“Si alguien viene a matarte, levántate y mátalo tu primero”.
El Talmud.
El pasado septiembre, Justin Trudeau denunció ante el parlamento de Ottawa que agentes indios habían estado involucrados en el asesinato en Vancouver en junio de 2023 de un activista sij de doble nacionalidad, Hardeep Singh Nijjar, presidente del gurdwara (templo sij) de Surrey al que Nueva Delhi acusaba de terrorismo.
La respuesta india fue tan dura como la acusación, que el primer ministro indio, Narendra Modi, calificó de “absurda”. India y Canadá expulsaron diplomáticos de sus embajadas y consulados, que dejaron de conceder visados. Antes de hacer su denuncia, Trudeau, que piensa presentarse a un cuarto mandato en 2025, habló con Biden, Sunak y Macron para pedirles su apoyo.
Canadá alberga a 1,4 millones de residentes indios o de ascendencia india, casi el 4% de su población y una
comunidad muy organizada y cuatro veces mayor que la china, la segunda del país. Washington, Londres y París, sin embargo, quitaron hierro al asunto pese a que la CIA había entregado a Ottawa parte de la información que esgrimió en su denuncia el primer ministro.
Según Financial Times, el FBI abortó un plan anterior para eliminar en Nueva York a otro separatista sij, Gurpatwant Singh Panun, también de doble nacionalidad. En la cumbre del G20 en Nueva Delhi, Biden habló del asunto con Modi, pero la Casa Blanca se abstuvo de emitir una declaración relacionada. Entre otras cosas porque Washington necesita a India, la quinta economía mundial, como contrapeso a China en el Indo-Pacífico.
A diferencia de Canadá –miembro de la OTAN y de los Cinco Ojos con Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda–, India requiere una ardua labor de cortejo y seducción. Haga lo que haga –abrazar el integrismo étnico- religioso hindú, tolerar la violencia contra la minoría musulmana…–, Modi parece convencido de que Washington y Bruselas no van a arriesgar sus relaciones con el mayor importador de armamento del mundo por un caso como el de Nijjar, a todas luces víctima de un crimen político ejecutado por profesionales.
El gobierno indio acusaba a Nijjar de planificar atentados terroristas en su nativo Punjab, el Estado indio en el que viven 16 millones de sijs. En las últimas elecciones punyabíes, los independentistas sijes solo obtuvieron el 3% del voto. Una minoría religiosa surgida en el siglo XV, los sijs son hoy unos 25 millones, el 2% de la población india. Tres millones viven en la diáspora, concentrada sobre todo en Canadá, Reino Unido, EEUU y Australia.
En 2022, murió baleado en Surrey Ripudaman Singh Malik, un sij canadiense que en 2005 fue absuelto por el atentado en 1985 contra un vuelo de Air India entre Montreal y Londres en el que murieron 329 personas, la mayoría canadienses. En julio de 2023, partidarios del llamado Khalistán asaltaron el consulado indio de San Francisco y la embajada en Londres.
Según ciertas versiones Nijjar y Panun se convirtieron en objetivo del RAW, el servicio secreto exterior indio, tras organizar un referéndum por la independencia del Punjab.
Promesas rotas
En su campaña electoral, Joe Biden prometió que convertiría a Arabia Saudí en un “paria” por el asesinato del disidente, Jamal Khashoggi, en el consulado saudí en Estambul. El ostracismo del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, sin cuya autorización no se mueve una hoja en el reino del desierto, duró solo unos meses. Esto es lo que tardó en subir el precio del crudo.
En la cumbre del G20 en la capital india, Biden, Bin Salman y Modi se tomaron, sonrientes, una foto juntos. Modi excluyó de su ronda de entrevistas a Trudeau, que no asistió a la cena de gala que los anfitriones ofrecieron a sus invitados.
El problema es que, si Canadá se queda sin el apoyo de sus aliados, el RAW podría creer que tiene patente de corso para “neutralizar” enemigos en los cinco ojos. Tras la muerte de Nijjar, las cadenas indias Zee News y Times Now especularon con la posibilidad de que haya surgido “un nuevo Mossad”, el servicio secreto exterior israelí. Es célebre por sus asesinatos selectivos en el exterior.
