Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma por la Salud Humana de la región Junín y representante ante la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, lleva más de 40 años luchando por el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como factor determinante para gozar del derecho a la salud.
Siente que su lucha ha sido reivindicada por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado Peruano por las violaciones a estos derechos en el caso de La Oroya, contaminada con metales pesados por la actividad del complejo metalúrgico, desde 1922.
Como se informó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado Peruano por la violación a los derechos a un ambiente sano, la salud y la vida en contra habitantes de La Oroya, quienes estuvieron expuestos a la contaminación con metales pesados por el funcionamiento del complejo metalúrgico de esta ciudad.
La Corte IDH señala que estas violaciones a los derechos humanos “fueron consecuencia de la contaminación del aire, agua y suelo producida por las actividades minero-metalúrgicas en el Complejo Metalúrgico de La Oroya y por el incumplimiento del Estado de regular y fiscalizar las actividades” de la metalurgia.
Ahora, dice Yolanda, que la lucha de esta organización será la implementación de la sentencia de la Corte IDH.
¿Cómo recibes esta sentencia de la Corte IDH?
Es una buena noticia frente a este sufrimiento que por muchos años estamos sufriendo por la afectación de la contaminación a partir de la actividad metalúrgica en este caso. La recibo con ese sueño de tener una atención integral, multisectorial, de prevención y de tratamiento a esta afectación que ahora la Corte ha reconocido y nos está dando razón.
La Corte reconoce el derecho al medio ambiente sano como un elemento primordial para el cumplimiento de otros derechos como la salud, la vida…
Lo importante es que la Corte ahora está reconociendo el derecho al ambiente de manera amplia. Este derecho ha sido violentado por la contaminación. Nos da la razón, lo que nosotros hablamos de los determinantes de la salud. Nuestra salud está sujeto justamente a la calidad de nuestros recursos naturales, de una vida digna. Eso está reconociendo y ordena al Estado que tiene que preveer la calidad del agua a nivel de todo el Perú. Esto es un precedente muy importante para las 10 millones 800 mil personas que estamos expuestas a los metales pesados y contaminados.
Justamente, la plataforma de las personas afectadas por metales tóxicos pedía esto: una atención integral a la salud
Nosotros estábamos en esta acción legal y paralelamente hemos estado discutiendo para que el Estado asuma su responsabilidad de darnos atención integral y logramos el Plan Especial Multisectorial para la atención de afectados por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Se ha buscado dar salidas a esta problemática, pero lastimosamente el Estado poco o nada de importancia le ha dado. Otra parte que la sentencia visibiliza es el tratamiento de los pasivos ambientales; no están cumpliendo con esa gran responsabilidad de mitigar el impacto que también está generando daño a nuestra salud.
La sentencia de la Corte IDH es un precedente para las personas que estamos expuestas a los metales pesados. Pero ahora, ¿cómo hacemos para la implementación? Tengo la fuerza suficiente, así como hemos luchado para esta sentencia, así vamos a luchar para su implementación; tiene que cumplirse.
¿A qué pasivos ambientales te refieres?
Uno, por ejemplo, la cancha del escorial que está a flor de piel, visible, el que está frente al Complejo Metalúrgico. Otro: sabemos por estudios que el suelo de toda La Oroya tiene presencia de metales en una profundidad de 80 centímetros en promedio. Entonces, no es solamente que planto un árbol y ya se está mitigando el daño ambiental; tienen que hacer la renovación de la tierra. Es una tecnología costosa pero no es nuestra culpa, nosotros no lo hemos generado. Ellos [el Estado] han permitido que se agreda así al suelo y nos lo tienen que dar en óptimas condiciones.
El Estado tiene que hacer esa remediación…
Claro, a través de Activos Mineros, que tiene esa responsabilidad. Eso solo en La Oroya, porque a nivel nacional es más. Activos Mineros tendrá que cumplir con esa responsabilidad. Quiero aclarar, nosotros no estamos pidiendo el cierre del Complejo Metalúrgico, que por cierto ya inició con sus operaciones, la sentencia no dice su cierre, si no que la actividad debe ser respetando los estándares internacionales. Es como cuando voy a un restaurante a comprar una comida y me quieran vender arroz con hongos. La actividad económica no puede darse atentando a nuestra salud.
¿Cuántos años llevas luchando por esto, Yolanda?
