Madre de Dios. Desde hace seis días, la ciudad de Iñapari, ubicada en la provincia de Tambopata, región Madre de Dios, se encuentra inundada. Esta situación afecta a la ciudadanía de la zona, quienes piden ayuda urgente ante esta situación.  

Hasta ahora, los residentes de la localidad continúan sin tener acceso a agua potable. Durante estos días de emergencia, las autoridades lograron enviar dos cisternas de agua desde la ciudad de Puerto Maldonado. En cuanto al suministro eléctrico, este fue restablecido recién ayer 27 de febrero. 

El alcalde distrital de Iñapari, Rubén Copa, informó que se han agotado todos los recursos disponibles y que no hay logística para atender la emergencia. Añadió que solo cuentan con alimentos para la olla común. Asimismo, Carlos Gonzales Pita y Gerardo Delgado Vásquez, dirigentes vecinales de la ciudad, critiaron el accionar de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 

De acuerdo a ellos, estas entidades se presentaron al lugar para tomarse fotos y luego regresaron a Puerto Maldonado. 

Falta contabilización de damnificados

En cinco asociaciones de vivienda, el agua alcanzó una altura de hasta dos metros, dejando las viviendas completamente sumergidas. Miriam Cruz Macedo, presidenta de la Asociación de Viviendas Rosario del Acre, lamentó la pérdida de sus pertenencias y la de sus vecinos.  

Otra es la zonas afectadas, es la que se encuentra cerca al río Yaverieja. 750 familias pertenecientes a cinco asociaciones han perdido sus viviendas y pertenencias. El número de damnificados se estima en 2850 personas, según los dirigentes vecinales. Hasta el momento, no se cuenta con información actualizada por parte de las autoridades. 

Según el reporte del COER del Gobierno Regional de Madre de Dios hasta el 24 de febrero, solo se habían registrado 50 personas afectadas, 20 viviendas y tres instituciones educativas damnificadas.  Por su lado, los residentes indican que no se ha realizado un censo completo de todas las personas afectadas ni de las viviendas damnificadas. 

Esto, debido a que la comuna carece de la logística y el personal necesario para llevar a cabo la tarea. Además, los vecinos señalan que las autoridades del COER e Indeci no recorrieron las viviendas para realizar esta labor.

Seguridad en Iñapari 

En el Parque Bernardo Carlos y en el centro educativo Elena Bertha, más de 200 personas han estado pernoctando en carpas proporcionadas por Defensa Civil y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la mayoría de ellas ha optado por regresar a sus hogares para cuidar sus viviendas. 

Esto se debe a reportes de posibles robos, donde individuos podrían estar aprovechando la ausencia de los residentes en sus casas para llevarse las pertenencias. El comisario del puesto de vigilancia de la ciudad, el alférez PNP Fernando Shapiama, indicó que la delincuencia está activa durante este periodo de ausencia de los pobladores en sus hogares.

Proyecto de defensa ribereña tiene más de 20 años

Hace 20 años, se realizó un estudio de evaluación de riesgos ante inundaciones. Ese trabajo mostraba que, luego de la construcción del puente de Integración, la ciudad estaría en riesgo en todas las temporadas de lluvias.  El estudio recomendaba la construcción de defensas ribereñas para proteger la ciudad de Iñapari. 

Esos informes los tendría el Gobierno Regional, el Gobierno Central y los técnicos del Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred).  “Solo que hasta la fecha no se ha hecho nada”, afirmó Teddy Barra, exteniente alcalde de la Municipalidad de Distrital de Iñapari en los años 2002 y 2004.

Necesidades urgentes en Iñapari

El desbordamiento de los ríos Maderacre y Yaverija dejó sumergidas varias viviendas durante tres días, la mayoría construida con madera y materiales locales. Esta situación generó daños graves en las infraestructuras, dejando las viviendas damnificadas. Ante esto, las familias requieren materiales para reconstruir sus casas. 

Además, piden con urgencia medicamentos y atención médica para la población vulnerable, así como limpieza, fumigación y desinfección de las calles y viviendas. La población está preocupada por la posible aparición de plagas y enfermedades debido a la acumulación de lodo, desechos y animales muertos.

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Promover activamente el cierre de brechas y la descentralización debería ser prioritario en el sector cultural y cinematográfico. Lo es para el Festival Hecho por Mujeres, el primer festival del país dedicado a visibilizar largometrajes, cortometrajes y otras expresiones audiovisuales realizadas por mujeres y personas LGBTIQ+ de Perú y América Latina.

Este 2024 regresa con su sexta edición del 8 al 16 de marzo, centrado en las «diversidades cuir en el cine» desde una perspectiva tanto histórica como contemporánea. Las regiones escogidas para este año son Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura. La inauguración se realizará el próximo 8 de marzo, fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer.

¿Qué nos trae el Festival Hecho por Mujeres 2024?