El Mossad, sin embargo, no ha matado a nadie en un país occidental desde hace 30 años, cuando se involucró en un caso en París. El FSB ruso es notorio por realizar operaciones similares contra los enemigos –Nemtsov, Navalni, Litvinenko, Prigozhin…– de Vladimir Putin.
En 2017, Kim Jong Nam, medio hermano del líder norcoreano, Kim Jong Un, fue asesinado con gas nervioso en Kuala Lumpur. Solo en 2022 Londres detectó 15 amenazas creíbles contra ciudadanos británicos y residentes de origen iraní. Varios de ellos eran periodistas de Iran International y del servicio en farsi de la BBC. El régimen iraní cuenta en Reino Unido con una densa red de mezquitas, colegios y hosseniyas (salones de oración) leales a los ayatolás de Qom, la ciudad santa del islam chií.
Homicidios preventivos
En Rise and kill first (2018), Ronen Bergman escribe que desde 1945 ningún país occidental ha realizado tantos asesinatos políticos como Israel. Se calcula unos 500 entre 1980 y 2000. Tras el ataque de Septiembre Negro contra el equipo olímpico israelí en los juegos de Múnich de 1972, en el que perdieron la vida 11 atletas israelíes, agentes del Mossad mataron –o intentaron– a dos docenas de militantes palestinos en varios países. Esto incluyó a Italia, Francia, Grecia y Chipre.
Israel nunca confirma ni niega los asesinatos que documenta Bergman, que titula su libro con una cita talmúdica que justifica el homicidio preventivo. Los asesinatos selectivos, señala, ofrecían un método expeditivo, barato y eficaz de resolver problemas de seguridad de un Estado pequeño y rodeado de vecinos hostiles.
En 2004, un helicóptero artillado israelí lanzó un misil en Gaza contra el jeque Ahmed Yasin, líder y fundador de Hamás. Lo mararon junto a otras nueve víctimas “colaterales”. En noviembre, Benjamin Netanyahu dio luz verde al Mossad para que eliminara a los líderes de Hamás “donde estuvieran”.
Y en diciembre, un ataque israelí mató a Syed Razi Mousavi, oficial de la Guardia Revolucionaria iraní en Damasco. En enero a Saleh al-Arouri en Beirut, fundador del brazo militar de Hamas, junto a otros seis miembros de la organización islamista palestina. Las ejecuciones extrajudiciales tienen un precio.
Según el Arab Opinion Index, el 90% de los saudíes se oponen a que Riad establezca relaciones diplomáticas con Israel. En otros 16 países árabes, más del 75% dice que su opinión sobre EEUU es más negativa desde que comenzó la última guerra de Gaza.
‘Si vis pacem, para bellum’
Los métodos israelíes forman parte ahora del repertorio del Pentágono y de ejércitos de todo el mundo. No es extraño. En 2022, más de 200.000 personas murieron en conflictos entre Estados, la mayor cifra desde 1986, si se excluye el genocidio de Ruanda de 1994.
En 2023, el gasto militar global aumentó un 9%, hasta los 2,2 billones de dólares, según el International Institute for Strategic Studies (IISS). Según su director, Bastian Giegerich, el rearme se debe a múltiples factores. Entre ellos: el ascenso de China, el repliegue militar de EEUU, la invasión rusa de Ucrania, golpes militares en África…
En 2023 Rusia aumentó su gasto militar un 30%, hasta los 108.000 millones de dólares (7,5% del PIB), más de tres veces el de Ucrania. El de China lo hizo por 29 año consecutivo. El de EEUU, con 900.000 millones (3,36%) supera el de los 15 países siguientes juntos y el de la OTAN, cuyos países albergan a la octava parte de la población mundial, equivale a la mitad del total mundial.
Crímenes políticos
El crimen político es tan antiguo como la civilización. Los griegos lo justificaban por motivos religiosos. En la década de 1890, militantes anarquistas mataron a François Carnot, presidente de Francia. Otros casos históricos remarcables fueron los asesinatos de Sisi, emperatriz de Austria, Humberto I, rey de Italia, William McKinley, presidente de EEUU o el primer ministro español Antonio Cánovas del Castillo.
