Richard Hancco, gobernador regional de Puno, se pronunció en contra del paro regional programado para el martes 30 de mayo y la anunciada tercera ‘toma de Lima’, tras haberse reunido con una representante de la PCM.

Sin embargo, hace unos meses, dio su respaldo total a las movilizaciones de los ciudadanos puneños. Incluso, llamó «traidora» a Dina Boluarte.

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La Policía Nacional logró desmantelar una organización criminal conocida como «Los Internacionales de Chincha», cuyas actividades delictivas habían sumido a la provincia de Chincha, en la región de Ica, en un clima de terror. Esta banda criminal se dedicaba principalmente a la extorsión de empresarios y al tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Tres individuos fueron arrestados en flagrancia: el ciudadano venezolano Horacio Alejandro Bonilla La Cruz, conocido como ‘Malandro’, y los peruanos Jerson Paul Flores Cadenas, apodado ‘Floro’, y Moisés Villegas Salazar, alias ‘Chucky’.

En la lista de víctimas de estos delincuentes figura el empresario peruano Anthony Miguel Lévano Ramos y los representantes de la empresa agrícola El Homo SAC y Girasoles, a quienes se les exigía el pago de 12,000 dólares.

La detención de los delincuentes tuvo lugar en la habitación número tres del hospedaje Maragú, sector Los Ficus, distrito de El Carmen, en Chincha. Allí se encontró una pistola Baikal, con número de serie POY087703, otra arma con número de serie TO620-13J00823 y una llave de contacto de una motocicleta robada.

Además, se encontró diversas municiones, teléfonos móviles, cascos de motocicleta y una moto con placa 8641BW, perteneciente a Moisés Villegas, así como marihuana, clorhidrato de cocaína y cocaína rosada.

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El estudio titulado “Perseguidas por abortar: de la sala de emergencias al juzgado por un aborto” reveló que más de 370 mil mujeres abortan cada año en el Perú, lo que equivale a aproximadamente mil abortos diarios, incluso pese a la penalización.

La investigación fue presentada por la plataforma digital Salud con Lupa. La jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, señaló que estos números reflejan la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes debido a factores como la pobreza, la clandestinidad, la violencia sexual y el embarazo forzado.

El estudio revela que, entre los años 2016 y 2021, se registró un total de 908 mujeres por aborto, de las cuales 77 recibieron condena. Para realizar la investigación, se analizó los casos de 41 mujeres investigadas por abortar o intentarlo en las cortes de Arequipa, Puno, Tacna, Cajamarca, Huancavelica, Lima y Callao.

Fabiola Torres, directora de Salud con Lupa, explicó que durante la revisión de 131 sentencias relacionadas con procesos de aborto, obtenidas a través de solicitudes de acceso a la información pública dirigida a una vez cortes de justicia del país, se encontraron estas historias.

Las resoluciones revisadas imponían el pago de la reparación civil (sin un criterio específico), la presentación periódica de la sentencia ante el juzgado y la prohibición de cambiar su lugar de residencia sin autorización.

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Efectivos de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional destruyeron seis laboratorios rústicos utilizados para la fabricación de alcaloide de cocaína y cuatro centros de acopio de insumos químicos en el centro poblado San Cristóbal, en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en la zona cusqueña del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Se incineró 9.3 toneladas de sustancias químicas (entre gasolina, acetona, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cemento), utilizadas para la elaboración de los estupefacientes. Además, se halló 27,900 kilos de arrobas de hoja de coca en proceso de maceración y 29,000 kilos de detritus (restos del cultivo procesado).

También se encontró otro laboratorio rústico que servía para el procesamiento de insumos químicos, además de dos tanques de agua, un generador y un motor eléctricos, cocinas y un horno metálico, entre otros.

Por otro lado, se halló seis laboratorios rústicos de procesamiento de pasta básica de cocaína (PBC) y cuatro centros de acopio de hoja de coca e insumos químicos fiscalizados durante los operativos de interdicción fluvial y terrestre ejecutados en Huánuco.

En estos lugares también se encontró 3.2 toneladas de insumos químicos, 2047 kilos de hoja de coca utilizados como materia prima para la elaboración de PBC, 6950 kilos de hoja de coca en proceso de maceración, así como 30 toneladas de detritus (restos de cultivos de hoja de coca procesados) y dos escopetas abandonadas por los narcotraficantes.

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El alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, pasó a la clandestinidad luego que se ratificara la sentencia de 8 años de prisión efectiva en su contra por el delito de lavado de activos, la tarde del jueves 25 mayo.

La Cuarta Sala de Apelaciones de Arequipa confirmó la condena solicitada por la fiscalía de lavado de activos que lo acusó de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la imputación, el alcalde Vera Paredes adquirió una casa y un auto durante su primera gestión (2011-2014) sin justificar debidamente la fuente de dinero.

El burgomaestre fue visto por última vez dejando el palacio municipal a eso de las 3 de la tarde, una hora antes de que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa diera lectura a la resolución judicial.

Trascurrida la tarde y luego de conocerse la sentencia, un patrullero de la Policía Nacional se hizo presente en su domicilio en la Urb. La Fonda, en Cerro Colorado. Sin embargo, los agentes solo estuvieron vigilando y no ingresaron a la vivienda, debido a que no tenían ninguna orden escrita para su detención, dijo uno los efectivos.

Mientras tanto, alrededor de las 6:30 p.m., un grupo de regidores llegó hasta la casa del burgomaestre e ingresó sin mediar palabra con la prensa. Y hasta las 9 de la noche, se registró movimiento de personas que ingresaban y salían de la casa del alcalde, mientras la policía esperaba afuera.

LEE TAMBIÉN: Manuel Vera se va a la cárcel: Sala ratifica la sentencia de 8 años de prisión para el alcalde de Cerro Colorado

Municipio de Cerro Colorado sin alcalde

Este viernes, la camioneta que traslada al alcalde Manuel Vera permaneció estacionada desde temprano en el municipio de Cerro Colorado.

