Por Renzo Anselmo – Servindi

Ocurre que Dionisio Romero, a uno de los principales grupos de poder económico en el Perú.

Ahora, solo el 5% de los US$ 4 millones 250 mil donados en total por el Grupo Romero a los partidos de Keiko Fujimori y de Pedro Pablo Kuczynski fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en las dos últimas elecciones generales.

¿Qué es el Grupo Romero?

El Grupo Romero es un conglomerado empresarial que integra a diversas compañías peruanas, siendo sus afiliadas en consumo masivo (Alicorp), servicios financieros y seguros (Banco de Crédito del Perú o Pacífico Seguros), las que más reconocimiento han alcanzado a nivel nacional.

La historia del Grupo Romero es por esencia familiar ya que desde su aparición en el mercado registrada —según su propio portal web— en 1874, ha mantenido en el directorio a miembros de su propia familia: Calixto Romero (1888), Feliciano del Campo Romero (1917), Dionisio Romero Seminario (1965) y Dionisio Romero Paoletti (2001).

En el año 2016, una publicación de OjoPúblico daba cuenta de que el Grupo Romero formaba parte de los doce principales grupos económicos del país. Asimismo, señalaba que su consolidación —como la mayoría de conglomerados que integraban la lista— empezó a fines de 1990 e inicios del 2000.

«Desde entonces se han mantenido inamovibles en el ranking de los primeros lugares de facturación del país», señalaba el portal periodístico.

¿Qué empresas integran el Grupo Romero?

Según su propio portal web, el Grupo Romero sostiene 14 empresas abocadas a diversos sectores. Pasan por el consumo masivo, la producción agrícola, el servicio de energía, la industria, los servicios logísticos, marítimos y portuarios y el sector empresarial.

Entre sus principales compañías destacan por su reconocida cobertura de mercado la empresa Alicorp que gestiona con más de 125 marcas de consumo masivo y lidera la industria alimentaria en el Perú con un 27.7% del mercado; la empresa Ransa que opera desde hace 78 años en temas de logística; y la red de estaciones Primax que brinda el servicio de venta de combustibles en el Perú y Ecuador.

Sin duda, cuando se hace referencia al Grupo Romero también salta a la vista su principal afiliado, el Grupo Credicorp. Es el holding financiero más grande del Perú que opera en el sector bancario a través del Banco de Crédito del Perú (BCP); el sector de seguros, mediante Pacífico Peruano Suiza (PPS) o Pacífico Seguros; y en el mercado de asesoría financiera en la administración de fondos e inversiones por medio de Prima AFP.

Además de estas compañías, el Grupo Credicorp cuenta con subsidiarias en Colombia y Chile; como parte de una plataforma regional dedicada a brindar servicios de asesoría financiera. Además del Atlantic Security Bank (ASB) que fue constituida en 1981.

Aportes que importan

Con todo un soporte empresarial como el que administra el Grupo Romero, cabe la pregunta de rigor: ¿por qué un grupo económico tan importante decidiría mantener en reserva durante años el aporte a la campaña presidencial? ¿Qué está en juego?

En un comunicado que Romero Paoletti compartió —luego de su declaración ante el Ministerio Público— con los trabajadores de Credicorp, explica que su decisión fue «responsable» al enmarcarse en un contexto de «amenaza como la que representaba el chavismo para los peruanos y la economía del Perú», indica en alusión a la entonces candidatura de Ollanta Humala.

«Tengo la convicción de que teníamos una responsabilidad con el país, así como con los accionistas, las decenas de miles de colaboradores de las compañías que represento y con los clientes, ahorristas, pensionistas y proveedores que dependen de la solidez de nuestras empresas», precisa Romero Paoletti.

Si bien, la reserva de los cuantiosos aportes económicos son cuestionados en el Perú, cabe preguntarse por las implicancias legales y delictivas de un grupo de poder fáctico al imponer condiciones subrepticias que desnaturalizan un sistema electoral que pretende ser democrático.

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Horas después del mensaje a la Nación en que Martín Vizcarra anunciaba la disolución del Congreso, se publicaba en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que confirmaba el cierre del parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones congresales. El 26 de enero del 2020 es la fecha fijada para que los peruanos escojamos a nuestros nuevos representantes en el Poder Legislativo.

Los plazos

Sin embargo, los nuevos legisladores solo completarán el periodo vigente hasta julio del 2021. Es decir, ocuparán una curul por poco más de 12 meses. La convocatoria a elecciones cuenta con el respaldo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que inició el proceso de Elecciones Congresales 2020 este 1 de octubre.

No obstante, se trata de un llamado que toma a contrapié a varias organizaciones políticas inscritas o con la intención de hacerlo. Según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, existen 24 partidos políticos con inscripción vigente que podrían presentar planchas. De estas, seis tenían participación en el parlamento disuelto: Fuerza Popular, Partido Aprista, Acción Popular, Contigo, Alianza Para el Progreso y Frente Amplio.

¿Quiénes pueden llegar al Congreso?

Aunque aún no existe pronunciamiento formal del JNE, se sabe que quienes participaron del parlamento disuelto no podrán volver a postular para el periodo complementario. Así, los abogados especialistas en derecho electoral, José Tello Alfaro y Alejandro Rospigliosi, consideraron que los legisladores cesados están impedidos de participar en el proceso.

Lo intempestivo de la convocatoria, sumado a la falta de nuevos cuadros, deja a los partidos en problemas de cara a la elección. El saliente Justiniano Apaza Ordóñez (Frente Amplio), consideró que no existen nuevos líderes que puedan reemplazar a Arequipa. En ese aspecto, hizo un mea culpa e indicó que no se forjó nuevos cuadros en los partidos vigentes. El otro problema es el del plazo de gestión. Un tiempo tan corto puede desanimar a quienes busquen hacer carrera en política.

En un breve sondeo, prácticamente ningún partido de esos 25 habilitados, está activo en este momento. Los congresistas salientes no podrían volver a postular; y las experiencias recientes, han desanimado a otros tantos. Entre los congresistas anteriores. Por ejemplo, Juan Carlos Eguren está comprometido en el caso Lava Jato, la cooperativa PrestaPerú, entre otros casos

Mientras que el analista político Gonzalo Banda consideró que el nuevo parlamento debería ser de transición. En su opinión, quienes deberían postular son personas con gran calidad moral e intención de reformar el Congreso.

No obstante, también existe temor por quienes puedan alcanzar una curul. Principalmente, personas comprometidas en investigaciones fiscales en busca de inmunidad parlamentaria. Un escenario que ya se evidenció en los últimos años. Por ejemplo, es el caso del prófugo Edwin Donayre, quien aprovechó la inmunidad para huir de una sentencia en última instancia.

