Una intervención policial en Arequipa terminó en tragedia esta madrugada. Un hombre de 31 años, identificado como Wilfredo Huamaní Flores, falleció en el hospital Goyeneche luego de ser atropellado, presuntamente, por un patrullero que lo intervino en estado de ebriedad.
Todo sucedió minutos después de las 02:00 horas en la avenida Argentina, cerca a la zona de Apima, en el distrito de Paucarpata. Las investigaciones están en proceso, pero según información preliminar, un chofer se encontraba manejando su camioneta de color blanco cuando un grupo de policías intervino la unidad.
En el vehículo, el hombre se encontraba con tres mujeres, presuntamente con signos de haber ingerido grandes cantidades de alcohol. Los agentes lograron detenerlos y llevarlos al patrullero, pero cuando se disponían a trasladarlos a la comisaría PNP Juan de Dios Colqueapaza, los intervenidos intentaron escapar.
Es en ese momento, el patrullero retrocede y habría atropellado a Wilfredo Huamaní y Cleria Velásquez Hernández, de 40 años.
Falleció en hospital Goyeneche de Arequipa
Tras el incidente, los agentes llevaron a los heridos a la clínica AUNA, ubicada en calle La Salle. Sin embargo, no los atendieron por problemas con el soat del chofer del patrullero. El siguiente destino fue el hospital Goyeneche, donde lamentablemente el hombre de 31 años habría fallecido por un paro respiratorio. El nosocomio certificó su muerte.
En el recinto, también se encuentra la mujer de 40 años que acompañaba a la víctima y resultó con algunas heridas y contusiones. Mientras se investiga el caso, familiares del fallecido denunciaron negligencia por parte de los agentes de la comisaría de Paucarpata.
Periodista de día, cinéfilo de noche. Formado en las aulas de la UNSA. Editor audiovisual, generador de contenidos web y redes sociales. Me especializo en temas culturales, tecnológicos y de cine.
Los ministros del Ambiente, Albina Ruiz, y de Energía y Minas, Oscar Vera, inspeccionaron la situación ambiental en diferentes distritos de Piura que son afectados porpasivos ambientales originados por actividades relacionadas con el sector hidrocarburos.
Ambos funcionarios recorrieron las instalaciones del colegio José Pardo y Barreda de la ciudad de Negritos, en el distrito La Brea, provincia de Talara.
En junio se registró el afloramiento de gases de antiguos pozos de petróleo no sellados. Al respecto, Ruiz dijo que a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), se realiza el monitoreo permanente de la zona. La supervisión también abarcó lugares aledaños que han sido impactados.
“Tenemos a nuestros equipos haciendo el monitoreo respectivo y tenemos que garantizar que todas las fuentes de contaminación se cierren”, dijo la ministra del Ambiente.
Buscan solución conjunta a problemática
Ruiz remarcó que la intervención de su sector fue inmediata tras conocerse el hecho. Razón por la cual se aprobó la Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA). Esta abarca un área de 7,88 hectáreas de la citada jurisdicción.
Añadió que se coordinará con el Ministerio de Educación para buscar una solución conjunta a la problemática que afecta al plantel. Por ello, se analiza la atención a la comunidad de la institución educativa, previo análisis de la zona sobre la existencia de los pasivos ambientales mencionados.
Hay expectativa por la próxima aprobación del Plan de Rehabilitación que hará el Minem. Porque podrá marcar el inicio de la recuperación de la zona afectada por hidrocarburos.
En otro momento, la comitiva llegó hasta la plataforma MX-1, en el Lote Z-2B. Esta es una estructura en desuso ubicada en el mar de la empresa Savia Perú S.A; en el distrito de Los Órganos. La infraestructura se ha convertido en un arrecife artificial que alberga diversidad marina tropical.
INFOREGIÓN dio cuenta en su momento de esta problemática desde el lugar de los hechos y a través de declaraciones de los afectados y de autoridades involucradas en la remediación ambiental de la zona afectada.
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Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Mientras todos ―para bien o para mal― esperan el mensaje a la nación que ofrecerá la presidenta Dina Boluarte este 28 de julio, en La Libertad el gobernador regional, César Acuña Peralta, alista su tercera salida del Perú a cuenta de las vacaciones adelantadas aprobadas por el Consejo Regional de mayoría apepista. Como se recuerda, […]
Mientras todos ―para bien o para mal― esperan el mensaje a la nación que ofrecerá la presidenta Dina Boluarte este 28 de julio, en La Libertad el gobernador regional, César Acuña Peralta, alista su tercera salida del Perú a cuenta de las vacaciones adelantadas aprobadas por el Consejo Regional de mayoría apepista.
Posteriormente, el 25 de mayo, remitió al Consejo Regional el oficio N°001298-2023 en el que solicitaba cuatro permisos más para ausentarse en distintas fechas del año, también por motivos personales y sin goce de haber. Estas ausencias acumulaban más de 30 días fuera del cargo y ocurrirían en los meses de junio, julio, agosto, octubre y diciembre.
El Consejo Regional, de mayoría apepista, aprobó sin dudar la solicitud de su jefe, en tanto los consejeros a favor «explicaban» estar de acuerdo con el pedido porque el gobernador merecía descanso, aun cuando no había cumplido ni un año de gestión.
