La titular de la oficina de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional, Giovanna Manchego, se mostró de acuerdo con que el Consejo Regional aprobara por unanimidad el pedido de modificación de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Nº 29151, pues la consideran injusta porque los ingresos producto de una venta de terrenos, son reducidos para la región.

“Esta ley consiste en una distribución económica para diferentes entes del Estado. Nosotros queremos que sea más equitativa. Para los procedimientos de subasta pública y venta directa; el 70% va al Tesoro Público, el 15% para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y el otro 15% para el Gobierno Regional”, declaró.

“Los procedimientos de subasta pública y venta directa demoran de diez meses a un año”, continuó.  Manchego aseguró que junto a la demora del proceso, la retribución que recibe el Gobierno Regional no es beneficiosa.

Comentó que, si bien se ha recibido transferencia de funciones con motivo de la descentralización, que permite a la autoridad regional administrar los bienes del Estado, “no hemos recibido transferencia presupuestal y la implementación de todas las acciones para los actos de disposición y administración de los terrenos”, apuntó.

Explicó que esta medida legislativa busca que el Gobierno Regional pueda implementar mejor las áreas técnicas con las que cuenta. “Hasta la fecha, tenemos una venta (de terreno) concluida y una con opinión técnica favorable”, manifestó. En los tres años de gestión sólo se han realizado dos ventas de predios, expresó. Estos impedimentos legales perjudican y acortan los ingresos que debería tener el GRA.

Para conocer la problemática, in situ, del hacinamiento que está generando el internamiento permanente, por mandato judicial, de pacientes con enfermedades mentales que han cometido algún delito; el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Eloy Zamalloa Campero, visitó las instalaciones de psiquiatría del hospital Honorio Delgado Espinoza. Allí se encuentran internadas 12 personas que fueron declaradas inimputables y sentenciadas, en procesos de seguridad, a penas de internamiento que deben cumplir en establecimientos de salud mental.

Esta visita permitió conocer la falta de capacidad hospitalaria que existe en Arequipa para casos de esta naturaleza y la delicada tarea que corresponde a los operadores de justicia y a las entidades estatales, de implementar un Instituto de Salud Mental, en el que puedan ser recluidas estas personas que representan, igualmente, un peligro para la sociedad, pero que no pueden ir a un establecimiento carcelario común.

Los informes técnicos de los galenos encargados del área de Psiquiatría revelan que existen varios pacientes que están clínicamente rehabilitados y, por tanto, están en condiciones de regresar a sus hogares. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas han cometido violaciones sexuales y, en uno de los casos, homicidio, por lo que hay otras consideraciones a tomar en cuenta.

Sin embargo, será el juez, quien luego de reevaluar los informes periciales y considerar la posición del Ministerio Público, podrá determinar finalmente la viabilidad de la adecuación de la pena y de esta manera variar la ejecución del tratamiento que podrían ser terapias ambulatorias.

Mientras se asumen acciones concretas para solucionar este problema, el gerente regional de Salud, Gustavo Rondón Fudinaga, se comprometió a potenciar el área de Salud Mental del Honorio Delgado Espinoza con la finalidad de continuar recibiendo a inimputables que envía del Poder Judicial. Se supo que 12 de las 36 camas de esta unidad están ocupadas por sentenciados y la capacidad se encuentra copada, además de haberse producido algunos incidentes entre internos de esta área.

En esta primera reunión para solucionar esta situación estuvieron presentes  Eloy Zamalloa Campero y funcionarios del Nuevo Código Procesal Penal; el parlamentario andino Mario Zúñiga; el gerente de Salud, Gustavo Rondón; el director del hospital Honorio Delgado, Milton Jiménez; el jefe del área de Psiquiatría, Dionisio Monroy; y funcionarios del INPE. Para la próxima cita, se ha comprometido la presencia de la gobernadora regional y la presidenta de la Junta de Fiscales de Arequipa.

Desde este martes, los inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) acatan una paralización nacional indefinida. En nuestra ciudad, los 13 fiscalizadores realizaron un plantón en la Plaza de Armas exigiendo la contratación de más personal para realizar intervenciones.

El delegado de los trabajadores de Sunafil – Arequipa, Rubén Vásquez Sandoval, sostuvo que la cantidad de inspectores contratados para labores de fiscalización es insuficiente. Solo los 13 profesionales que laboran en la superintendencia deben darse abasto para atender a los más de 600 mil trabajadores de la región.

El representante explicó que es necesario el incremento de personal para evitar condiciones de trabajo riesgosas e inhumanas, tales como las que propiciaron la muerte de los dos jóvenes en el incendio en Las Malvinas, ocurrido en Lima.

Además, Vásquez Sandoval acusó la falta de personal al poco interés del Gobierno, por lo que también piden la renuncia del ministro de Trabajo, Alfonso Grados. “No hay voluntad política para la prevención”, concluyó el inspector.

Tras desarrollarse con éxito la convocatoria para el fondo concursable no reembolsable Procompite 1, el Gobierno Regional de Arequipa oficializará en los próximos días el lanzamiento del  Procompite 2, mediante el cual más productores de la región Arequipa tendrán la oportunidad de financiar sus proyectos para lograr la competitividad y mejorar la calidad de vida de sus familias.

