Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – Seal dio a conocer los cortes de luz en Arequipa que realizarán este jueves 22 y viernes 23 de mayo. La interrupción del servicio afectará algunas zonas de 12 distritos del departamento en algunos días del periodo antes señalado. 

Respecto a la razón de las interrupciones escalonadas en distritos de Arequipa, Seal informó los motivos que los obligan a suprimir temporalmente el servicio. La interrupción se debe al mantenimiento de redes y expansión de redes en varias zonas del departamento.  

¿Qué distritos se verán afectados en Arequipa? 

• Provincia de Arequipa: Alto Selva Alegre, Cayma, Cercado de Arequipa, Cerro Colorado, Characato, José Luis Bustamante y Rivero, Miraflores, Mollebaya, Santa Rita de Siguas, Socabaya. 
• Provincia de Camaná: Quilca, Samuel Pastor. 

Cortes de luz el jueves 22 de mayo: horarios y zonas 

Algunas zonas de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cercado de Arequipa, Cerro Colorado y Miraflores tienen cortes de luz programados a partir de las 07:30 hasta las 15:30 horas. En tanto, ciertos sectores de las localidades de José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya quedarán sin el servicio eléctrico entre 07:30 y 14:30 horas. Asimismo, partes de las jurisdicciones de Santa Rita de Siguas estarán con restricción del suministro entre 07:00 y 15:00 horas.          

Cortes de luz el viernes 23 de mayo: horarios y zonas 

Algunas zonas de los distritos de Quilca y Samuel Pastor tienen cortes de luz programados a partir de las 07:30 hasta las 15:30 horas. En tanto, ciertos sectores de las localidades de Characato y Mollebaya quedarán sin el servicio eléctrico entre 07:00 y 15:00 horas. Asimismo, partes de las jurisdicciones de Cayma estarán con restricción del suministro entre 08:00 y 16:00 horas.    

Recomendaciones frente a los cortes de luz en Arequipa entre jueves 22 y viernes 23 de mayo 

Seal recomendó a los consumidores que constaten si serán perjudicados, buscando el número de subestaciones (SE) en la parte superior de su recibo. En caso de alguna consulta pueden contactar al número directo 054-381388. La atención al público es de lunes a viernes, de 07:30 a 20:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas. 

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Un equipo de especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) logró la rehabilitación exitosa y posterior liberación de una zorra andina (Lycalopex culpaeus) en Arequipa. El ejemplar fue encontrado hace un mes y medio con un cuadro severo de desnutrición y deshidratación.

La hembra juvenil fue hallada a inicios de abril por ciudadanos que transitaban por una carretera en el distrito de Aplao, provincia de Castilla. Los testigos observaron que el animal se arrastraba con dificultad, por lo que decidieron trasladarlo a una clínica veterinaria en Arequipa, donde reportaron el caso a Serfor.

Los especialistas realizaron exámenes médicos veterinarios y descartaron lesiones graves en la columna vertebral y otros órganos vitales. Esto permitió iniciar un proceso de rehabilitación que incluyó monitoreo con cámaras trampa dentro de un recinto adaptado.

Durante su recuperación, evaluaron su salud, condición física y habilidades de caza. El objetivo fue reducir su dependencia humana y fomentar su independencia en la naturaleza. A mediados de mayo, lograron liberarla en una zona segura y adecuada para su especie dentro de la región arequipeña.

Tercer caso exitoso de reintroducción

Este fue el tercer caso exitoso de liberación de un zorro andino a nivel nacional bajo el mismo protocolo. Los dos ejemplares anteriores también fueron rescatados en estado de abandono y reintroducidos con éxito en 2024.

Serfor recordó a la población que, ante el avistamiento de animales silvestres en zonas urbanas, se debe reportar el caso a través del WhatsApp de Alerta Serfor (947588269), del Aplicativo web (https://appweb.serfor.gob.pe/alertaserfor/), o a la Policía Nacional del Perú.

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El distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, ha inaugurado recientemente un ambicioso sistema de seguridad ciudadana que incluye un moderno centro de monitoreo, 375 cámaras de videovigilancia, más de 100 km de fibra óptica, y la incorporación de 30 camionetas y 6 motocicletas para patrullaje. La iniciativa, impulsada por la municipalidad con apoyo del grupo Saga Falabella.

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos al sistema de seguridad es la presencia de unidades sin identificación legal. Manuel Vera, alcalde de Cerro Colorado, reconoció que una camioneta y todas las motocicletas del parque vehicular aún no cuentan con placas, lo que impide su uso legal en labores de patrullaje. Según explicó, el problema se debe a retrasos administrativos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsable de emitir las placas vehiculares.

“La camioneta está operativa, pero sin la placa no puede salir. Estamos esperando que el MTC emita el documento en los próximos días”, señaló el alcalde en una entrevista difundida por medios digitales. Esta situación limita la cobertura planificada en las 11 zonas del distrito, donde cada área debería contar con dos camionetas operativas y un efectivo de la Policía Nacional como parte del equipo.

El déficit también se extiende al personal. La comuna convocó a 250 serenos, pero solo logró incorporar a 185, por lo que se reabrirá una nueva convocatoria. Mientras tanto, el patrullaje sigue siendo parcial.

Cerro Colorado continúa expuesto a hechos de violencia

Mientras tanto, la inseguridad en el distrito se ha intensificado. El pasado 7 de mayo, una balacera en la avenida Puno, cerca del estadio Arturo Díaz Huerta, dejó dos personas fallecidas y dos heridas. Según las investigaciones preliminares, el ataque fue perpetrado por sicarios en motocicleta y estaría relacionado con enfrentamientos entre bandas criminales extranjeras. Las víctimas mortales fueron identificadas como ciudadanos venezolanos, y los heridos, también de nacionalidad extranjera, fueron trasladados al hospital Honorio Delgado.

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Es un hecho que, el rápido avance que ha tenido la digitalización y la demanda de entretenimiento accesible en el país, ha impulsado a las autoridades a regular este tipo de mercado, siendo el de los casinos digitales el más destacable. Vale reseñar que, antes de implementar dichas regulaciones, el sector de los juegos de azar en línea operaba en un entorno gris, lo que suscitaba preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios, la transparencia de las operaciones y la ausencia de medidas que buscarían reducir los problemas generados por el juego excesivo y sin control, como la ludopatía.  La Ley N° 31557, promulgada en 2024, marcó un hito en la regulación de las apuestas deportivas y los juegos a distancia en Perú. Esta legislación no solo proporcionó un marco claro para la operación de casinos en línea, sino que también establece estándares para la protección del consumidor y la promoción del juego responsable. Desde su implementación, Perú ha ido posicionándose como un referente en la regulación de juegos de azar en América Latina, siendo el tercer país en establecer normativas claras para esta actividad de entretenimiento.