César Acuña: Fiestas Patrias en el extranjero
De acuerdo a la programación de vacaciones adelantadas, Acuña salió del país el 9 de junio por diez días. Y, ahora, según la misma solicitud aprobada por el Consejo Regional, el cabeza de Alianza para el Progreso volvería a ausentarse del cargo desde el mismo 28 de julio hasta el 5 de agosto.
Las próximas salidas de Acuña de vacaciones adelantadas están previstas entre el 6 y 14 de octubre y del 9 al 16 de diciembre.
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El incremento de casos de neumonía en Cusco es notable debido a que es una de las regiones afectadas por cambios estacionales en el clima y con mayor cantidad de casos de enfermedades respiratorias. La neumonía es una enfermedad respiratoria que afecta a los pulmones y provoca dificultad en la respiración. Los síntomas habituales son tos, […]
El incremento de casos de neumonía en Cusco es notable debido a que es una de las regiones afectadas por cambios estacionales en el clima y con mayor cantidad de casos de enfermedades respiratorias.
La neumonía es una enfermedad respiratoria que afecta a los pulmones y provoca dificultad en la respiración. Los síntomas habituales son tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor en el pecho y fatiga.
En lo que va del año se registra que en la población de niños menores de 5 años especialmente de las provincias de Chumbivilcas, Espinar, Canchis y Canas se consigna un aumento significativo de casos de neumonía. Con mayor incidencia en los grupos etarios de niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años, considerados población vulnerable.
Neumonía en Cusco: Mueren niños y ancianos
A la fecha se ha registrado 10 muertes por neumonía en niños menores de 5 años y 107 muertes en los mayores de 65. Los casos de neumonía y enfermedades respiratorias agudas en Cusco aumentan principalmente en el periodo de abril a agosto.
El área de epidemiología de la Geresa Cusco recomienda a toda la población tener el esquema de vacunación completa. La inmunización debe ser contra las infecciones respiratorias que incluyen las vacunas por neumococo e incluso el Covid-19.
Además, los epidemiólogos recalcan que es importante no automedicarse porque genera una falsa confianza en los pacientes que tienen alguna enfermedad respiratoria.
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Gustavo López Llanos, procurador de la municipalidad distrital de Acora, en Puno, dio a conocer que la denuncia penal contra la empresa minera Aruntani S.A.C., por contaminación ambiental ha sido archivada por la Fiscalía. Recordó que en 2021 su despacho presentó una denuncia contra representantes de Aruntani S.A.C. y a los directores de la Autoridad […]
Gustavo López Llanos, procurador de la municipalidad distrital de Acora, en Puno, dio a conocer que la denuncia penal contra la empresa minera Aruntani S.A.C., por contaminación ambiental ha sido archivada por la Fiscalía.
Recordó que en 2021 su despacho presentó una denuncia contra representantes de Aruntani S.A.C. y a los directores de la Autoridad Nacional Agua (ANA), Autoridad Local del Agua (ALA), y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
La denuncia, indicó, se debió a la muerte de 1500 alevinos de trucha que la municipalidad distrital sembró para repoblar la laguna de Pasto Grande. Por tal caso la fiscalía abrió una investigación preliminar.
Sin embargo, luego de mucho tiempo, la Fiscalía en Materia Ambiental recién ha notificado a la Procuraduría de la municipalidad distrital sobre el archivamiento del caso.
“[La Fiscalía] dice que no ha muerto ninguna persona, y que solamente hay alevines, y además que no hemos pedido autorización para sembrar alevinos en el reservorio de pasto grande”, dijo el procurador.
Ante esta situación indicó que han presentado una queja, para que una segunda instancia pueda revisar cómo es que se pudo archivar este caso, donde solo se habría tomado en cuenta las documentación de la empresa minera.
Finalmente, indicó que no hay documento oficial que la empresa haya cerrado sus operación, por lo que se presume que se sigue realizando trabajos, además instó al ministerio de energía minas intervenir al respecto.
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El Colegio de Abogados de Arequipa, en conjunto con el Círculo de Estudios Jurídicos, se prepara para llevar a cabo el Primer Congreso de Derecho Civil y Penal – Arequipa 2023. Bajo el lema «Cuna de la Tradición Jurídica».
El evento, programado para los días 21 al 23 de septiembre, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Colegio de Abogados de Arequipa, ubicado en la Avenida Alfonso Ugarte S/N frente a Leche Gloria.
El congreso está dirigido a profesionales, académicos y estudiantes de Derecho de la región Arequipa, con expectativas de una asistencia de más de 1500 participantes. Para aquellos interesados en asegurar su participación en el evento, se ofrece una preventa de entradas a un precio especial de 100 soles hasta el 15 de agosto. Pues el evento busca brindar una oportunidad accesible para formar parte de este congreso.
El Círculo de Estudios Jurídicos presidido por el Dr. Julián Alca Arenas, tiene el honor de presentar el Primer Congreso de Derecho Civil y Penal – Arequipa 2023.