El gerente municipal, Antonio Acosta, en entrevista con Radio Yaraví, dijo que el municipio continuará con sus funciones sin perjuicio a los ciudadanos. «La administración municipal continúa, esto no depende de una persona». Agregó que Vera Paredes sigue siendo alcalde municipal y “los planes y metas son grupales y sobre eso va continuar”.

Respecto a la sentencia, el funcionario la calificó de injusta y se solidarizó con Vera Paredes. Dijo que lo vio por última vez el día miércoles durante una reunión de trabajo en el municipio. Finalmente, señaló que es decisión personal si se entrega o no a la justicia.

Mientras tanto, en la sede edil se voceaba la posibilidad de convocar a una sesión urgente con los regidores para abordar este asunto. Sin embargo, ninguno había confirmado dicha convocatoria.

Durante el transcurso de la mañana del viernes, algunos concejales se acercaron al municipio, pero evitaron pronunciarse sobre el tema. Lo que llamó la atención es que no se hiciera presente la primera regidora, Gina García de Rodríguez, quien sería la sucesora del alcalde Manuel Vera Paredes.

¿Cuándo asume la nueva alcaldesa?

El abogado especialista en temas electorales, Jorge Luis Mamani, indicó que, de acuerdo con la legislación electoral, la primera regidora debe convocar a una sesión extraordinaria para aprobar la suspensión del burgomaestre sentenciado a pena de cárcel efectiva.

A quien le corresponde asumir la alcaldía distrital es a la primera regidora. En caso de que no se convoque a sesión, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede solicitar de oficio a la Corte de Justicia de Arequipa la sentencia y con ello resolver y entregar las credenciales a la alcaldesa Gina García.

Este procedimiento puede tardar entre 1 y 2 semanas, ya que existe un caso objetivo que es la sentencia en segunda instancia, indicó el experto.

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La Contraloría General de la República evidenció que la inacción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su Dirección de Disponibilidad de Predios y de la Dirección de Derecho de Vías de Provias Nacional, está aplazando la culminación del subtramo Evitamiento Guadalupe – San José de Moroc del tramo Trujillo – Chiclayo de la Autopista del Sol.

La Entidad Fiscalizadora Superior verificó que 287 predios afectados por la ejecución del subtramo mencionado aún no han sido entregados a la concesionaria porque no se concluye con la adquisición y/o expropiación del total de predios. El plazo máximo para la entrega de áreas a la concesionaria venció el 30 de agosto de 2017, según el contrato de concesión.

Las funciones de adquisición, expropiación y transferencia interestatal de inmuebles para el desarrollo de infraestructura de transportes fueron de competencia de la Dirección de Derecho de Vías de Provias Nacional hasta el 2 de julio de 2021. A partir de esa fecha lo son de la Dirección de Disponibilidad de Predios de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC.

Casi dos años después del cambio de competencias, y según el Informe de Control Concurrente N° 11213-2023—CG/APP-SC, los expedientes de 263 predios de los 287 en mención aún continúan bajo la administración de la Dirección de Derecho de Vías de Provias Nacional.

En tanto, los 24 restantes fueron transferidos a la Dirección de Disponibilidad de Predios del MTC recién el 17 de junio de 2022, mediante un acta de entrega y recepción del acervo documentario para que culmine con su adquisición y entrega al concesionario.

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Durante dos a tres meses hemos observado el mismo patrón de uso excesivo de fuerza letal. Así lo refirió la secretaria de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, al presentar este jueves el informe final sobre las muertes en las protestas contra el gobierno.

AI documentó la muerte de 20 personas, las cuales fueron deliberadas e intencionales. En otras palabras, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas estaban desarmadas, sin defensa y a cientos de metros de las manifestaciones. El primer y más importante hallazgo, según AI, son las latas de gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros, lo que contraviene las normas internacionales sobre su uso.

Oficiales al mando estuvieron involucrados al ordenar disparos o al no evitarlos

Callamard enfatizó que muchas de las víctimas eran jóvenes, hombres jóvenes y con familias que tenían que cuidar: “Su muerte no solo ha causado una desesperanza y un daño emocional sino también impacto a largo plazo para el bienestar financiero de las familias”.

El segundo hallazgo es que, “lejos de tratarse de incidentes aislados protagonizados por agentes rebeldes, el uso ilegítimo de la fuerza letal por la Policía y Ejército peruanos apunta a una respuesta estatal deliberada, organizada y coordinada”.

Debido a la naturaleza sostenida del uso ilegal de la fuerza en múltiples partes del país, consideran que eso constituyó ataques generalizados contra una parte de la población como parte de una política de gobierno. Así, los comandantes de la Policía y de las fuerzas militares junto con sus superiores ya sean autoridades civiles o militares, tienen responsabilidad, bien por actuar de manera deliberada o por negligencia constante.

“Creemos que la represión y los asesinatos son parte de un racismo sistémico»

El tercer hallazgo es que el personal de seguridad peruano solo utilizó la fuerza letal fuera de Lima, en zonas donde la población es mayoritariamente indígena, campesina y pobre. A pesar de que las protestas allí no fueron ni más frecuentes ni más violentas que en la capital o en otras regiones. Por eso el informe de AI se titula “Racismo Letal”.

Y en cuarto lugar, el Poder Ejecutivo peruano, incluida la presidenta Dina Boluarte, junto con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, estigmatizó a los manifestantes como radicales violentos y nunca exigió públicamente la asignación de responsabilidades ante la Policía ni el Ejército.

Según AI, pese a que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, la presidenta difundió deliberadamente información errónea sin pruebas y en lugar de condenar los actos ilegítimos de las fuerzas del orden, alabó a las fuerzas de seguridad calificándolas de “impecables”.

La búsqueda de justicia ha sido impedida e interrumpida por el fallo de las autoridades

Las autoridades también tildaron de terroristas a los manifestantes, causando un gran sufrimiento a las víctimas y a sus familiares. Esto es lo que sucede en Perú y en otras partes del mundo para poder crear condiciones donde los ataques y las muertes se legitiman bajo la visión de toda la sociedad.