Durante los casi 10 días del festival, habrán proyecciones gratuitas, espacios formativos y encuentros en las 4 ciudades seleccionadas. Las cuatro competencias para esta edición son: largometrajes, cortometrajes, cortometrajes experimentales y cortometrajes universitarios. Mira la programación completa aquí.

Además, tendrá una sección no competitiva para visibilizar acciones comunitarias y una muestra de realidad virtual en colaboración con Asimtria y Psicoselva. También incluye una muestra que explora el tema central de esta edición, “Disidencias”, desde tres perspectivas: la representación del cuerpo femenino en escenarios de conflicto, la apropiación disruptiva del archivo y el cine desde la amistad.

Junto a estas actividades de acceso libre, se han programado una serie de espacios formativos. Se realizará el laboratorio audiovisual “Archivo desobediente: nuevas miradas del archivo de la memoria trans peruana”. Así como el taller “Subtitulado descriptivo para cortometrajes” y el “Encuentro de cineastas contemporáneas del norte: redes y colectividades para la resistencia audiovisual”.

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El regidor y presidente de la Comisión de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Suarez Llerena, propone una nueva ordenanza municipal. Esta beneficiaría a los taxistas que no cuenten con Setare o que infrinjan las restricciones de ingreso al Centro Histórico por plaqueo. 

En la actualidad, señaló Suarez, las multas por estas faltas alcanzan una unidad impositiva tributaria (UIT), equivalente a 5 mil 150 soles. Una cifra que el legislador provincial considera excesiva y desproporcionada para los taxistas. 

Por ello, plantea una alternativa que busca reducir el monto de la multa hasta en un 20% de la UIT en una primera ocasión. Lo que representaría alrededor de S/ 1 mil 030. Además, con la posibilidad de una reducción adicional del 50% por el pago durante la primera semana. Resultando en un monto de aproximadamente 500 soles. 

Debate por regidores de Arequipa

Suarez Llerena argumenta que esta medida se fundamenta en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Además, aseguró que la reducción en las sanciones no incentivaría a los taxistas a infringir más las normas, porque el pago de multas es gradual. Según la propuesta, en caso de reincidencia, la multa ascendería hasta un 30% de la UIT. De persistir la infracción, llegaría hasta el 50% de la UIT. 

El regidor informó que presentó los informes de estas propuestas hace meses, con la aprobación previa de la Comisión de Transportes a la Gerencia de Transportes de la MPA. Sin embargo, la gerencia aún no emite el informe técnico necesario para que el proyecto se remita al área de Asesoría Legal. Y posteriormente sea sometido a sesión de consejo para su aprobación o rechazo. 

Ante esta situación, Suarez Llerena manifestó que reclamará para que las propuestas sean debatidas en la próxima sesión de Consejo Municipal.  

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La presidenta Dina Boluarte pidió reflexión al Congreso, tras la aprobación del informe contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El llamado al Parlamento lo hizo para que «se mantenga el equilibrio de poderes» y se tenga «la garantía de un país democrático, estable y equitativo».

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La ciudad de Arequipa sufrió uno de los peores desabastecimientos de agua potable del 5 al 9 de febrero de 2024, 88.40% de la población no contó con el servicio. Este hecho fue causado por las intensas lluvias que activaron quebradas, provocando una gran cantidad de sedimentos en el agua utilizada para potabilizar. Pero al margen de esto, tampoco existió un debido plan de contingencia para salvaguardar el servicio de miles de usuarios.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de Sedapar emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 003-2024-OCI/0263-SOO. Aquí se detalla una serie de deficiencias en el plan de contingencia de Sedapar para este 2024.

Este plan fue aprobado con el objetivo de «garantizar la prestación de los servicios de saneamiento que brinda la EPS SEDAPAR o garantizar su restablecimiento en el menor tiempo posible en caso de la ocurrencia y/o de una emergencia que pueda poner en riesgo la prestación normal de los servicios». Pero este objetivo no se cumplió.

En el plan de contingencia se consideró como riesgo, las lluvias intensas. Incluso se contempló como ejemplo lo ocurrido en febrero de 2017. Un huaico afectó el canal de captación, obligando al cierra de las compuertas para la PTAP Miguel de la Cuba Ybarra. Esto provocó que se detenga el servicio de agua potable a un 60% de la población durante una semana.

Uno de los detalles que se detecta en el plan de contingencia es que los 7 surtidores con los que cuenta Arequipa Metropolitana, son abastecidos por las PTAP La Tomilla (3) y Miguel de la Cuba Ybarra (4). Es decir, no se cuenta con surtidores en esta área de la provincia abastecidos por La Bedoya u otras fuentes de agua. Esta problemática se expuso cuando se detuvo la producción de las dos principales PTAP.

El informe de OCI recalca que debieron habilitarse tres puntos de abastecimiento de hidrantes, abastecidos por La Bedoya. De esta manera, enfrentar de forma más eficiente una contingencia como la ocurrida a inicios de febrero.