Para el desarrollo de este Procompite 2, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha destinado  8 millones de soles para el cofinanciamiento no reembolsable de propuestas productivas, el mismo que ha sido ratificado mediante acuerdo regional 021-2017-GRA/CR. Solo están a la espera que el Ministerio de la Producción determine la oficina encargada de autorizar el Procompite, considerando que este programa antes dependía del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Gerencia Regional de la Producción, a través de la Unidad Técnica del Procompite, elaboró un diagnóstico mediante el cual se determinó que en este Procompite se priorizará 12 cadenas productivas: ajo, arroz, camélidos, vacunos, vid, palto, porcino, turismo rural comunitario, granos andinos, cuero y calzado, hidrobiológicos y orégano.

Procompite es un programa del Gobierno Regional que apoya a mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante la transferencia de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos y materiales para los agentes económicos organizados (productores) en zonas en las que la inversión privada sea insuficiente o nula.

Para el desarrollo del primer Procompite 1, el GRA destinó 6 millones de soles para cofinanciar los planes de negocio de un primer grupo de 36 asociaciones de pequeños productores de las 8 provincias de la región Arequipa. En este primer Procompite se priorizó 8 cadenas productivas (camélidos, vacunos, cuyes, camarón, trucha, pesca, olivo y quinua). La primera etapa generó mucha expectativa por lo que el Gobierno Regional decidió continuar con una segunda etapa.

Del 5 al 9 de julio, Arequipa será sede de la primera edición de “Arequipa Imaginada”, festival cultural organizado por la Dirección del Libro y la Lectura  del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa del Gobierno Regional. La finalidad es difundir la producción literaria de la región Arequipa.

El proyecto tendrá como participantes a ocho escritores peruanos menores de 40 años, quienes llevarán una serie de actividades culturales en cinco días, teniendo como escenario las principales vías públicas de la ciudad y distritos, como plazas, parques y calles.

El miércoles 5, el recorrido será por el Centro Histórico de la ciudad. En el parque Duhamel, los escritores plasmarán su visión sobre la obra literaria de Jimmy Brito; en la Plaza de Armas, de Rosa Núñez; en la calle Mercaderes, de Yuri Vásquez; en el café El Búho, de Carlos Cornejo Rosello.

En el Monasterio de Santa Catalina, de Teresa Ruiz Rosas; en la plaza San Francisco, de Guillermo Mercado; en el barrio tradicional de San Lázaro, de César Atahualpa Rodríguez;  y en los callejones del barrio San Lázaro, de Oswaldo Reynoso.

El jueves 6, en la parroquia y museo de Nuestra Señora de la Recoleta, el análisis se centrará en torno a los trabajos de Carlos Herrera; en el Mirador de Yanahuara, de Percy Gibson; en la calle Cortaderas, de Dennis Arias Chávez; en las calles tradicionales de Yanahuara, de Oswaldo Reynoso; en la plaza e iglesia de Cayma, de Alberto Hidalgo; y en La Capitana, de Percy Gibson.

El viernes 7, estarán en la biblioteca El Ateneo, donde hablarán del escritor Carlos Cornejo; en la calle 28 de Julio, de Mario Rommel Arce; en el Cementerio General La Apacheta, de Giovanni Barletti; en el Colegio María Inmaculada Concepción (José Luis Bustamante y Rivero) y Urbanización Monterrey, de Jorge Monteza.

El sábado 8, el recorrido se hará por la Av. Parra, donde se centrarán en el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa; en La Chabela, Miraflores, de César Atahualpa Rodríguez; y en la iglesia de Chapí Chico, de Vladimiro Bermejo.

Durante los cuatro días, habrá mesas redondas donde los temas serán “La Ciudad que se fue: literatura e historia”; “Literatura y Migración”, “Los nuevos rostros de la literatura arequipeña”; y “Literatura y ciudad”. Además, se desarrollará el programa de lecturas públicas en el mercado San Camilo y Mirador de Yanahuara.

El parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez advirtió que, aproximadamente, unos 500 locales comerciales en la ciudad de Arequipa no cumplen con las normas mínimas de seguridad y, por tanto, existe un serio riesgo de que ocurran siniestros y esto expone al peligro a miles de personas.

“Exhortamos al alcalde provincial para que disponga la realización de operativos con la finalidad de inspeccionar la seguridad de estos centros comerciales y que no se repita lo que sucedió en Lima con el centro comercial Nicolini, que costó la vida de dos personas, la pérdida de cuantiosos puestos de trabajo y contaminación de la ciudad”, dijo el parlamentario.

Zúñiga afirmó que todos los locales comerciales deben contar con certificado de seguridad. Sin embargo, si es que algún centro comercial no cumple con las normas e inspecciones de seguridad se les debe cerrar de inmediato por representar un peligro inminente para la vida de las personas que acuden diariamente.

“Hace un año y medio ocurrió un incendio en un centro comercial a pocas cuadras de la plaza de Arequipa, las autoridades indicaron que solo el primer piso tenía la autorización para su funcionamiento, sin embargo, ni el sótano ni la parte alta contaban con el permiso respectivo, donde había mercadería inflamable”, precisó Zúñiga.

Asimismo, el parlamentario dijo que planteará al alcalde Alfredo Zegarra Tejada que se publique en los medios, la relación de locales inseguros para que el público no los visite.