En quinto lugar, la búsqueda de justicia ha sido impedida e interrumpida por el fallo de las autoridades de realizar investigaciones con prontitud, exhaustividad e imparcialidad. Según el informe, la creación de la unidad especial por parte de la fiscal de la Nación ha originado mucho miedo y preocupación en las víctimas y sus abogados.

AI pide a Congreso derogar ley que derogó la proporcionalidad en el uso de la fuerza

Amnistía Internacional pidió al Congreso “derogar la Ley de Protección policial», que aprobó por insistencia el Congreso en marzo del 2020, pese a las observaciones que realizó el expresidente Martín Vizcarra cuando aún era el jefe de Estado. La promulgó Manuel Merino de Lama, quien en ese entonces fungía como presidente de la Mesa Directiva del Parlamento.

Esta ley es duramente criticada y observada porque derogó un literal del Decreto Legislativo 1186, en el que se apuntaba el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y asegurar que la legislación vigente se encuentre en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.

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Las fichas técnicas para las primeras 19 intervenciones que se ejecutará en Piura para mitigar daños frente al anunciado fenómeno El Niño Global (FEN) ya están aprobadas por el Comité de Acción Rápida (CAR), integrado por el Gobierno Regional de Piura, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Lo que falta es el financiamiento de 480 millones de soles para ejecutar las obras.

El gobernador regional, Luis Neyra, explicó que estas intervenciones se ejecutarían hasta octubre, pero se debe tener en cuenta que son paralelas a las intervenciones que se proyecta a mediano y largo plazo, como el plan integral del río Piura y el drenaje pluvial para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre a cargo de ARCC.

“Tenemos que intervenir en estos meses y prepararnos para prevenir el daño que se pudiera causar ante el anunciado fenómeno El Niño Global, pero debe quedar claro que nosotros apuntamos a que se ejecuten soluciones definitivas”, enfatizó la autoridad regional.

Las intervenciones, que ya fueron aprobadas por el CAR y canalizadas a la PCM para ser financiadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyen la salida del río Piura al mar, ampliación del canal de Chutuque, la construcción de un dique permeable en la zona protegida del Estuario de Virrilá, la rehabilitación de diques, descolmatación de drenes, el encauzamiento de ríos, defensas de los ríos Piura y Chira, entre otras.

Asimismo, el CAR tiene en evaluación 22 intervenciones en puntos críticos del río Piura, 11 intervenciones en puntos críticos del río Chira y 21 intervenciones en las cuencas ciegas de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

DATO

El Comité de Acción Rápida (CAR) fue conformado el 18 de abril 2023, por el Gobierno Regional, la ARCC, la PCM y los gobiernos locales. Posteriormente, el gobernador Luis Neyra pidió la incorporació de los ministerios de Vivienda, Agricultura y Transportes.

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Durante el segundo encuentro de la Macro Región Sur, los dirigentes de la región Cusco tomaron la decisión de cancelar el reinicio de toda protesta social contra el gobierno de Dina Boluarte durante el mes de junio, con el fin de no interferir en el normal desarrollo de las fiestas de Cusco.

En una reunión llevada a cabo en la localidad de Chinchero (Apurímac), los dirigentes cusqueños acordaron que no se emprenderá ninguna medida de protesta durante junio, debido a que están en proceso de reactivación económica con el turismo.

“Tenemos que ser solidarios, ya hemos dicho que Cusco no va a parar en el mes jubilar, así nos tilden los hermanos de Puno de traidores, nosotros llevamos el sentimiento de nuestro pueblo. Si Puno o Arequipa desacatan el acuerdo, debilitarán el movimiento popular. Se ha acordado por unanimidad que no habrá ninguna medida de lucha durante junio en la macro (región) sur”, señaló la representante de la Asamblea Popular de Cusco, Florencia Fernández.

Sin embargo, Fernández también recalcó que la decisión asumida por varias organizaciones sociales no significa que se deje de lado la agenda nacional. Más bien ratificó que lo planteado durante las protestas de hace unos meses sigue vigente: exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.

En este sentido, Antonio Maquera, otro representante de las organizaciones sociales, precisó que a través del Gobierno Regional de Cusco buscarán que sus demandas sean atendidas.

“Hemos retomado el trabajo junto a todas las organizaciones, la FUC, sector salud, educación, agricultura y juventud. Iniciaremos el trabajo de las mesas técnicas desde junio teniendo como intermediario al gobernador”, dijo el dirigente.

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Durante dos a tres meses hemos observado el mismo patrón de uso excesivo de fuerza letal. Así lo refirió la secretaria de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, al presentar este jueves el informe final sobre las muertes en las protestas contra el gobierno.

AI documentó la muerte de 20 personas, las cuales fueron deliberadas e intencionales. En otras palabras, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas estaban desarmadas, sin defensa y a cientos de metros de las manifestaciones. El primer y más importante hallazgo, según AI, son las latas de gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros, lo que contraviene las normas internacionales sobre su uso.

Oficiales al mando estuvieron involucrados al ordenar disparos o al no evitarlos

Callamard enfatizó que muchas de las víctimas eran jóvenes, hombres jóvenes y con familias que tenían que cuidar: “Su muerte no solo ha causado una desesperanza y un daño emocional sino también impacto a largo plazo para el bienestar financiero de las familias”.

El segundo hallazgo es que, “lejos de tratarse de incidentes aislados protagonizados por agentes rebeldes, el uso ilegítimo de la fuerza letal por la Policía y Ejército peruanos apunta a una respuesta estatal deliberada, organizada y coordinada”.

Debido a la naturaleza sostenida del uso ilegal de la fuerza en múltiples partes del país, consideran que eso constituyó ataques generalizados contra una parte de la población como parte de una política de gobierno. Así, los comandantes de la Policía y de las fuerzas militares junto con sus superiores ya sean autoridades civiles o militares, tienen responsabilidad, bien por actuar de manera deliberada o por negligencia constante.