Reconocidos Juristas de todo el país
Durante el congreso, se ofrecerán ponencias y charlas a cargo de destacados juristas como Juan Monroy Gálvez y Alonso Peña Cabrera. Así también el juez Richard Concepción Carhuancho, Benji Espinoza Ramos, entre otros. Los temas en áreas civil y penal serán abordados de manera crítica, con el objetivo de promover un enriquecedor debate y discusión.
El principal propósito del Primer Congreso de Derecho Civil y Penal – Arequipa 2023 es fomentar la formación académica y contribuir al desarrollo del derecho en la región. Además, se otorgará una certificación oficial de 40 horas académicas a los asistentes.
El evento busca fortalecer la comunidad legal de la región y promover el intercambio de conocimientos en las áreas civil y penal. Los organizadores esperan una activa participación, en el Primer Congreso de Derecho Civil y Penal – Arequipa 2023. Asimismo, una valiosa oportunidad para enriquecer el debate jurídico en la región.
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicó hoy el informe parcial de los resultados de una encuesta para La República que revela el contundente rechazo popular a Dina Boluarte. También se hizo evidente el respaldo a las últimas manifestaciones de la llamada «tercera toma de Lima» para que renuncie la mandataria y se convoque a nuevas elecciones generales antes de 2026.
Sobre si el Perú es una democracia, los ciudadanos que fueron interrogados por la encuesta del IEP de febrero de 2022 respondieron afirmativamente en un 57%. En la encuesta de este mes solo lo piensan así el 51%.
Apenas el 10,9% respalda la gestión de Dina Boluarte en la presidencia, según esta encuesta del IEP. La aprobación de la presidenta Boluarte presenta una tendencia decreciente y, si se compara la aprobación de junio y julio con la observada a inicios de enero, se encuentra una reducción estadísticamente significativa.
El 80% dice que al país le conviene que haya elecciones antes de 2026 y solo 51% cree que Perú es una democracia. La aprobación de la presidenta Boluarte presenta una tendencia decreciente y, si se compara la aprobación de junio y julio con la observada a inicios de enero, se encuentra una reducción estadísticamente significativa.
El Congreso abusa de su poder, según encuestados del IEP
Al igual que en junio, 9 de cada 10 encuestados desaprueban al actual Parlamento. El Congreso mantiene los mismos niveles de desaprobación desde enero. El Congreso tiene una alta desaprobación en todos los segmentos. Sin embargo, se observa un mayor respaldo entre quienes se identifican como de derecha (11%) y quienes aprueban la gestión de Dina Boluarte (30%).
Para el 78% de los entrevistados, el Congreso abusa del poder que tiene. Apenas el 2% cree que el Legislativo usa su poder de manera correcta.
Nuevas elecciones
El IEP planteó la pregunta “En su opinión, ¿qué es lo más conveniente para el país?”. Para ello ofreció tres alternativas de respuesta: “Que haya elecciones antes de 2026”, con 80%; “Que se quede Dina Boluarte hasta 2026”, con apenas un 15%; y “No sabe, no opina”, con 5%.
Al igual que hace un par de meses, un mayoritario 80% considera que debe haber elecciones antes de 2026.
Identificación con las protestas
Un 58% se ha sentido identificado con las protestas del 19 de julio. En enero se hizo una pregunta similar y, en ese mes, el 50% dijo sentirse identificado. Solo un 33% o se pliega a esta identificación.
La identificación con las protestas es mayor en la macrozona centro del país (79%). Los jóvenes entre 25 a 39 años (65%) también se unen a este sentir, y también, quienes se consideran de izquierda (69%) y de centro (60%).
Comparando tres demandas de las protestas, de enero a julio, todas mantienen porcentajes similares.
El pedido de renuncia de Dina Boluarte a la presidencia pasó de un 75% (enero) al 78% en julio. El cierre del Congreso es exigido mayormente en el sur del país (83%). El reclamo para convocar a una Asamblea Constituyente mantiene el mismo porcentaje de encuestados de enero a julio.
#EncuestaIEP Comparando tres demandas de las protestas de enero con las de julio, todas mantienen porcentajes similares de acuerdo, sin diferencias estadísticamente significativas: renuncia de la presidenta, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente. pic.twitter.com/FywxtFvrBL
El IEP explica que la pregunta se tomó del Barómetro de las Américas (Lapop) de 2019. Según datos de febrero/marzo de ese año, el porcentaje de quienes pensaban que Perú era una democracia fue de 66%.
En aquel entonces el presidente era Martín Vizcarra. Durante febrero de 2023 las encuestas del IEP plantearon esa pregunta que fue respondida afirmativamente en un 57%. En julio de 2023 sólo el 51% asegura que vivimos en una democracia.
Pese a contar con el respaldo de apenas el 6% de los encuestados, los congresistas son percibidos como quienes tienen más poder en Perú (35%). Continúan en la lista los empresarios (24%) por encima de Dina Boluarte. En tercer lugar aparece quien ejerce la presidencia con el 19% de encuestados que la perciben entr quienes tienen más poder en Perú en la actualidad.
La encuesta fue telefónica a celulares a nivel nacional. Fue elaborada del 15 al 19 de julio de 2023. Los entrevistados fueron 1206 personas mayores de 18 años distribuidas en 24 departamentos, 151 provincias y 448 distritos.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
Los deudos y familiares de los heridos insistirán en el pedido de obtener justicia, ya que las investigaciones fiscales no avanzan. Emplazan directamente a Dina Boluarte
«Sin justicia no habrá paz», arengan los miembros de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, durante una de tantas bigilias que esta vez se realizó el viernes 21.