Temas pendientes antes de elecciones

La disolución llega con otros temas pendientes, ahora de parte del JNE. Las últimas reformas electorales aún no se han ajustado o reglamentado en la institución. Así, se descartarían las elecciones primarias abiertas y simultáneas. También está en entredicho la obligatoriedad de que todos los partidos presenten candidaturas parlamentarias.

Asimismo, se obviarían algunas normativas vigentes que retrasarían el calendario hasta el 26 de enero. Normalmente, un proceso electoral debe convocarse con 365 días de anticipación. Pero ahora solo se cuenta con 118 días, lo que obliga al JNE a ajustar sus plazos.

Finalmente, también existen problemas para la participación de los peruanos en el extranjero. Por ejemplo, según Fernando Tuesta Soldevilla, en las recientes modificaciones se omitió un texto en la Ley Orgánica de Elecciones que dejaría sin votar a los connacionales en otros países.

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Las horas previas a la disolución del Congreso de la República serán recordadas por la sucesión de momentos accidentados que protagonizaron sus integrantes. En algunos de estos momentos intervinieron los representantes de Arequipa en el legislativo, en mayor o menor medida, y que aquí recopilamos.

El primer momento de tensión se vivió con la elección de un nuevo integrante del Tribunal Constitucional (TC): Gonzalo Ortiz de Zeballos Olaechea, primo hermano del presidente del legislativo, Pedro Olaechea. Este acto desencadenó la crisis política en la que se sumió el país este lunes. La votación de la representación arequipeña quedó inmortalizada en el panel de asistencia. 

La fujimorista Alejandra Aramayo y el acciopopulista Miguel Román votaron a favor de la elección del candidato propuesto al TC. Mientras que Justiniano Apaza y Sergio Dávila marcaron en contra de su designación. En tanto, Ana María Choquehuanca y Horacio Zeballos no registraron votación. Sin embargo, durante el registro de voto, Zeballos estuvo protestando en el centro del Hemiciclo y en contra de la toma del tribunal.

Congreso disuelto

Consumada la denominada “elección express”, se levantó la sesión en el pleno hasta la tarde, cuando se debatiría la Cuestión de Confianza propuesta por el entonces premier Salvador del Solar. Esta votación se produjo casi en simultáneo al mensaje a la Nación donde se daba cuenta del cierre del Congreso. En ese momento crucial, algunos parlamentarios arequipeños volvieron a la palestra. Aramayo y Román votaban disciplinadamente.

La respuesta del Congreso a su disolución vino en forma de iniciativa de declaración de incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra. La moción se admitió y votó a prisa, con la participación de los legisladores locales, Alejandra Aramayo y Miguel Román que respaldaron ambas votaciones. Con sus votos se aprobó la suspensión de un año al jefe de Estado, con el posterior ascenso de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

Tras su designación como presidenta interina, Aráoz recibió el saludo cordial de Aramayo y Román. Así quedó en evidencia en capturas de los momentos posteriores a su juramentación.

Las reacciones

Para Sergio Dávila, la disolución del legislativo era un escenario anticipado y desencadenado por la elección del magistrado del TC. Una medida que evidenció que la Cuestión de Confianza fue negada.

“Se entendía automáticamente que si se daba esta elección se estaría negando la confianza y ha sido la detonante para que el presidente solicite la disolución del Congreso de la República”.

Sostuvo que fue la mejor decisión para la gobernabilidad y paz social del país. En esa misma línea, dijo que tras el cierre del Congreso el país amaneció en calma. “El país era ingobernable. Se están buscando las condiciones para gobernar, para la paz social”, concluyó.

Por su parte, Justiniano Apaza culpó al Congreso de desencadenar la crisis y el cierre del legislativo. En especial el fujimorismo, de quienes dijo, no les interesa el país:

“Esta disolución del Congreso es producto de la soberbia, de el capricho y la tozudez de los fujimoristas y sus satélites. Prácticamente han auto disuelto por capricho simplemente, por no querer aprobar un proyecto de ley de confianza”.

No obstante, consideró que Vizcarra tampoco tiene las cosas claras. Señaló que cometió distintos errores y mostró momentos de desesperación. Algo que acrecienta la incertidumbre entre la población.

Finalmente, señaló que su posición nunca fue de apoyo al presidente. Recalcó que el jefe de Estado gobierna de cara al empresariado y rechaza los reclamos laborales y sindicales.

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Desde sus orígenes esta tierra ha sido y sigue siendo un lugar de encuentro. Un encuentro geográfico entre las montañas y el mar, entre el sur y el norte continental. Conscientes de ello los colonizadores hispanos, al fundar la ciudad sobre asentamientos de yarabayas y chimbas, le asignaron un rol de centro logístico macroregional. Desde Arequipa se abastecía a las haciendas y minas en el Altiplano; como también desde Arequipa partían los misioneros hasta la Chiquitanía boliviana y el Chaco paraguayo. Desde aquí partió Pedro de Valdivia a la conquista de Chile.

Este trasiego de expediciones, comerciantes, arrieros, misioneros, y toda clase de viajeros, fue formando localmente una cultura de amplio horizonte. Y decimos que Arequipa en su arquitectura y en su urbanismo es única, pues al ubicarse sobre una zona sísmica, y no habiendo buena greda ni madera para adobes y techumbres, se edificó con el producto del desastre, con esta lava volcánica que había en abundancia: el sillar fue el protagonista de una arquitectura telúrica y mestiza, lograda con un sistema constructivo reservado a templos y palacios, es decir, con anchos muros a cajón y bóvedas; con miles de bóvedas se forjaron viviendas y edificios, toda una ciudad excepcional de valor universal, como lo ha reconocido la Unesco. Por ello también se dice que Arequipa es hija de los terremotos. 

Pero también tenemos que reconocer que Arequipa se desarrolló condicionada por características geoclimáticas especiales, como estar ubicada en parte del desierto de Atacama, pero favorecida por el valle del río Chili, que permitió a su suelo alta productividad agrícola y ganadera. Es decir, una integración entre campo y ciudad que hasta hoy se manifiesta como parte de ese encuentro cultural, en los andenes prehispánicos de su campiña; que sumado a la cadena de volcanes como fondo, otorga a la ciudad un escenario geográfico espectacular. Arequipa es también un oasis.