“Creemos que la represión y los asesinatos son parte de un racismo sistémico»

El tercer hallazgo es que el personal de seguridad peruano solo utilizó la fuerza letal fuera de Lima, en zonas donde la población es mayoritariamente indígena, campesina y pobre. A pesar de que las protestas allí no fueron ni más frecuentes ni más violentas que en la capital o en otras regiones. Por eso el informe de AI se titula “Racismo Letal”.

Y en cuarto lugar, el Poder Ejecutivo peruano, incluida la presidenta Dina Boluarte, junto con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, estigmatizó a los manifestantes como radicales violentos y nunca exigió públicamente la asignación de responsabilidades ante la Policía ni el Ejército.

Según AI, pese a que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, la presidenta difundió deliberadamente información errónea sin pruebas y en lugar de condenar los actos ilegítimos de las fuerzas del orden, alabó a las fuerzas de seguridad calificándolas de “impecables”.

La búsqueda de justicia ha sido impedida e interrumpida por el fallo de las autoridades

Las autoridades también tildaron de terroristas a los manifestantes, causando un gran sufrimiento a las víctimas y a sus familiares. Esto es lo que sucede en Perú y en otras partes del mundo para poder crear condiciones donde los ataques y las muertes se legitiman bajo la visión de toda la sociedad.

En quinto lugar, la búsqueda de justicia ha sido impedida e interrumpida por el fallo de las autoridades de realizar investigaciones con prontitud, exhaustividad e imparcialidad. Según el informe, la creación de la unidad especial por parte de la fiscal de la Nación ha originado mucho miedo y preocupación en las víctimas y sus abogados.

AI pide a Congreso derogar ley que derogó la proporcionalidad en el uso de la fuerza

Amnistía Internacional pidió al Congreso “derogar la Ley de Protección policial», que aprobó por insistencia el Congreso en marzo del 2020, pese a las observaciones que realizó el expresidente Martín Vizcarra cuando aún era el jefe de Estado. La promulgó Manuel Merino de Lama, quien en ese entonces fungía como presidente de la Mesa Directiva del Parlamento.

Esta ley es duramente criticada y observada porque derogó un literal del Decreto Legislativo 1186, en el que se apuntaba el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y asegurar que la legislación vigente se encuentre en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.

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Patricia Benavides no habría querido emitir un nuevo pronunciamiento de respaldo del Ministerio Público a favor de Zoraida Ávalos antes de la votación en el Congreso

Entre gitanos no se van a leer la suerte y Patricia Benavides lo sabe. La fiscal de la Nación sabe que sus principales veladores están en el Congreso y no quiere perder su favor. Así quedó constancia en la última sesión de la Junta de Fiscales Supremos donde se debatía emitir un pronunciamiento de respaldo a Zoraida Ávalos, antes de que los otorongos vean la acusación constitucional en su contra. La idea de confrontar a sus compinches palteó a Paticita, que en una quiso echar tierra al asunto. Dijo que como ya respaldaron a Ávalos el 18 de enero pasado ya no hacía falta hacerlo otra vez. Para molestia de la fiscal, sus colegas Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena le jalaron las orejas. Le advirtieron que la intromisión de los otorongos solo iba a perjudicar la independencia del Ministerio Público. Al final Paticita pateó el tablero y consiguió posponer la decisión. Le temblaron las piernas.

Amnistía Internacional insta a Dina Boluarte que condene públicamente los actos de represión que causaron muerte de pobladores

Otro informe ha sido publicado. Esta vez Amnistía Internacional ha presentado sus hallazgos después de que una delegación encabezada por Agnès Callamard, secretaria general de la organización, llegara a Perú con el objetivo de llevar a cabo una investigación sobre la represión de las protestas contra el gobierno. Entre sus recomendaciones a la presidenta Dina Boluarte está condenar el uso de la fuerza letal proveniente de las fuerzas de seguridad. Además, enfatizan que éstas no deben contener ninguna forma de discriminación o racismo. Miembros de los «Combatientes» irrumpieron la conferencia de manera violenta.

“Implementar medidas efectivas de forma inmediata que impidan el uso de la fuerza letal o de armas inadecuadas y prohibidas para el control de manifestaciones en el Perú“. ¿Dina hará caso?

Derrame de petróleo en Moquegua deja sin agua a pobladores, gobierno toma conocimiento del hecho 5 días después

Un nuevo atentado ecológico en el país. Un camión cisterna boliviano que transportaba petróleo se volcó en el canal de agua de Pasto Grande en el sector Chilligua en Moquegua. Los nueve mil galones de petróleo derramados se extendieron hasta la planta de tratamiento de agua, ubicado en el centro poblado Chen Chen. Esto sucedió el  20 de mayo y la gobernadora de Moquegua ha manifestado su profunda preocupación porque hasta el momento más de 75 mil personas se ha quedado sin agua y hasta el momento no se ha logrado restablecer el servicio abasteciendo el recurso a través de cisternas. El gobierno a través de la ministra Hannia Pérez de Cuellar informó que recién han tomado conocimiento del hecho y se ha aprobado un decreto de urgencia para ampliar abastecimiento gratuito de agua potable. Si el derrame hubiera sucedido en Lima…  ¿el gobierno habría tardado lo mismo?

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Pasó en el Perú | Arequipa. Los jueces de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa ratificaron este jueves la condena al alcalde del distrito de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes a 8 años de prisión por el delito de lavado de activos.  Tras rechazar su pedido de anulación, se ordenó que el burgomaestre cumpla la condena en el penal de Socabaya.

Los magistrados también ordenaron el decomiso de su inmueble valorizado en 100 mil soles y el vehículo Toyota Yaris que fue adquirido vía testaferros. De igual modo, se dispuso el pago de una reparación civil de 186,976 soles, informó El Búho.

Incautan “ladrillos”de droga con simbología nazi en el puerto de Paita

Pasó en el Perú | Piura. En un contenedor que iba a salir del puerto de Paita con destino a Bélgica, la Policía Antidrogas encontró 57 kilogramos de cocaína empacada en forma de ladrillos, los cuales estaban marcados con esvásticas y la palabra «Hitler».

Personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas dispuso la inmovilización del contenedor para las diligencias correspondientes. El pasado 15 de mayo se incautó otros 50 kilos estupefacientes que pretendían ser enviados al mercado internacional, informó Pirhua.pe

Puno: Alcaldes deben cumplir con rendición de cuentas este mes

Pasó en el Perú | Puno. A una semana de culminar el plazo para que las autoridades locales realicen audiencias públicas de rendición de cuentas, el representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, señaló que, de las 13 municipalidades provinciales de la región, solo 3 han cumplido con esta obligación.

Aclaró además que 8 municipalidades programaron sus audiencias para los últimos días y dos aún no lo han hecho. De no realizar las audiencias podrían ser pasibles de una sanción según la Ley 31433, que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, informó El Objetivo.pe.

Ayacucho: consejeros regionales piden que el gobernador se sincere en audiencia

Pasó en el Perú | Ayacucho. Ernesto Valdez Cárdenas, consejero regional por Huanta, dijo esperar que en la audiencia pública del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se exponga datos reales. La audiencia será el 26 de mayo, cuando se prevé también la presentación de los tan anunciados 800 millones de soles de presupuesto que habría gestionado durante estos primeros cinco meses.

Yulisa Paytan Teves, consejera regional por Paúcar del Sara Sara, exhortó al gobernador y a sus gerentes a mostrar a la población información concisa y real de los proyectos, presupuestos y designaciones de funcionarios, como el caso del gerente general que se encuentra en investigación por presuntamente haber recibido sueldo retroactivo, informó Jornada.

La Libertad: Estudiantes de UNT crean repelente para combatir el mosquito transmisor del dengue

Pasó en el Perú | La Libertad. La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) creó un nuevo repelente para combatir al temido Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue.

El repelente se llama NanoBio Repel. Está hecho a base de aceites esenciales de citronela, clavo de olor y lavanda. Se puede aplicar cada 2 horas sobre la piel, la ropa, las paredes y cualquier superficie sin causar manchas, informó  Noticias Trujillo.

Junín: Productores del mejor café del Vraem piden carretera para transportar sus productos

Pasó en el Perú | Junín. Agricultores de los mejores cafés del Perú en el Vraem demandaron el asfaltado de la carretera hacia el distrito de Tintaypunco, en Huancavelica, para que puedan trasladar sus cultivos de manera más rápida hacia los mercados.

Relinda Chávez, ganadora de premios Summum en el 2022 como mejor productora de café del Perú, señaló que salir de su finca y viajar a Huancayo le toma de 10 a 12 horas, utilizando un camión, por una carretera de tierra.

Por esta dificultad varios productos se malogran. Relinda invitó al público al Tercer Festival de Café de Altura en Robles, provincia de Tayacaja, del 30 de mayo al 2 de junio, informó Huanca York Times.

Loreto: Casa Estancia de Hospital Regional necesita mantenimiento

Pasó en el Perú | Loreto. Familiares de los pacientes que son alojados en la Casa Estancia del Hospital Regional de Loreto resultaron afectados tras la inundación de los ambientes producto de las fuertes precipitaciones que soportó la ciudad.

Los albergados no pudieron dormir por el agua que ingresó a las habitaciones y, al no contar con otro lugar donde ir, tuvieron que permanecer en las instalaciones.

“Llevo aquí 19 días, mi hija está delicada luego de dar a luz”, declaró preocupada una de las afectadas a ProyContra.

Cusco: Estudiantes claman porque se les devuelva local para continuar sus estudios

Pasó en el Perú | Cusco. Estudiantes del instituto tecnológico superior de Zurite denunciaron que se les sacó de ese local de estudios y se les ofreció una ampliación de módulos para implementar talleres.

Sin embargo, la obra está paralizada y en el local provisional en el que están no pueden realizar sus estudios superiores con normalidad. Por ello, ahora piden que se les deje volver a su centro de estudios o que de una vez se reinicie la obra, informó CuscoPost.

Lambayeque: Fallecidos por dengue suman 27 y contagios se acercan a los 9000

Pasó en el Perú | Lambayeque. La epidemia del dengue se torna imparable en Lambayeque. Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), la cifra de fallecidos subió a 27 y los contagios se acercan a los nueve mil, lo que evidencia una respuesta débil y tardía del Estado para hacer frente a esta enfermedad.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 17 y 75 años de edad, quienes estaban internados en los hospitales Regional de Lambayeque y Las Mercedes, y en algunos casos presentaban comorbilidades como diabetes e hipertensión, lo que hizo más difícil su recuperación.

Esta epidemia ha desnudado, una vez más, las falencias del sistema de salud pública en el país. Ha provocado el colapso de los hospitales del Minsa y que la enfermedad rebase la capacidad del Estado, poniendo en peligro la vida de los pacientes.

Otro de los problemas que ha surgido es la renuencia de las familias para permitir el acceso del personal de fumigación a los domicilios, para tratar eliminar al zancudo transmisor, informó Semanario Expresión.

«Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas las plataformas de la Red de Medios Regionales del Perú.

El prófugo exdirector de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ica, Edward Amoroto Ramos, presentó una solicitud de «Licencia por salud» para mantenerse como alcalde del distrito de Los Aquijes. La solicitud fue enviada desde la clandestinidad tras ser buscado por la justicia por el caso de la presunta organización «Los Tramitadores del GORE».

Amoroto Ramos, quien asumió la alcaldía de Los Aquijes en enero de 2023, tiene una orden de captura luego de una orden de 36 meses de prisión preventiva. El juez de investigación preparatoria ordenó su reclusión en el penal de Cachiche junto al exgobernador Javier Gallegos, aunque este último se entregó el 17 de mayo.

En la carta enviada a los regidores de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, el prófugo exalcalde argumenta que se encuentra delicado de salud. En su documento adjunta un «certificado médico» firmado por el médico Fernando Caceda Valdivia, quien le diagnosticó “Lumbiciatica y transtorno del disco lumbar”.