Su presidente, Raúl Samillán, hermano del fallecido médico y brigadista Marco Antonio Samillán, quien murió cuando auxiliaba a heridos aquel día, confirma la noticia. Según dijo, los heridos llegan a 500. Explica que, según el MINSA, hasta el 9 de febrero había 254 heridos oficialmente registrados. Pero hay una cantidad similar, contando todas las provincias de Puno, que no han acudido a un centro hospitalario.
«Hemos identificado unos 500 heridos. Muchos de ellos permanecen en la clandestinidad, porque los quisieron criminalizar», dijo.
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Él es solo una de 500 víctimas aproximadamente que fueron heridos por balas o perdigones disparados por la Policía Nacional, en las semanas que duró la protesta en Puno.
Pedro Smillán Sanga no dijo nada de la herida que tenía en el hombro a causa de una bala que le dispararon como a otros cientos, aquel 9 de enero. Tenía orificio de entrada y salida y ante el drama por la muerte de su hermano, el brigadista Marco Antonio Samillán, decidió callar.
Después de 6 meses, solo ahora, se sabe que cuando fue a buscar a su hermano médico, ante la noticia que había recibido disparos cuando auxiliaba a otros heridos, a él también lo alcanzó una bala, afortunadamente sin dañarle órganos internos. Recién al día siguiente fue al hospital, solo. Y hoy las secuelas que le ha dejado la herida, le impiden trabajar.
Ahora, ha decidido denunciar su caso. Él es solo una de 500 víctimas aproximadamente que fueron heridos por balas o perdigones disparados por la Policía Nacional, en las semanas que duró la protesta en Puno.
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¿Qué caminos políticos ha abierto la movilización nacional del 19J o Tercera Toma de Lima? ¿Es posible hallar salidas a la crisis política que atraviesa al país? ¿Qué se necesita para terminar con la alianza de Dina Boluarte y el Congreso? ¿La ultraderecha aceptará jugarse en unas elecciones transparentes o tratarán de enturbiar el proceso? Sobre estos temas y más conversan el periodista y analista Carlos Bedoya con la lideresa política Verónika Mendoza.
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Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se centran en el hartazgo de la población hacia la forma en que se constituye el Estado. El economista José De Echave comparó los conflictos mineros con la situación de descontento actual, ya que las decisiones se toman de forma autoritaria y vertical.
“Los conflictos vinculados a la minería también, como hoy en día, han cuestionado el poder central, la manera cómo desde Lima se toman decisiones, como una élite pretende decidir sobre lo que se hace y lo que no se hace en los territorios. Y los que protestaban han sido calificados de terroristas”.
José De Echave, economista
También señaló que la conflictividad ha aumentado en este gobierno a niveles inéditos, lo que el gobierno no toma en consideración. Escuche la entrevista completa con José De Echave, a continuación:
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Este último viernes 21 de julio, durante la feria informativa «Alto a la violencia» realizada en Miraflores, se hizo un llamado a todas las mujeres que actualmente sufren violencia física o psicológicamente en Arequipa. La razón: la región sigue exhibiendo altos índices de feminicidios y violencia contra la mujer.
Fiorela Mattos, activista en contra de la violencia de género, explicó que las autoridades no le dan importancia a la prevención. Y según ella, ésta seria una acción clave para evitar más feminicidios.
«No tengan vergüenza al denunciar, cualquier acto que les incomode, nosotras tenemos derecho de vivir una vida plena y feliz»
Alexandra Carpio, especialista de Causas Violencia Contra la Mujer de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
Arequipa, segunda ciudad con más feminicidios
En solo este mes, tres mujeres perdieron la vida a manos de su pareja en Arequipa, sumando así 12 casos de feminicidio en lo que va del año.
El primer feminicidio se descubrió el 8 de julio, un grupo de vecinos del asentamiento humano La Campiña Viña Zegarra, en el distrito de Characato, percibió un desagradable olor que provenía de un predio en abandono. Los vecinos de la zona acudieron al lugar y encontraron que dentro del silo había una pierna. Luego se confirmó que pertenecía a una adolescente de 16 años que estaba desaparecida desde el 22 de junio. Ella habría sido torturada y descuartizada por su pareja Jonnathan Molina Cassani quien ha confesado, pero ha involucrado a otras personas más.
El segundo caso de feminicidio fue el de una joven que murió por estrangulamiento en Paucarpata, el 19 de julio. El cuerpo de Ingrid fue encontrado sin vida apenas a sus 22 años. La joven falleció como producto de una asfixia mecánica. El sospechoso es su pareja Fermín Sanca (25), con quien habría estado bebiendo licor ese día.
Y el mismo día, una madre de familia murió asesinada y su cuerpo fue hallado en un descampado en Majes. Margarita (39) habría sido asesinada por su pareja Víctor Chino Cjuro. El hombre discutió con Margarita y luego la habría asesinado trasladando su cuerpo a un terreno baldía en una mototaxi. Margarita tenía a su cargo tres hijos. El sospechoso huyó con su hijo de 4 años, los otros dos pequeños, de 11 y 8 años, se han quedado solos.
