¿Cuáles serán los efectos de la pandemia en nuestro sistema político, a mediano y largo plazo? ¿Puede la pandemia echarse abajo nuestra frágil democracia electoral, como ya ha sucedido en Turquía, Hungría y El Salvador? ¿Qué posibilidades tenemos de superar la crisis política provocada por la pandemia, el crecimiento de la pobreza y la crisis económica?
Una respuesta de memoria diría que no hay peligros para la institucionalidad, porque el presidente Vizcarra ha respondido a la tentación de un nuevo 5 de abril convocando elecciones; y, al parecer, habrá un traspaso del gobierno a quienes salgan elegidos en 2021. Pero, es obvio que nuestro sistema de gobierno no se basa sólo en elecciones frecuentes de gobernantes; sino también de los representantes, portavoces de la ciudadanía ante distintos niveles de gobierno (regidores, consejeros regionales y congresistas). Además del contrapeso de otras instituciones autónomas del gobierno. Si nos fijamos en las actitudes de la mayoría frente al comportamiento de los congresistas, por ejemplo, el pronóstico sería, más bien, reservado.
La mayoría de comentaristas y analistas políticos casi ha sentado el principio de que en el Perú, gobierno que no controla la mayoría congresal,termina sus días en golpe militar o sucedáneo. Para sustentarlo, muestran la mayoría aprista boicoteadora de los gobiernos de Bustamante (1945-1948) y del primer Belaúnde (1963-1968), así como la minoría fujimorista del 90-92. De ahí que, sonó lógico que, tanto la Constitución de 1979 como la de 1993, otorgaran más capacidades legislativas al gobierno para fijar políticas públicas; y arrinconar al parlamento en labores fiscalizadoras y en la aprobación de leyes intrascendentes como la declaratoria del Día del Ceviche; o la creación de nuevos distritos y provincias o la negociación de partidas ridículas a la hora de aprobar el presupuesto público.
La revolución neoliberal de Fujimori que vino acompañada de la ofensiva del discurso de la antipolítica, grabó a fuego en la mente del peruano común y corriente la aversión a los políticos y sus partidos. Cuando se descubrieron los gigantescos robos del régimen con los vladivideos, generó la coartada justificatoria de “roba, pero hace obra”; que sigue siendo una consigna para muchos a la hora de votar.
Por tanto, si era malo un parlamento boicoteador, igual de malo resultó uno de mayoría oficialista segundón y acrítico frente al gobierno, como mostraron hasta el cansancio las mayorías de Fujimori, Toledo o Alan García con sus parlamentarios sobones, incapaces y corruptos. La pera en dulce resultó la mayoría parlamentaria que se instauró en 2016 y que, por primera vez, no la defenestraron por un golpe como en el 48, 68 y 92; sino por el mecanismo previsto en el Constitución, cierre que aplaudió la inmensa mayoría de los ciudadanos.
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El golpe de gracia contra los políticos y sus partidos ocurrió con el terremoto Odebrecht de diciembre de 2016; que reveló que, todos ellos, de derecha a izquierda, recibieron sobornos. Y después, la revelación del capo del grupo Romero de que también “invertía” en los partidos del del “modelo”. Eso no sólo ocasionó la renuncia de PPK sino que permitió la extraña paradoja de un presidente relativamente fuerte, como Vizcarra, que ha capeado todas las tormentas sin tener una bancada en el Congreso. De esta manera, las elecciones congresales de enero revelaron ese descontento ciudadano mayúsculo, no sólo por el 26% de ausentes al que se sumó casi el 20 % de votos nulos y en blanco; sino en el resultado: un parlamento disperso en nueve pequeñas bancadas.
Después de la elección de Toledo, el Estado achicado por el fujimorismo había seguido funcionando como si nada. Porque el crecimiento económico y del presupuesto público lo disimuló, creando la ilusión de que había disminuido radicalmente la pobreza. Pero todo eso fue desnudado por la pandemia: no éramos de clase media y el Estado achicado fue incapaz de enfrentar la avalancha de contagiados; como sí lo hicieron en otros países del mismo tamaño en la pandemia.
No es de extrañar, por tanto, que la institución de la representación, fundamental en un Estado democrático de derecho o, si se prefiere, en una poliarquía realmente existente, se haya visto tremendamente mellada. Y eso, cabalmente se ha visto expresado en el estudio del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, el Instituto de Estudios Peruanos y LAPOP “Cultura Política de la democracia en Perú y en América Latina 2019” que acaba de ser presentado. Por ejemplo, revela que sólo el 21 % de los encuestados tiene confianza en el Congreso y en los partidos políticos. La cifra más baja de las siete mediciones que empezaron en el 2006, cayendo del 30.3 % que obtuvo el Congreso dos años antes. Frente a ellas, la confianza en las Fuerzas Armadas es de 58.7 %
De ahí que, resulte coherente que esa mayoría apoye un hipotético golpe militar frente a mucha delincuencia (52.6 %) o contra mucha corrupción (57.2 %). En ambos casos, los peruanos se colocan en segundo lugar entre 18 países latinoamericanos. En ese clima cultural se explican las altas votaciones que han tenido los generales Urresti o Guibovich; o el partido del mayor Antauro Humala (y hasta el aplauso al general Martos como premier). De esa cultura política, que ha criado en la anorexia de gente decente e instruida a los partidos, no podía surgir, de pronto, salvo excepciones, una representación que enorgulleciera a los peruanos. Lo escribí en diciembre pasado: “las listas de candidatos al parlamento presentadas por los partidos-cascarones; con las indefiniciones programáticas y éticas de siempre, no prometen una gran renovación en la dinámica política.”
Por tanto, uno de los horizontes que no se puede descartar, en el corto o mediano plazo, como lo han dicho Steve Levitsky y Alberto Vergara, es que en medio de muertes imparables por la pandemia y una espantosa crisis económica, con el cambiante humor del electorado y los políticos peruanos; se instaure un régimen autoritario sin parlamento. en el que los ciudadanos estén contentos con expresarse en sus muros de las redes sociales. Teniendo a la mano el teléfono de un periodista para denunciar cualquier atropello a sus derechos individuales. Suena duro, pero si no hay un masivo ingreso de decentes e instruidos a la política activa en los próximos meses o que estén dispuestos a fajarse, y hasta sacrificarse, en la administración pública; no podremos esperar pasivamente que “los otros” resuelvan los graves problemas de la Patria.
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