Con esta carta pide al concejo municipal que se otorgue una «licencia de enfermedad» por 25 días, entre el 19 de mayo y 12 de junio. Además dispone «encargar el despacho de alcaldía» a la primera regidora, Karol Rojo Ventura. Esto pese a que los regidores por mayoría ya aprobaron la designación de Rojo como «alcaldesa encargada». La aprobación o desaprobación de la petición del prófugo exalcalde, se vería en sesión de concejo la próxima semana.

Edward Amoroto, brazo importante de «Los Tramitadores del GORE»

El Ministerio Público investiga la presunta organización criminal “Los tramitadores del GORE”, que habría operado en la Dirección Regional de Transportes de Ica cuando Amoroto era director. Según colaboradores eficaces, Amoroto recaudaba miles de soles provenientes del tráfico de brevetes (licencias de conducir) en dicha entidad.

Uno de los colaboradores reveló que al día había 60 postulantes para manejo y otra cantidad igual para el examen. Cada uno de ellos pagaba 300 soles, de las cuales 250 soles iban al director Carlos Martinez.

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Esta noche analizaremos el cambio climático que está afectando a todo el mundo. En el Perú se espera su impacto con escasez de agua en varias regiones del país. Conversamos con dos especialistas de Arequipa y Ayacucho.

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La Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenció a 6 años de pena privativa de libertad a los policías Miguel Ángel Benavente Salinas, Atilio Bruno Jorge Vargas y Wilmer Casafranca Rupay, como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada.

El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal también sentenceió a la proveedora Liliana Amanda Morales Vilcas, como cómplice primaria del delito en agravio de la Región Policial Ayacucho- Ica. Los sentenciados quedaron inhabilitados por 5 años y deberán pagar al Estado más de 33 mil soles por concepto de reparación civil.

Durante la pandemia, Miguel Ángel Benavente Salinas, en su condición de Jefe de la Unidad de Logística, designó a Wilmer Casafranca Rupay como Responsable de Adquisiciones y a Atilio Bruno Jorge Vargas como Responsable de Estudio de Mercado y Programación del Área de Logística.

Según la sentencia, los policías concertaron con la proveedora Liliana Morales, para adquirir diversos bienes para la Región Policial Ayacucho- Ica.

El 26 de marzo de 2020 adquirieron 140 unidades de gel antibacterial, cuyo costo unitario figuraba a 50 soles, lo que hacía un total de 7 mil soles. Pero los productos fueron sobrevaluados, ya que el costo unitario real correspondía a 22 soles, con lo cual había un perjuicio económico de 3800 soles.

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César Acuña Peralta, cabeza de Alianza para el Progreso (APP) afirmó que su partido nunca ha sido objeto de observaciones por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto a los aportes recibidos.

“El organismo que se encarga de decir si están bien o no los aportes son la ONPE.Y si algún medio anda difundiendo cosas que no es cierto, bueno, yo no tengo por qué explicar. Hasta ahora todas mis campañas no he tenido ninguna observación de la ONPE, hasta ahorita”, dijo Acuña con certeza.

Esta afirmación, sin embargo, es falsa, ya que, según los registros de la ONPE, APP es la agrupación política con la mayor deuda en todo el país. En concreto, debe S/2’267,440, debido a irregularidades en los aportes recibidos durante 2010. Este hecho incluso fue objeto de un extenso informe publicado en El Comercio a principios de este mes, donde se detallaba que el caso se remonta a junio de 2011.

«La ONPE determinó que el partido (APP) recibió dos aportes de la Universidad César Vallejo que excedían el límite permitido en 2010. El exceso inicial fue calculado en S/226,744, pero en 2012 se estimó en más de un millón de soles. Como consecuencia, se emitió la correspondiente multa«, señala el informe de la periodista Alicia Rojas.

Con el fin de evadir el pago de la multa, APP llevó el caso a los tribunales, donde aún se encuentra pendiente de resolución, aunque la deuda continúa vigente en los registros de la ONPE.

Los aportes no cuadran

La declaración de César Acuña, fundador de APP y actual gobernador regional de La Libertad, surgió como respuesta al informe de Investiga «Las cuentas no cuadran: Los 150,000 soles aportados a la campaña de César Acuña«, publicado el último martes.

Dicho informe recoge los resultados de varias semanas de investigación y revela uno de los hallazgos más preocupantes, que debería llamar la atención de la ONPE y el Ministerio Público: el aporte de S/100,009 realizado por el ciudadano César Augusto Izquierdo Mestanza, trabajador de dos consorcios constructores que tienen contratos con el Estado.

Izquierdo Mestanza figura en los registros de la ONPE como aportante a la última campaña electoral de César Acuña, pero en una entrevista con Investiga afirmó desconocer su supuesta contribución y alegó que accedió a depositar esa cantidad de dinero a solicitud de otra persona, creyendo que se utilizaría para la adquisición de maquinaria y no como aporte directo a Acuña.

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Ramón Pachas, presidente del Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), declaró que esperan y exigen la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), por parte de la municipalidad provincial. Según Pachas, la aprobación del PDM facilitaría la expedición de cerca de 200 mil títulos de propiedad que serían otorgados.

Estas 200 mil propiedades de Arequipa a las que falta entregarles sus títulos de propiedad podrían tener una aprobación en su evaluación de riesgo, faja marginal, sus planes específicos, así como seguridad.

Estas propiedades están ubicadas en zonas como Cono Norte, la parte alta de Mariano Melgar, Paucarpata, y el Cono Sur.

Mencionó que, de no aprobarse el PDM, se perdería cerca de 2 millones de soles en inversión, tanto pública como privada, por lo que exigen que este plan se apruebe este año. Además, que la MPA asigne el presupuesto suficiente con el fin de contratar profesionales para su elaboración.