En ese sentido, dijo que la comuna debe inspeccionar continuamente las galerías comerciales y darles plazo de 48 horas a los centros comerciales para que levante las observaciones, o sino serán cerrados.

Por último, Zúñiga manifestó también que debe realizarse inspecciones laborales a fin de conocer si existen condiciones de explotación laboral de trabajadores en dichos centros comerciales y talleres, tanto formales como informales.

Los informes de Contraloría realizados por la auditora Noelia Soto Tejada, prima del excontralor Edgar Alarcón Tejada, fueron puestos en entredicho por la defensa de Jorge Luis Aguilar. Para el abogado Yamil Arce Montesinos, representante de Aguilar, Soto Tejada no tendría la capacitación ni formación académica suficiente para sustentar informes de esas características.

La auditora, y nutricionista de profesión, realizó los informes relacionados a compras directas irregulares y omisión del pago de canon en perjuicio de la UNSA, referidos a la gestión de Juan Manuel Guillén al frente del Gobierno Regional.  Ambos documentos fueron incluidos por el Ministerio Público como medios probatorios de la acusación en contra de Guillén y siete exfuncionarios del GRA, entre los que se encuentra Aguilar.

Durante la audiencia, la fiscal Maribel Rodríguez sostuvo que la observación a la idoneidad de Soto Tejada solo busca desacreditar la denuncia. Además, sostuvo que cuestionamientos de ese tipo corresponden a la etapa de juicio oral y no al control de acusación.

El juez Juan Carlos Benavides Del Carpio, titular del Primer Juzgado de Investigación de Paucarpata, evaluará el pedido de la defensa de Aguilar. Concluida la presentación de medios de prueba de la Fiscalía, el magistrado suspendió la audiencia hasta el martes 4.

El expediente del proceso alcanza los 2 mil 155 folios y comprende las acusaciones de negociación incompatible y malversación de fondos.

Las elecciones para decidir quién será el nuevo secretario regional de Acción Popular en Arequipa se realizaron este domingo, en las que salió victorioso el consejero regional por Islay, Mauricio Chang, frente a su contrincante, el alcalde distrital de Mariano Melgar, Edwin Martínez. El actual parlamentario Miguel Román deberá entregar el cargo partidario que mantenía para ceder la posta a Chang.

Los comicios internos se realizaron en las provincias de Arequipa, Camaná e Islay (Mollendo). Contaron con la participación de 496 de los 6 mil 461 militantes de Acción Popular en toda la región. Mauricio Chang obtuvo 427 votos, mientras el burgomaestre Martínez solo alcanzó 64 votos a su favor, registrándose 5 votos en blanco.

La victoria de Chang fue aplastante en todas las provincias donde se realizaron los comicios: en Camaná, Chang alcanzó 18 votos contra 2 de Martínez, en Mollendo obtuvo 274 votos contra dos, y en la provincia de Arequipa el consejero alcanzó  135 votos, frente a los 56 de Edwin Martínez.

La juramentación está prevista para mediados del mes de julio, sin precisarse aun la fecha exacta.

BUSCARÍAN IMPUGNAR RESULTADOS

Entre las incidencias ocurridas durante las elecciones, se habló del retraso en la instalación de tres mesas de votación en Punta de Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra; también indicó la personera de los militantes de base de Acción Popular, Rosario Paredes, que no existió la debida transparencia durante el proceso electoral.

Paredes presentó una denuncia ante el Jurado Electoral Especial de Lima, mediante el cual advertía que el jurado electoral del partido no había cumplido con lo que estipula el reglamento en cuanto a la publicación y exposición en medios masivos, por lo que no se cumplieron con las fechas en cuanto a la convocatoria,y posterior cierre de padrones.

Luego de culminarse el catastro de daños por lluvias realizado por Cofopri, se identificaron doce mil viviendas en condición de inhabitables en la región. Así lo informó el jefe zonal del Organismo para la Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), Roberto Cavero Astete.

La mayoría de viviendas afectadas se encuentran en las provincias de Caylloma, La Unión y Arequipa. El censo fue realizado por iniciativa del Poder Ejecutivo, luego de las intensas precipitaciones y huaicos de la última temporada de lluvias.

La información fue recogida durante dos meses y será enviada a Lima para determinar el monto requerido por cada una de las regiones para iniciar la reconstrucción. En la región sur también se censó a las regiones de Puno, Tacna, Moquegua, Cusco y Madre de Dios.

El catastro levantó datos de construcción de los predios, áreas del predio, perímetro, número de residentes, localidad y antigüedad. “Ahora esperaremos a que el MEF nos brinde un presupuesto para realizar el mejoramiento de las viviendas”, concluyó Cavero Astete.

La anunciada paralización indefinida que acatará la Federación Médica de Arequipa ocasionaría un perjuicio de setenta mil soles diarios en el sector Salud. La medida de fuerza iniciará a partir de este martes.

La estimación de las pérdidas producto de la huelga médica fue realizada por el gerente regional de Salud, Gustavo Rondón Fudinaga. Además, sostuvo que por día dejará sin atención  alrededor de mil 200 usuarios del sistema regional de salud.