Cisternas para falta de agua en Arequipa

Uno de los puntos que se resalta en el informe de OCI es la adquisición de cisternas para contingencias que alcancen nivel de riesgo muy alto. Eran dos cisternas que debían adquirirse, el requerimiento se realizó el 26 de enero y aún está en proceso.

Además se consideró el alquiler de 72 cisternas a proveedores privados, los cuales están consignados en un listado dentro del plan de contingencia. Al momento de la emergencia que vivió la ciudad a inicios de febrero, se constató que de la totalidad de cisternas alquilados, 20 no contaban con registro sanitario. Este registro dentro de la jurisdicción de la Geresa es obligatoria, para asegurar que el agua distribuida en sus contenedores son aptas para el consumo humano.

Además, la cantidad de cisternas que consideran para alquilar en estos casos, es decir 72, no eran suficientes. En el informe de OCI se considera por lo menos 120.

De esta forma, a pesar que se contaba con un plan de contingencia para enfrentar un desabastecimiento grave en la ciudad, como lo ocurrido hace semanas, este presentaba una serie de deficiencias que se expusieron en su ejecución.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que, entre el 26 al 29 de febrero se presentaran fuertes lluvias en la sierra norte y parte de la costa de Piura. De acuerdo al aviso meteorológico N° 056 del Senamhi las precipitaciones afectarán principalmente a las provincia de Piura, Sullana, Morropón, Huancabamba y Ayabaca. 

Para el martes 27 de febrero, se esperaban acumulados de lluvia cercanos a los 28 mm/día en la sierra norte y alrededor de 45 mm/día en la costa norte. Mientras que para este miércoles 28, se pronostican acumulados de lluvia próximos a los 30 mm/día en la sierra norte y hasta 50 mm/día en la costa norte, con valores menores en la costa sur. 

Además, para este jueves 29 de febrero, se esperan acumulados de lluvia próximos a los 25 mm/día en la sierra norte y alrededor de 45 mm/día en la costa norte.

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Los actos de corrupción y la inconducta funcional de funcionarios públicos en el año 2023, causaron un perjuicio económico de 887 millones de soles, según reveló la Contraloría General de la República.

De acuerdo al ranking del perjuicio por territorio, la región Puno se ubica en el octavo lugar, después de la región Arequipa, en los que están involucrados funcionarios públicos que cometieron actos de corrupción.

La Contraloría está detectando estos casos y luego viene el encausamiento de procesos de denuncia penal, civil o imputaciones de responsabilidades administrativas, conforme rigen las normativas que regulan el manejo de fondos públicos.

A nivel nacional los indicadores de perjuicio económico ascienden a S/.24.268 millones, de esa cifra, S/ 11.992 millones (49%) corresponden al gobierno nacional, 7.615 millones (31%) a los gobiernos regionales y 4.660 millones (19%) a las municipalidades.

La contraloría detalló que, en el 2023, la tasa de incidencia de corrupción se redujo a 12,7%. Ello representa una mejora frente al 2022, que se perdió S/ 13,4 de cada S/.100 debido a las irregularidades.

Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción se registró principalmente en las áreas de inversión, abastecimiento y recursos humanos, con S/. 8.963 millones, S/. 8.836 millones y S/. 6.469 millones, respectivamente.

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UCAYALI. En lo que va del año, se han identificado y tratado 314 casos de dengue en la provincia de Padre Abad, región Ucayali. Esta cifra muestra un notable aumento en comparación con el año pasado.

Ante esta situación, la Red Integrada de Salud 4 Aguaytía está llevando a cabo acciones para combatir el dengue. A través de un programa sanitario, se está realizando vigilancia y control vectorial con larvicidas en las viviendas. Asimismo, el área de promoción de la salud está coordinando campañas de eliminación de criaderos de zancudos transmisores del dengue y recolección de inservibles.

Casos de dengue en Aguaytía

Se han identificado casos de dengue en diversas instalaciones de salud en Aguaytía. 226 han sido registrados en el Centro de Salud de Aguaytía; 51 en el centro de salud de San Alejandro; y 13 casos en el puesto de salud de Nuevo Ucayali. Además, se han reportado casos de dengue en los puestos de salud de Shanantía, San Juan, San Pedro de Chio, Santa Rosa de Aguaytía y Shambillo.

Por otro lado, recientemente se inauguró la Unidad Fabriles, que opera de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. Esta unidad cuenta con un equipo de dos médicos, dos enfermeros y dos técnicos encargados de realizar el seguimiento a los pacientes que han sido dados de alta.

Declaratoria de emergencias en Ucayali

El pasado 26 de febrero, el Gobierno aprobó la declaración de emergencia en Ucayali y otras 19 regiones debido a los casos de dengue. Esta medida estará vigente por un período de 90 días.