Este es otro aspecto identitario de gran valor, reconocido también por Unesco, y que debe preservarse como una de las fortalezas de su potencialidad cultural, ambiental y productiva. Este encuentro entre campo y ciudad, así como entre citadinos y chacareros, o en el argot local, entre ccalas y lonccos, marca también un mestizaje cultural, expresado no sólo en el paisaje, sino también en el lenguaje y en la gastronomía. Posiblemente la más peculiar entre las comidas regionales del Perú.  

Es verdad que en la Declaración de Valor, para que Arequipa sea reconocida por Unesco como Patrimonio Mundial, se destacó la arquitectura y el urbanismo forjado principalmente durante la colonia y que tiene entre sus expresiones máximas el Monasterio de Santa Catalina, la homogeneidad del paisaje urbano de su casco central, y las expresiones del barroquismo andino en la portada de sus templos y casonas; pero no debemos olvidar que desde mediados del siglo XIX, Arequipa se potencializó como un importante centro económico productivo, principalmente lanero y que con el ferrocarril se consolidó como segunda ciudad del país.

Con el ferrocarril, Arequipa tuvo el primer ensanche y fue destino de una fuerte migración extranjera. Aquí llegaron ingleses primero, después italianos, alemanes, vascos, catalanes, judíos, palestinos, franceses, y la ciudad de ser hispanamente castiza, se hizo cosmopolita y tuvo una fuerte influencia del modernismo europeo. En urbanismo aparecieron barrios y calles arborizadas, avenidas y bulevares; casas con retiros y jardines;  en arquitectura había manifestaciones del art nouveau, del neoclasicismo, del expresionismo, después aparecieron el neocolonial, luego el estilo buque, surgieron casas de alta calidad modernista en Vallecito, en la Estación, IV Centenario, Siglo XX, Goyeneche, Alameda Parra, Yanahuara y en el mismo centro, todo lo cual reflejaba que Arequipa tuvo un esplendor de “belle époque”, que está registrada en las imágenes de los grandes maestros locales de la fotografía.

Lamentablemente gran parte de estas edificaciones se han perdido o están en proceso de deformación o demolición. Pero como testimonios de esta época ahí están todavía el mercado San Camilo, la Casa Muñoz Nájar, El Ateneo, el Teatro Municipal, el Complejo Chaves de la Rosa, el hospital Goyeneche, el puente Bolívar, y algunos otros edificios esperando su restauración y un uso digno.

Es verdad que hasta los años sesenta la profesión de arquitecto era poco visible en el Perú, sin embargo, el oficio de la arquitectura y del urbanismo no estaban ausentes en Arequipa, principalmente desde los años 40’s, cuando se realizaron obras emblemáticas a raíz del IV Centenario, donde dejaron su sello Emilio Hart Terré, Héctor Velarde y Alberto de Rivero en el Primer Plan de Desarrollo Urbano. Más tarde también estaría por aquí Carlos Williams con nuestro paisano Adolfo Córdova Valdivia el año 47, con la primera expresión de arquitectura contemporánea en Arequipa, el primer pabellón corbusiano del Club Internacional en Semanat, luego en los 50‘s se levantaría otro edificio corbusiano: el Hospital del Empleado de Ricardo Malachowski. Pero es a inicios de los 60‘s, luego de los terremotos del 58 y 60, que los arquitectos arequipeños, los pocos que aquí estaban, dieron ejemplo de un depurado oficio en todos los campos del desarrollo urbano, como fue el caso de Luis Felipe Calle, trabajando al lado del entonces poco conocido y hoy célebre John Turner, rehabilitando en Tiabaya las viviendas dañadas bajo el sistema de ayuda mutua, experiencia de autoconstrucción que le sirvió al inglés Turner para difundirla internacionalmente.

Luego, Gonzalo Olivares Rey de Castro proyectaría las galerías Mercaderes, Gamesa, rescatando los conceptos espaciales de zaguanes y patios arequipeños; por entonces la galería comercial más bella del Perú, también expresión depurada del racionalismo contemporáneo. Precisamente, Olivares y Calle, junto al ingeniero Eduardo Bedoya Forga, por este tiempo, ponen en valor el Monasterio de Santa Catalina descubriendo para el mundo esta extraordinaria obra, el más bello ejemplo de arquitectura vernacular en el Perú y admirada por los más famosos arquitectos del mundo, como Álvaro Siza, que al recorrerla manifestó que fue la mejor lección de arquitectura que tuvo.

Por la misma época, también Gonzalo Olivares, junto a Alberto Aranzaens Murillo, proyectarían el Pabellón Nicholson, emblemático ejemplo de arquitectura escolar contemporánea. Y nuevamente volvimos a contar con el aporte de Adolfo Córdova en el mayor programa de renovación urbana con fines de vivienda realizada en Arequipa, la primera etapa del proyecto de Nicolás de Piérola, en la misma saga de los complejos racionalistas de Santiago Agurto Calvo en Matute y de Enrique Ciriani en San Felipe, en Lima.

Ya para entonces había aumentado el número de arquitectos locales, algunos que venían de otros países y otras experiencias y la institución que nos alberga, ya era una realidad, pequeña pero más consolidada; y en ello debemos reconocer por supuesto el importantísimo papel fundacional de Gonzalo Olivares Rey de Castro, y también recordar a Hugo Ruiz de Somocurcio, no sólo fundador del CAP Arequipa, sino también autor de varios proyectos de calidad como el conjunto habitacional El Bosque, junto a su hermano y notable arquitecto Gustavo Ruiz de Somocurcio, quien trabajó muchos años en Francia, y con quien compartimos la experiencia del Plan del Centro Histórico de Lima.

También recordamos a René Uría Arrisueño, presidente en los 80‘s de la Junta del CAP Arequipa, a quien debemos el mérito de contar con nuestro local; y también a Wilfredo Andrade, quien realizó junto al colega Jesús Olivares, el primer Plan Director de Arequipa en 1980; está también en nuestra memoria la gestión destacada de Edgardo Ramírez Chirinos al frente del CAP y de la Facultad de Arquitectura; y recordamos también a Ciro Rojas Tupayachi, gracias a cuyo esfuerzo se modificó, para mejor, el puente Chilina. A todos ellos nuestro recuerdo y gratitud.

Constatando que todos esos esfuerzos individuales y colectivos realizados por colegas para consolidar Arequipa como un buen lugar para vivir, que merecen ser continuados y confirmando que esta ciudad también es una enciclopedia abierta en el aprendizaje de nuestra profesión y en opinión de muchos y reconocidos arquitectos peruanos y extranjeros, es la más bella ciudad del Perú; todo ello, nos compromete en redoblar esfuerzos en nuestro oficio a fin de conservarla y protegerla como dignos herederos de su invalorable patrimonio cultural.