Marco de licencias y requisitos

El marco de licencias para los casinos en línea en Perú es bastante conciso y está diseñado para garantizar que solo los operadores que cumplan con ciertos estándares puedan ofrecer sus servicios. Según la Ley N° 31557, el MINCETUR es el ente encargado de supervisar todas las regulaciones que rigen los casinos en línea en Perú. En cuanto al proceso de licenciamiento, este incluye la presentación de documentación que demuestre la capacidad técnica y financiera del solicitante, así como la implementación de medidas de seguridad adecuadas para proteger a los jugadores. Además, los operadores deben cumplir con otros requisitos específicos relacionados con la transparencia y la responsabilidad. Esto incluye la obligatoriedad de proporcionar información clara sobre las probabilidades de ganar, los términos y condiciones de los juegos, y las políticas de privacidad de los datos de los usuarios. Desde la entrada en vigor de la ley, se han autorizado unas 60 plataformas tecnológicas y se han registrado 280 proveedores de servicios vinculados, lo que refleja un aumento en la formalización del sector.

Protección del consumidor y juego responsable

La protección del consumidor es un componente fundamental de la regulación de los juegos en línea en Perú. MINCETUR ha implementado diversas medidas para garantizar que los jugadores estén protegidos contra prácticas malintencionadas y que tengan a su vez, acceso a toda la información clara sobre los juegos. Esto incluye la obligación de los operadores de ofrecer herramientas de autoexclusión y límites de depósito, lo que permite a los jugadores gestionar su actividad de juego de manera responsable. Además, el gobierno ha promovido iniciativas de sensibilización sobre la ludopatía, colaborando con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil para educar a los jugadores sobre los riesgos asociados con el juego. Estas acciones son esenciales para fomentar un entorno de juego seguro y responsable, especialmente en un contexto donde el acceso a los juegos en línea es cada vez más fácil.

Impacto económico de la regulación

La regulación del juego en línea en Perú ha tenido un impacto económico significativo. Al formalizar el sector, el gobierno ha logrado aumentar la recaudación tributaria, lo que contribuye a financiar varios proyectos de servicios públicos y programas sociales. Según estimaciones recientes, la regulación ha permitido un incremento del 40% en la recaudación fiscal relacionada con el juego, lo que representa una fuente importante de ingresos para el estado. Además, la formalización del sector ha abierto nuevas oportunidades de inversión, atrayendo a operadores internacionales que buscan establecerse en el mercado peruano. Junto con los avances tecnológicos, esto no solo ha generado empleo en el sector, sino que también ha impulsado la digitalización del entretenimiento en el país. 

Retos y desafíos que enfrenta la industria del juego online en Perú tras su regularización

Cumplimiento Técnico e Infraestructura

Uno de los principales desafíos es garantizar que todos los operadores con licencia cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la normativa. Los operadores deben implementar sistemas robustos para monitorear las transacciones y el comportamiento de los jugadores, lo cual puede ser complejo y costoso. Por ejemplo, la introducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre los juegos de azar en línea y las apuestas deportivas ha generado escepticismo entre los operadores sobre las modificaciones tecnológicas necesarias para cumplir con la nueva normativa fiscal. Estas modificaciones requieren la recertificación y aprobación del MINCETUR, lo que puede tardar entre 8 y 12 meses, generando retrasos e interrupciones operativas para las empresas.

Resistencia de la industria y costos de cumplimiento

La introducción de nuevos impuestos y requisitos regulatorios ha encontrado resistencia por parte de algunos operadores, quienes argumentan que los costos de cumplimiento podrían desincentivar la inversión y obligar a los actores a regresar a plataformas no reguladas. Las inquietudes planteadas por los actores de la industria sobre la viabilidad de implementar el ISC de manera oportuna ponen de relieve la tensión entre los objetivos regulatorios y las realidades operativas que enfrentan las empresas. Esta resistencia puede dificultar los esfuerzos del MINCETUR para aplicar las regulaciones de manera efectiva, ya que los operadores podrían intentar aprovechar las lagunas legales o retrasar el cumplimiento.

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El mejoramiento de las principales vías en el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero contribuye al flujo vial en la ciudad de Arequipa, además de facilitar accesos para los próximos eventos clave que se desarrollarán en la ciudad. La modernización del distrito asegura una mejora de infraestructura y seguridad para los vecinos.

Las obras continuarán en la Prolongación Dolores, cuyo objetivo es la remodelación completa y optimizar el tránsito y la calle Colón donde ya se culminaron las obras durante este mes. El próximo proyecto de mejora se realizará en junio, en la zona de Francisco Mostajo, para recibir el aniversario del distrito.

Además de las obras de mejoramiento vial, se realizará la entrega del moderno complejo deportivo en 13 de enero. El alcalde del distrito, Fredy Zegarra Black, declaró que la obra ya está culminada y se está a la espera del proceso de recepción. 

Nuevos complejos deportivos para el distrito

A pesar del retraso en la entrega de la obra, el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, cuenta con 3 complejos deportivos, con una inversión de 2.3 millones de soles. Los complejos ofrecen canchas con piso de polipropileno, especial para los deportistas y grass sintético.

El distrito cuenta con 3 campos deportivos premium, Bancarios, Las Begonias y 13 de Enero. El ingreso a los complejos es libre, pero tendrá un costo simbólico de 30 soles que se aplicará solo a los campos especiales. 

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Ni siquiera la bendición papal logró calmar el espíritu vengativo de la presidenta Dina Boluarte. Apenas aterrizó en Perú, dejó a un lado los crucifijos y volvió a lo que mejor sabe hacer: victimizarse y contraatacar. Porque sí, para ella, que la investiguen por presuntos actos de corrupción es un ataque personal, una injusticia, una herejía.

A través de su abogado, Juan Carlos Portugal, anunciaron que denunciarán a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Alegan que la fiscal estaría actuando con “mala fe” y abusando de su poder al presentar denuncias constitucionales contra su defendida. Porque, claro, si una fiscal hace su trabajo y te investiga, lo lógico es contraatacar con otra denuncia. El abogado de Boluarte, con tono solemne y la Constitución en la mano (o al menos eso quiere hacer creer), acusó a Espinoza de “desafiar la verdad” al abrir investigaciones que no caben dentro de las causales permitidas para acusar a un presidente.