Los nosocomios que verán paralizada su atención serán el Honorio Delgado, Goyeneche, Red Arequipa-Caylloma, Camaná, Aplao, IREN Sur y Majes, los que aglutinan a siete cuerpos médicos en la región.

Por otra parte, el gerente de Salud anunció que mantuvo reuniones con la ministra de Salud, Patricia García, para pedir que se atiendan los reclamos de los galenos. Entre las demandas de los médicos se consideran aumento de sueldos y contratación de personal.

Pese a la medida de fuerza, Rondón garantizó la atención de las áreas de Emergencia.

Lanzan campaña “Buena Carne”. El jefe del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Descosur), Rodolfo Marquina, manifestó que existe un prejuicio respecto a consumir carne de alpaca y de llama en Arequipa. Sin embargo, expresó, los extranjeros la comen en los mejores restaurantes.

Marquina explicó que la carne de estos animales es una de las pocas que es totalmente orgánica. “A diferencia de otros animales, los camélidos se alimentan exclusivamente de pastos naturales y de agua de los manantiales. Lo que los hace saludables, su carne presenta bajos niveles de grasa y colesterol”, apuntó.

“Además, los camélidos tienen más proteínas”, recalcó. El jefe de Descosur mencionó también que, al consumir esta carne, se estaría colaborando con los arequipeños que viven por encima de los 3 mil 800 msnm quienes, a esa altura, sólo se pueden dedicar a la crianza de estos animales. “Su medio de vida es la fibra y la carne”, detalló.

Añadió que el principal objetivo de esta campaña es informar a la población, sobre las bondades de esta carne. Según los reportes del INEI, entre los años 1994 y 2015, la producción de alpaca y llama se incrementó. En cuanto a las alpacas, de 7 mil 200 a 27 mil 700 y en el caso de las llamas, pasó de 3 mil 900 a 9 mil 400.

El jefe policial de la IX Macrorregión Sur, Walter Ortiz, señaló que la unidad de Inteligencia de la Policía Nacional identificó a cuatro agentes involucrados en redes criminales. Reveló que los efectivos pertenecen a bandas que cometen robos y otros delitos. “Los vamos a detener”, aseguró.

“Serán destituidos de la institución”, recalcó. El jefe de la Policía manifestó que se está realizando seguimiento a los agentes. Inspectoría ya tiene conocimiento de los presuntos actos irregulares que estarían cometiendo.

“Más de 100 policías han sido acusados por actos de corrupción. Por lo tanto, están siendo investigados también por Inspectoría”, añadió. Ortiz no descartó la posibilidad de que los malos agentes hayan informado a los criminales sobre las intervenciones policiales.

Además, expresó que aunque la cantidad de quejas no sea muy alta, igual es un indicativo de que la autoridad no está realizando óptimamente su tarea. “El proceso en contra de la corrupción es constante, por esto se ha emprendido una serie de diligencias”, finalizó.

El regidor de la Municipalidad Distrital de Cayma, Danilo Vilca, manifestó que el 15 de junio se acordó, en sesión de Concejo, cambiar el nombre de la piscina y del estadio La Tomilla por el del exalcalde, cercano al fujimorismo, Ulises Torres Montes Revilla.

“Hemos presentado una reconsideración. Estamos indignados, el pueblo de La Tomilla ni siquiera ha sido tomado en cuenta para este cambio de nombre (…) Además, las firmas que se presentaron para sustentar el apoyo de la población para este cambio, son falsas”, declaró.

“De las 800 firmas, hemos identificado 4 que han sido falsificadas”, continuó. El regidor aseguró que estas personas que aparecieron en las firmas han presentado sus declaraciones juradas para atestiguar que nunca firmaron el pedido de cambio de nombre.

Los regidores de minoría Danilo Vilca, Raúl Oblitas y Wilber Arias, presentaron un recurso de reconsideración en contra del acuerdo municipal durante la sesión del 15 de junio, fecha en la que 5 regidores votaron a favor del cambio, 3 en contra y se registró una abstención. “Debieron, en forma pública, sustentar las razones por las que se quiere cambiar el nombre”, expresó.

NORMAS LEGALES

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Artículo 9, establece 35 funciones y en ninguna, explicó Vilca, se le otorga competencia al Concejo Municipal para pronunciarse en materia de asignación de nombres de estadios y piscinas.

Asimismo, en el Decreto Supremo 04-95-MTC, se da a conocer que “la nomenclatura de las vías públicas y de las áreas de recreación pública de las áreas urbanas del país, es competencia de los gobiernos locales, los mismos que regirán por las normas del presente reglamento”, comentó el regidor.

“Una de estas normas, es que no se le puede colocar el nombre de una persona viva a un complejo de este tipo”, subrayó.  Danilo Vilca señaló que el complejo debe continuar con el nombre de Estadio Municipal de La Tomilla.

Mediante carta notarial que le fuera notificada el pasado 26 de junio, la gobernadora regional, Yamila Osorio, le exigió al Contralor de la República, Edgar Alarcón, que se rectifique de las afirmaciones que hizo en su contra.

Según Osorio, el Contralor dio a entender que ella está comprometida en algún informe de Contraloría, por lo que habría confabulado con Javier Lizárraga, ex consejero nacional, para hacer denuncias sobre las irregularidades en el Título Profesional que obtuvo la autoridad de Control en la Universidad Nacional de San Agustín.

