Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial, convocó a una sala plena extraordinaria a pedido de ocho jueces supremos, tras la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. El objetivo es debatir y pronunciarse sobre la eventual afectación de la independencia y autonomía del sistema de justicia.
“La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia convocó a una sesión de Sala Plena en la que se tratará el pedido de ocho jueces supremos, quienes al amparo del artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solicitaron su realización con carácter de urgencia”, precisa el documento.
La sala está fijada para el miércoles 28 de junio, a las 12.30 p. m. y se debatirán “los últimos acontecimientos relacionados con la inhabilitación política de la fiscal suprema titular, Zoraida Ávalos Rivera”.
Verán probable afectación a la independencia y autonomía del sistema de justicia
Los ocho magistrados hicieron una solicitud por escrito, luego de que Arévalo Vela no les respondiera la que le hicieron días antes de forma verbal, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sala plena extraordinaria se puede convocar de oficio o a pedido de un tercio de los fiscales supremos titulares.
El pedido para la sala plena la hicieron César San Martín, Elvia Barrios, Janet Tello y Carlos Calderón. Igualmente, Augusto Proaño, Víctor Castillo y Ulises Yaya, juntando sus firmas en la solicitud.
“Solicitamos de manera urgente convocar una sala plena extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia. Como órgano de deliberación de esta máxima instancia judicial, luego de los últimos acontecimientos relacionados con la inhabilitación política de una fiscal suprema titular, debemos debatir. Y tomar acuerdos sobre una probable afectación a la independencia y autonomía del sistema de justicia”, refiere el documento.
El pleno del Congreso de la República del 21 de junio inhabilitó de la función pública a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. La sanción es por cinco años. Y también la denunció constitucionalmente por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, cuando investigaba al ahora expresidente Pedro Castillo.
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