Según el abogado no hay delito en caso Rolex porque ya se cerró, mucho menos en sus retoquitos. Afirma que el cirujano Mario Cabani se ofreció a operarla gratis ya que sería “un gran honor” contradiciendo así todo lo dicho por el médico en sus declaraciones recientes. Dina se siente intocable.

Delia Espinoza acumula otra denuncia en su contra, esta vez por abuso de autoridad e irregularidades: solicitan su destitución

La fiscal de la Nación debe estar al borde del colapso dada la cantidad de denuncias interpuestas en su contra. No solo porque dentro del Ministerio Público hay tremendo incendio por los audios de Antonio Fernández Jerí sumado al reclamo de Rafael Vela y José Domingo Pérez, pidiendo —mínimo— que se apague el fuego con una separación temporal.

Ahora se suma Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua y habitual defensor de personajes como José Muñico de La Resistencia, pide ante la JNJ que destituyan a Espinoza por faltas “gravísimas”.

¿Cuáles? El documento al que accedió Infobae afirma que a la fiscal la culpan por 6 cosas;  presentación de una denuncia prevaricadora contra 11 congresistas, instrumentalización del Ministerio Público para fines políticos, desobediencia al sistema democrático al desacatar la Ley N°32130, sobreprotección al fiscal José Domingo Pérez, quebrantamiento del orden reglamentario al encargar el despacho de la fiscalía de la Nación antojadizamente y desbalance patrimonial bajo la supuesta optimización de egresos ordinarios.

Y por si faltaba algo para el espectáculo, Dina Boluarte también ha prometido su propia denuncia.

Comisión de Constitución cierra filas en apoyo a retorno de inmunidad parlamentaria y aprueba proyecto

El Congreso quiere regresar el país a sus años más oscuros. Ya no solo por cómo legislan a favor de los delincuentes comunes y mafias criminales; sino por el regreso de la nefasta inmunidad parlamentaria.

La Comisión de Constitución aprobó por mayoría restituir el blindaje a los otorongos por 15 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Como era de esperarse, la propuesta fue de autoría fujimorista, contando con el respaldo de Fuerza Popular, el cerronismo, Acción Popular, los porkistas de Renovación Popular, el acuñismo, Podemos Telesup y el nefasto Bloque Magisterial.

El proyecto contempla que senadores y diputados elegidos a partir de 2026 no pueden ser procesados ni presos sin autorización del Legislativo, incluso en flagrancia. De momento, la inmunidad no alcanzaría a delitos cometidos antes del periodo legislativo de los otorongos. Tras aprobarse en Constitución, ahora solo falta que el Pleno vote a favor de la impunidad.

Lo celebran los mochasueldos, los violines, los cafichos y demás joyitas del Chongrezoo.

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Pasó en el Perú | Junín. El asesor legal de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Octavio Cartagena, explicó que el informe jurídico que elaboró concluye que debe rechazarse el pedido del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de ser reincorporado como docente de dicha universidad.

El informe legal indica que la destitución de Vladimir Cerrón como docente auxiliar en la Facultad de Medicina Humana, en diciembre del 2020, es un acto administrativo firme que no fue apelado a tiempo, y además la inhabilitación de Cerrón para ocupar cargos públicos sigue vigente.

A Vladimir Cerrón lo destituyeron como docente, basado en la condena que en 2019 recibió por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por el caso La Oroya.

En 2025, el Tribunal Constitucional anuló dicha sentencia y con este fallo, Cerrón solicitó que lo reincorporen como catedrático.

Pero Asesoría Jurídica considera que esta solicitud no procede porque la destitución no fue impugnada en el plazo legal y se convirtió en un “acto firme”, que no puede ser cuestionada, informó Huanca York Times.

Ayacucho: Operativo en distrito Villa Virgen del Vraem deja un detenido y un alcalde desaparecido

Pasó en el Perú | Ayacucho. En pleno corazón del Vraem, un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco (Fecof-Cusco) y agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor-PNP) terminó con la detención del gerente municipal de Villa Virgen, CPC Eduardo Quispe Huamaní, y con el alcalde Percy Rojas Gutiérrez en calidad de no habido.

El operativo se llevó a cabo esta mañana 20 de mayo en la Municipalidad Distrital de Villa Virgen, donde las autoridades allanaron las oficinas de Gerencia y Alcaldía. En la primera, se intervino y detuvo al gerente municipal, trasladado a Quillabamba para continuar con las diligencias fiscales. En la oficina del alcalde, sin embargo, no se encontró a Rojas Gutiérrez, a quien hasta ahora no se le puede ubicar.

Según versiones extraoficiales, el alcalde habría llegado anoche al distrito tras un viaje por gestiones, pero esta mañana ya no se encontraba en su domicilio ni en la sede municipal.

Trascendió también que las viviendas del alcalde fueron allanadas como parte del mismo operativo. El Ministerio Público mantiene la investigación bajo reserva, aunque el caso ya ha generado fuerte conmoción en la provincia de La Convención.

A través de redes sociales, se vienen difundiendo imágenes que estarían en manos de la Fiscalía y la Dircocor, donde se vería presuntamente al alcalde Percy Rojas Gutiérrez recibiendo varios fajos de dinero dentro de una oficina que presuntamente correspondería a la Alcaldía.

Hasta el cierre de esta edición, la comuna de Villa Virgen no ha emitido comunicado oficial. La ausencia del alcalde y el hermetismo institucional aumentan la incertidumbre en esta localidad del VRAEM, una de las más golpeadas por la informalidad y la conflictividad en los últimos años, informó Jornada.

Lambayeque: Piden 12 años de cárcel para alcalde de Ferreñafe

Pasó en el Perú | Lambayeque. La Fiscalía Especializada en Delitos  de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque pide 12 años de cárcel para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, imputado por el presunto delito contra la administración pública en la figura de colusión agravada. 

El Ministerio Público pide como pena accesoria 15 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

En mayo del año pasado, a Carmona Cruz y otros funcionarios de la comuna de Ferreñafe los detuvieron en el marco de un operativo, por presuntamente haber incurrido en actos de corrupción.