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La marcha nacional conocida como la «Tercera Toma de Lima» se prolonga de esta manera en la capital, reuniendo a delegaciones de otras regiones, especialmente del sur del país.
Este sábado 22 de julio, las calles de Lima continuaron siendo escenario de masivas protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Los manifestantes, integrados por distintos gremios, sindicatos y ciudadanos autoconvocados, se congregaron hasta ocupar la Plaza San Martín.
El cordón policial y las rejas colocadas para evitar el uso de este espacio público, fueron atravesados alrededor de las 7:00 de la noche.
🚨 #URGENTE | Denunciamos que policía ha empezado a utulizar bombas lacrimogenas para reprimir a manifestantes que se encuentran protestando en la Plaza San Martín.
La marcha nacional conocida como la «Tercera Toma de Lima», se prolonga de esta manera en la capital, reuniendo a delegaciones de otras regiones, especialmente del sur del país. Entre las principales demandas ciudadanas están la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Violencia policial en la Plaza San Martín
Los enfrentamientos entre la Policía y los ciudadanos se han registrado en varios puntos de la ciudad. Diversos medios alternativos han documentado el uso injustificado de bombas lacrimógenas por parte de los agentes del orden contra los manifestantes. Algunos policías han intentado arrancar equipo de protección a los ciudadanos y una mujer fue empujada desde unos escalones por agentes policiales, según videos.
¿Arrancarle los lentes protectores a un manifestante y jalonear prendas está en el nuevo manual de procedimientos policiales? pic.twitter.com/TSSY0MRSwE
Durante las protestas, los manifestantes entonan la popular arenga «Dina Asesina, el pueblo te repudia». Esta expresión refleja el fuerte descontento y la indignación de la ciudadanía. Pese a la represión, las protestas en Lima continúan.
.@PoliciaPeru empuja a ciudadana de Ilave que se manifestaba pacíficamente en plaza San Martín, Lima; luego impide a fotoperiodistas registrar si le ocurrió algo al caer o por efecto del gas lacrimógeno. Policía repite represión desproporcionada e ilegal contra protesta pacífica pic.twitter.com/V8ChHd2iIt
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
El analista Marco Avilés comparó el gobierno de Dina Boluarte con el de Fujimori al recordar el copamiento de instituciones que garantizan la democracia. Además, la aprobación de leyes desde el Congreso que atentan contra los derechos humanos de los peruanos, empeora el escenario.
“Lo que más se parece, en mi opinión, a este régimen es la época de Fujimori, donde se respiraba y se vivía este totalitarismo. Este plan de copar absolutamente todo y de acabar con los enemigos. […] Y quizás el agravante es que estamos ante un tejido autoritario que es sumamente conservador, ultra conservador”.
Marco Avilés, analista
Escuche aquí la entrevista completa con Marco Avilés:
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Hugo Ponce Cámara, el gerente regional de Control de Arequipa, ha informado que los bomberos lograron controlar el fuego y evitar su propagación. Peritos de la Policía Nacional y del Ministerio Público han iniciado investigaciones para determinar las causas.
Este sábado, un extraño incendio arrasó con el 80% de documentos del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Tiabaya.
De la primera evaluación, gran cantidad de documentos fundamentales que servían como elementos de control se perdieron.
Las autoridades locales, junto con los bomberos y la Policía Nacional, han revelado que se sospecha que el incendio fue provocado. Se estima que aproximadamente el 80% de la documentación del OCI se ha perdido, incluida información crucial sobre el cumplimiento de perfiles de funcionarios de confianza, así como documentos relacionados con diversos proyectos de inversión que estaban bajo evaluación en el OCI.
Gerente regional de Control sospecha sobre las causas del incendio
Hugo Ponce Cámara, el gerente regional de Control de Arequipa, ha informado que los bomberos lograron controlar el fuego y evitar su propagación. Peritos de la Policía Nacional y del Ministerio Público han iniciado investigaciones para determinar las causas exactas del incendio que afectó gravemente la oficina de la Municipalidad Distrital de Tiabaya.
Aunque la pérdida de la documentación es un golpe significativo, Ponce Cámara asegura que la Contraloría está preparada para afrontar este desafío.
Según el funcionario, la entidad se encuentra en la capacidad de reconstruir la información perdida, con el objetivo de continuar sus labores de control en la mencionada municipalidad y así garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Sin embargo, se espera que las investigaciones avancen rápidamente para esclarecer las circunstancias detrás del incendio y llevar a los responsables ante la justicia.
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Un amplio conjunto de organizaciones civiles, sociales y de sectores comerciales de la región Arequipa lograron cohesionar reclamos en común sobre la crisis política actual. El primero de ellos fue el de insatisfacción con el gobierno, pero también resaltó el descontento por la corrupción, el centralismo y alguna forma de cambio de la Constitución.
“Yo creo que un común denominador de todos ha sido la insatisfacción con el momento actual, sobre todo una exigencia de que no somos escuchados. Ese es el gran tema. Se está gobernando al margen de la población. Lo segundo que también se anota es el descontento de todos con la corrupción”.
