Un fuerte golpe sufrió la investigación del mayor caso de tráfico de terrenos que lleva el Ministerio Público en Arequipa. La semana pasada dejaron el penal de Socabaya cuatro de los detenidos del caso “Los malditos de Chumbivilcas”.
El motivo fue que el 19 de marzo venció el plazo de 4 años de prisión preventiva que impuso el Poder Judicial, en el 2018.
Uno de los liberados fue José Luis Cavero Astete, exfuncionario de confianza del exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada. Los otros fueron los dirigentes de la Asociación de Vivienda Jardines de Chachani: Pepe Merma Valencia, Leandro Castañeda Peña y Gabriela Córdova Cuba.
La liberación de los principales protagonistas de la presunta red criminal, que invadió y traficó terrenos con el apoyo de funcionarios y autoridades, ocurre en plena marcha del juicio oral que arrancó el 11 de marzo pasado. El Ministerio Público ha intentado que se extienda la detención. Presentó un requerimiento de Exclusión del Cómputo de Plazo de Prisión Preventiva, hasta que el juicio acabe. Sin embargo, el Poder Judicial lo ha rechazado y en su lugar ha dispuesto que los excarcelados tengan prohibido abandonar la ciudad.
Frente a la liberación de los detenidos, se ha cuestionado la labor de la fiscal María Cabana, quien debió presentar la acusación mucho antes de que los plazos vencieran. Sin embargo, ella recién lo hizo a principios de enero, es decir, dos meses antes de que culmine la prisión. En febrero, en plenas vacaciones judiciales, se realizó el control de la acusación. Tras ello, el juez José Ríos Nuñez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, autorizó el inicio del juicio.
Caso Los malditos de Chumbivilcas
Desde el 20 de marzo de 2018 en que se detuvo a 26 integrantes de la presunta organización criminal, en un megaoperativo policial, la fiscalía ha rastreado a los otros miembros. A la fecha ha considerado a 31 personas en la acusación final, todos ellos en libertad.
Entre los imputados figura el exalcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada. El Ministerio Público solicitó para el exedil una pena de 21 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Justamente, Zegarra Tejada fue incluido en la investigación al salir nuevos videos y documentos en los que avalaba a los traficantes de terrenos y que fueron propagados por El Búho. La fiscalía le imputó los cargos de abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, por condicionar ilegalmente la entrega de bienes y servicios a los dirigentes de la asociación, a cambio de respaldo político.
En cuanto a los demás integrantes se les atribuyó los delitos de organización criminal, asociación ilícita para delinquir, usurpación agravada, defraudación, falsedad ideológica, falsedad genérica, falsificación de documentos, usurpación de funciones, tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio y abuso de autoridad, indistintamente.
La investigación ha sido compleja. En mitad del proceso se produjo la muerte del dirigente de la Asociación Jardines de Chachani, William Merma Valencia, quien venía cumpliendo prisión preventiva en el penal de varones.
Fiscal da explicaciones y juicio tendrá prioridad
En una entrevista que la fiscal María Cabana concedió a La República, manifestó que el proceso inicialmente lo tuvo la fiscal María Alejandra Cárdenas, hasta julio de 2019, fecha en que fue transferida a Lima. A partir de agosto de ese mismo año, ella asume el caso y continuó con las indagaciones. Para ese momento, se contaba con los testimonios de un colaborador eficaz; pero de pronto decide echarse para atrás en sus declaraciones, lo que les hizo perder más de un año de trabajo.
Luego vino la pandemia y la fiscal dejó de realizar diligencias por varios meses. Sin embargo, para mayo de 2020 se había retomado el caso, pero se toparon con los abogados defensores que dilataban el proceso al no asistir a las citas programadas. Pese a ello, se culminó la carpeta para agosto de 2021. Sin embargo, el Poder Judicial les pidió entregar toda la documentación en DVD a cada abogado defensor y acusados, dilatándose el tiempo hasta diciembre, cuando finalmente se instaló la audiencia de control de acusación.
Mientras tanto, desde la Corte de Justicia de Arequipa se informó que este proceso será visto a exclusividad en los siguientes meses. El Primer Colegiado Supraprovincial Penal fijó audiencias hasta junio, porque el expediente de Los malditos de Chumbivilcas es abundante y complejo.