De esta forma, la iniciativa permitirá la transferencia de un mayor presupuesto en las próximas semanas para combatir esta enfermedad. Se destinarán fondos a áreas como la promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica, el control larvario y operaciones en salud, entre otras.

En ese sentido, permitirá a la Red Integrada de Salud 4 Aguaytía adquirir insumos para realizar nebulización espacial en todas las áreas afectadas de la provincia de Padre Abad.

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El director del colegio Micaela Bastidas, Jesús Pacuala, indicó que la institución educativa de Arequipa tiene un déficit de 80 carpetas. Para abordar esta carencia, se ha decidido adquirir 60 carpetas utilizando el presupuesto interno disponible, antes que inicie año escolar 2024.

Pacuala aseguró que este proceso se llevará a cabo antes del 11 de marzo, inicio del año escolar 2024. Añadió que también tienen otros problemas para iniciar este año académico.

El director criticó la falta de asignación de recursos y presupuesto de parte del Minedu. Debido a ello, se tuvieron que utilizar los fondos obtenidos por el alquiler de las instalaciones del centro educativo para abordar las necesidades.

Más problemas en colegios de Arequipa

La consejera regional de Arequipa, Marleny Bibiana Arminta, indicó que se realizó una inspección a 10 centros educativos. Entre ellos, Micaela Bastidas, Arequipa, Luis H, Bouroncle y algunas adicionales en Chiguata y Cocachacra. Sin embargo, Arequipa posee 1 322 instituciones educativas, según la Gerencia Regional de Educación. La consejera aseguró que se están programando visitas adicionales para provincias.

Marleny Arminta, refiriéndose al caso de la I.E. Micaela Bastidas, informó de la construcción de tres aulas prefabricadas realizadas con apoyo de los padres de familia. Resaltó la falta de malla raschel y una carencia de entre 70 y 80 carpetas.

Concluyó comunicando de la solicitud que ha hecho su despacho, mediante la Comisión de Educación, al Poder Ejecutivo para la implementación de 100 carpetas para cubrir las carencias del colegio Micaela Bastidas.

Reporte: Mauricio Ambrossio

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El Perú se encuentra en emergencia total frente a la presencia de enfermedades que podrían convertirse en pandemia; fenómenos naturales y también la delincuencia y criminalidad. Estos embates se están dando desde hace algunos meses y de manera simultánea.

El Gobierno como lo han hecho otros, tiene como una medida de solución, la promulgación de declaratorias de emergencia para cada uno de los casos que considera que lo ameritan. Basados en las consecuencias de estas situaciones como pueden ser peruanos fallecidos o heridos y/o damnificados. Destrozos en viviendas, infraestructura pública y privada, en carreteras. Y también en cultivos perdidos y/o muerte de animales en las zonas rurales.

En general, las declaratorias de emergencia responden a un lapso de tiempo corto. Significan el envío de partidas presupuestales desde el Ejecutivo o en mayoría, el uso de recursos de los propios gobiernos regionales y locales. También significan la contratación de personal momentáneo y especializado e incluso, contratos con algunas empresas privadas para proveer al Estado de algunos insumos, todos requeridos con carácter de urgencia.

Sin embargo, desde la Contraloría y la Procuraduría del Estado se ha informado en múltiples ocasiones sobre los delitos de corrupción que han cometido y podrían cometer los funcionarios públicos cuando hay una emergencia y estos son: peculado, malversación de fondos, colusión y negociación incompatible. Porque se dan los elementos básicos y el momento “propicio” para la consumación de los mismos.

¿Qué declaratorias de emergencia hay al momento en el Perú?

En los últimos meses se han promulgado desde el Gobierno declaratorias de emergencia por los siguientes conceptos:

Ante los hechos de violencia en Ecuador, se declaró el estado de emergencia en la frontera norte del país. Para impedir el ingreso de delincuentes y garantizar la seguridad de la población. Se declaró el 9 de enero de 2024 y es por 60 días. Las regiones consideradas en la emergencia son Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca y Loreto.

Prórroga de la Emergencia Sanitaria Covid-19 -basada en el decreto supremo del año 2020- por el plazo de 90 días calendario contados desde el 25 de febrero de 2023. Con esta nueva extensión, la Emergencia Sanitaria se prorroga hasta el 25 de mayo de 2023 y extiende la vigencia de algunas obligaciones laborales de carácter temporal. Es a nivel nacional.

El Consejo de Ministros aprobó el estado de emergencia por los daños ocasionados por las intensas precipitaciones pluviales. Causando desborde de ríos, derrumbes, deslizamientos y huaicos, provocando daños en carreteras, viviendas, red de agua potable, entre otros). La medida del Ejecutivo durará sesenta días calendario “para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan”. Comprende 100 distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno.