Y eso es también una gran responsabilidad. Por ello, nos preocupa mucho y nos sentimos impotentes, ver como la ciudad crece sin planificación, con invasiones y “habilitaciones” desmembradas de cualquier estructura que otorgue racionalidad al desarrollo urbano, en una expansión sin límites, ocupando áreas que deberían estar protegidas. Lamentamos por ello, la pérdida de gran parte de nuestro patrimonio en el Centro Histórico, con la degradación comercial de los mercadillos que han derruido el interior de muchas manzanas de gran valor urbanístico en el entorno del mercado San Camilo y cómo los extraordinarios ejemplos del modernismo han ido desapareciendo en las avenidas Parra, Jorge Chávez, Goyeneche, Ejército, Siglo XX, en el balneario de Tingo y otros. Nos indigna también la depredación de grandes áreas de la campiña y la forma agresiva y hasta delictiva como se viene ocupando áreas paisajísticas en las riberas del río Chili.

Del mismo modo tenemos que indignarnos por la ocupación informal, ilegal, e incluso mercantil que se ha venido haciendo sobre los espacios ecológicos, vertebrales de la ciudad, como son los cauces de las torrenteras. Y es parte mayúscula de nuestra indignación la forma indolente y muchas veces cómplice con estos delitos eco-culturales de gran parte de nuestras autoridades.

Nos preocupa y compartimos la irritación de los ciudadanos de Arequipa frente al caos vehicular, y que pese al tiempo transcurrido y al gasto público efectuado, no contemos hasta el presente con un plan integral de estructuración vial y de transporte consensuado; y manifestar nuestra extrañeza por la pretensión de las autoridades de ejecutar “proyectos” arbitrarios de túneles y pasos a desnivel, sin conexión con un plan racional de vías y usos. 

Frente a esta grave situación, y que pone en riesgo el desarrollo sostenible de Arequipa, finalmente queremos aprovechar la ocasión, solicitando a nuestro Consejo Regional para que exhorte a nuestras autoridades para que se formule un plan de contingencia, con una agenda de proyectos de emergencia entre los cuales podrían estar:

•             Un plan de interpolación de Arequipa-La Joya, con un enfoque de ordenamiento territorial básico para paralizar la habilitación anárquica del suelo que se viene haciendo en La Joya y potencializarla como una ciudad satélite de Arequipa.

•             Un plan de manejo y protección de la cuenca urbana y riberas del río Chili y su reglamentación, pero ya, de acuerdo a la recomendación que hizo la Misión de Monitoreo de Unesco hace diez años, cosa que nunca se hizo.

•             Una identificación, registro y mapeo de áreas de valor urbanas, con una zonificación que defina sus características, como son rezagos de pueblos tradicionales, canteras de sillar, canales, manantes, andenes, arqueología, paisaje, eventos históricos, rutas, flora y fauna, museos, monumentos, y otros.

•             Un plan y programas de recuperación ecológica de torrenteras con el propósito de habilitarlos como espacios públicos de integración barrial o interdistrital; siguiendo la ruta del esfuerzo desplegado por el colega Carlos Zeballos en el Proyecto de Costuras Urbanas.

•             Continuar con los programas de renovación urbana en el Centro Histórico, principalmente en la recuperación de zonas tugurizadas, como la Casa Rosada y otras en el entorno del mercado San Camilo.

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La consulta vecinal fue convocada por los gobiernos municipales de los distritos de Cocachacra, Islay-Matarani, Mollendo, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Mejía. Las autoridades de entonces emitieron una Ordenanza Municipal para convocar a la consulta que contó con la participación de los Jurados Especiales de Elecciones. El 27 de septiembre de 2009 más del 90% de la población que participó de la consulta se manifestó en contra del proyecto minero.  Aunque una mitad de pobladores no asistió a votar, la consulta cumplió con todas las formalidades del caso.

Ya en 2018, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mandó a realizar un estudio en la zona, pero no reveló hasta hoy los resultados, que contradicen sus decisiones recientes.

Lo que sí se difundió es que, en setiembre de 2018, la empresa Southern Perú, que impulsa el proyecto, encargó un sondeo en la provincia de Islay a la empresa Ipsos. Según esas encuestas, que difundió la empresa, de un 75% de la población que afirmaba estar informado, el 71% pensaba que el proyecto sería beneficioso. Solo un 16% opinaba que no se debían usar los recursos generados por la mina.

A nivel nacional

Casi un año después, el panorama es muy distinto. La misma empresa Ipsos, por encargo del diario El Comercio, da a conocer que esa percepción ha cambiado. Aunque el ámbito del sondeo es distinto y, como es usual, la forma en que está hecha la pregunta podría variar los resultados, lo real es que se registra otra percepción sobre Tía María.

Según el sondeo realizado entre el 14 y el 16 de agosto, a nivel nacional, un 54% está parcial o definitivamente en contra del proyecto Tía María. La razón principal es que no creen que el gobierno pueda vigilar que no se cause daño ambiental por la actividad minera.

En estas encuestas, los que están a favor son 43% y su razón principal es la posibilidad de que se genere empleo y crecimiento.

¿Pero qué dicen las encuestas en el lugar donde se ubica el proyecto?

Según la encuesta de Ipsos de hace dos días, en la región Sur la oposición a Tía María alcanza el 63%. No hay resultados a nivel de la Región Arequipa ni en la provincia de Islay.

Pero la encuesta del MINEM, en el área de impacto directo del proyecto minero, esto es el Valle de Tambo, ya adelantaba estos resultados. El sondeo denominado «Estudio de clima social y percepción sobre la futura actividad minera en el Valle de Tambo – Proyecto Tía María» estuvo a cargo de docentes de las universidades Católica San Pablo y Católica Santa María; y se hizo en Mejía, Punta de Bombón, Cocachacra y Deán Valdivia. Los resultados fueron difundidos públicamente, recién este domingo, por el diario La República.

El 70% de los encuestados en el Valle de Tambo estimó que la minería formal (léase Tía María) obstaculizaría el desarrollo en la provincia. Solo el 24% pensaba que la minería sería inocua. Al ser preguntados por el motivo principal de ese rechazo, el 76% respondió que era por la contaminación.

A la pregunta sobre qué debería ocurrir para que vean con buenos ojos la actividad minera, el 31% respondió que no cambiará de opinión; un 19% opinó que deberían elegir otro lugar que no fuera el valle; y un 6% consideró cambiar de opinión solo si tenían la certeza que no habría contaminación.