El Poder Judicial dictó prisión preventiva en su contra, pero no se hizo efectiva pues el edil permaneció internado en una clínica local hasta que se revocó el mandato cautelar, informó Semanario Expresión.

Puno: Alcalde de Azángaro fue vacado por el consejo municipal

Pasó en el Perú | Puno. El consejo municipal de Azángaro, aprobó el día de ayer, en una sesión extraordinaria, la solicitud de vacancia presentada contra el alcalde azangarino, Salvador Apaza Flores.

La vacancia se aprobó con diez votos y una abstención. La suerte del burgomaestre lo decidirá el JNE, que ratificará o rechazará la medida aprobada por el Consejo Municipal.

Cabe indicar que a Salvador Apaza Flores, lo vacaron en abril del 2024 con 8 votos a favor y 3 en contra por presuntos actos de nepotismo.

Sin embargo, el acuerdo fue anulado en mayo del mismo año por el JNE, tras el recurso de apelación que la defensa del alcalde presentó, alegando irregularidades en el proceso, informó El Objetivo.pe.

Loreto: Beneficencia tiene en abandono cementerios de Iquitos

Pasó en el Perú | Loreto. El Cementerio General de Iquitos, uno de los espacios más antiguos y simbólicos de la ciudad, presenta un notorio estado de deterioro. Visitantes denunciaron que sectores como los pabellones de la Santísima Trinidad y Santo Cristo de la Esperanza están cubiertos de maleza, con pasadizos intransitables, agua estancada y basura acumulada. En algunos casos, las tumbas están completamente cubiertas por la vegetación.

Los familiares advirtieron que la falta de mantenimiento representa un riesgo para la salud y una muestra de desinterés institucional.

También señalaron que enterrar a un ser querido allí tiene un alto costo, pese a que no se brinda un servicio adecuado.

Exigen a la Beneficencia Pública de Iquitos que intervenga para garantizar la seguridad y el respeto que corresponde, informó ProyContra.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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Arequipa registró 168 intervenciones por transporte informal de pasajeros en los primeros cuatro meses del año. La Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre (SUTRAN) ejecutó estas acciones junto a la Policía Nacional y autoridades locales.

Los operativos se realizaron del 1 de enero al 30 de abril, principalmente en la Carretera Interoceánica Sur y la Panamericana Sur. La mayoría de los vehículos sancionados cubrían las rutas Arequipa – Cusco, Arequipa – Puno y Arequipa – Moquegua.

Cada unidad infractora recibió una multa de S/5350, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Se internaron 6 vehículos como medida preventiva. También se retuvieron 159 placas de rodaje y 140 licencias de conducir.

Los vehículos más frecuentes fueron de categoría M1 (autos, taxis, SUV) con 66 casos, y M2 (furgones, minivans, microbuses) con 65 casos.

Las fiscalizaciones ocurrieron en tramos como los km 0 a 4, 34 a 40 y 49 a 55 de la Interoceánica Sur, además de los km 980 a 990 de la Panamericana Sur.

La SUTRAN informó que estos vehículos no garantizaban condiciones mínimas de seguridad. No tenían SOAT vigente, ni botiquín, ni sistemas GPS para monitoreo.

Los inspectores orientaron a los pasajeros sobre los riesgos del transporte informal, como accidentes, fallas mecánicas o falta de auxilio.

La SUTRAN recomendó usar servicios formales desde terminales autorizados. Además, recordó que está disponible la app “Viaje Seguro” para consultar rutas, compartir trayectos y reportar incidentes.

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Un presunto caso de violencia sexual a una menor de 13 años en el colegio privado Lord Byron, en Arequipa, ha despertado alarma en la comunidad educativa y generado serias observaciones por parte de los organismos competentes. Según el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, Rutbel Begazo, la omisión de la directora del plantel al no activar los protocolos de protección podría conllevar sanciones administrativas y penales.

“Definitivamente, hay una omisión y hasta cierto punto puede ser tipificado como complicidad porque esto ha permitido que no se logre capturar a este sujeto que ha violado a esta menor de trece años”, declaró Begazo en una reciente entrevista.

Omisión de protocolos pone en evidencia falencias del sistema educativo

El Reglamento de Instituciones Educativas Privadas del Ministerio de Educación establece seis protocolos que deben activarse ante cualquier caso de violencia sexual. En el caso del colegio Lord Byron, los hechos habrían ocurrido en marzo, pero recién en mayo se habría conocido públicamente la denuncia, lo que constituye una falta gravísima.

“Son seis protocolos que toda institución tanto pública como privada debe activar. En este caso, con la denuncia, es el protocolo número cinco, que debió procederse de la siguiente manera: apenas se tenía conocimiento, tenía que darse las medidas de protección de manera inmediata, hacer la denuncia a la Fiscalía o a la Policía, brindar la ayuda psicológica… y subir de manera inmediata, antes de las 24 horas, al portal del SíseVe”, explicó Begazo.

El caso revela una situación crítica en Arequipa, donde muchos colegios aún incumplen con sus obligaciones legales, poniendo en riesgo a menores. El presidente de la Asociación precisó que no solo la directora, sino también la institución podría recibir sanciones por la omisión en la denuncia.

Falta de docentes titulados también preocupa en Arequipa

Otro punto crítico señalado por Begazo es la ampliación del plazo para que los docentes de colegios privados cuenten con título pedagógico. Según la Ley N° 32272, promulgada por el Ejecutivo, los colegios podrán seguir contratando profesionales sin formación pedagógica hasta enero de 2027. Lo que representa un riesgo para la calidad educativa, especialmente en contextos donde se requiere preparación específica para enfrentar situaciones de convivencia escolar. Cabe señalar que el docente sindicado de agresor sexual no era un profesional de la educación.

“Recordemos que en el mes de enero se cumplió la fecha límite que daba que ya ningún otro profesional que no cuente con título pedagógico podía ejercer la labor docente, pero esto se ha ampliado dos años… es decir, hasta enero del 2027 alguien que no cuente con título pedagógico puede ejercer la docencia en los colegios privados”, indicó el representante del gremio.

“Hay un incremento de un 10 o 15% de tocamientos indebidos en las unidades de transporte. Y sí, definitivamente hay denuncias también en los colegios”, advirtió Begazo, quien considera urgente reforzar los sistemas de prevención y fiscalización en todas las instituciones educativas privadas de la región.

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La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el retorno de la inmunidad parlamentaria. Afirman que esta medida permitirá a los congresistas ejercer sus funciones sin temor a represalias políticas y que contribuirá a fortalecer la democracia.