Déficit hídrico, dengue, ola delicuencial, son las otras emergencias

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por peligro inminente ante déficit hídrico como consecuencia del posible Fenómeno El Niño 2023-2024 por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 31 de diciembre de 2023. Comprende varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

El Gobierno decidió declarar emergencia sanitaria debido al incremento de casos de dengue en el Perú. Y con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, por un plazo de 90 días a partir de este 26 de febrero. Las 20 regiones del país comprendidas son: Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica y Junín. También, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali y la provincia constitucional del Callao.

Gobierno declaró estado de emergencia por la ola delincuencial de la minería ilegal, este 11 de febrero 2024. Es en la provincia de Pataz, región La Libertad, por un plazo de 60 días. Comprenderá que el control interno en la zona estará a cargo de las Fuerzas Armadas y contará con el apoyo de la Policía Nacional.

Sio bien las declaratorias de emergencia son variadas y tienen su sustento en los hechos que ocurren y que han afectado a las personas, sus bienes materiales e infraestructura pública. Salvo en los temas de salud, la información no es medible ni pueden verse claramente los resultados. Es el caso de los problemas sociales como la delincuencia que no logra evidenciar los logros o las soluciones o lo que es peor, parece que no hubiera una declaratoria por variso factores, desde eficiencia, capacidad, presupuesto o corrupción.

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El caso que ha puesto en la mira de la Contraloría de la República al Ministerio de Cultura es por la contratación “a dedo” que se habría hecho a Joinnus, una empresa que ofrece una plataforma de venta digital de boletos para Machupicchu y otros espacios culturales.

Según un informe de la Contraloría, hay indicios de presuntas irregularidades en la forma como se contrató a esta empresa y en el funcionamiento de su servicio.

¿Qué dice el informe de la Contraloría sobre el contrato entre Joinnus y el Ministerio de Cultura?

El informe es el resultado de un control simultáneo, es decir, que se hizo mientras se esta ejecutando el contrato. El objetivo es verificar si el servicio que brinda Joinnus cumple con los requisitos y las expectativas del Ministerio de Cultura.

El informe revela varias situaciones adversas, como por ejemplo:

– Los horarios para la entrada a la ciudadela inca de Machupicchu estaban equivocados.

– La plataforma de Joinnus no emitía los reportes en tiempo real para ver la venta, los costos, y otros datos relevantes.

– Había deficiencias e incongruencias en el funcionamiento de la plataforma, que afectaban la experiencia de los usuarios y la gestión del Ministerio de Cultura.

Estas situaciones ponen en riesgo la conservación del patrimonio cultural, la reactivación del turismo, y la transparencia de la administración pública.

¿Qué medidas se han tomado al respecto?

El informe de la Contraloría se publicó y se envió a la ministra de Cultura y a los responsables de la ejecución del contrato, para que corrijan los errores lo más pronto posible. El Ministerio de Cultura tiene 45 días para informar si ya lo corrigió o no, y cómo lo hizo.

Además, la Contraloría está realizando otro proceso de control, que no es simultáneo, sino posterior, para ver qué pasó con la contratación de Joinnus. Es decir, cómo se eligió a esta empresa y por qué se le adjudicó el contrato.

Según el contralor de la República, Nelson Shack, hay indicios de presunta irregularidad en la contratación de Joinnus, que se hizo bajo la modalidad de menor cuantía, o sea, de contratación directa de menos de 8 UIT. Esto significa un contrato, sin una competencia ni una evaluación previa.

“Lo que hicieron es una serie de investigaciones en el mercado, pero al final adjudicaron en el marco de una menor cuantía, o sea, de una contratación directa de menos de 8 UIT que es legal, pero como todos sabemos todas las contrataciones de menos de 8 UIT, son a dedo. Ahora se va a ver si hay algo irregular, de hecho la Comisión auditora a recopilado toda la información y ha visto que hay indicios de presunta irregularidad y es por eso que ha pasado la segunda etapa, que ha abierto un servicio de control específico”, señaló el contralor Nelson Shack.

Es decir que la Contraloría ha recopilado toda la información y ha abierto un servicio de control específico, que determinará si hubo responsabilidad penal o administrativa de los funcionarios involucrados. El informe final tendrá recomendaciones correctivas e incluso podrá derivar en denuncias judiciales.

¿Qué implica este caso para el sector Cultura?

Este caso no solo afecta al Ministerio de Cultura, sino a todo el sector cultural del país. La Contraloría ha diseñado una estrategia para controlar el tema de los gastos en el tema cultural, a través de una serie de servicios de control que se van a desplegar en 7 departamentos, en una muestra representativa de los espacios culturales.

La Contraloría busca evitar que se repitan casos como el de la presunta contratación irregular de Joinnus, que dañan la imagen y la credibilidad del sector cultural, y que ponen en riesgo el patrimonio, el turismo, y la transparencia.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

En la región Puno, la población de Estudiantes de Educación Básica Regular (EBR), se reduce en 5 mil 56 cada año, una alarmante situación que pone en cuestión la calidad de enseñanza en la educación pública, principalmente en el área rural.

