Convoca.pe ingresó en el territorio ancestral awajún e identificó la presencia en las comunidades de Pagata y Kusu Kubaim de casi una veintena de dragas, que agravan la contaminación en la provincia de Condorcanqui. Pero no solo los mineros ilegales amenazan su territorio, también los supuestos formales: 19 petitorios de concesiones mineras se extienden sobre los cauces del Cenepa y Marañón. Casi un 40% de estos petitorios han sido otorgados a ciudadanos de Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal en Perú.
Además, la masiva llegada de colonos e ilegales a tierras awajún ha traído consigo otro peligroso enemigo, pero esta vez invisible, el VIH. La Policía Comunal Awajún, una iniciativa del Gobierno Territorial Awajún, enfrenta en solitario el desafío de proteger la biodiversidad de sus bosques de montaña y de tipo Tepuy, únicos en el Perú.
Por María Goreti y Paul Tuesta – Reportero Gráfico: Gabriel García
“Tajimat pujut”, vida plena, es un derecho que protege desde hace siglos el pueblo awajún, el más numeroso en Perú después del asháninka. Lo defendió luchando contra los incas, el imperio español, y ahora contra las organizaciones ilegales que amenazan su supervivencia en sus territorios, que se extienden en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto, en la Amazonía peruana.
«Nuestra visión ancestral del territorio es tridimensional”, explica a Convoca.pe Gil Inoach Shawit, el primer pámuk (líder) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, una iniciativa de autodeterminación que hoy agrupa a las más de 70.000 personas que habitan en las 488 comunidades awajún de Perú. “La primera dimensión es lo espiritual. La segunda, lo material, porque vivimos del territorio y lo protegemos pues nos da vivienda, comida y sabiduría. Y la tercera dimensión es espacial, las 3 millones de hectáreas que nos permiten poblar, ubicarnos, cazar, pescar, recolectar y hacer nuestras actividades de subsistencia para vivir como nación originaria Awajún”.
Pero la vida plena de estas comunidades de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, al nororiente del Perú, está afectada en sus tres dimensiones por la minería ilegal desde hace una década. Un equipo de Convoca.pe recorrió el río Comaina, que nace en las alturas de la Cordillera del Cóndor y desemboca en el Cenepa, y pudo corroborar que esta cuenca vital para los awajún está infestada de dragas de la minería ilegal, tanto grandes con motores de succión como balsas más pequeñas.
La situación es especialmente grave en las comunidades de Pagata y Kusu Kubaim, en las que la minería ilegal es especialmente intensa. En esta zona, el tránsito por el cauce del río Comaina está prácticamente bloqueado por una veintena de dragas que operan en sus aguas, a la altura de la comunidad de Pagata. Además, decenas de rampas de minería artesanal invaden las riberas en las cercanías de la comunidad de Kusu Kubaim.
Las dragas succionan barro del lecho del Comaina día y noche. En cada una de ellas trabajan de 5 a 8 mineros, con el agua literalmente al cuello. Seleccionan y amasan el oro usando grandes cantidades de mercurio, un metal altamente tóxico para la salud humana, según advierte la Organización Mundial de la Salud. Esta práctica está expresamente prohibida por el Decreto Legislativo 1100: no se puede realizar actividades mineras en cuerpos de agua, es ilegal y representa un grave riesgo para el ecosistema y las comunidades locales.
La proliferación de dragas se produce pocos meses después de que, en junio de 2024, las comunidades lograran expulsar a un gran número de mineros ilegales de un sector del río Comaina. Sin embargo, esta acción ha producido un efecto globo y ha desplazado las dragas muy cerca de la desembocadura del Comaina con el Cenepa, un río vital que abastece de agua y sustento a grandes comunidades awajún como Huampami, donde vive más de un millar de personas.
En aquella ocasión, las organizaciones awajún llegaron a bloquear el río con embarcaciones y cuerdas para evitar el paso de las dragas, el combustible y los insumos químicos que abastecen a la minería ilegal.
Esta acción de protesta se reforzó cuando, el pasado 10 de octubre, líderes de los gobiernos territoriales autónomos Awajún y Wampis se reunieron en la comunidad de Huabal con presidentes de varias comunidades de los distritos de Río Santiago y El Cenepa. Al concluir la reunión, 68 de los asistentes votaron en contra de la minería ilegal, mientras que solo 7 se pronunciaron a favor.
