La situación del suspendido gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, así como el resto de los cinco detenidos en el caso ‘Los hijos del cóndor’ se resolverá pasada la Navidad. Tras un acuerdo entre la Sala y las partes, el debate se cerrará el próximo martes con los alegatos de la Fiscalía. Luego, en 48 horas vendrá el veredicto.
Inicialmente, la Segunda Sala de Apelaciones de Arequipa programó terminar las audiencias este jueves 23 de diciembre. Sin embargo, el tiempo jugó en contra. En la agenda de este miércoles, se programó revisar el caso del dirigente de Pampas Bayas, Mario Jacobo, y del exjefe de Copasa, Marcelo Córdova. Empero, la sustentación de los alegatos y la discusión entre la defensa de Jacobo y la Fiscalía solo permitieron que se vea el primer caso.
Los jueces y las partes acordaron continuar este jueves con la apelación de Marcelo Córdova, que quedó pendiente. Debido a que el viernes y lunes fue declarado feriado, la siguiente audiencia será el martes. En la sesión, se revisará la apelación del exasesor del gobernador de Arequipa, Leonel Llayqui, quien ha pedido que se le reduzca el monto de la caución económica (50 mil soles). Por último, la Fiscalía sustentará su requerimiento de aumentar la prisión preventiva a 36 meses contra los investigados.
Sala de Apelaciones de Arequipa
La Segunda Sala Penal de Apelaciones inició el pasado jueves 16 de diciembre la revisión de los recursos presentados por los investigados. El primer en ser evaluado fue la del gobernador Elmer Cáceres Llica. La autoridad regional pidió que se revoque la detención por considerar que no cometió ninguno de los delitos que le atribuye la Fiscalía. Señaló en su defensa que todo se trataría de un acto de venganza y dijo sentirse discriminado frente al restos de investigados.
Posteriormente, los vocales han ido revisando día tras día las apelaciones del exgerente regional Gregorio Palma, la consejera Jeymi Flores, el exgerente de Autodema Napoleón Ocsa, el consejero Veto Bernal y por último la del dirigente Mario Jacobo. En su defensa, Jacobo negó haberse coludido con funcionarios del gobierno regional para entregar terrenos de su asociación a los consejeros.
“Nunca he participado en esta supuesta organización criminal con el ejecutivo del Gobierno regional. Yo he hecho mis gestiones formalmente, de acuerdo a ley, realice algunas llamadas a los funcionarios para que puedan agilizar mis documentos. Tengo 63 años y adolezco de mi salud. Yo no podría fugar, tengo una familia que mantener y quiero que haya justicia sobre mi persona”, dijo sollozante el dirigente.
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