La presidenta Dina Boluarte, los comandantes generales del Ejército, algunos mandos regionales y personal de la Policía Nacional tendrán que acudir al Ministerio Público para declarar sobre los crímenes cometidos durante las protestas contra el gobierno y el Congreso, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
La mandataria debía declarar este 31 de mayo, en el marco de la investigación abierta por los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas sociales. Sin embargo, su defensa legal solicitó un cambio de fecha para el 1 de junio y luego dará a conocer si acudirá al Ministerio Público o la diligencia se efectuará en Palacio de Gobierno.
Altos mandos militares y policiales citados después de cinco meses
Los comandantes generales David Guillermo Ojeda Parra, Manuel Jesús Gómez de la Torre Araníbar y Jesús Amarildo Vera Ipenza deberán acudir a la Fiscalía para esclarecer los crímenes cometidos el 15 de diciembre del 2022 en Huamanga, Ayacucho.
Ojeda Parra deberá declarar el 26 de mayo, mientras que Gómez de la Torre Araníbar lo hará el 5 de junio y Vera Ipenza, el 15 de junio.
Según las necropsias, y como lo detallaron familiares de las víctimas y lo revelaron órganos internacionales de derechos humanos como la CIDH, ese 15 de junio miembros del Ejército dispararon directamente al cuerpo, incluyendo a personas que no participaban en las protestas.
Asimismo, el comandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado quien ocupaba ese cargo cuando ocurrieron los hechos, tendrá que declarar el 2 de junio. Hay una lista de más de 30 efectivos en las demás regiones donde los asesinatos fueron cometidos por personal policial.
Entre otros mandos policiales están Julio Santos Mauricio Contreras, David Villanueva Yana y Carlos Omar Bravo Cáceres, de Puno; Ántero Mejía Escajadillo (de la VIII Macrorregión PNP de Ayacucho), Carlos Urbina Barreto (encargado de la región policial en Arequipa) y Luis Jesús Flores Solís (entonces jefe del Frente Policial de Apurímac). Las diligencias se realizarían en la segunda quincena de junio.
Según la resolución expedida, la toma de manifestaciones será en las instalaciones del Ministerio Público.
Existe el riesgo de que la Procuraduría y los abogados de las víctimas no participen cuando declare Boluarte
La Procuraduría General del Estado solicitó estar presente en las declaraciones de la presidenta Boluarte. Por esta razón, el pasado 7 de marzo Boluarte no llegó a declarar, pues la Fiscalía impidió la participación de los representantes del Procurador.
Y si bien esta controversia se resolvió en primera instancia a favor de la Procuraduría, la Fiscalía apeló y su presencia está pendiente de pronunciamiento en la Corte Suprema.
Carlos Rivera, quien acompaña en la defensa a los familiares de las víctimas desde el Instituto Defensa Legal (IDL), hizo ver que “la Procuraduría y los abogados de las víctimas aún no tienen garantías de acceso a las diligencias”. Es decir, que existe el riesgo de que no puedan participar cuando declare Dina Boluarte, quien —a decir del premier Alberto Otárola— no hará uso de su derecho a guardar silencio.
Consultado por La República, Carlos Rivera recordó que los principios del derecho internacional precisan que “los órganos del sistema de justicia deben amparar la intervención efectiva y eficaz de los agraviados”.
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