En resumen, el MINEM conocía con certeza que no había condiciones para dar paso a la licencia de construcción del proyecto Tía María, Menos aún se puede explicar el por qué apresuró trámites e, incluso sin haberse resuelto las observaciones técnicas de sus propios funcionarios, dio el pase.

Por su parte, Southern Perú, que también conocía estos resultados, mantuvo el discurso que se trataba de un grupo reducido de violentistas o activistas políticos, con otros intereses.

Sin licencia social

A esta encuesta hay que sumar otra que mandó realizar el Gobierno Regional de Arequipa durante la gestión de Yamila Osorio, en 2015 y que concluía en un rechazo tajante al proyecto; además de los daños emocionales e institucionales que provocó en la población el intento de imponerlo en ese año. Aquí se puede revisar las conclusiones del estudio realizado por la ING Labor, a la que no se puede calificar de «antiminera» precisamente.

Volviendo al 2018, la clamorosa diferencia entre los resultados de Ipsos que encargó Southern (setiembre) y el de los investigadores de universidades locales (noviembre), se explicaría en la diferencia del ámbito del estudio. La primera se hizo a nivel provincial. El mayor peso poblacional de la ciudad de Mollendo, donde existe mayor expectativa por los beneficios de la actividad minera, habría sido determinante en aquel momento.

Lo que, en cambio, ignoró el MINEM, en su afán de promover la inversión minera, es que en el valle de Tambo, sector directamente afectado en 10 años de conflicto, el rechazo no ha disminuido significativamente desde aquella abrumadora mayoría que se manifestó en la consulta del año 2009.

El apremio por evitar que el Estudio de Impacto Ambiental caduque, habría llevado al MINEM a otorgar una licencia de construcción, a sabiendas de que no existía la llamada «licencia social», cuya importancia ha reivindicado el presidente Martín Vizcarra. ¿Qué explicación podrá dar a esto el ministro Francisco Ísmodes?

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La cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, para la aprobación de 6 proyectos de ley, inscritos en la reforma política que impulsa, le devolvió a Martín Vizcarra los puntos de popularidad que había perdido por inacción. Y como en un sube y baja, le quitó otro tanto al Congreso de la República. Un 78% de peruanos se manifestó, antes de su aprobación, a favor del cierre del Parlamento, si no aprobaba las reformas. Y ahora un 58% lamenta que no se haya negado la confianza para poder proceder al cierre de este Congreso.

Propuestas por un grupo de notables, y expresadas en 12 proyectos de ley de los que solo subsisten la mitad, la reforma política es aún un conjunto de buenos deseos sobre los que hay mucho que discutir, pero la resistencia de la mayor parte de la clase política, expresada simbólicamente en la composición del Congreso, los convierte en cuestiones cruciales. La imposibilidad de postular si se tiene una condena en primera instancia, la obligatoriedad de elecciones primarias abiertas en los partidos, o la paridad de género y alternancia forzada en las listas al Congreso; son disquisiciones que podrían llevarnos al infinito, en cada uno de sus bemoles.

Otros proyectos con mayor consenso son la insistencia en modificar la inmunidad congresal, y la mayor rigurosidad en la rendición de cuentas de las finanzas partidarias. Aun así, resulta obvio que los proyectos y los acotados tiempos en que se elaboraron, son susceptibles de mejoras y pasibles de mayor debate. El factor que las hace urgentes es el obstruccionismo y el desprestigio del actual Congreso. En una palabra: la desconfianza que los protagonistas de la política actual suscitan.

Por eso, el cierre del Congreso es tolerable y Vizcarra ha recuperado su popularidad, por haber encarado con firmeza a una composición congresal que ya hace agua.

Lava Jato y sus protagonistas

Mientras desde Brasil llegaban inquietantes noticias sobre un supuesto mal comportamiento de los fiscales y jueces del Lava Jato carioca, madre de la corrupción que se extendió a varios países, en el Perú se consiguió homologar el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Así, el equipo especial de fiscales del caso, tiene el pase para continuar elaborando sus casos en base a las delaciones y la cooperación del gigante brasileño. Aunque aún hay sectores interesados que se resisten a él, con el paso de los días se ha demostrado la eficacia del acuerdo y su pertinencia.

Pero antes de eso, una acogida sin precedentes a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, al juez Concepción Carhuancho y al periodista Gustavo Gorriti, dio cuenta que, por lo menos Arequipa, permanece firme en el respaldo a los procesos que lleva el equipo especial y al periodismo que develó los grandes casos de corrupción. Presentes en el foro El Caso Lava Jato y la Reforma del Poder Judicial, organizado por la UNSA, los mencionados recibieron el respaldo e incluso la ovación del público arequipeño.

Involucrados, ya sin remedio, los 4 últimos mandatarios del Perú, los dos últimos alcaldes de Lima, al menos dos presidentes regionales y multitud de políticos; su trabajo tiene el respaldo de las verdades indiscutibles, finalmente reveladas. UN nuevo proceso de extradición para el expresidente Alejandro Toledo, el inicio de juicio para Ollanta Humala y nadine Heredia, la finalización del caso de Susana Villarán, así como la renovada resistencia de los actores involucrados en las investigaciones, para con estos fiscales y jueces, da cuenta de los avances.

Junta Nacional de Justicia

El otro gran caso de corrupción, alrededor del caso Lava Juez, está en una nueva etapa, no menos polémico. La desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura, para dar paso a la Junta Nacional de Justicia, no es un trance fácil.

Por lo pronto, solo 3 aspirantes a integrar la JNJ, de más de un ciento, logró aprobar el examen de conocimientos. Conocidos los resultados, el aspirante que obtuvo el primer lugar en puntaje, resultó ser un troll fujimorista, muy activo y agresivo en las redes sociales. nadie se explica aún cómo pudo obtener el máximo puntaje, por encima de reconocidos juristas, una persona de fácil reacción hacia el insulto. Pero la comisión ha decidido respetar ese resultado.

Este lunes se llevaría a cabo la entrevista personal y, de ser ratificada su habilitación, estos tres serían nombrados miembros de la JNJ. No obstante, aún se necesita otros 4 miembros más. Aún no se sabe cómo se procederá al nombramiento de los faltantes; si se convocará a un nuevo concurso o no. Lo que sí es seguro, es que sus resultados y el procedimiento serán objeto de críticas, de uno u otro sector. Como siempre.