En conferencia de prensa brindada en Arequipa, el pasado 22 de junio, Alarcón Tejada se refirió a Osorio como integrante de un complot supuestamente armado en venganza por sus informes sobre el aeropuerto de Chinchero y, con el deseo de desacreditar la labor de la Contraloría en cuyos informes estarían comprendidos sus críticos. Asimismo dijo que es una venganza del Ejecutivo por haber emitido un informe desfavorable al interés dela empres que postulaba para el aeropuerto de Chinchero, antes de las revelaciones.

Osorio rechazó las imputaciones y el hecho que, en su última entrevista con el premier Fernando Zavala, hubieran coordinado para que ella hiciera declaraciones periodísticas criticando al contralor y su prima Noelia Soto, de profesión nutricionista.

De no recibir una respuesta satisfactoria, Osorio anunció que procederá con denunciar penalmente a Alarcón Tejada, por el delito de difamación.

El valor reclamado al consorcio que ejecuta el proyecto Majes Siguas es de 4 millones de soles, por no contar con licencia de construcción, trámite que la empresa considera que no estaba obligada a efectuar, por las características del proyecto.

El concepto es por una multa que el municipio impuso desde noviembre del año pasado, por no haber solicitado permisos para los trabajos que vienen realizando en el campamento. Se les multó con una UIT, pero la sanción fue anulada por un pronunciamiento de Indecopi.

Según el abogado que asesora al municipio, Anghelo Huerta, comprendieron en el proceso sancionador al gobierno regional de Arequipa porque el Consorcio Angostura Siguas les manifestó que eran ellos quienes tenían la obligación de obtener la licencia de construcción. Tras una reconsideración presentada por la empresa, desestiman la multa, pero inician un nuevo proceso sancionador.

Esta vez, aplican un TUPA modificado que, coincidentemente, elevó la multa por construir sin licencia, de 1 UIT a 1000 UITs, es decir, a más de 4 millones de soles. Huerta dice que pudieron acudir al Poder Judicial para paralizar el embargo, peor no lo hicieron, por lo que ahora la municipalidad ha procedido a embargar las cuentas.

El consorcio argumenta que por ser una obra de carácter nacional, no tiene obligación de pedir licencia de construcción a un municipio distrital.

Anghelo Huerta fue candidato a la alcaldía de Yanahuara por el movimiento Arequipa Tradición y Futuro y se le considera cercano al expresidente regional, Juan Manuel Guillén. Yamila Osorio ha declarado que hay intereses políticos que quieren traerse abajo el proyecto Majes Siguas II.

Cerro Verde es la mina de cobre más grande del Perú y la segunda en Sudamérica, después de La Escondida, en Chile. En el 2016 produjo más de 500 mil toneladas métricas finas de cobre, con lo que superó a las minas Antamina y Las Bambas. Sin embargo, en 2015 declaró una ganancia neta de 33 millones y al finalizar el 2016, DE 340 millones, lo que implica que el impuesto a la renta que paga y, por tanto, el canon minero que llega a Arequipa ha sufrido un dramático desplome.

Además, Sociedad Minera Cerro Verde, representada por la abogada arequipeña Julia Torreblanca Marmanillo, se niega a pagar regalías y saldos del impuesto a la renta de años pasados, que le reclama Sunat, presentando acciones judiciales en Lima y Arequipa, argumentando un contrato de estabilidad suscrito en la época de Fujimori y destinado a apoyar su primera inversión en la planta de lixiviación.

Desde entonces, en que producía menos de 100 toneladas métricas, ha pasado a producir más de 500, con sucesivas inversiones, siempre protegidas por un contrato de estabilidad. SMCV ha sido la empresa que ha tenido vigente por más tiempo este beneficio extraordinario ideado para atraer inversiones en tiempos de gran depresión económica. Sucesivos contratos, por el lapso de 30 años, le dan una protección especial, de la que no ha gozado ninguna empresa en el país.

SUNAT ha concluido su revisión del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas desde el 2002 al 2010, en las que ha hecho acotaciones por pagos no realizados en esos años que alcanzan la suma de 480 millones de dólares

Paradójicamente, entre el 2005 y 2012, Cerro Verde obtuvo utilidades extraordinarias —con un ratio entre utilidad neto/ingresos totales que varió entre el 37% y 61.7%—, y que sumaron un total de US$ 5,860 millones de utilidades netas, según ha hecho conocer un estudio de la organización de vigilancia, Propuesta Ciudadana.

LOS “AHORROS” DEL PODER

Según los reportes de la empresa ante la Bolsa de Valores de Lima, donde cotiza, y de acuerdo a la investigación realizada por Propuesta Ciudadana, entre el 2004 y 2007, la compañía reinvirtió utilidades en la construcción del Proyecto de Sulfuros Primarios, por un aproximado de US$ 800 millones. De acuerdo a los beneficios establecidos en su contrato, este monto estuvo libre de Impuesto a la Renta, lo que le permitió ahorrar US$ 240 millones en impuestos, e implicó US$ 120 millones menos de canon minero para Arequipa.

Con esa inversión Cerro Verde triplicó su producción al pasar de 90 mil toneladas anuales de 2001 a 2006, a 285 mil toneladas entre 2007 a 2015.