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Entrega de títulos de propiedad en Arequipa

Ramón Pachas también mencionó que en la región Arequipa se entrega en promedio 3 mil títulos de propiedad al año. Sin embargo, esto sería muy bajo respecto de la cantidad de títulos de propiedad que hace falta entregar por las autoridades de la región y de la comuna provincial.

Pachas manifestó que lo ideal sería que se otorgue como mínimo 30 mil títulos de propiedad al año.

También mencionó que buscarán tener reuniones con las autoridades como el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, así como con el alcalde Víctor Hugo Rivera para intentar resolver esta problemática.

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La canción que irritó a la presidenta Dina Boluarte sigue sonando en los desfiles y manifestaciones de diversas regiones del Perú.

Esta vez, «Dina asesina» se entonó en el desfile cívico por el aniversario del distrito de Pisacoma, en Puno, donde además mostraron una gran bandera negra en homenaje a los muertos durante las protestas. Lo mismo sucedió con las comunidades quechuas y aymaras de la localidad de Coata, también en Puno.

En tanto, en un desfile escolar de Áncash, un grupo de alumnos desfiló entonando también «Dina asesina», ahora denominado himno de protesta.

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No pueden ocultarse las responsabilidades de actores políticos, tanto en partidos como en otros sectores, en determinar qué hace y qué no hace el Estado, en cómo se configura la política, y en decidir quienes participan o son excluidos. Es así como se llega a extremos por los cuales se margina a muchos o se les impone condiciones de vida, tan insostenibles o violentas, que se lanzan a la protesta.

Procesos de ese tipo deben ser examinados con atención, y eso es lo que está sucediendo en Perú. A pesar de estar acosado por la represión, tal como confirma el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por la inoperancia e incapacidad estatal, el ciclo de movilización ciudadana no logró provocar el llamado a elecciones anticipadas ni la caída de la presidenta Boluarte. Son condiciones que, como se adelantó en un anterior texto, expresan lo que puede calificarse como un agotamiento de la política.

Crisis dentro de crisis

Esta situación se ha examinado de muy diferentes maneras en la actual coyuntura. Pero es provechoso apelar a una mirada más amplia, donde una crisis en un momento histórico se acompaña de otras, y éstas a su vez están insertas en otras más largas. Es oportuno rescatar un breve texto del sociólogo Guillermo Rochabrún, publicado en 1986 en la revista Qué Hacer editada por DESCO (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo), incluido años más tarde en su libro “Batallas por la teoría. En torno a Marx y el Perú”.

Rochabrún comienza por describir un conjunto de cuatro crisis, reconocibles en aquel presente, aunque enmarcadas en distintos ciclos. Uno primero se debería a una obsolescencia de los distintos desarrollismos, ya que no se lograba dejar atrás la condición del subdesarrollo. El “arsenal reformista” se habría agotado, y considera que en ese momento, a mediados de la década de 1980, no se renovaba ni por izquierda ni por derecha.

El segundo alude al agotamiento del poder seductor de la modernización, asentado en medidas como la industrialización o la planificación del desarrollo. Rochabrún entendía que con esto se clausuraban una etapa iniciada en la década de 1940.

Uno tercero se debe al agotamiento de las promesas del capitalismo como “camino civilizador y como destino”, o sea, como ideología. A su modo de ver con eso se cerraba un ciclo aún más largo, iniciado a fines del siglo XIX. Considerando ese final, auguraba una fase futura potencialmente más represiva.

En cuarto lugar, todas esas circunstancias están entroncadas con la crisis del socialismo como utopía. Esta indicación debe subrayarse porque en la fecha en que se publicó ese artículo sólo algunos reconocían ese declive, y en realidad la caída del socialismo real ocurrió algunos años después. Rochabrún admite que el socialismo tradicionalmente era entendido como “una vía para el desarrollo de las fueras productivas”, por lo que si las propias concepciones de desarrollo estaban en cuestión no puede sorprender ese descreimiento.

Estas cuatro cuestiones corresponderían a lo que este sociólogo presenta como una crisis inmediata de la Modernidad. Se puede inferir que considera que aquellas son crisis dentro de otra mayor y que las contiene. A su vez, discurriría un proceso también de amplio alcance histórico, que para el caso peruano Rochabrún describe como una “crisis de la matriz colonial de las relaciones sociales” expresada en las relaciones “blanco-indio”. Esta se corresponde con cambios en las relaciones sociales, modificaciones culturales y estéticas, donde nadie ocuparía el “lugar simbólico que dejó la oligarquía”.

Crisis presentes superpuestas y persistentes

Buena parte de los elementos que consideraba Rochabrún hace más de tres décadas atrás siguen resonando en la actualidad, aunque por supuesto bajo expresiones que se han modificado. Se los puede examinar en un intento de comprender de mejor manera el momento presente.

Abordando las crisis más inmediatas, solapadas e incluso superpuestas unas con otras, está claro que quedó atrás la confianza en una modernización industrializada que aseguraría bienestar por medio de la proletarización de amplias mayorías. Las nuevas opciones de modernización ofrecidas, como apostar a los sectores de servicios, no generan ni siquiera una adecuada demanda de empleo. Se instalaron modernizaciones apenas parciales, en tanto hay amplios sectores que siguen sumidos en condiciones de pobreza y marginalización como en décadas atrás. En algunas regiones la subsistencia está asegurada en el mundo informal, incluso ilegal, como ocurre con la minería ilegal de oro, y que además es crecientemente violenta. Muchas de estas condiciones de vida son paradojalmente híbridas, donde coexisten los teléfonos celulares de última generación con la falta de agua o saneamiento como hace un siglo atrás.

Persiste, o tal vez se ha profundizado, la desilusión con las promesas de desarrollo tras haberse ensayado todo tipo de estrategias sin resultados positivos asegurados. Si bien en Perú, como en Chile y Colombia, se sucedieron estilos de desarrollo conservadores, no puede olvidarse que en los países vecinos, los progresismos desplegaron estrategias más heterodoxas, y basadas en otros discursos de legitimación. Sin embargo, los éxitos fueron limitados, no aseguraron mejoras que trascendieran al ciclo de altos precios de las materias primas (como la reducción de la pobreza) y tampoco impidieron un retorno al gobierno de partidos políticos de derecha.