Según el predictamen, la medida aplicaría a partir de las siguientes elecciones y establecería plazos fijos para evitar que las investigaciones se dilaten. La única congresista que se opuso durante el debate fue Ruth Luque.

El video ¿VUELVEN LOS INTOCABLES? | Aprueban el regreso de la inmunidad para congresistas se publicó en YouTube en este enlace

La abrupta destitución de Julio Suárez Cueva como gerente del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) y su reemplazo temporal por Walther Oporto, actual gerente regional de Salud de Arequipa, ha generado un fuerte rechazo entre médicos, trabajadores y pacientes del principal centro oncológico del sur del país.

La medida, ordenada mediante una resolución del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), ha sido calificada como una «interferencia política» que pone en riesgo la continuidad del proyecto de construcción del nuevo IREN Sur y, sobre todo, la atención de miles de pacientes con cáncer.

Milagros Conza, vocera de la Asociación Valiente de Leoncitos –que agrupa a familiares de niños con cáncer–, no ocultó su preocupación. «Nos da mucho miedo que todo lo avanzado con Suárez se pierda. Él era un médico humano, que se preocupaba por los pacientes, los equipos y la infraestructura. Ahora, con este cambio, tememos que la atención empeore», declaró.

Conza reveló que muchos padres ya enfrentan graves dificultades, como la falta de especialistas y equipos obsoletos, lo que los obliga a pagar hasta 960 soles por una resonancia magnética en clínicas privadas. «Aquí no hay neurólogos oncólogos pediátricos. Mi hija tuvo que ser atendida fuera, y los costos son altísimos. ¿Qué pasará ahora con este cambio?», cuestionó.

El Cuerpo Médico del IREN Sur respaldó estos temores en un comunicado oficial, exigiendo la «inmediata restitución» de Suárez Cueva y denunciando que el Gobierno Regional, liderado por el gobernador Rohel Sánchez, ha tomado decisiones que «atentan contra la continuidad del proyecto del nuevo IREN Sur», una obra valorizada en 1,188 millones de soles.

Según el documento, la salida de Suárez Cueva –quien había alertado sobre irregularidades en el cambio de terrenos para el futuro hospital– dejó al instituto «acéfalo», sin coordinadores médicos y con un «grave riesgo» para la atención de pacientes.

Walther Oporto pide tranquilidad a comunidad del IREN Sur

Las críticas también apuntan hacia el gerente Walther Oporto, quien asumió la dirección temporal del IREN Sur en medio de cuestionamientos. Oporto ya había sido destituido en 2023 como gerente regional de Salud por presuntas irregularidades en asignaciones de personal, incluyendo un supuesto beneficio a su hermana.

En declaraciones, Oporto aseguró que su designación en el IREN Sur es «coyuntural» y prometió «reforzar la atención», aunque evitó confirmar si permanecerá en el puesto. «El IREN Sur no va a dejar de atender. Vamos a potenciar sus equipos, como el resonador magnético, que es de última generación», afirmó. Sin embargo, sus palabras no han calmado los ánimos.

Percy Manrique, presidente del cuerpo médico del Hospital Goyeneche, cuestionó que Oporto «no tiene especialidad en oncología ni la experiencia necesaria» para dirigir un centro de esta complejidad. Mientras, el Consejo Regional de Arequipa expresó su desacuerdo con la designación, señalando que «hay médicos más capacitados» para el cargo.

La incertidumbre ahora se extiende entre los pacientes, muchos de los cuales viajan desde regiones vecinas para recibir tratamiento. «Si ya había demoras en citas y faltaban equipos, ¿qué nos espera ahora?», se preguntó Conza.

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Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la construcción de la avenida Jesús, una obra vial que conecta los distritos de Arequipa y Mariano Melgar, y que registró un costo final de S/20,427,313.

El proyecto, ejecutado por administración directa por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), inició el 19 de septiembre de 2022 con un presupuesto inicial de S/9,770,189. Durante su ejecución se aprobaron 12 modificaciones al expediente técnico, 11 ampliaciones de plazo y 9 variaciones presupuestales, lo que incrementó su costo en más del 100%. La obra, culminada el 12 de marzo de 2025, comprendió la construcción de 840 metros de doble vía, con pavimento asfáltico, veredas de concreto, bermas para estacionamiento, reductores de velocidad y señalización vertical y horizontal.

Sin embargo, una inspección realizada el 28 de abril de 2025 por la Contraloría detectó fallas prematuras que comprometerían la durabilidad de la obra. Entre los problemas encontrados se observaron hundimientos en dos tramos del pavimento asfáltico, juntas de dilatación en veredas con sellado deficiente, desgaste acelerado en la pintura de rampas y sardinel, así como señalización horizontal y vertical deteriorada. Estos daños resultan especialmente preocupantes considerando que la obra apenas llevaba un mes y medio de culminada.

La Contraloría también inspeccionó el almacén central de la MPA, ubicado en el sector Divino Niño Jesús (Yura), donde encontró materiales sobrantes sin uso. Se verificó la existencia de 23 unidades de tubería PVC color azul y 36 unidades de tubería de polietileno para alcantarillado que nunca se instalaron. El reporte señaló una diferencia no registrada de cuatro unidades de tubería, con un valor no contabilizado de S/39,259, que no fue justificado por los responsables del proyecto.

El informe evidenció además graves fallas en los sistemas de control. El Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) no estaba actualizado y no hubo un seguimiento adecuado de las inversiones, lo que afectó el control social y la transparencia en el uso de fondos públicos.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPA remitió el informe al alcalde provincial de Arequipa, exigiendo la implementación de acciones correctivas y preventivas para subsanar las deficiencias.

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La cantante vernacular Yarita Lizeth Yanarico, conocida como «La Chinita del Amor», denunció públicamente un presunto incumplimiento de contrato por parte de la promotora de su evento en Cochabamba, Bolivia. Durante una transmisión en vivo en la madrugada del lunes, la artista, visiblemente afectada, relató los problemas que enfrentó.

Según Yanarico, no solo se le adeuda el pago por su presentación, sino que su equipo de trabajo también sufrió abuso por parte de los responsables del sonido «Tokio». Estos habrían retenido los instrumentos musicales del grupo, agravando la situación. La cantante y su equipo intentaron comunicarse con las autoridades locales para buscar ayuda, pero no obtuvieron respuesta.