Y a partir de 2016, ha vuelto a duplicar su producción con 522 mil toneladas, gracias a su proyecto de Expansión, también protegido por otro contrato de estabilidad tributaria vigente por 15 años, entre 2014 y 2028, aunque esta vez no tiene.

Otro beneficio del que gozan las compañías mineras es el de la Depreciación Acelerada, que les permitió depreciar sus activos a una tasa anual de 20% lo que, nuevamente, le permite incrementar sus gastas y disminuir sus utilidades. Y, por si fuera poco, existe la doble depreciación que le permite revalorar sus activos y volver a depreciarlos.

REGALANDO REGALÍAS

El pago de regalías mineras es un concepto establecido en 2004 y es un monto porcentual sobre las ventas totales de mineral, al que Cerro Verde se sustrajo amparándose en su primer contrato de estabilidad tributaria, hasta 2013.

Si bien es cierto su primer proyecto de lixiviación estaba protegido, Sunat cree que el proyecto de sulfuros primarios es independiente del primero y no implicó ninguna inversión riesgosa, más bien, se hizo con beneficios tributarios por reinversión de utilidades, por lo que sí está afecto a la regalía minera. El monto que dejó de pagar por este concepto la SMCV, entre fines del 2006 y 2013 en que vence el contrato, ha sido estimado por la propia empresa en 544 millones de dólares. La empresa ha realizado pagos condicionados a devolución equivalentes a un poco más de 104 millones de dólares.

La minera fue requerida a pagar, pero insiste en que ambos proyectos están amparados por su contrato, argumento con el que ha judicializado todos los requerimientos de Sunat y las resoluciones del Tribunal Fiscal que lo confirman. Estas acciones contencioso administrativas se tramitan en la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, planteó una acción de amparo en Arequipa pretendiendo anular las acciones contenciosas, lo que fue rechazado en segunda instancia hace pocos días.

Pero eso no quiere decir que pagará, pues ha anunciado mediante comunicado que seguirá dando batalla judicial para evitar el pago. Con todo, ha realizado pagos condicionados por 80 millones. Eso no ha desanimado a la minera que ha comunicado que continuará litigando y no está dispuesta a pagar lo reclamado por Sunat.

En esa época estuvo vigente el óbolo voluntario, programa mediante el cual SMCV aportó solamente 422 millones de soles, es decir, unos 130 millones de dólares que distribuyó a voluntad a través de la Asociación Civil Cerro Verde. Parte de ese fondo financia la planta de tratamiento de agua La Tomilla II, a pesar que ese fue un ofrecimiento independiente que había hecho la minera años antes ante las protestas por la reducción de canon debido a la reinversión de utilidades.

El pago de estas regalías depende de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, hasta donde ha apelado la minera, luego que un tribunal le diera razón a Sunat.

OTRAS ELUSIONES

De otro lado, SMCV ha informado que sus declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2012 al 2016 y el Impuesto General a las Ventas del período comprendido entre los años 2012 al 2016 serían fiscalizadas por las Autoridades Tributarias. También informó que SUNAT ha concluido su revisión del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas desde el 2002 al 2010, en las que ha hecho acotaciones por pagos no realizados en esos años que alcanzan la suma de 480 millones de dólares.

Si consideramos este último concepto y lo sumamos a lo que se dejó de pagar en regalías (544) y lo que se sabe con certeza por reinversión de utilidades (240), serían cerca de 1 300 millones de dólares que, de ser pagados, solucionarían buena parte de los problemas de Arequipa, la ciudad que tienen a menos de 30 kilómetros del campamento, pero que sólo recibe dádivas y un trato despectivo de parte de estos empresarios.

Pero hay más. El ciudadano Dante Martínez sostiene que el contrato de estabilidad quedó resuelto cuando la empresa Cyprus fue absorbida por Phelp Dodge y ésta, a su vez, por Free Port Moran, lo que el contrato prohibía hacer de forma unilateral. En ese supuesto, si sumamos todos los beneficios que obtuvo por la vigencia de este contrato, la suma alcanza los 2,500 millones de dólares. No hay duda que los arequipeños somos mendigos sentados en un banco de cobre, que otros explotan sin compartir.

La muerte terrible de jóvenes trabajadores esclavizados en un incendio, por estar encerrados con candados en un container, es algo que debe interpelarnos, indignarnos, pero también llevarnos a la acción. Sean las primeras líneas de solidaridad con las familias y amigos de las víctimas.

Hay quienes han tratado de soslayar la gravedad del hecho, atribuyéndolo solo a la informalidad. Esto es explotación laboral, trabajo forzoso, trabajo esclavo. Lamentablemente, está todavía presente de manera importante a nivel mundial. Lo que no se sabía era que se daba en plena capital de la República, aunque, conocemos de la desigualdad de ingresos, niveles de vida y la segregación y racismo que existen.

También lo extendido de la actividad informal, que se explica por la necesidad de la población de crearse sus propias fuentes de trabajo, por una insuficiente acumulación de capital. Un modelo concentrador y excluyente, que necesita urgente y sustancial inversión en ciencia y tecnología, diversificación productiva, que permita la creación de empleos decentes y sostenibles.