“El compromiso del pueblo wampis y awajún es que vamos a ser radicales con la eliminación de minería ilegal en el Río Santiago, El Cenepa. Y en cualquier otro lugar en el que esté presente en el territorio awajún y wampis. Eso sí, lo debemos trabajar de manera articulada con el Estado”, advierte el pámuk Gil Inoach Shawit.
Sin embargo, la minería ilegal persiste, y no solo en el río Comaina. Convoca.pe pudo comprobar su presencia a lo largo de todo el trayecto que conecta las comunidades de Nieva con Huampami, atravesando los ríos Cenepa y Marañón. Allí se observan diferentes modalidades de explotación minera que afectan a comunidades indígenas awajún. Localidades como Wawaim, Mamayaque, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, Panki la Luz, San Antonio y Huampami albergan actividades mineras formales, informales, artesanales y, por supuesto, ilegales.
Ante el abandono estatal, las comunidades awajún del distrito del Cenepa, en Amazonas, se enfrentan al dilema de sobrevivir realizando agricultura y pesca de subsistencia. O involucrarse con la minería.
“No debemos justificar a ese grupo de personas [mineros ilegales] que contamina el medioambiente con esa excusa de que el Estado no se hace presente”, advierte el pamuk Gil Inoach Shawit con relación a algunos acuerdos entre comunidades indígenas y mineros.
Los defensores awajún
Para defenderse de la minería ilegal y de las organizaciones criminales, las comunidades han comenzado a organizarse en autodefensas debido a la ausencia total de policía en la zona.
Convoca.pe ha corroborado a través de una solicitud de información dirigida a la Policía Nacional del Perú que no existen efectivos destacados en los distritos de El Cenepa y Río Santiago. La comisaría más cercana está ubicada en Santa María de Nieva. A un trayecto de entre seis y siete horas en bote, lo que dificulta cualquier respuesta rápida ante emergencias.
“No nos queda otra cosa que organizarnos y no permitir más muertes de nuestros líderes”, explica a Convoca.pe Hamner Manihuari, vicepresidente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “La minería ilegal trabaja con el sicariato y al no haber presencia del Estado ni poder contar con la policía. Nadie nos puede garantizar la vida”. En los últimos 11 años, 39 líderes ambientales peruanos han sido asesinados.
Ante las crecientes amenazas de la minería y tala ilegal, las comunidades awajún han dado un paso crucial con la creación de la Policía Comunal Awajún en marzo de 2024.
Convoca.pe visitó la comunidad de Wachapea, ubicada en el distrito de Nieva, cerca del río Marañón. Allí pudo constatar el funcionamiento de esta reciente policía comunal, integrada por indígenas awajún capacitados por la Policía Nacional. Estos voluntarios tienen en sus manos la defensa de cabeceras de cuenca que albergan una biodiversidad singular. Por ejemplo, bosques de montaña con especies en riesgo como el tapir de páramo y el oso de anteojos. También ecosistemas únicos en el Perú, como la vegetación tipo Tepui, presente en las mesetas de Amazonas.
“Por el momento estamos en la misma comunidad. Pero cuando hay un problema grave en los anexos de nuestra propia jurisdicción, la policía comunal también se desplaza para brindar seguridad”, explica Jesús Saan, apu (jefe) de Wachapea. “Y a veces, cuando la policía nacional necesita refuerzos, participamos en los patrullajes”, explica el apu.
Actualmente, la Policía Comunal Awajún de Wachapea cuenta con 12 miembros permanentes, que operan desde un local comunal con unos chalecos identificativos como único equipamiento. A largo plazo, se busca no solo aumentar el número de efectivos, sino también consolidar su presencia como una fuerza capaz de contrarrestar las actividades ilegales que avanzan en la región.
Esta reciente policía comunal es una iniciativa del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), un modelo de autogobierno constituido en 2021 y basado en la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El primer pámuk
El GTAA se extiende en un territorio de 3 millones de hectáreas en cuatro diferentes departamentos bajo el modelo de desarrollo “Tajimat Pujut” (vida plena). Su consejo de gobierno está formado por los líderes de las 23 cuencas de la nación Awajún y el pámuk es su máximo representante. Se trata de la misma organización que durante siglos ha regido al pueblo awajún.
“Las 488 comunidades, entre titulares y anexas, hemos construido de forma participativa nuestro estatuto y la forma de gobierno que vamos a ejercer”, explica el pámuk Gil Inoach Shawit. “Nuestro territorio es un gran capital de vida al que no podemos renunciar”.