La situación ha generado indignación entre los seguidores de Yanarico, quienes exigen una pronta solución y justicia para la artista. La falta de pago y la retención de los instrumentos han dejado a la cantante y su equipo en una posición vulnerable, sin los recursos necesarios para continuar con sus presentaciones.

Yanarico ha pedido a las autoridades bolivianas que intervengan para resolver este conflicto. La artista espera que se tomen medidas urgentes para recuperar sus instrumentos y recibir el pago pendiente. La comunidad artística y sus seguidores están atentos a los desarrollos de este caso, esperando que se haga justicia.

La falta de cumplimiento de contratos y el abuso de poder pueden tener consecuencias graves para los músicos, afectando su sustento y su capacidad para seguir trabajando. La solidaridad de sus seguidores es crucial en momentos como este.

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Una familia completa ha desaparecido en extrañas y alarmantes circunstancias tras ser acusada de estar implicada en el crimen que conmocionó al Vraem: el asesinato del ingeniero Jesús Quintanilla Mendoza (40) y la profesora Aydé Sosa Figueroa, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados el pasado 11 de mayo dentro de una poza de maceración de droga en el centro poblado de San Jerónimo, provincia de Satipo, Junín. 

Los desaparecidos son Juan Matías Chilingano Quispe (65) y sus hijos Edwin Chilingano Pérez (27) y Álex Chilingano Pérez (19), naturales de Huaracancha (Chincheros, Apurímac) residentes en el centro poblado de San Jerónimo Baja, distrito de Tambo del Ene (VRAEM), donde vivían desde hace más de una década y cultivaban en su chacra familiar. 

Según fuentes cercanas, los tres fueron capturados por el Comité de Autodefensa de San Jerónimo Baja, quienes los retuvieron por supuestamente estar detrás del doble crimen. Se denunció que fueron torturados y encerrados en un calabozo improvisado, para luego ser entregados a los familiares de las víctimas. Desde entonces, no se ha sabido nada de ellos. Un familiar cercano reveló que Juan Matías y Edwin habrían sido asesinados, mientras que Álex logró escapar y dejó un audio días después, denunciando que fueron secuestrados por autoridades locales y que solo él sobrevivió. Actualmente se desconoce su paradero, aunque algunos creen que sigue con vida, escondido por temor a represalias.

¿Crimen injusto?

La familia Chilingano trabajaba desde hace años con la profesora Aydé Sosa, quien había contratado al ingeniero Quintanilla para realizar un levantamiento topográfico en su terreno. Ambos lograron ser vistos por última vez el 4 de mayo cuando partieron desde Huamanga (Ayacucho) hacia San Jerónimo. Una semana después, sus cuerpos fueron encontrados con signos evidentes de tortura, golpes y fracturas. El informe del Instituto de Medicina Legal de Pichari reveló que el ingeniero murió por un traumatismo encéfalo craneano severo, mientras que la profesora sufrió además asfixia mecánica por sofocación. La brutalidad del crimen sugiere la participación de más de una persona. Pese a las graves acusaciones, los parientes de los desaparecidos niegan su implicancia y aseguran que son víctimas de una represalia sin pruebas.

“Los mataron por sospechas y sin evidencias. Ellos sabían quién fue, por eso los silenciaron”, sostuvo un familiar, que pidió no ser identificado por miedo a represalias.

El caso ha generado consternación en la región y puesto en la mira la actuación de los comités de autodefensa, así como la presencia del narcotráfico en la zona. Mientras tanto, la familia Chilingano continúa desaparecida y sus seres queridos claman por justicia y por el esclarecimiento de los hechos.

Audio

En un audio que envió a través del aplicativo WhatsApp Alex Chilingano desesperado y muy entristecido suplicó de ayuda a las autoridades, pues los tenían secuestrado injustamente a él, a su hermano y padre.

“Señores autoridades por favor quiero me ayuden, quiero justicia, nos tienen secuestrados a mí, a mi hermano y mi papá, nos amenazaron de muerte y se encontrarían en el centro poblado de San Jerónimo Baja, los tenían en el monte y ahorita no sé cómo estará mi papá; mi hermano y yo nos hemos escapado de la tortura. Por favor ayúdanos”, imploró en su mensaje.

La familia Chilingano solo aguarda encontrar con vida a los jóvenes y al sexagenario, aunque estas posibilidades son casi mínimas, puesto que no hay rastro de ellos.

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El Comité de Defensa del Agua convocó a una movilización este 5 de junio en Iquitos, como parte de las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada incluirá un pasacalle que busca promover una reflexión colectiva sobre el impacto de la contaminación en la ciudad y en la Amazonía. 

“Necesitamos inventar otra forma de convivir sin destruir ríos ni bosques”, señaló José Manuyama, vocero del comité. La actividad contará con la participación de colegios, organizaciones civiles y ciudadanos de distintas zonas. Según Manuyama, el objetivo es visibilizar la falta de acciones efectivas frente a la crisis ambiental y exigir un mayor compromiso de las autoridades. “El Estado debe liderar procesos de educación ambiental, pero no hay coordinación ni trabajo con la gente”, advirtió.

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Siete regidores de la Municipalidad Provincial de Ica están bajo cuestionamientos tras haber aprobado el cambio de zonificación de terrenos agrícolas a industriales, lo que permitió el ingreso de la empresa Tengda Perú Cerámica SAC, una compañía de capital chino que inició la construcción de su planta sin contar con permiso ambiental ni licencia de funcionamiento.

La polémica se reactivó este fin de semana durante una audiencia descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso, celebrada en la sede del Colegio Médico de Ica. A pesar de haber sido citados, los regidores involucrados no asistieron, lo que fue interpretado como un intento de evitar responsabilidades. La presidenta de la comisión, Tania Ramírez, advirtió que podrían ser llamados al Congreso para explicar el procedimiento que favoreció a la empresa extranjera.

Ingrid Ramos Oré, única regidora presente en la sesión, denunció que la aprobación del cambio de zonificación se dio sin informe favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano ni estudio de impacto ambiental, elementos requeridos por ley. La votación fue promovida por el regidor Carlos Ponce Aparicio, con el respaldo de Leydy Loayza Mendoza, Nélida García Ramos, Jorge Hinostroza Alejo, Paúl Astohuamán Junes, Ana Huarcaya Pampañaupa y José Luis Escate Espinoza. En contra votaron seis regidores.