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Los agricultores y autoridades del valle de Tambo que lideraron el 2015 la protesta en rechazo a la minera Southern y su proyecto Tía María, serán juzgados el próximo 16 de julio. El proceso ingresará a su etapa final en un contexto en el que un sector de la población ha retomado las protestas contra la empresa. La tensión podría ir en aumento pues todo indica que la minera está próxima a obtener el permiso que le faltaba para operar en la zona.

Son 15 los dirigentes que serán llevados a juicio oral por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Arequipa. Se les acusa de asociación ilícita para delinquir, disturbios y extorsión en agravio del Estado y de la minera Southern. La tesis del Ministerio Público es que ellos integraron una organización criminal que usó de fachada la defensa del medio ambiente para obtener ventajas económicas de ambos afectados.

Las protestas se reactivaron las últimas semanas, pues Southern está a punto de obtener el permiso para construir su planta de beneficio, en Islay. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) realizó 14 observaciones a la documentación que presentó la minera y le otorgó 20 días para subsanarlas, tarea que cumplió sin inconvenientes, según confirmó el ministro Francisco Ísmodes durante su visita a Arequipa, el pasado 31 de mayo. El plazo para que la empresa consiga su licencia de construcción vence el 1 de agosto, pero el ministro de Economía, Carlos Oliva, ya adelantó que dará luz verde al proyecto.  

Tesis fiscal

Los imputados consideran que existe una persecución en su contra impulsada por Southern y el Gobierno. Para ellos no es coincidencia que este juicio se realice precisamente cuando está por vencer el plazo para que la  minera consiga la licencia de construcción.

Uno de los procesados es el actual presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, para quien la fiscalía ha pedido 20 años y 6 meses de cárcel. “Han embargado mi casa y mis chacras. Está totalmente claro que hay presión política detrás y que buscan amedrentarnos. Tenemos un derecho a protestar cuando no estamos de acuerdo. De alguna forma quieren que el pueblo no reclame por la decisión que está tomando el Gobierno”, dijo en conversación con Ojo-Publico.com.

En la lista también aparece el expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, quien fue grabado negociando el levantamiento de la huelga con el abogado de la empresa, Jesús Gómez Urquizo, a cambio de S/ 1,5 millones. Estos audios son el principal argumento fiscal para sostener que existió una organización criminal, y han ocasionado que ambos personajes sean procesados por tentativa de extorsión en agravio de Southern.

Dirigentes del valle de Tambo organizaban protestas

La acusación fiscal, a la que tuvo acceso Ojo-Publico.com, sostiene que los dirigentes del valle de Tambo tenían una unidad de ataque denominada los “espartambos”, hombres encargados de atacar a la policía con piedras, hondas o huaracas. Fue durante uno de estos enfrentamientos que perdió la vida el suboficial Sergio Erwin Vásquez Pérez.

Se indica, además, que el grupo encargado de organizar las protestas estuvo conformado por los entonces alcaldes Helar Valencia (Cocachacra), José Ramos Carrera (Punta de Bombón) y Richard Ale Cruz (Islay), quienes recibieron ayuda de los ciudadanos Juan Meza Igme, Julio Cornejo, César Juárez Bernedo y Esteban Pareja Prado.

La fiscalía identifica como financistas de estas operaciones a Víctor Zeballos Ortiz y Miguel Colquehuanca Mamani, quienes aportaban dinero, alimentos y movilidad, “además de contar con aportes que entregaban empresarios bajo intimidación”, se indica en el expediente. Por último, se precisa que el brazo legal de la organización es el abogado Héctor Herrera Herrera, quien se encargó de llevar adelante la defensa de los denunciados.

Herrera dice que lo sindican por ejercer su trabajo: defender a los pobladores que fueron detenidos durante las manifestaciones. “La investigación llegó a esta etapa del juicio porque el Gobierno pretende impulsar el proyecto a cualquier costo. Sin embargo, la población aún mantiene un fuerte rechazo a la minera”, agregó en diálogo con este medio.

Otra de las líderes agrocultoras que fue denunciada hasta en ocho oportunidades es Mary Luzmila Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía-Mollendo. “Han venido a mi casa, a mi negocio, a mi chacra pero todo he demostrado. Lamentablemente los dirigentes tuvieron que acordar no formar más frentes de defensa para evitar presiones de este tipo. Sin embargo, la población se está auto convocando para seguir defendiendo el valle”, añadió.

Caso podría sentar precedente

La fiscal a cargo del caso, María Alejandra Cárdenas, sostiene que en el transcurso de la investigación se corroboró el incremento patrimonial de algunos de sus dirigentes. “Durante la protesta se alteró el Estado de derecho y las personas no podían transitar libremente. Considero que era necesario adoptar medidas urgentes en resguardo de la población y creo que este caso podría sentar un precedente respecto a de lo que son los límites del derecho de la protesta”, señaló.

Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en la región, Ángel María Manrique, asegura que los procesos judiciales marchan en función a los plazos establecidos y no por presiones externas. Sin embargo, consideró necesario que el Gobierno tome medidas preventivas para que no se produzcan nuevos hechos de violencia en el valle.

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Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, el juez Richard Concepción Carhuancho y los periodistas Gustavo Gorriti y Graciela Villasis, fueron ovacionados por el público asistente, en cada expresión que se refería a la lucha anticorrupción y los hechos que el país ha presenciado en los últimos meses, teniéndolos como protagonistas.

Así, muchos recordaban los momentos clave de la intervención de estos jueces y fiscales, en las prisiones preventivas de las figuras más importantes de la política nacional, así como los empresarios del llamado Club de la Construcción.

El público se emocionaba por momentos y espontáneamente coreaba frases como «sí, se puede» y «Carhuancho, sácales el ancho». Otra reacción notable se dio cuando un exmilitante aprista y operador de las mineras locales, intentó interrumpir la exposición de Gustavo Gorriti, director de IDL reporteros, medio digital que reveló el caso llamado Lava Juez. De allí surge la expresión atribuida a los magistrados involucrados como «los hermanitos». El público lo abucheó y lo echó del auditorio.

«No nos van a amedrentar. Estamos en Arequipa.. en Arequipa nadie se chupa», dijo por toda respuesta Gorriti y el auditorio estalló en aplausos. La amenaza de la presencia de un grupo de defensores del fujimorismo y del fiscal Pedro Chávarry, que suelen protestar en Lima, no se concretó

Gorriti continuó con un recuento, realizado en conjunto con la periodista Graciela Villasis, sobre cómo se lograron las revelaciones relacionadas a Lava Jato que se publicaron en los meses recientes. Amenazas, hostigamiento, dificultades para la investigación y presiones, fueron expuestas.