Gil Inoach lleva sobre sus hombros la responsabilidad de ser el primer pámuk de este renacido gobierno autónomo. Un sueño que comenzó en 1995 para retomar la visión ancestral de esta nación sobre su territorio y superar la fragmentación impuesta por el Estado tras la promulgación en 1978 de la Ley de Comunidades Nativas. Esta ley impuso una serie de trámites burocráticos que fragmentaron la unidad de los pueblos indígenas al dividirlos en organizaciones por jurisdicciones. Esto afectó particularmente a pueblos como el awajún, que habita territorios en Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín.
El sueño awajún de un gobierno autónomo no se concretó hasta 2021 con un estatuto que integra valores como el trabajo, la disciplina, la solidaridad, la ayuda mutua y la sabiduría ancestral.
Este ejercicio de autodeterminación tiene una gran piedra en su camino: las trabas impuestas por el Estado peruano para la titulación de comunidades indígenas. Según un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en los últimos 10 años solo se han titulado 147 comunidades de las 719 proyectadas. Esto representa apenas el 20%.
Pero mientras el Estado se resiste a la titulación de estas comunidades, no tiene inconveniente en otorgar concesiones mineras sobre territorios indígenas que, incluso, se superponen a los ríos.
Ríos concesionados
El trayecto entre Nieva y Huampami, que abarca comunidades awajún a lo largo de los ríos Marañón y Cenepa, no solo sufre los estragos de la minería ilegal. También la concesión de vastas extensiones de terreno para actividades mineras.
Desde 2023, se han otorgado 19 concesiones, entre vigentes o en trámite, que abarcan un total de 11,100 hectáreas en esta zona. Varias de ellas coinciden con áreas donde persiste la minería ilegal. Convoca.pe identificó en su recorrido por el río Marañón y Cenepa maquinaria y tubos de succión, prohibidos en cuerpos de agua y que sirven para extraer el oro de manera ilegal.
Un análisis realizado por Convoca.pe de las concesiones mineras otorgadas y solicitadas en los ríos Cenepa y Marañón, revela un dato importante: ninguna de las 19 concesiones corresponde a ciudadanos de la región Amazonas. Los titulares de estas concesiones provienen de otras regiones del Perú como Madre de Dios (7), epicentro de la minería ilegal en Perú, Lima (7), Cusco (3) y Piura (2).
«Lo mineros no son originarios del Cenepa. Han llegado por interés de hacer esa actividad, ese trabajo minero”, explica Jesús Sanitaque, apu (jefe) de la comunidad indígena Wachapea.
Concesiones que se superponen a los ríos Cenepa y Marañón
Según datos recientes, actualmente existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11,100 hectáreas en esta zona. Muchas de ellas coinciden con áreas donde persiste la minería ilegal. De estas, 11 ya han sido tituladas, las cuales hacen un total de 5,900 hectáreas. La titulación es el paso más próximo a la explotación minera.
Del total de estas solicitudes, 9 se superponen al río Cenepa, sumando 4,500 hectáreas. De éstas, 7 ya han sido otorgadas, cubriendo 3,800 hectáreas, mientras que las otras 2, que abarcan 700 hectáreas, permanecen en trámite. En el último año, la situación ha escalado rápidamente: en noviembre de 2023, solo había 6 concesiones en esta zona. Y únicamente una de ellas estaba titulada.
Por otro lado, en el río Marañón se encuentran 10 petitorios adicionales, que cubren 6,600 hectáreas. De estos, 4 ya han sido otorgados, sumando 2,100 hectáreas, y los 6 restantes, que representan 4,500 hectáreas, continúan en trámite.
Este proceso, si se concreta, podría legitimar la minería en áreas donde ya se encuentran dragas y otras actividades ilegales como el narcotráfico y la deforestación, de acuerdo a los testimonios recogidos en la zona para esta investigación.
De los 19 concesionarios, 11 no figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), 7 están suspendidos y sólo 1 se encuentra vigente. En Perú, la inclusión y la vigencia dentro del Reinfo es un requisito indispensable para ejercer cualquier actividad minera. Esto significa que aunque estas concesiones estén otorgadas o en trámite, muchos de sus titulares no están en condiciones legales de operarlas.