Yo, desde 1979. Soy consciente de que no voy a cosechar los resultados, pero lo importante es sembrar la semillita y cosecharán las futuras generaciones.
En ese año no teníamos las leyes de hoy, favorables al ambiente
No había un programa de atención de metales pesados, no existían los estándares de calidad ni los límites máximos permisibles, ningún lineamiento de salud, ni siquiera se decía que el plomo hace daño a la salud. Incluso nos decían que el plomo era bueno para la inteligencia de las personas…
¿Quién decía eso?
Incluso lo decían representantes del Estado, del Ministerio de Salud. Otra cosa que decían era que el poblador de la Oroya era inmune a la contaminación. Y, por último, decían, aquí sí las promotoras de organizaciones relacionados al complejo de que si un niño tiene plomo es porque su madre no le ha enseñado hábitos de higiene. A todas esas cosas ahora se les saca la máscara. Cómo querían hacernos callar la boca con esas cosas.
¿Cómo es que en 1979 empiezas a luchar contra la contaminación, cuando tenías todo en contra, sin leyes favorables…?
Siempre digo por culpa de la Parroquia (ríe). Yo estaba en los últimos años de la Universidad, Trabajo Social, y empecé a sufrir convulsiones. Vivía en el Club Peruano, cerca del complejo metalúrgico, porque mi papá trabajaba en el complejo; he tenido tratamiento en el hospital de Chúlec, pero nunca me dijeron por qué sufría de convulsiones. Nunca. Solo que cuatro personas de mi jirón, de once familias lo sufríamos, pero que mi caso era el más leve.
Ya existía en la parroquia de La Oroya un Comité de Derechos Humanos y había una subcomisión de derechos ambientales, y organizan un evento con dos puntos: el PAMA de Centromin y el de Doe Run, un análisis, y otro, los efectos del plomo y del dióxido de azufre.
¿Cuándo fue?
En el 2000. Ahí empiezo a relacionarlo con mi enfermedad y ya éramos conscientes de que somos imagen y semejanza de Dios y merecíamos una vida digna, partiendo de la Doctrina Social de la Iglesia. Y me rematan diciendo que los daños que genera la contaminación son irreversibles.
¿Quién te dijo eso?
El médico, los científicos que estaban entonces. Ahí sí dije ‘Yolanda, tu futuro ya está hecho’ y mi compromiso fue por qué no luchar por las futuras generaciones. Ahí empiezo con más fuerza a comprometerme; me ha costado amenazas, difamaciones, una serie de cosas, pero gracias a Dios me dio la fuerza suficiente para seguir adelante y ahora puedo decir, estamos dejando algo que podría asegurar el futuro y hasta el último día de mi vida tendré que seguir para construir un buen vivir para las generaciones.
¿Cómo te sientes con esta sentencia de la Corte IDH?
Me siento con emociones encontradas. Uno, qué bueno y bendito es el Señor que sale a la luz todo lo que nosotros pedíamos y difundíamos, que la contaminación afecta a la salud humana. Ahora, de los vacíos que tenemos en la atención de las personas, hasta ahora no tenemos un diagnóstico. Esto es un precedente para las personas que estamos expuestas [a los metales pesados] a nivel nacional. Me hace sentir bien porque hemos contribuido para eso. Pero ahora, ¿cómo hacemos para la implementación? Tengo la fuerza suficiente, así como hemos luchado para esta sentencia, así vamos a luchar para la implementación y tiene que cumplirse la sentencia.
¿En este Gobierno que no reconoce sentencias de la Corte IDH, como en el caso Fujimori?
Quiere hacerse a un costado, pero no va a poder porque tiene un tiempo para presentar el informe de cumplimiento del caso Fujimori. La CIDH es una instancia reconocida; sí o sí se tienen que respetar su sentencia.
Hace poco revisábamos el presupuesto del Gobierno Regional y encontramos S/ 0.70 céntimos por persona para atender la salud de los afectados por metales tóxicos…
Eso es realmente un insulto. Como decíamos en el proyecto El Mantaro Revive, es un “cumplo y miento”. Cumplo, porque tenemos un presupuesto, pero con esos céntimos ¿cómo realmente van a cumplir? Por otro lado, en qué se ha invertido, cuánto realmente es para la persona, el diagnóstico, el análisis; y cuánto será para los otros gastos de viáticos y otras cosas.
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