Según los registros de Estadística de la Calidad Educativa Escale, en los últimos 15 años la cantidad total de estudiantes de Educación Básica Regular (EBR), la población estudiantil en esta modalidad disminuyó en 75 mil 849.

En el 2008, fue de 365 mil 583 la cantidad de matriculados en educación inicial, primaria y secundaria, mientras que, en el 2023, los indicadores de estudiantes matriculados disminuyeron a 288 mil 734 alumnos.

El mayor índice de descenso de estudiantes de Educación Básica Regular, se visibiliza en el sector rural, pues en el 2008 se contaban 132 mil 86 matriculados, pero en el 2023 solo se registraron 99 mil 115 matriculados.

Los registros de Estadística de la Calidad Educativa Escale, resalta un único aumento de matriculados entre 2021 y 2022, en el periodo de la pandemia de la Covid-19.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo

A las tres de la tarde del último lunes, el agricultor David Veliz Rojas (42) y su dos hijos, Oliver y Leonel Veliz Mayta, de 18 y 14 años de edad, respectivamente, salieron de su vivienda de la comunidad de Lúcuma hacia el río Pariahuanca a pescar y mientras realizaban esa actividad habrían sido sorprendidos por el huaico que bajó por la quebrada Huancas, arrastrándolos. 

Un familiar de las víctimas, Juan Chávez Veliz, primo del padre de familia desaparecido, contó que aproximadamente a las cuatro de la tarde llegó el agua cargado de materiales «al río grande», el río Pariahuanca, y los comuneros, organizados en brigadas, salieron a buscar a sus compueblanos, pero solo encontraron una moto y uno de los zapatos del adolescente de 14 años.

Ambos objetos, hallados en la zona de Callamayo, están en custodia del presidente de la comunidad de Lúcuma. 

«A estas alturas [un día después de la tragedia] ya no tenemos esperanzas de encontrarlos con vida, el río bajará su caudal y vamos a encontrar sus cadáveres de mis familiares», dijo Juan Chávez, resignado, al recibir algunos materiales de ayuda de Defensa Civil de Huancayo, que tendrá que trasladarlos Pariahuanca.

El agricultor desaparecido deja una viuda y otros dos hijos menores en la orfandad. 

@huancayorktimes #EmergenciaEnPariahuanca ♬ sonido original Huanca York Times

Pueblos incomunicados

Las intensas lluvias que cayeron en la zona por cerca de una semana activaron tres quebradas en Pariahuanca, una de ellas la de Huancas, y han aislado a unas 30 comunidades del distrito.

Además, dejó cientos de hectáreas de cultivo de paltos, maíz y otros arrasados, que corresponden a 30 comuneros.

Ejército se une a búsqueda de desaparecidos

Una brigada del Ejército llegará este miércoles a Pariahuanca a unirse a las tareas de búsqueda y recuperación de los comuneros desaparecidos.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

JUNÍN. El Gobierno aprobó declarar en emergencia diversas regiones del país debido al aumento de los casos de dengue. Junín se encuentra en esa lista, debido a que tiene una de las mayores cifras reportadas de la enfermedad en la selva central.

Hasta la fecha, se han reportado los dos primeros fallecidos en la región. Estos casos fueron registrados en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo; y en La Merced, provincia de Chanchamayo.

Situación en Pangoa

Según el Ministerio de Salud, en la provincia de Satipo, Pangoa es uno de los distritos con el mayor número de casos confirmados de dengue. Al respecto, el director de la Red de Salud Pangoa, Rudy Araujo, aseguró tener el reporte de 160 personas enfermas con dengue. 

Del total de contagiados en el distrito, cuatro se encuentran hospitalizados. Mientras que los demás solo presentan síntomas leves.

“Los pacientes pasan por una prueba de tamizaje de los cuales detectamos 217 casos negativos y los demás vienen siendo controlados con recuperación favorable. No tenemos ningún fallecido a la fecha”, refirió Araujo a Inforegión.

Acciones de prevención de la propagación del dengue

La autoridad contó acerca de las acciones que vienen promoviendo junto a la municipalidad y personal de salud. Entre ellas está la limpieza de nidos de zancudos en la zona central del distrito. Esto debido a que el lugar presenta casos reportados de dengue.

Estas campañas han logrado recolectar más de 26 toneladas de posibles criaderos de zancudos. Asimismo, desde el 26 de febrero al 11 de marzo, se programó una fumigación por las principales calles de Pangoa.

Araujo anunció la creación de equipos de respuesta rápida descentralizadas que buscarán criaderos de zancudos. Además, la Red de Salud Pangoa realizará pruebas de tamizaje en viviendas donde se sospeche de posibles casos de dengue. De esta forma, se garantizará un mejor seguimiento y una correcta intervención ante este contexto, aseguró el director.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

Por Rosario Cardeña

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A raíz del primer acto del golpe institucional contra la Junta Nacional de Justicia perpetrado por la Comisión Permanente del Congreso, los peruanos decentes se hacen la pregunta del millón: ¿por qué la gente no se moviliza contra los que están arrasando con la Constitución y la ley?