Rodolfo Marquina, analista político, vocero de la Coalición Ciudadana
Escuche la entrevista completa con Rodolfo Marquina sobre esta Coalición Ciudadana, a continuación:
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Lo que muy pocos cuestionan es que el intercambio vial entre las avenidas Mariscal Castilla y Venezuela es necesario y debe construirse. Solo un grupo de comerciantes se opuso inicialmente. Lo que se encuentra en discusión es la forma de ejecución de la obra, de ello dependen la calidad y los costos.
Formas de ejecución
Las formas de ejecución planteadas al interior de la municipalidad son dos: administración directa y licitación pública. El alcalde Yamel Romero defiende la primera a capa y espada, y consiste en utilizar personal y maquinaria de Concejo. Cabe recordar que Romero se comprometo con el sindicato de Construcción Civil y su dirigente, Gerónimo López, a la contratación de sus agremiados para cubrir el 40% del requerimiento de obreros.
Con esto, el alcalde se aseguró el apoyo del belicoso gremio, que incluso -unas semanas atrás- arremetieron violentamente en contra de los regidores que se oponen al proyecto del burgomaestre y exigen la licitación pública de la obra para que sea ejecutada a través de un tercero.
Lo que sorprendió la última semana es que a las filas de los que se oponen al alcalde se sumó su regidor y fiel escudero (ahora ya no tanto), Jorge Lozada, quien tildó de ilegal el inicio de los trabajos en la avenida Venezuela, la semana pasada. Asegura que alcalde no está facultado para realizar la obra sin consultar a los regidores, los mismos que no han tenido acceso al expediente técnico del provecto.
Este expediente llegó hasta los colegios de Ingenieros y Arquitectos luego de iniciado el movimiento de tierras. Las observaciones se irían modificando en el camino y esta es otra informalidad de que adolecen los trabajos. Pues, además, el burgomaestre ha dicho que todavía puede evaluarse un tipo de ejecución mixta. Es decir, no se sabe qué se hará, pero ya se está haciendo.
Entre los principales argumentos que esgrime Yamel Romero, para insistir en la administración directa, está la experiencia de la gestión Guillén, durante la que se ejecutaron obras, como el baipás de Lambramani, bajo esta modalidad. Lo que el burgomaestre olvida es que Arequipa se encontraba en emergencia, debido al terremoto, situación que otorga licencias especiales al municipio. En la actualidad, ese no es el caso.
Lo que preocupa es que en manos de Romero las cuentas no son claras. Se habló inicialmente de 4 millones 200 mil dólares, luego el monto subió a 4 millones 600 mil, para luego sugerir los 5 millones. Según Jorge Lozada, la obra podría costar 3 millones y la prisa se debe a la necesidad de recuperar la popularidad perdida. Mientras que la consuetudinaria regidora de oposición, Zoyla Valdivia, ha dicho que el alcalde quiere terminar la obra para evitar su revocatoria.
Aun entre los menos radicales la duda está sembrada. ¿Qué gana el alcalde? No olvidemos que dictatorial, como se ha tornado su color, tendrá el control absoluto en la compra de material, alquiler de maquinaria y contratación de personal, actividades que siempre se prestan a suspicacias y que, por lo tanto, reclaman la mayor de las transparencias, cualidad que no es característica de estos tiempos.
Texto: Paola Donaire |Publicado en Semanario El Búho No. 104 – 18 de julio de 2003.
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«Sus redes sociales están llenas de discursos de odio, racismo, intolerancia a la comunidad LGTBIQ. Se organizan y agreden verbalmente, en sus domicilios o centros de trabajo a periodistas, autoridades, organismos de derechos humanos»
En los últimos años, en nuestro país, se ha normalizado el terruqueo desde quienes ven como enemigos políticos a los de izquierda, a los dirigentes sociales, a quienes se movilizan, a las víctimas del terror sufrido entre 1980 y el 2000. Grupos fascistas, intolerantes han aparecido protegidos por algunos con poder político, económico y policial. Sus redes sociales están llenas de discursos de odio, racismo, intolerancia a la comunidad LGTBIQ. Se organizan y agreden verbalmente, en sus domicilios o centros de trabajo a periodistas, autoridades, organismos de derechos humanos. Boicotean presentaciones de libros y actividades culturales con las que no están de acuerdo. Y no pasa nada.
El año pasado, en la ceremonia de conmemoración por los 30 años del caso La Cantuta, donde recordamos al profesor y los 9 estudiantes asesinados por el grupo Colina durante el régimen de Fujimori y Montesinos, en el memorial El Ojo que Llora, fuimos agredidos por estas personas. Somos unas de sus tantas víctimas frente a la mirada pasiva de la policía.
El día lunes, el Ministerio de Cultura difundió una reunión oficial sostenida con el grupo La Resistencia, quienes solicitaron la reunión por twitter, señalando que eran víctimas de racismo. Como no se ve muy a menudo, el ministerio les concedió la reunión casi de inmediato, al día siguiente del pedido informal. Estas personas violentas estaban en un espacio de poder como el ministerio de cultura, conversando con el viceministro de interculturalidad y sus directores generales, ahora sabemos que la reunión se dio por orden de la ministra, a pesar de las denuncias que tienen por sus agresiones, hostigamiento y de la sentencia de uno de sus líderes; vocero, además, en la mencionada reunión.