Tras las muertes del presidente survietnamita Ngo Dinh Diem y del primer ministro congoleño Patrice Lumumba, un comité del Senado de EEUU declaró que los asesinatos políticos eran incompatibles con los principios constitucionales, el orden internacional y la moralidad. En 1976, cuando ocupaba la Casa Blanca, Gerald Ford los prohibió en una orden ejecutiva.
Tras los atentados del 11-S, sin embargo, el Congreso autorizó al ejecutivo a usar la fuerza “necesaria y apropiada” contra sus responsables. En 2011 la operación que mató a Osama bin Laden y en 2020 la que mató al general iraní Qaseem Soleimani en Bagdad. Lo cierto es que rara vez un asesinato logra los fines políticos propuestos. En el de Trotski los verdugos lograron lo que pretendían: demostrar el poder de Stalin sobre la vida y la muerte.
El reino de la impunidad
Agnés Callmard, secretaria general de Amnistía Internacional y exrelatora de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, advierte que, si organismos ocultos protegidos por Estados deciden a quién matar, cuando, dónde y cómo, habrá más impunidad, inestabilidad y agresiones.
Los asesinatos políticos en suelo extranjero son, incluso en las interpretaciones más restrictivas, ilegales y potencialmente casus belli. Según escribe Callmard en Foreign Affairs, el deterioro se debe a 20 años de erosión sistemática del sistema internacional de defensa de los derechos humanos.
Cuando en 2001 EEUU se embarcó en su guerra contra el terror, normalizó la idea de que todo era permisible en la lucha contra el terrorismo, señala. En Siria, las fuerzas rusas atacaron hospitales, escuelas y mercados considerándolos objetivos legítimos por servir de escudos humanos a los yihadistas.
Interrregnum
Según Michael Beckley, de la Universidad de Tufts, el neo-aislacionismo que predica Trump ha logrado movilizar a la minoría aislacionista republicana como parte de su estrategia de captura del partido. El 80% de los demócratas cree que EEUU se beneficia de sus alianzas. Entre los republicanos, solo el 50%.
Este año Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, no acompañó a la vicepresidenta, Kamala Harris, y al secretario de Estado, Antony Blinken, a la Conferencia de Seguridad de Múnich, de la que era un asiduo concurrente.
Según Ian Bremmer, presidente del Eurasia Group, cree que se está formando un G-0, es decir, un mundo “no-polar”, sin EEUU como policía global. Washington gasta el 0,21% del PIB en su Armada –el doble que Reino Unido, el segundo de la lista–, una de cuyas misiones es asegurar la libre navegación en alta mar.
Los aislacionistas republicanos creen que es demasiado para un país con una ratio entre comercio exterior y PIB de solo el 25%, según el Banco Mundial, frente al 38%-47% de China, Rusia y Japón, 70% de Francia y Reino Unido y el 90% de Alemania.
Una nueva Edad Media
Robert Kaplan compara la situación actual con la de finales del siglo XIX, cuando el ascenso de Alemania comenzó a corroer la hegemonía del Imperio Británico. Un reciente informe de la Rand Corporation sostiene que el mundo ha entrado en una era “neo-medieval” de debilidad estatal e informalización de la guerra.
Tomando el ejemplo de Hezbolá, vemos como han proliferado los actores políticos no-estatales, en algunos casos capaces de ofrecer bienes y servicios a las poblaciones en los territorios donde mantienen presencia. Hezbolá es, al mismo tiempo, un partido político que cogobierna en Beirut, una milicia armada al servicio de Damasco y Teherán. Y una autoridad estatal de facto en el sur de Líbano.
En The anarchical society (1977), Hedly Bull especuló con la posibilidad de la desaparición de los Estados nacionales, que serían sustituidos por corporaciones políticas similares a las que existían en la Edad Media en Europa, el Japón de los shogunes o la India de los maharajás. En Putin’s wars (2022) Mark Galeotti describe al Kremlin de Putin como una corte medieval incrustada en un Estado burocrático. La muerte del principal opositor político, Alexéi Navalni, consolida la deriva autocrática del régimen ruso y nos recuerda el coste humano que asume la oposición política en gran parte de los Estados modernos.
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