La Defensoría del Pueblo advirtió que existen diferencias significativas entre los datos sanitarios que reporta el Gobierno y los gobiernos regionales en sus portales estadísticos (salas situacionales).
Al respecto, solicitaron que esta información se corrija para contar con datos integrados y confiables que respondan a la realidad del país.
En ese sentido la Defensoría coincidió con el Poder Ejecutivo en la necesidad de distinguir la situación de riesgo sanitario. Esto, mediante el uso de indicadores que permitan hacer una distinción entre los niveles moderado, alto, muy alto y extremo. Sin embargo, pidió que se explique los indicadores utilizados para su evaluación y la prioridad que asigna a cada uno de ellos.
“Si bien esta evaluación del riesgo ha tenido una mirada regional, debe tomarse en cuenta información tanto del nivel departamental como del provincial y distrital. La evaluación del riesgo, así como las medidas de contingencia sanitaria, deben tener un enfoque territorial”, señalaron.
Por ejemplo, las regiones de Arequipa, Madre de Dios y Tumbes revelaron que el nivel de riesgo sanitario emitido por el Ministerio de Salud es ‘Alto’, pero debe ser ‘Moderado’. Mientras que Huánuco y Moquegua indicaron que el nivel de riesgo sanitario emitido es ‘Alto’ pero debe ser ‘Muy Alto’.
Que restricciones a ciudadanos se focalicen pide Defensoría
Respecto a las restricciones de los derechos de las personas, en función de los niveles de riesgo, la Defensoría del Pueblo consideró que éstas tienen que focalizarse. Además, deben estar fundamentadas en motivos que den muestra de la razonabilidad de dichas medidas. Asimismo, solicitaron que estas medidas se tomen entre las autoridades nacionales, regionales y locales.
“Nuestra institución coincide con el comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Las decisiones del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia por el COVID- 19 tienen que consensuadas y coordinadas con los gobiernos regionales y locales. Esto contribuirá a garantizar su adecuada implementación y fiscalización”, apuntaron.
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