Villasis reiteró su rechazo a las imputaciones sobre una supuesta orientación política en las publicaciones. Mostró la diversidad de casos tratados por la prensa, que involucran a actores de todo el espectro político e incluyen a grandes empresarios.

Aquí un fragmento de esta parte:

«Necesitamos el respaldo de la sociedad para perseguir el delito»

La intervención de los fiscales del equipo especial, Rafael Vela y José Domingo Pérez, se dio en medio de aplausos. Impecablemente vestidos, los fiscales fueron interrumpidos en varias ocasiones para mostrar respaldo. Al final de su intervención se escuchó corear a la mayoría de participantes el ya conocido «sí se puede».

La alusión a su condición de arequipeño, en el caso de José Domingo Pérez, generó nuevas reacciones del público presente. La vehemencia en su discurso y su apasionamiento al hablar de su labor, caracterizó su intervención. En tanto, el jefe del equipo, Rafael Vela, esbozó un discurso más reflexivo, reconociendo reiteradamente la entrega del grupo de fiscales que lo integran, así como su integridad.

Vela explicó que el nuevo concepto en la acción de la justicia frente a delitos cada vez más sofisticados, es la alianza con la sociedad civil para enfrentar a grandes criminales. Señaló que los delitos que persiguen tienen que ver con grupos organizados con conexiones con el poder político, con medios de comunicación e incluso con instituciones, además de contar con equipos completos de abogados del más alto nivel.

«El fiscal, solo, debe enfrentar a un equipo de 10 abogados, del más alto nivel, porque las organizaciones criminales tienen recursos», dijo.

Rafael Vela, fiscal jefe del equipo especial del caso Lava Jato

Entonces habló de «la licencia social para la investigación» que deben obtener los jueces y fiscales, para ser respaldados por la ciudadanía. Y eso implica que el ciudadano esté bien informado. Lo que, a su vez, implica que los fiscales se comuniquen con la población y que existan medios de comunicación responsables. Resaltó aquí la función que ha cumplido el periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción.

Luego, defendió la legalidad de su actuación. Sobre la prisión preventiva, por ejemplo, dijo que sólo hay 22 procesados con esta medida restrictiva, de un total de 436 investigados por su equipo, lo que desmiente que exista abuso de este mecanismo.

También señaló que no hay parcialidad o inclinación en las investigaciones, ya que todos los implicados han recibido el mismo trato. En este punto anunció que este lunes presentarán un tercer pedido de extradición para el expresidente Alejandro Toledo. Nuevas delaciones de Joseph Maimann, ofrecieron respaldo suficiente para solicitarla.

También se refirió al fiscal supremo Pedro Chávarry, quien los destituyó el 31 de diciembre pasado, pero gracias a la presión de la calle, fueron restituidos. «Nos declaramos en rebeldía», dijo.

«Soy un fiscal»

Pese a que anunció que no daría motivos para que traten de descalificarlo, el fiscal arequipeño, José Domingo Pérez, dio el discurso más vibrante. Lamentó que por haber dicho, como la mayoría de peruanos, que el actual Congreso no lo representa, lo quieran satanizar.

«No soy político, soy un simple fiscal, pero tengo derecho constitucional a la libertad de expresión»

José Domingo Pérez, fiscal.

«Pero cómo hacer entender al ciudadano que la labor del fiscal no solo implica conocer la ley, sino tener el coraje para aplicarla», señaló. Añadió que el porcentaje de conocimientos que se requiere es menor a la voluntad de investigar que se requiere para su labor.

En este punto señaló, figurativamente, que es objeto de intimidación, hostigamiento en redes y amenazas; que las organizaciones criminales buscan a testigos y colaboradores para hacerlos cambiar de versión y torcer las investigaciones; que se debe enfrentar el abuso de poder de ciertos padres de la patria: que se necesita valor para enfrentar las informaciones falsas que buscan mellar la imagen de los fiscales. Y que se necesita un 100% de valor para enfrentar a las interferencias de un fiscal de la nación (en alusión a Pedro Chávarry).

Añadió que también se requiere conocimiento para saber «que la coima de millones de dólares no se deposita a nombre del corrupto, que no se regalan millones de dólares en una campaña sin pactar favores» 

Alertó sobre el hecho que los «cuellos blancos» siguen presentes en las instituciones judiciales y que la campaña contra la colaboración eficaz persigue la impunidad.

«¿Quién podría negar las ventajas de la colaboración eficaz o la delación premiada? El cómplice del crimen, el compinche que no quiere que lo delaten»

José Domingo Pérez, fiscal del equipo Lava Jato

Aquí se puede apreciar sus intervenciones al final del video. Las imágenes registradas por el sitio Legis.pe comprenden desde el inicio del evento.

El humor de Carhuancho

Cuando hacía su discreto ingreso al auditorio, el público que lo reconoció comenzó a aplaudir. Su figura menuda y su actitud sencilla no paasó desapercibida. El juez Richard Concepción Carhuancho es recordado por sus resoluciones que enviaron a prisión a Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, grandes empresarios constructores, entre otros.

Sin mucha gestualidad o grandilocuencia, encontró el espacio para hacer varias bromas que hicieron reír al público presente. Aunque todos los ponentes fueron aplaudidos, Carhuancho y Pérez recibieron verdaderas ovaciones.

El juez expresó su esperanza en un cambio del rostro de la justicia, en base a una nueva generación de jueces y fiscales que está enfrentando los casos más grandes de corrupción.

«Se respiran nuevos aires», dijo al tiempo de destacar la labor de las fiscales del Callao que denunciaron los casos de los Cuellos Blancos del Puerto. Sandra Castro y Rocío Sanchez fueron objeto de muchas presiones, señaló.

También denunció la existencia de “tribus” enquistadas en las instituciones judiciales. «Grupos que generan impunidad en función de sus intereses. La corrupción expandida recluta a operadores de justicia para sus fines», señaló.

Por último llamó la atención por la falta de preparación de muchos magistrados. Así, la defensa de los acusados por corrupción, mejor preparada, muchas veces desbaratan las decisiones judiciales.

Finalmente, la mesa redonda moderada por Rafael Vela, concluyó en la importancia del acompañamiento de la sociedad civil a la tarea de jueces y fiscales que tienen en sus manos los casos de corrupción. También sobre el papel que cumple el periodismo de investigación, dando soporte, pero también criticando el desempeño judicial.

Y del compromiso de colectivos de la sociedad civil con la tarea de cambiar el país, tales como el colectivo juvenil «No soy corrupto», integrado por estudiantes de Derecho de la UNSA, quienes organizaron este foro, entre quienes podría encontrarse también nuevos jueces y fiscales con esta mentalidad.

