La Comisión Permanente del Congreso aprobó, por mayoría, los informes finales que recomendaban el archivamiento de cuatro denuncias constitucionales (DC), en contra de exfuncionarios del Estado que cometieron infracciones a la Constitución, lo que determinó que la Fiscalía de la Nación recurriera a esta instancia para solicitar se les acuse en el Parlamento.
El primer informe aprobado archivó la acusación constitucional en contra del exfiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. La denuncia la había formulado la excongresista Carolina Lizárraga Houghton, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho activo específico y tráfico de influencias.
Sin embargo, por 27 votos favor, dos votos en contra y cero abstenciones, se declaró improcedente. Esto, en concordancia con el principio Ne Bis In Idem administrativo, ya que la Junta Nacional de Justicia destituyó al exmagistrado. Y no se puede imponer una sanción por el mismo hecho.
Javier Velásquez, Marvin Palma, Edgar Alarcón y Héctor Becerril
Asimismo, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó una acusación en contra de los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La denuncia incluía al excontralor general Edgar Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.
Pero se concluyó en la Comisión Permanente del Congreso que no están probados los delitos que se imputan a los denunciados. Y por tanto, se recomendó su archivamiento con 20 votos a favor, seis votos en contra y una abstención.
El tercer informe final correspondía a la denuncia formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el Código Penal. También se archivó con 20 votos a favor, siete votos en contra y una abstención.
Manuel Merino De Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo
La denuncia constitucional del cuarto informe final, también formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, era en contra el expresidente Manuel Merino De Lama, el expremier Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo.
Se les acusó de ser presuntos autores, por omisión impropia, del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez. Así como por lesiones graves y leves, a título de dolo eventual, en agravio de Fermín Cruz Ances y otros. Sin embargo, al igual que con los otros informes, se logró su archivamiento con 22 legisladores que votaron a favor, seis en contra y una abstención.
Para este último informe, sustentado por el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País), inició el debate la congresista Silvana Robles Araujo, de Perú Libre. Ella señaló que la denuncia, al provenir de la Fiscalía, tenía una carga probatoria que ningún órgano político podría ignorar. Y que el fuero parlamentario estaría excediéndose en sus funciones, y en claro abuso de poder, estaría obstruyendo la justicia. “Si aprobamos este informe encubridor, los deudos de Inti y Bryan tendrán abierta la posibilidad de acudir a fueros internacionales”. Y muy probablemente la Comisión Internacional de Derechos Humanos nos enmiende la plana (al Congreso).
A su vez, el parlamentario Edgard Reymundo Mercado (CD-JP) solicitó una cuestión previa para que el informe retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para una correcta evaluación de las pruebas remitidas por el Ministerio Público. Pero luego de una votación, el pedido quedó desestimado. En este caso votaron ocho congresistas a favor, 19 votos en contra y dos abstenciones.
También participaron, Pedro Martínez Talavera (AP), Alejandro Muñante Barrios (RP), Wilson Soto Palacios (AP), Ernesto Bustamante Donayre (FP) y Waldemar Cerrón Rojas (PL).
Informe final contra Dina Boluarte verá Congreso en 15 días
La sesión de la Comisión Permanente se inició con la denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra. En tal sentido, se le otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente el informe final de la denuncia constitucional contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidente de la República. La iniciativa fue aprobada con 22 votos a favor y cero abstenciones.
Como se informó, el pasado 14 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó declarar procedente la denuncia contra Boluarte.
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