Pero a pesar de esto, todos los estilos de desarrollo que persisten son variedades del capitalismo. Como sus contradicciones y fallas desembocan en la imposibilidad de asegurar buenas condiciones para las mayorías o de proteger la naturaleza, su permanencia requiere más controles, más represiones y más derivas autoritarias. Todo ello es necesario para para acallar las demandas ciudadanas, como ya advertía Rochabrún. A la vez, las alternativas no-capitalistas han languidecido y no cuentan ahora con el suficiente respaldo ciudadano y político. Eso es justamente lo que está ocurriendo en Perú, como en otros países de la región.

Todas estas problemática a su vez discurren en una crisis más amplia, que las contiene, y que afecta a toda la Modernidad. Es un proceso que se corresponde perfectamente con la hipótesis del agotamiento de la política moderna.

La hipótesis del agotamiento de la política no implica que esta desaparezca. No es un final al que le sigue un vacío político. Pues se mantienen operando los conglomerados partidarios, podrán repetirse las marchas ciudadanas, los reclamos judiciales, las acciones estatales y así sucesivamente. Tampoco implica negar que de un lado avancen las posturas conservadoras o ultraconservadoras. O incluso brotes fascistas y autoritarios, y del otro lado, se potencien las resistencias y movilizaciones ciudadanas que operen en sentido contrario. Esas idas y venidas están ocurriendo, por ejemplo en Chile, Brasil, Ecuador y Argentina.

El sentido del agotamiento refiere a que la política de la Modernidad ya no genera soluciones para los problemas que ella misma desencadena, no logra crear innovaciones distintas y efectivas en superar sus contradicciones y consecuencias negativas. Los cambios y alternativas terminan restringidos a reformas y ajustes dentro de esa política moderna.

Agotamiento político y las derechas

Es importante advertir que ese agotamiento afecta de diferente manera a las distintas corrientes político partidarias. Su efecto es mayor sobre las izquierdas, ya que reivindican una política más densa, compleja y organizada. Se pierden opciones más radicales y se vuelven más comunes los reformismos desde la izquierda, cuya expresión más conocida está en los progresismos. En cambio, las posturas de derecha se contentan e incluso buscan un minimalismo político.

Esto explica que las posturas políticamente conservadoras prevalecen bajo el agotamiento político. No sólo eso, sino que a medida que las diferentes crisis que se superponen en tiempos cortos, se debilitan los blindajes culturales y políticos que, pongamos por caso, aseguran derechos de las personas o el bienestar común. Eso posibilita que asomen cada vez más actores de extrema derecha, que se sumen discursos reaccionarios. Y que se exhiban prácticas que antes hubiera sido vergonzoso defender.

Una vez más, eso es lo que se observa en Perú. Incluso se llega a extremos que años atrás hubieran sido vergonzosos. Es el caso de la resolución de la Corte Suprema de considerar la protesta ciudadana es un “delito”.

Es muy ilustrativo observar lo que ocurrió en Brasil, donde un proceso análogo ocurrió pero más aceleradamente. El desgaste del progresismo organizado por los gobiernos de Lula da Silva, dio paso en un corto tiempo a una extrema derecha representada en Jair Bolsonaro. Esta logró modificar los términos del debate público dentro de Brasil. Como advierte Luis Felipe Miguel (Universidad de Brasilia), se destruyeron consensos que eran compartidos por todos los partidos desde el retorno de la democracia. Estos, al menos en los discursos públicos establecían las condiciones de aceptabilidad y límites. Esos elementos incluían el respeto a la democracia, a los derechos humanos y el combate a la desigualdad social.

En cambio, el bolsonarismo cuestionó esas ideas y rompió esos acuerdos. Por ejemplo, presentando a los derechos de las personas como si fueran ventajas para delincuentes o haraganes. Consiguió que los discursos reaccionarios dejaran de estar en los márgenes y captó respaldos ciudadanos más amplios. Se podía decir lo que antes era indecible hacer ante toda la sociedad lo que antes se evitaba u ocultaba. Y esos fueron los cambios clave.

El caso brasileño y la deriva peruana ponen en evidencia los enormes riesgos de ese agotamiento. Por eso, la política, si bien sigue funcionando, se devora a sí misma. Deja las pretensiones de asegurar el bienestar colectivo y reprimiendo a quienes eso reclaman. Desemboca en tolerar la muerte de las personas y de la naturaleza: la aceptación de la necropolítica.

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). En redes: @EGudynas.

No encontramos precedentes de algún concierto con estas características en Arequipa: 4 fines de semana consecutivos, 3 locaciones diferentes, más de 20 bandas locales de todas las generaciones, sólo música propia con la rabia y energía inherentes al Punk Rock.

El mes de mayo viene siendo testigo de este Festival en el que también es importante resaltar la presentación de documentales/películas de origen local y nacional. Además, la distribución de merchandising oficial del evento, la participación de bandas provenientes de Tacna y Lima. Incluso, el encuentro con gestores de la escena underground a través de conversatorios, así como la feria que ofrece desde pines, stickers y fanzines hasta polos y discos de puro rock.

‘Pank Para Mayo’ ha logrado convocar a grupos con más de 20 a 25 años de trayectoria. Pero también exhibe propuestas más arriesgadas con bandas que hicieron su debut durante este mes. Incluso, que se atreven a escapar del sonido más crudo y primitivo. Queda claro que la movida punk en Arequipa está levantando polvo y que el pogo no encuentra descanso en nuestra ciudad.

Debemos recordar que esta es la 2da edición del Festival ‘Pank Para Mayo’ y que la fecha final se realizará este sábado 27 en El Templo R&R Bar.

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Última fecha de festival en Arequipa

Si deseas asistir a la clausura, puedes ponerte en contacto al 932115596 (WhatsApp). También directamente con los organizadores, a través de sus redes sociales: Foraja Producciones.

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