Al cerrar el evento, José Domingo Pérez expresó: «No Soy Corrupto», recibiendo una ovación general.

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La empresa Southern Perú, concesionaria de Tía María, está a la espera de la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para construir su planta de beneficio. La minera aseguró que las 14 observaciones advertidas en su solicitud de concesión fueron levantadas. Esto lo confirmó el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, quien además dijo que la licencia estaba en trámite.

Sin embargo, estas observaciones no han sido difundidas. El ingeniero geólogo Otto Hito Urquizo, vecino del valle de Tambo, solicitó la información y revisó los documentos que presentó Southern Perú al Ministerio de Energía y Minas para subsanar las observaciones. Lo que encontró, según asegura, no es posible de ser aprobado, pues contradice su propio Estudio de Impacto Ambiental.

Otto Hito hizo hincapié en tres aspectos: la desalinización del mar, el balance del agua y el balance metalúrgico. En su opinión, la minera emplea índices o valores irreales que no están contenidos o son diferentes a los del EIA.

¿Cuáles son estas observaciones?

Para reactivar su proyecto, Southern Perú solicitó ante el MEM autorización para la construcción de su planta de beneficio. El MEM, a través de la Dirección Técnica Minera, responde a la minera que debe subsanar 14 observaciones realizadas a su solicitud. La notificación se expide el 3 de octubre de 2018 y le concede 20 días hábiles para contestar.

A continuación el documento en el que se detallan las observaciones.

Informe 281 Southern Perú Copper Corporation by El Búho pe on Scribd

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2018, Southern Perú envía un nuevo documento levantando las observaciones.

De acuerdo al análisis del ingeniero geólogo, que hizo llegar al MEM, la empresa no habría levantado técnicamente las observaciones. Hito Urquizo sostiene que, según la documentación subsistente, la toma de agua no se haría en el mar, sino de acuíferos del subsuelo que pertenecen a la cuenca del Tambo. Así pues, la desalinización del agua sería relativa.

“La minera tomará agua de pozos instalados en el suelo, a 2.50 metros de profundidad. En esta zona hay agua dulce que se encuentra entre 2 y 3.5 metros debajo del suelo, antes de mezclarse con el mar”, asegura Otto Hito.

La segunda observación que realizó Hito es acerca del balance de agua. La minera sostiene que 3 millones 442 mil mm/año se evaporarán, por lo que no tendría efluentes o desperdicios líquidos. “En el balance de agua, se está considerando consumos por evaporación que no corresponden a la realidad. Emplean una evapotranspiración de 3,825.2 mm/año, cuando a lo mucho será de 870.917 mm/año”, explica.

Agrega que existirían 2 millones 800 mil mm/año en exceso, que sería agua sucia y que probablemente irían a pozas que luego se filtrarían al suelo, al no considerarse una geomembrana.

Tía María no garantiza el cobre

Lo más resaltante, según Otto Hito, es que Southern Perú no extraería el cobre que declara en sus estudios.   

“El balance metalúrgico, donde el MEM le pide el volumen o tonelaje que va a tratar por día. Tratando 100 mil toneladas por día debería sacar 120 mil toneladas de cátodo de cobro anual, esas son las metas del proyecto. Pero al hacer los cálculos del balance metalúrgico solamente sacarían 95 mil teniendo un déficit de 25 mil, entonces no tendría el cobre que dice tener”.

Lo concreto es que Otto Ito presentó sus observaciones al Ministerio de Energía y Minas para que revisen los documentos ofrecidos por la minera y sus estudios. A lo que el MINEM le responde que debe acreditar el interés legítimo y que el escrito sea también notificado a la minera.

Aquí la respuesta del Ministerio de Energía y Minas al ingeniero Otto Hito.

Cámara de comercio se pronuncia

De otro lado, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), a través de su presidente, Jessica Rodríguez, se pronunció. La representante de los empresarios estimó que el gobierno debe conceder la licencia a Southern para que el proyecto se ponga en marcha.

Según dijo, la dilación de este trámite, estaría retrasando el desarrollo de esa provincia de Arequipa y de la región en general. También alerta sobre el mensaje negativo que esta demora envía a los inversiones interesados en venir a la región.

Juicio a dirigentes

De otro lado, la Sala Penal Especial determinó que el exdirigente Pepe Julio Gutiérrez y el abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo, sean procesados por los llamados “pepeaudios”. En estas grabaciones, el expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo le estaría solicitando al entonces asesor de Southern, un millón y medio de dólares para frenar las protestas.

La fiscalía de Crimen Organizado sustentó que hubo tentativa de extorsión en agravio de Southern por este hecho. En primera instancia se determinó que no serían procesados dado que la minera negó la extorsión. No obstante, la Sala ha decidido que vayan a juicio el próximo 16 de julio.

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Pero ¿Cómo votaron los congresistas por Arequipa? En el caso la congresista por Fuerza Popular Alejandra Aramayo, su voto fue a favor del voto de confianza al gabinete. Con ello contradice la mayor parte de discursos críticos y en contra de la medida tomada por el Gobierno, por parte de su bancada.

Entre las intervenciones de la congresista durante el debate, indicó que había colegas de la izquierda que “no merecían ser escuchados”.

Los parlamentarios Sergio Dávila y Ana María Choquehuanca votaron a favor de la cuestión de confianza. Un voto que era previsible, dado que ambos pertenecen a la bancada de Peruanos Por el Kambio, partido del oficialismo.

El congresista de Acción Popular, Miguel Román, también voto a favor de dar la confianza al gabinete de Del Solar. Con ello expone su apoyo a las reformas, y también rechazar la posibilidad que se disolviera el Parlamento.

En contra de cuestión de confianza

Por su parte, el parlamentario Justiniano Apaza del Frente Amplio votó en contra de la cuestión de confianza. Como ya se había adelantado, su motivación no fue porque desaprobara al gabinete en pleno, sino porque indicó que la mayoría del Parlamento era obstruccionista y merecía ser disuelto.

Durante una de sus intervenciones en el debate, indicó que la crisis política se ha generado por el enfrentamiento de dos poderes. Señaló que Fuerza Popular utiliza su poder “para blindar a corruptos”. Por consecuencia, todo el Congreso es desaprobado.

Igualmente, el parlamentario Horacio Zeballos Patrón decidió votar en contra de la cuestión de confianza. Su decisión también se basó en lo decidido por su bancada, de adelantar que su voto sería en contra, ya que afirmaron que el Parlamento estaba tomado por el fujiaprismo.

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