La política son gestos y decisiones. Se ordena asesinar a quienes se movilizan y protestan como si fueran terroristas; se garantiza la impunidad. No se reconocen los crímenes ni se tiene el gesto de pedir perdón. Pero sí se acepta conversar con este grupo, obviando sus acciones, sus denuncias, a sus víctimas, legitimando lo que hacen. La Resistencia tiene víctimas: periodistas, autoridades, organismos defensores de derechos humanos y víctimas de violaciones a los derechos humanos; por eso, el mensaje que está detrás de esta reunión oficial es aún más peligroso: el gobierno, las autoridades, no van a hacer nada frente al acoso, difamación y agresiones de este grupo.
Es decir, NO nos van a defender de estas agresiones, los van a seguir protegiendo como hasta ahora. No van a detener a nadie cuando agreden verbalmente, acosan a sus víctimas. Pueden seguir haciendo lo que quieran ante la pasividad y complicidad de las autoridades.
No se puede tolerar la intolerancia. No se puede respaldar con hechos y acciones a quienes hacen de la violencia, amenazas de muerte, difamación una forma de expresión cotidiana. El año pasado, les respondimos en el memorial El Ojo que Llora: No habrá grito ni agresión que silencie nuestra memoria. No les tenemos miedo y vamos a seguir denunciando lo que hacen y a quienes los protegen. Como dijo Milán Kundera: “La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”. Seguimos en esa lucha.
La nueva alcaldesa de Cerro Colorado, Eugenia Gina García de Rodríguez (64), asumirá su cargo, tras la sentencia de ocho años de pena privativa de libertad que llevó a la fuga del exalcalde Manuel Vera Paredes.
Gina García de Rodríguez juramentó como nueva alcaldesa de Cerro Colorado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El acto de juramentación se llevó a cabo en medio de la situación jurídica pendiente del exalcalde Manuel Enrique Vera Paredes, quien se convirtió en prófugo de la justicia luego de que se ratificara su condena a 8 años de prisión efectiva por lavado de activos. Durante dos meses, el municipio estuvo sin una autoridad oficial. Gina García había recibido de forma interina el cargo de alcaldesa.
Mediante la resolución N° 0116-2023-JNE de fecha 10 de julio del 2023, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la regidora Gina García de Rodríguez juró formalmente como alcaldesa del distrito de Cerro Colorado. La ceremonia protocolar, llevada a cabo en las instalaciones de la Municipalidad Distrital, contó con la presencia de autoridades locales y miembros de la comunidad.
En la misma ceremonia, Lucas Almirón asumió provisionalmente el cargo de regidor del Concejo Distrital, cumpliendo con los requisitos legales para ejercer esa función. El proceso de juramentación fue dirigido por el primer regidor electo, Saturnino Alejandro, quien procedió a tomar juramento a Gina García de Rodríguez para que asuma el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en lo que resta del periodo.
En su primer discurso como alcaldesa, Gina García de Rodríguez expresó su compromiso de continuar con los trabajos dejados por su antecesor.
«Vamos a trabajar arduamente, sé que este es uno de los distritos más grandes y con mayores desafíos, pero lo afrontaremos con determinación y compromiso», afirmó la alcaldesa.
Nueva alcaldesa de Cerro Colorado, Gina García de Rodríguez
Fuga del exalcalde Manuel Vera Paredes
No obstante, la alcaldesa asume su mandato en un contexto particular ya que, hace aproximadamente dos meses, el exalcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, se convirtió en prófugo de la justicia. Fue al conocerse la ratificación de su sentencia de 8 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos.
El proceso legal contra Vera Paredes se remonta al 2011, cuando ejercía su primer periodo como alcalde. En aquel entonces el burgomaestre adquirió un inmueble y un automóvil sin poder justificar debidamente la fuente de dinero utilizado para las compras. La Fiscalía lo acusó de enriquecimiento ilícito, lo que finalmente resultó en su condena.
El exalcalde fue visto por última vez dejando el palacio municipal momentos antes de que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa ratificará la sentencia en su contra. Posteriormente, se dio a la fuga, lo que dejó al municipio de Cerro Colorado sin autoridad oficial.
Discurso ambiguo. El defensor del Pueblo señaló también que las intervenciones arbitrarias de la Policía contra periodistas, contra la congresista Ruth Luque, contra trabajadores de la misma Defensoría del Pueblo: fueron solo “casos aislados”.
Después de dos días de movilizaciones, la Defensoría del Pueblo presentó un Informe con las conclusiones y recomendaciones sobre la llamada tercera «toma de Lima». En conferencia de prensa, Josué Gutiérrez, también criticó que el presidente del JNE exponga a nivel internacional las amenazas de muerte que recibe de grupos de extrema derecha.
Pese a que la Defensoría del Pueblo ha presentado informes de conflictividad social, crisis política y prevención de la tortura en los que señala la escandalosa cantidad de civiles muertos, heridos y detenidos desde las protestas de diciembre, Josué Gutierrez insistió en un discurso que equipara los reclamos ciudadanos a la violencia y crueldad de agentes de seguridad.
¿Defensor del pueblo o defensor de la Policía?