La empresa Tengda, que invirtió aproximadamente US$60 millones, se instaló en el distrito de Salas Guadalupe, una zona originalmente agrícola. A pesar de operar sin autorización, logró inscribirse en Registros Públicos en 2022, y un año después inició las obras. En paralelo, contrató como asesor legal a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte, lo que generó suspicacias por un posible conflicto de intereses.

Durante la audiencia, un grupo de personas de Salas Guadalupe supuestamente fueron llevados para exigir la apertura de la planta, alegando que generaría hasta 3,000 empleos. Argumentaron que las agroexportadoras locales ofrecen trabajo temporal y precarias condiciones laborales, mientras que Tengda les promete empleo estable en turnos rotativos. Sin embargo, estas manifestaciones son lo opuesto a las denuncias por maltrato laboral y explotación hacia la empresa.

Sociedad de industrias rechaza a la empresa china Tengda

El gremio empresarial también ha expresado preocupación. En diciembre de 2024, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) denunció públicamente que Tengda violó leyes ambientales y urbanísticas, iniciando obras sin permisos ni evaluación ambiental. Produce rechazó su solicitud de evaluación al constatar que la planta ya estaba construida, y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) multó a la empresa con 20 UIT por uso indebido del agua de un pozo con licencia agrícola.

En el fondo del conflicto, subyace una crisis hídrica creciente en la región. Ica enfrenta una sobreexplotación del acuífero subterráneo, con un desbalance de 145 millones de m³ anuales, según datos de la Autoridad Nacional del Agua. El uso indiscriminado de este recurso, tanto por agroexportadoras como por industrias no reguladas como Tengda, agrava la situación.

El caso continúa escalando a nivel político y social, mientras crece la presión para que el Congreso actúe frente a una posible red de corrupción y falta de fiscalización, que permitió a una empresa operar al margen de la ley en una de las regiones más estratégicas del país.

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Los días 15 y 16 de mayo se realizó en Lima el cuarto encuentro macrorregional de Tejiendo Ciudadanía, una iniciativa liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con el Grupo La República, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Red Científica Peruana, con financiamiento de la Unión Europea. La actividad reunió a más de 200 representantes de comunidades indígenas, instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y universidades de la zona centro del país.

La representante del PNUD, Bettina Woll, destacó la amplitud del proceso: “La iniciativa Tejiendo Ciudadanía recogió perspectivas diversas, incluyendo las de las juventudes, sobre los desafíos más relevantes del país y propuestas sobre cómo enfrentarlos”.

Crimen e impunidad, una amenaza persistente

Uno de los temas centrales fue el avance del crimen organizado y la impunidad. En lo que va del año, más de quince choferes han sido asesinados en el país, mientras que más de 7600 bodegas han cerrado en los últimos dos años debido a extorsiones. Los participantes coincidieron en que este fenómeno no solo tiene efectos económicos, sino que también debilita la institucionalidad democrática.

“Los dirigentes sindicales ya no pueden sindicalizarse como hace veinte años, porque las bandas criminales están al acecho”, afirmó Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Según datos del gremio, 26 trabajadores del sector construcción civil han sido asesinados en lo que va del año.

Desde el Poder Judicial, su presidente, Jhony Contreras, denunció limitaciones para enfrentar esta situación: “El poder político pretende imponerse a la labor judicial. Nuestra independencia está amenazada desde el momento en que dependemos de otro poder del Estado para nuestro presupuesto. No podemos ni aumentar el número de jueces”.

Democracia, economías ilegales y representación territorial

La representación política desigual fue otro de los temas abordados. Tarcila Rivera Zea, presidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq), cuestionó que los pueblos originarios solo sean tomados en cuenta durante procesos electorales. Denunció que la falta de representación efectiva deja a estas comunidades expuestas a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros, propuso repensar el proceso de descentralización: “Tenemos gobiernos regionales que, cuando hay crisis, voltean a ver al gobierno nacional. Es fundamental posicionar al Estado en los territorios”. Doris Guillermo, vicegobernadora de Pasco, añadió que “es necesario una mayor autonomía de las regiones, para no depender del gobierno central”.

Informalidad y falta de condiciones para el desarrollo

La informalidad laboral fue otro eje del encuentro. Más del 70 % de los trabajadores en el Perú se desempeñan fuera del sistema formal. El economista Diego Macera afirmó que “la formalidad es importante porque nos lleva a la productividad”, pero advirtió que existen múltiples trabas: trámites complicados, costos extrasalariales y un sistema tributario poco amigable.

Desde el Ministerio de la Producción, el viceministro de MYPE e Industria, César Manuel Quispe, reconoció las dificultades: “Formalizarse sigue siendo un camino lleno de trabas y burocracia”. Anunció la implementación de una ventanilla única laboral y una política nacional de formalización para vincular a las pequeñas empresas con cadenas de valor.

Infraestructura y prevención frente a desastres

El encuentro también abordó la necesidad de infraestructura resiliente. Rolando Capucho, jefe del Cenepred, advirtió que el desarrollo no puede darse sin prevención de desastres. Señaló que, aunque existen planes en todas las regiones, su ejecución depende de los gobiernos regionales y locales: “La prevención es una tarea que corresponde a los tres niveles de Gobierno”.

Por su parte, Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, señaló que la planificación debe tener un enfoque territorial: “No es lo mismo hacer un proyecto en Lima que en Iquitos o en Piura. Solo con presupuesto público no alcanza. Se requiere de inversión privada y del compromiso del Estado”.

Hacia una ciudadanía activa y conectada

El evento concluyó con una convocatoria a fortalecer el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para la docente universitaria Miriam Quispe, “faltan estrategias para concientizar a la sociedad”. Desde la academia, se están impulsando reformas educativas que integren la sostenibilidad y la participación cívica como ejes formativos.

Entre las principales propuestas discutidas figuran la articulación entre instituciones del sistema de justicia, una reforma policial, el impulso de la formalización laboral con enfoque inclusivo y la mejora de la planificación urbana con enfoque territorial. También se destacó la necesidad de promover una ciudadanía informada, activa y con capacidad de exigir derechos en todo el país.

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Levy Pacheco Verde, fiscal adjunto provincial titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo, remitió al fiscal provincial coordinador de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, copias certificadas del caso 2306014904-2025-16, al advertir la existencia de una denuncia penal por hechos acontecidos, cuya calificación compete a esta Fiscalía, según lo previsto en el art. 334, inciso 1 del Código Procesal Penal.