Si los gobernantes y parlamentarios exhiben -como señalan todas las encuestas- una desaprobación mayúscula y sostenida durante los últimos doce meses, los políticos izquierdistas se preguntan y les preguntan a los científicos sociales ¿por qué la gente no se moviliza e impone el adelanto de elecciones, como es su deseo?

Hay tantas razones que se añaden para una masiva protesta: la inseguridad ciudadana, sin que los mayores gastos en seguridad estatal activen la inacción policial; la cotidiana aparición de denuncias contra políticos, funcionarios y empresarios corruptos; la falta de empleo y la carestía de la vida que achica los ingresos cada día; la pésima atención en los establecimientos de la salud pública y del Seguro Social y tantos otros abusos, incluidos los de monopolios privados como Movistar. ¿Hasta cuándo soportará la gente? ¿Cuándo se acabará su paciencia?

Aquí ensayaré la presentación de algunos factores que traban las protestas:

1. La represión disuade: es verdad que las 49 muertes causaron una gran indignación, particularmente en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, pero también provoca la inhibición de la gente. El imaginar una herida resulta paralizante.
2. La pobreza disuade. La pobreza no lleva automáticamente a la protesta. Pobreza significa, también, desinformación. Más aún cuando la tele y la radio se esmeran en destacar opiniones favorables a la alianza Gobierno-Congreso, pretendiendo que todo volvió a la normalidad. Por ejemplo, millones no entienden por qué hay un golpe contra la Constitución, la Junta Nacional de Justicia y viene otro contra la Fiscalía, pues los corruptos quieren que destituyan a los fiscales anticorrupción para que los políticos encausados por las coimas de Odebrecht, los cuellos blancos del Callao, y mochasueldos, queden libres de polvo y paja. Además, un día sin trabajar es un día sin comer.
3. No tenemos las organizaciones políticas y gremiales que canalicen esa indignación, a diferencia de Argentina o Chile, por ejemplo. Pero las masivas movilizaciones del 2020 que trajo abajo el gobierno de Merino se dieron, igualmente, sin organizaciones sociales fuertes. ¿Por qué, la diferencia?
4. Allí donde hay organizaciones no hay liderazgos claros y fuertes. Y si hay algunos dirigentes, “no hacen trabajo de base”, como dicen algunos. No ligan las necesidades inmediatas de la gente con las propuestas de nuevas políticas, con el programa de un nuevo gobierno. Es decir, les faltaría “ligar la lucha económica a la lucha política”, como se decía en el lenguaje de los años 70. Pero, justamente, lo que demostraron las movilizaciones del 2020 que sacaron a Merino y las desarrolladas contra Dina Boluarte, por el adelanto de elecciones, es que la gente sí puede trazarse objetivos políticos sin escalar -necesariamente- por las reivindicaciones inmediatas del agua potable, mejores salarios o medicamentos básicos, como el gobierno quisiera que se limitaran. A propósito, ningún grupo de la izquierda sensata y moderada, está planteando un programa concreto para combatir la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Y hasta ahora el capítulo económico de la cacareada nueva Constitución no tiene propuesta fundamentada alguna. Pero en Puno hay indignación y hay organización, ¿por qué dejaron de protestar? La Psicología Social diría que es porque la gente no puede estar en permanente estado de exaltación.
5. La publicidad disuade: el bombardeo de avisos que inducen al consumismo y la aspiración a consumir tal o cual producto de belleza o moda, o tal apuesta en los deportes, son el nuevo opio del pueblo y en particular de los jóvenes: los adormece y les hace vivir ilusiones en reemplazo de su vida miserable.
6. Pero el factor más importante es que las personas, los sujetos han cambiado y los políticos de izquierda no se han dado cuenta. Desde que Giovanni Sartori escribió en los años 90 que el mundo ha entrado en una nueva época en la que los medios audiovisuales imponen su dominación (la videocracia), se ha transformado al homo sapiens en homo videns que sólo cree que es real lo que sale en la tele o en youtube. Se nota claramente en los jóvenes, que viven pendientes de su teléfono y las redes sociales y sus contenidos ligeros y distractores. Las redes sociales crean la ilusión de la participación política: tal es el individualismo que se extiende más y más, que millones piensan que participar en la vida nacional se limita a leer blogs o canales de youtube y dar algunos likes o poner emoticones de “me molesta”. Sin que sean conscientes de que son manipulados por fakes news y algoritmos de la inteligencia artificial que los llevan a la fanatización, como ha señalado hace poco Francisco Miró Quesada Wesphalen.
7. La perspectiva electoral dispersa fuerzas: en la izquierda pululan los pequeños colectivos, los grupos que aspiran a juntar firmas, inscribirse y participar en las elecciones. Muchas cabezas de ratón, poca humildad, muchas mezquindades o suspicacias. Eso para el ciudadano de a pie no sólo lo desalienta, sino que lo molesta y lo lleva al campo del escepticismo.
8. La aparición de la izquierda bruta y corrupta en el 2021 disuadió a los ciudadanos honestos e indignados. La izquierda moderna y sensata -apodada “caviar”- no supo romper a tiempo cuando aparecieron los veinte mil dólares en la oficina del primer ministro, con el gobierno más incapaz de la historia republicana. La corrupción había penetrado en los alcaldes de la Izquierda Unida – IU desde los tiempos de Alfonso Barrantes. El caso Villarán -de las filas de los caviares- hizo tanto daño a la causa izquierdista como lo hizo la guerra senderista. Millones dejaron de creer en las izquierdas como alternativas viables. Por tanto, muchos dispuestos a movilizarse no lo hacen, si se van a mezclar con los defensores de los corruptos de la izquierda.
9. La izquierda caviar no entiende a la juventud estudiosa o trabajadora, adicta a las redes sociales cuyo interés por la música, el fútbol, la moda y el vacilón del fin de semana, es infinitamente mayor que por los problemas reales. Tampoco ofrece lideres y lideresas creíbles, pues las ve – y es cierto – comprometidas con la debacle del gobierno de Pedro Castillo.

