACE, a la entrega de RE y EsIA, publicaciones de avisos y buzones de sugerencias, confundiendolos con elementos de acceso a la información.

Es necesario promover la participación ciudadana efectiva, y revisar los resultados de los EsIA; ya que no se ha logrado realizar las evaluaciones de impactos ambientales y sociales confiables y con la rigurosidad requerida. El tema del impacto social debe ser abordado de manera independiente y en las etapas tempranas de los proyectos; esto permitirá generar confianza en la población, cuando los impactos sean controlados y mitigados.

Las entidades competentes tienen que hacer prevalecer la meritocracia en sus puestos directivos con profesionales capaces y honestos; también se debe hacer alianzas con la academia para generar la formación de equipos profesionales con las capacidades y valores éticos requeridos.

Para descentralizar la labor de fiscalización se debe crear una Superintendencia de Medio Ambiente; apoyarse en convenios con las universidades para la investigación, tener el apoyo de egresados de Ingeniería Ambiental y de sus laboratorios.

Es urgente potencializar los equipos revisores para mejorar los resultados en las labores encomendadas; además que se mejora la conciencia ambiental ciudadana en todo el país. 

Lincografía

(i)http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/GRADE_ap50.pdf

(ii)https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiip_SyZbsAhWErVkKHc9oA0gQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fundp%2Flibrary%2Fplanet%2Fenvironment%2FUNDP-CIRDI_Participatory_Environmental_Monitoring_Committees_in_Mining_Contexts_ES.pdf&usg=AOvVaw1J0GSib2rZfdmGBY-zu_4s

(iii)Percan https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCkM7J0aXsAhVGvFkKHc7DC28QFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.minem.gob.pe%2Farchivos%2Fpublicacion-Gu%25C3%25ADa_Comit%25C3%25A9_Monitoreo_y_Vigilancia_Ambiental_Participativo_110912-5ofzz17z49v9zuz6.pdf&usg=AOvVaw1uFEN0r3pPWYyw6n-qM_VG (iv)Núñez del Prado, H., (2020) Análisis de la participación ciudadana en los proyectos extractivos en el Perú.

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