Entre los casos más destacados figuran el de Vicente Manrique Lester Dennis, titular de la concesión Samira II (1,000 hectáreas superpuestas al Cenepa). Ha sido suspendido dos veces para realizar actividades de beneficio (procesamiento de mineral) en Inambari, Tambopata (Madre de Dios). Pero mantiene vigentes otras 4 concesiones en la misma región: León del Sur 2008, Jucimavic I, Kerigma III y Águila Imperial.
También está Santos Acuña Rodrigues, con las concesiones Apu I y Apu II (700 hectáreas superpuestas al Cenepa). Él también figura como suspendido por dos concesiones en Huepetuhe, Manu (Madre de Dios). Otro caso es el de Quijhua Tipo Wilber, titular de «J Willian Leon de Oro 2023» (200 hectáreas en el Cenepa). Se encuentra suspendido en el Reinfo por otra concesión en Laberinto, Tambopata (Madre de Dios). Del mismo modo, Roberta Tipo Calsina, quien posee la concesión «Alegría Metal 2024» (600 hectáreas en el Marañón). Ella ha sido suspendida en dos ocasiones por actividades en Paucartambo, Cusco, y Tambopata, Madre de Dios.
Esta situación evidencia que, además de estar en manos de foráneos, las concesiones en estos ríos están vinculadas a personas con antecedentes de irregularidades o limitaciones legales para operar.
En los últimos dos años, se registraron 13 nuevas solicitudes de concesión en 2023. Y otras 6 en 2024, lo que refleja un fenómeno reciente y en ascenso. Estas solicitudes no solo se superponen a las áreas donde ya operan actividades mineras ilegales, como sucede en las comunidades Wawaim, Mamayaque, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, San Antonio y Huampami, sino que también generan un riesgo adicional al otorgar un marco de aparente legalidad a operaciones mineras en los ríos Marañón y Cenepa.
Para el pueblo awajún reivindicar su territorio frente a este infierno de oro ilegal y petitorios irregulares que se superponen a los ríos es una cuestión de vida o muerte. Y no solo por la contaminación de sus ríos.
Cifras de formalización en el REINFO por regiones
En términos de formalización minera, Amazonas se encuentra entre las regiones con menor avance en el país. Actualmente, la región solo cuenta con 55 mineros vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Mientras que 204 se encuentran suspendidos. Un panorama que la ubica en el sexto lugar con menor formalización minera. Supera únicamente a regiones como Ucayali (11 vigentes), Callao (13 vigentes), San Martín (38 vigentes), Loreto y Tumbes (45 vigentes cada una).
Autogobierno frente al abandono
La fiebre del oro en el Cenepa, unida a la tala ilegal, ha atraído población colona para trabajar en estas actividades en una zona sin servicios efectivos de salud.
En las comunidades awajún de la región Amazonas, el abandono estatal se refleja en los crecientes índices de VIH. La ordenanza municipal N° 006-2022-MPC declaró al VIH-Sida como un problema de salud pública en la provincia de Condorcanqui, ya hace 2 años. Sin embargo, desde 2018 hasta junio de 2024, se han registrado 2059 casos de VIH en la etnia awajún, según la Sala Situacional de VIH del Ministerio de Salud (Minsa). Aunque las cifras muestran fluctuaciones durante la pandemia, el incremento es innegable. En El Cenepa, por ejemplo, los casos subieron de 41 en 2019 a 58 en 2023. Con 22 nuevos diagnósticos en solo seis meses de 2024.
“Cada mes recibimos información de nuevos casos en los establecimientos de salud”, explica Elmer Tucto Santa Cruz, encargado de la Microred de la comunidad de Huampami, de escasos 1000 habitantes. “Esta problemática se agrava por la ausencia de recursos esenciales en la microred”. Según Tucto Santa Cruz no cuentan con movilidad ni insumos suficientes. Además, denuncia que técnicos de salud han sido amenazados, ya que algunos relacionan el VIH con creencias en brujería.
“Los pueblos indígenas son el grupo humano más olvidado. La educación es de baja calidad. No tenemos agua potable ni servicios de salud”, se lamenta el pámuk Gil Inoach Shawit. “De los servicios que brinda el Estado, nos llega lo que sobra”.
Frente al abandono del Estado y el embate de las economías ilícitas, el pueblo awajún, emparentado con los antiguos guerreros Jíbaros, lucha con la autoorganización como única arma.
* Este reportaje fue editado por Beatriz Jiménez y Milagros Salazar y publicado en Convoca.pe