En resumen, la gente no se moviliza porque ha cambiado con la revolución de las nuevas tecnologías de comunicación (hay “nuevas subjetividades”, dirían los académicos). Y de eso todavía no se dan cuenta los políticos de la izquierda sensata y moderna, que suponemos está interesada en “mover la calle”. Pero, aunque algunos sólo estuvieran interesados en la batalla electoral del 25-26, también tienen que ponerse en onda. Pues no se trata sólo de tener comunity managers y hackers, sino organización (activistas, voluntarios, convencidos) en, al menos, un tercio de las provincias del país, como manda la ley. Tampoco se moviliza porque los pequeños liderazgos están dispersos. Y no tienen alternativas claras con un programa que responda a los problemas álgidos y una organización que los sustente. Ninguno ha encantado a la gente, con un lenguaje que pegue en las profundidades del alma de los peruanos.

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Río arrasó con más del 50% de nichos del cementerio de Limbani, provincia de Sandia, en Puno, debido a las fuertes lluvias en el sector. Autoridades declararon en emergencia el lugar ya que también colapsaron dos puentes, se destruyeron cultivos y se afectaron varias viviendas. Incluso, por dos días, el distrito quedó incomunicado sin fluido eléctrico.

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El gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, reafirmó que para la reactivación del proyecto minero Tía María, situado en la provincia de Islay (Arequipa), se necesita obtener la licencia social de la comunidad local.  

El funcionario explicó que este asunto involucra al Ejecutivo nacional y al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través de la Dirección General de Minería. Así también a la empresa privada Southern los que deben trabajar con las comunidades locales.  

Respecto a la postura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien sostiene que la licencia social no es un trámite formal requerido, Prado admitió que, según el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, la Dirección General de Minería es la encargada de otorgar las autorizaciones para iniciar o reanudar actividades mineras a gran escala, con previa aprobación del instrumento de gestión ambiental.  

Gobierno Regional de Arequipa pide reunión  

Sin embargo, Prado informó que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) está solicitando una reunión con el ministro Mucho Mamani para abordar el proyecto Tía María. Reiteró la necesidad de proyectos mineros responsables y sostenibles, pero que cuenten con la aprobación de las comunidades locales. 

Respecto a la anunciada reunión entre los pobladores del Valle del Tambo y el ministro Mucho, Prado instó a que se incluya al GRA con el fin de manejar una información precisa y una posición articulada. 

En cuanto al rechazo de la población de Islay hacia la reactivación de Tía María, Prado indicó que, hasta el momento, la gestión del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, no ha recibido una comunicación oficial de parte de los pobladores o dirigentes del Valle del Tambo manifestando su oposición. 

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Recordado por ganar hasta dos veces la Tinka y haber intentado renunciar a su cargo de congresista para postular al Gobierno Regional de Arequipa, así como por diversas denuncias, Marco Tulio Falconí Picardo es ahora nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El Defensor del Pueblo lo juramentó, luego de que el TC declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Falconí en contra la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ en 2020. No está comprendido en las acusaciones del Congreso, que se propone destituir a los demás miembros de la JNJ.

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La inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el Congreso, está cada vez más cerca. Conversamos con Hernando Cevallos, exministro de Salud y excongresista, sobre este tema y la crisis sanitaria por el aumento de casos de dengue, que ha llevado al gobierno a declarar en emergencia 20 regiones del país.

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