Pero, el caso que comentamos, nos retrotrae a períodos del inicio del capitalismo salvaje. Es una evidencia de las carencias y necesidades existentes. Largas jornadas de más de 12 horas para obtener alrededor de 20 soles diarios, encerrados, incluso sin salir para atender sus necesidades fisiológicas. Esto es terrible, porque afecta la dignidad humana y muestra que la clase media y la bonanza que supuestamente había generado el modelo, no es más que una ilusión.

Trabajo forzoso

La OIT, tiene un protocolo, que plantea la eliminación del trabajo esclavo, que debe ser ratificado por nuestros países. Nosotros la hicimos nuestra, y la llevamos al Parlamento Andino, con una propuesta de recomendación (la 333), que fue aprobada por unanimidad.

De acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo, en el mundo cerca de 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso; y 1,8 millones de ellas se encuentran en América Latina y el Caribe. Casi el 90% de estas víctimas son explotadas en la economía privada, principalmente en sectores como la explotación sexual, la agricultura y silvicultura, y el trabajo doméstico. El trabajo forzoso genera ganancias para sus perpetradores de aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales en América Latina y el Caribe.

El modelo y las instituciones

En el boom del precio de las materias primas, tuvimos un ciclo de crecimiento que alimentó las expectativas de una sostenibilidad del modelo primario exportador. Como ha ocurrido históricamente, cuando los precios internacionales cayeron y se complicó la coyuntura externa, vino el baño de realidad y la crisis. Caída del nivel de actividad y la recaudación tributaria, de las reservas internacionales, los ingresos fiscales, desequilibrios externos, presiones inflacionarias y cambiarias.

Perdimos nuevamente un ciclo de crecimiento, sin reinvertir para diversificar la estructura productiva, expandir la oferta exportable, mejorar la infraestructura y avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Los ideólogos y los operadores políticos y mediáticos, quisieron vender la idea de que ya llegábamos al primer mundo y teníamos que ingresar a la OECD. Solo había que persistir en el modelo. Pero, la desaceleración y crisis mencionadas, llevaron a plantear reformas que permitieran avanzar en el mismo rumbo correcto. En este gobierno, esto de tradujo en el “destrabamiento” y las políticas tributarias que eliminarían la informalidad. En realidad se trata de la profundización del modelo, flexibilizando el mercado laboral y los derechos de los trabajadores, relajar los estándares ambientales, y criminalizar la protesta.

Las instituciones no funcionaron, la SUNAFIL en huelga, porque ni siquiera con los que deben fiscalizar las condiciones de trabajo les respetan sus derechos, y se continúa debilitando sus atribuciones. La municipalidad y los gobiernos locales o se hicieron de la vista gorda, o no pudieron hacer cumplir las ordenanzas de clausura, los malos jueces que permitían la evasión de la ley o dilatar y complicar su cumplimiento. El modelo, y sus instituciones, han quedado desnudos. El trabajo esclavo es un extremo, pero se avanza hacia él con la eliminación de los derechos laborales, en curso.

Ratificar protocolo del 2014

El estado no solo debe ratificar ese Protocolo de Trabajo Forzoso, sino fundamentalmente, implementarlo.
Adoptar medidas efectivas para prevenir, identificar y sancionar de manera eficaz el trabajo forzoso; perfeccionar y supervisar la aplicación efectiva de la legislación sobre la materia; así como dedicar esfuerzos para la recuperación efectiva de las víctimas.
Los ministerios y los gremios empresariales, deberían ser los primeros en promoverlo, para por lo menos ganar una cierta legitimidad que les permita seguir obteniendo sus ganancias.

Desde las 8 de la mañana de este sábado, empezó a funcionar el nuevo puente Fernandini, vía que conecta a los distritos de Yanahuara, Cayma y el Cercado con Sachaca y Tiabaya. Su uso es definitivo y solo para el paso de vehículos livianos.

Esta nueva infraestructura ha mejorado las características del anterior puente. Ahora tiene 16 metros de ancho y permite contar con pistas de cerca de 5 metros para cada sentido, veredas de 2.6 metros y un separador de vía de un metro. La antigua infraestructura tenía 12 metros de ancho.

El puente  tiene ahora 32 metros de largo que son proporcionales al ancho de la vía principal de la autopista de la Variante de Uchumayo que contará con 8 carriles. El anterior puente tenía 16 metros de longitud, proporcionales a los 4 carriles de la vía.

Por medida de seguridad se instalaron barandas metálicas de una altura de 1.10 metros y un separador de vía. El puente habilitado es el componente principal del intercambio vial Fernandini que contará con otros dos puentes auxiliares (hacia Backus y hacia Pampa de Camarones) que serán entregados próximamente por la empresa a cargo de la construcción.

AMBOS SENTIDOS

La nueva vía conectará a los distritos de Yanahuara, Cayma y el Cercado con Sachaca y Tiabaya por la calle Tahuaycani y avenida Fernandini en doble sentido y de manera temporal debido a que el proyecto integral del intercambio vial Fernandini contempla que esta ruta (Tahuaycani – Fernandini) solo sea de un sentido para dar fluidez al paso de vehículos de Yanahuara, Cayma y el Cercado con dirección a Sachaca y Tiabaya.