El citado caso atañe a la denuncia por omisión de actos funcionales que interpusieron Frank Sánchez Romero y Ricardo Delgado Arana, directores de la empresa de saneamiento Sedalib S.A., contra el presidente del directorio Percy Rosario Martell, por no someter a votación sus pedidos respecto a la nueva elección del presidente del directorio y la remoción y designación del gerente general de la empresa.

Los directores de Sedalib, solicitaron “prevenir respecto del delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales”, contra Percy Ricardo Lucio Rosario Martell, en su condición de presidente del directorio, por omitir someter a voto los pedidos efectuados por ellos respecto de la elección del nuevo presidente de directorio y del gerente general, existiendo bajo su criterio “alto riesgo” que en la sesión del directorio a convocarse el presidente no someta a voto los pedidos pese a estar obligado.

El 7 de abril de 2025 se llevó a cabo la sesión de directorio N.2 1017-2025, sin embargo, Percy Rosario expresó que no iba a someter ninguna propuesta que para él era ilegal, y respecto a la votación de gerente general, indicó que previamente la Subgerencia de Recursos Humanos evalúe el cumplimiento de los requisitos de las personas propuestas.

Percy Rosario habría tomado decisiones por sí mismo lo que constituiría, “una evidente omisión de actos funcionales”, contraria a lo previsto en el art. 62, inciso 3, del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1280, que establece que los directores de la empresa prestadora municipal están obligados a adoptar acuerdos societarios y disposiciones internas de la empresa prestadora municipal, conforme a las normas sectoriales.

El 6 de mayo de 2025 los dos directores citados nuevamente solicitaron ejercer su derecho a voto respecto de la agenda antes indicada, existiendo el alto riesgo que en la sesión del directorio a convocarse el presidente no someta a voto los pedidos pese a estar obligado.

Los denunciantes estiman que se debería prevenir el delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en tanto existiría alto riesgo que en la sesión del directorio a convocarse el presidente no someta a voto los pedidos, pese a estar obligado.

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La sobrecarga turística en Machu Picchu amenaza con dejar al santuario histórico en la lista de patrimonio mundial en peligro, según la Contraloría General. Entre el 17 y el 30 de abril de 2025, 2505 personas ingresaron a la terraza superior de la Llaqta, más de cinco veces el límite diario de 450 personas establecido por el Ministerio de Cultura (Mincul). En mayo, la situación se repitió con 1546 visitantes. El Informe de Orientación de Oficio n.° 010-2025-OCI/5765-SOO revela que la venta de boletos excedió los aforos aprobados tanto en temporada baja como alta. Mientras el Mincul autorizó el ingreso de 490 personas al día en temporada alta, se vendieron boletos hasta para 639 personas. La plataforma estatal TuBoleto.cultura.pe respetó los límites, pero los visitantes también ingresaron por la Ruta 5 de la Red de Caminos Inca. Esta ruta finaliza en la terraza superior, una zona destinada solo a fotografías, pero actualmente soporta flujos masivos que sobrepasan su capacidad.

Ruta expuesta por sobrecarga turística en Machu Picchu

La sobrecarga turística en Machu Picchu también afecta la Ruta Realeza Diseñada, llamada Ruta 3-B. Esta sección incluye sectores usados por la élite inca. Entre el 18 y 30 de abril de 2025, ingresaron 1368 personas. En mayo, la cifra llegó a 1248. Todo esto ocurrió por el acceso desde la Ruta 5 y fallos en la plataforma de venta de boletos. El tarifario oficial (TUSNE 2025) exige un pago de S/ 152 por acceder a esta ruta. Sin embargo, las entradas no reflejan este cobro. El Mincul solo exime del pago a quienes compraron boletos antes del 4 de marzo de 2025. Las demás entradas no deberían incluir este recorrido sin tarifa adicional. La falta de cobro genera una pérdida económica para el Estado. Además, debilita la planificación del flujo turístico y pone en riesgo estructuras incas de gran valor. La comisión de control detectó desgaste en muros, plataformas y zonas ceremoniales por el tránsito desmedido. En la Ruta 5 de la Red de Caminos Inca, el aforo diario permitido es de 250 personas. 

Sin embargo, entre el 17 y 30 de abril de 2025, ingresaron 936 visitantes. En mayo, el número llegó a 1490. Hubo días en los que la venta de boletos alcanzó hasta 695 personas. Este exceso genera compactación del suelo, erosión y deterioro de escalinatas y caminos. Las pendientes pronunciadas resultan particularmente vulnerables. La constante presión del turismo compromete la integridad del sitio arqueológico y su entorno natural. Durante la 46.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en julio de 2024, ya se expresó preocupación. En aquella ocasión, el comité discutió el elevado número de visitantes y la fragilidad del ecosistema local. La Contraloría notificó al titular del Mincul los resultados del informe, que cubre del 20 de enero al 14 de abril de 2025. Se espera que el ministerio tome acciones inmediatas para garantizar el uso sostenible de este patrimonio mundial declarado por la UNESCO en 1983. El riesgo no solo es cultural. También lo es ecológico, económico y político. La falta de control y cobro correcto vulnera la normativa vigente y pone en entredicho la gestión del turismo patrimonial en Perú.

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La madrugada de hoy, una tragedia enluta a la región de Sandia, cuando un bus de la empresa Valle Inambari, que cubría la ruta Massiapo Alto Inambari – Sandia – Juliaca, sufrió un fatídico despiste. El vehículo, por causas aún no determinadas, se precipitó hacia un abismo en el sector de Sumaq Kinray, en la vía nacional que conecta a estas localidades.

El impacto fue devastador. Testigos aseguran haber escuchado el estruendo del vehículo cayendo por el abismo. De inmediato, se desplegaron equipos de rescate y personal de emergencia para tratar de salvar a los sobrevivientes, pero la magnitud del accidente dejó a todos en shock.

Hasta el momento, se ha confirmado que un sobreviviente, identificado como Marcial Luque Checca (37), fue rescatado con vida. Fue trasladado de urgencia al hospital de Sandia, donde recibe atención médica por las graves lesiones sufridas. Su condición es estable, pero el camino hacia su recuperación será largo.

Sin embargo, la tragedia no termina ahí. La noticia más devastadora llegó hace instantes, cuando se informó sobre la recuperación de uno de los cuerpos de las víctimas. Las labores de búsqueda continúan, pero las autoridades locales temen lo peor: se estima que más de 20 personas han perdido la vida en este trágico accidente.

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