El defensor señaló que las intervenciones arbitrarias de la Policía contra periodistas, contra la congresista Ruth Luque, contra trabajadores de la misma Defensoría del Pueblo, fueron “casos aislados”. Según su evaluación sobre la «toma de Lima», el saldo es positivo.
“El balance de este evento del 19 y 20 [de julio], es un balance positivo en términos de mejoras de la actuación de la Policía Nacional […] La gran mayoría de manifestantes han mantenido la cordura y el espacio de su protesta en actos de absoluto clima de normalidad”.
Defensor del Pueblo: “Lo único que hacemos es pedir celeridad”
Josué Gutiérrez fue interrogado sobre el desempeño de la Defensoría del Pueblo ante las investigaciones de los asesinados por balas y perdigones durante las protestas. La pregunta enfatizó que, a casi ocho meses desde que explotó la crisis, aún no se hallaban responsables de estos delitos. Gutierrez apenas pudo aclarar que la institución defensorial pidió celeridad a la Fiscal coordinadora de Derechos Humanos:
“De las investigaciones que ya tienen curso en el Ministerio Público, las que han sido materia de participación de médicos legistas, tanto de policías como de los que han sido agraviados: ya merecen parte y tratamiento del sistema de justicia. Nosotros lo único que hacemos es pedir celeridad”.
#ALVUELO | Informe de la Defensoría del Pueblo aclara que policía actuó arbitrariamente al intervenir a la congresista Ruth Luque pic.twitter.com/jqiY80lBDf
Critica al presidente del JNE por hacer internacional su pedido de protección ante amenazas de muerte
Gutiérrez fue consultado sobre las amenazas que recibe Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, la Convención de Derechos Humanos se ha visto en la necesidad de intervenir solicitando medidas de protección a Salas Arenas.
Como se recuerda, al titular de lJNE lo amenazaron de muerte por el líder del grupo violentista de derecha “Los Combatientes”. El JNE hizo público que desde enero ha emitido 12 oficios a la Fiscalía solicitando se investigue. Lamentablemente, hasta la fecha el órgano electoral no ha obtenido respuesta.
Ante esto, Josué Gutierrez, quien ocupa la jefatura de la Defensoría del Pueblo desde mayo por designio del Congreso, criticó primero que Jorge Salas Arenas difundiera su delicada situación internacionalmente. Después, intentó minimizar el nivel de crisis política recalcando que vivimos en un “régimen democrático”.
“Yo creo que hay una afectación a la imagen del Perú en el mundo y es muy lamentable porque como país nosotros mismos nos encargamos de desprestigiar. […] Vivimos en un régimen democrático donde hay libertades que las podemos percibir todos nosotros”.
Josué Gutierrez habló a favor de un “diálogo”, pero instando a las autoridades electorales (los agraviados):
“Hacemos una invocación para que el sistema electoral liderado por el presidente del JNE, por el jefe de la ONPE y la jefa de la Reniec, puedan de forma conjunta expresarse en un mecanismo de diálogo. Porque existe para el funcionario, no un carácter de liberalidad si desean, sino la obligación de que como país podamos resolver nuestros problemas aquí adentro […] Cualquier queja o denuncia internacional en sí lesiona la entereza de un país que debe fortalecer su democracia”.
"Reiteramos nuestra solidaridad con el presidente del @JNE_Peru, quien viene recibiendo amenazas. Cualquier denuncia internacional o llamado de atención lesiona a la nación cuando, por el contrario, dentro del país debemos fortalecer la institucionalidad", Josué Gutiérrez. pic.twitter.com/1aNiRPc39N
Increpa al presidente del JNE, pero trata con guantes de seda a la Fiscal de la Nación
Al preguntarle sobre el transcurso de casi ocho meses y que aún no haya resultados sobre las investigaciones de los responsables sobre los más de 40 peruanos que murieron pro heridas de gravedad ocasionadas con balas, perdigones y otros proyectiles:
“Nos enteramos que se habían centralizado las investigaciones con las carpetas en Lima. Eso había exacerbado los ánimos en los pueblo o ciudades donde habían ocurrido estos hechos. Ese sentir y ese malestar nosotros hemos trasladado a la Fiscal de la Nación de manera inmediata. También hemos comunicado a los comisionados de Naciones Unidas donde nos han explicado que estaban brindado capacitación para que la investigación sea célere, prolija y muy objetiva. En ese sentido recientemente ya nos hemos enterado que todas las actuaciones tal cual lo dijo la Fiscal de la Nación, se deben realizar en los lugares donde han ocurrido estos delitos. Esto se está llevando a cabo con absoluta normalidad”.
Como se recuerda, no solo civiles, incluso muchos de ellos menores de edad han sido cruelmente reprimidos pro las fuerzas de seguridad. Periodistas y hasta los mismos comisionados de la Defensoría del Pueblo han sido impedidos de realizar su labor en reiteradas ocasiones. En la última protesta se han registrado la intervención policial de hasta 14 periodistas.
A esta cifra se agrega la intervención arbitraria contra la congresista Ruth Luque quien en todo momento consultó las razones del accionar policial. La legisladora representante de Cusco no obtuvo explicaciones claras del suboficial José Daniel Corrales Zuñiga.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