Mientras que para ingresar desde estos distritos (Sachaca y Tiabaya) deberán cruzar el puente desde la avenida Fernandini y doblar a la derecha para continuar por la calle del mismo nombre (a espaldas de la empresa Backus) y llegar a su destino. Para no ocasionar congestión se trabajan las vías auxiliares que estarán operativas en las próximas semanas. Además, el GRA informa que se realizó la señalización correspondiente y se ha previsto la instalación de semáforos.

La obra financiada por el Gobierno Regional de Arequipa, es ejecutada por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y ayudará a aliviar el tránsito por la calle Taboada que resultaba una de las rutas más usadas por los conductores que tenían como destino Sachaca y Tiabaya.

AVANCE DE LA NUEVA VARIANTE

Según el último reporte de ICCGSA, la construcción de la nueva Variante de Uchumayo tiene un avance de casi un 40% y está dentro de los plazos del cronograma elaborado por la empresa contratista. Actualmente, culminan la instalación de muros prefabricados en la vía principal y vías auxiliares y se ha previsto empezar el pavimentado entre julio y agosto.

 Fuente: GRA

El Ministerio de Cultura reconstruirá cuatro templos del valle del Colca, afectados por el sismo ocurrido el año pasado, bajo la modalidad de obras por impuestos, informó Rómulo Tinta, alcalde de la municipalidad provincial de Caylloma.

Con una nostálgica pero amena conversación pública entre el crítico literario Willard Díaz y el poeta Alonso Ruiz Rosas se conmemoró en junio pasado el cuarenta aniversario de la publicación del primer número de la revista literaria Ómnibus. Para muchos lectores no debe significar mucho este acontecimiento, pero para la historia cultural local, y la literatura nacional, es un hecho que, a la distancia, marcó una de las etapas más importantes de nuestro proceso literario.

La revista de poesía Ómnibus fue una aventura juvenil en la que se embarcaron varios muchachos que  a mediados de la década de setenta del siglo pasado frisaban los veinte años y ya tenían claro que la poesía habría de conducir sus vidas. Alonso Ruiz Recordó que el grupo inicial lo conformaban junto a Oswaldo Chanove, Rosa Elena Maldonado, Dino Jurado y Misael Ramos; la emoción por la poesía y el impulso de la amistad, el aporte de los amigos y la ilusión temprana por la inmortalidad dieron forma a la primera publicación.

A Ómnibus subieron muchos otros más, bajaron también algunos, pero la ruta que marcó para la generación poética del ochenta se vería reflejada con los años, pues no solo la revista se convertiría en una de las fuentes más importantes para conocer el proceso poético local, sino que los nombres que firmaron sus páginas pasarían a ubicarse entre lo más importante de la poética nacional.

Por entonces, otros grupos literarios buscaban sus propias rutas en y desde distintos puntos de la ciudad: Polen de letras y La gran flauta en la Universidad de San Agustín, y Eclosión en la Universidad de Santa María, serían los principales, agruparían una larga lista de nombres que derivaron luego en ocupaciones y profesiones como el derecho, la sociología, arquitectura y pedagogía. A estas alturas, cuarenta años después, muchos de ellos en su madurez ocupan importantes cargos públicos, enseñan en universidades importantes o gozan de la delicada fama que da el arte.

Una de las primeras muestras de la trascendencia de la revista se ve en el libro “Viva voz, antología de la poesía en Arequipa, generación 89”, que Rolando Luque publicara en 1990. A esa fecha eran casi quince años de la revista, y la mayoría de los antologados en el libro por Luque habían publicado en Ómnibus y muchos de los poemas registrados fueron tomados de sus páginas. La perspectiva hacia el pasado, aparte de la nostalgia, nos demuestra que aquel grupo era maduro, responsable con sus lecturas y coherente en sus debates.

Lo que no llegaron a hablar Willard y Alonso aquella noche conmemorativa, fue el peso del contexto social y político de los últimos años del pasado siglo, la violencia terrorista, la emoción combativa de la izquierda peruana, la crisis económica provocada por el dislocado gobierno aprista y el espejismo fujimorista, las dignas lecciones de los maestros en las calles levantando barricadas, que definitivamente influyeron en el espíritu literario de aquel grupo de jovencitos, tanto como los cambios culturales que generaron los proceso de migración y el subsecuente sincretismo desde la música chicha hasta la cultura combi, o el tránsito de mudar de la máquina de escribir a la computadora.

Si bien los poetas que se embarcaron en Ómnibus compartieron lecturas e influencias con sus contemporáneos de otras revistas, hay una marcada diferencia de estilos, que los jóvenes del noventa, con mayores recursos por el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, han asimilado de manera transitoria, pero sin negar la trascendencia de su presencia generacional. Hacia los primeros años del siglo veintiuno, se verifica que en su momento los poetas del ochenta se incorporaron con mayor formalidad en el ámbito literario nacional, y en gran medida se debe a la persistencia de sus revistas, algo que se ha ido diluyendo en las pantallas del ordenador.

Cuarenta años después, la ruta de la revista Ómnibus sirve para marcar el circuito literario nacional desde la mirada del sur, la trascendencia de algunos de sus integrantes como Chanove y Ruiz Rosas, y ausencias lamentables como la de Rosa Elena Maldonado, la emoción de quienes compartimos amistades y largas conversaciones, no solo son estaciones del proceso, sino el feliz corolario de la perseverancia en la poesía, un arte que no siempre va sobre ruedas.