Durante el mes de junio de 2023, la Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 232, el cual reveló cifras preocupantes. Se registraron 219 conflictos sociales en todo el país, con 165 casos activos y 54 latentes.
Durante el mes de junio, se contabilizaron 264 acciones colectivas de protesta en todo el país. Los plantones son el tipo de manifestación más recurrente con un 62.9 % del total.
Loreto se mantiene como el departamento con la mayor cantidad de conflictos sociales, con 29 casos reportados en junio, seguido por Cusco con 18 y Apurímac con 17.
En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos. Esta tipología representa el 63.5 % del total, un porcentaje que se mantiene desde abril de 2007. Entre los conflictos socioambientales, el 67.6 % están vinculados a la minería.
Caso Nacional: Conflicto social por la presencia de Dina Boluarte en el gobierno
En la extensa lista de conflictos sociales que han aumentado considerablemente desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, está mencionada precisamente la serie de protestas contra la mandataria. Este conflicto está catalogado como” Asuntos de gobierno nacional” y está señalado con escala a nivel nacional:
“Ciudadanos de diferentes localidades exigen el adelanto de elecciones generales y el cierre del Congreso […] Asimismo, un sector de ellos exige la aprobación de una nueva constitución política a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte”.
explica el Reporte en la página 101.
Son 22 departamentos involucrados en este conflicto: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
Acciones ciudadanas hacia la Tercera Toma de Lima realizadas en junio
La Defensoría del Pueblo da cuenta de más de 10 actividades ciudadanas que se realizaron en junio para movilizarse contra el gobierno de Dina Boluarte. Estas se dieron en Lima y en distintas regiones del país, principalmente en Puno al recordar los seis meses de los Mártires de la Masacre de Juliaca y en Cusco por el Pasacalle de aniversario de esta ciudad. Estas son algunas de las actividades descritas por la entidad defensorial.
Puno:
El 7 de junio, en Puno, se realizaron protestas como el lavado de banderas, concentraciones y marchas, con motivo del Día de la Bandera. Estas protestas también tuvieron como eje temático de exigir celeridad en las investigaciones de ciudadanos asesinados durante las protestas.
Al día siguiente, el 8 de junio, el defensor del pueblo visitó esta región. Se reunió con la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero.
Ante la posible llegada de la ministra de Salud, en San Román se desarrolló un plantón por parte de familiares de fallecidos en la masacre del 9 de enero.
En este mismo departamento, el 17 de junio se llevó a cabo el VI Encuentro Regional de las Organizaciones de Puno en la ciudad de Juli (Chucuito). Se acordaron las actividades rumbo a la tercera toma de Lima.
El 24 de junio, se realizó el IV Encuentro de la Macrorregión Sur en la ciudad de Juliaca (San Román, Puno), con motivo de la organización para la protesta denominada “Tercera toma de Lima”.
Cusco:
En un pasacalle organizado por la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito se presentó alegorías alusivas al gobierno. El 22 de junio, se realizó una protesta en solidaridad con los familiares de los fallecidos en el contexto de las protestas.
Lima:
Al frente del Palacio de Justicia, el 23 de junio, se realizó una concentración para exigir la libertad del expresidente Pedro Castillo.
Arequipa:
El 25 de junio, en la localidad de Apipa, se presentaron agresiones contra el congresista Edwin Martínez.
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Enfrentamientos contra presuntos colonos
La violencia persiste en algunas regiones. En la región de San Martín, se reportó un enfrentamiento entre miembros de una comunidad nativa y presuntos colonos, resultando una persona herida por impacto de arma de fuego.
Nuevo conflicto social en Arequipa
En esta región, pobladores que trabajan en empresas mineras en proceso de formalización, como “Ecosamin” y “Choco Qoriwayra”, denunciaron invasiones en las tierras donde llevan a cabo sus labores unos mineros informales. Estos pobladores demandan la intervención de las autoridades para resolver el conflicto.
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Defensoría del Pueblo reportó presuntos casos de Tortura
Durante el primer trimestre de 2023, 22 denuncias de tortura sucedieron a consecuencia de la crisis política desatada desde que Dina Boluarte asumió el gobierno. En 2021 y 2022 la Defensoría del Pueblo detectó que los centros penitenciarios eran los lugares donde ocurrían más hechos de tortura y tratos inhumanos. Ahora los registros apuntan a que la mayoría de las víctimas son ciudadanos que estaban en las manifestaciones.
De las 22 quejas reportadas, 13 corresponden a presuntos hechos de tortura y malos tratos ocurridos durante las manifestaciones, 4 casos sucedieron durante la detención o privación de libertad, 3 casos tuvieron lugar durante la permanencia de los afectados en las dependencias policiales, tras la detención.
La institución defensorial añade dos casos emblemáticos para reflejar la crueldad de parte de los agresores en las denuncias de tortura: La dolorosa agonía de Rosalino Florez y la cuestionada toma de San Marcos. Ambas situaciones con características de delitos de tortura involucra a agentes de la Policía como presuntos agresores.
Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, explicó a esta redacción que algunas quejas podrían ser colectivas.
“Son 22 quejas registradas ante la Defensoría del Pueblo, pero esas 22 quejas representan un número mayor de personas afectadas. Por ejemplo, es el caso de Juliaca, donde hubo 18 muertos y varios fallecieron a consecuencia de disparos por la espalda. Igual situación es la de Ayacucho que es una sola investigación pero involucra a más víctimas de presunta tortura […] A esos 22 casos habría que sumarle las cifras de enero. febrero y marzo que no tienen que ver con las presuntas torturas relacionadas a las manifestaciones”.
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