La audiencia por el presunto delito de difamación en perjuicio del exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra, que se sigue contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue nuevamente suspendido debido a problemas de salud del alcalde. Esta es la segunda vez que la audiencia se […]
La audiencia por el presunto delito de difamación en perjuicio del exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra, que se sigue contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue nuevamente suspendido debido a problemas de salud del alcalde.
Esta es la segunda vez que la audiencia se suspende: ahora por una afección en la garganta reportada por el propio alcalde. Ante esta situación, se reprogramó la audiencia para el próximo 13 de diciembre a las 3 de la tarde.
Arturo Fernández: Un alcalde difamador desde 2019
El caso surge en 2019, cuando Fernández era alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche y buscaba intervenir en un camino cercano a las huacas de la zona. La oposición del Proyecto Huacas de Moche generó tensiones.
A través de la página de la Municipalidad de Moche, Fernández decidió difamar a Ricardo Morales, acusándolo sistemática y maliciosamente de actos deshonrosos, corrupción y tráfico de piezas arqueológicas.
Pese a que la audiencia estaba inicialmente programada para el 17 de octubre, se pospuso a solicitud de Fernández para el 28 de noviembre a las 10 de la mañana. Tras un nuevo pedido del alcalde de Trujillo, la nueva fecha fue fijada para el 13 de diciembre.
Arturo Fernández se encuentra en el ojo de la tormenta y a un paso de ser destituido de la alcaldía de Trujillo debido a una sentencia en doble instancia por el delito de difamación en agravio de la teniente PNP Nataly Rojas Rojas. Por este caso, el Concejo Municipal lo suspendió de sus funciones y ahora la decisión final sobre la inhabilitación está en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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El mal diseño de la canalización del río Chilca, en el tramo del jirón Libertad y la avenida Huancavelica, en Huancayo, provocó que las 24 viviendas ubicadas en ambos márgenes del canal resulten inundadas por las aguas de la torrencial lluvia del último lunes. Cuatro de ellas, de material rústico, cedieron a la humedad y […]
El mal diseño de la canalización del río Chilca, en el tramo del jirón Libertad y la avenida Huancavelica, en Huancayo, provocó que las 24 viviendas ubicadas en ambos márgenes del canal resulten inundadas por las aguas de la torrencial lluvia del último lunes. Cuatro de ellas, de material rústico, cedieron a la humedad y se desplomaron, lo que generó pérdidas económicas a las familias.
Esta es la segunda vez que esta zona ubicada en el límite de Huancayo y Chilca se inunda por las lluvias, porque desde que el río fue canalizado en el 2022 por el Gobierno Regional de Junín e inaugurado por el exgobernador Fernando Orihuela, no hay un solo desfogue para las aguas de las lluvias que de todas maneras se acumularán porque el terreno es una hoyada.
“Antes de la canalización no sucedía esta inundación”.
Así lo manifestó Ana Capani Condori, cuya vivienda de dos plantas construida con adobes cedió y cayó, lo que afectó a dos combis y un auto de sus vecinos. Personal municipal y de Defensa Civil de Huancayo removió los escombros.
Recién ahora la Municipalidad de Huancayo ha iniciado la apertura de siete desfogues para que el agua de lluvia ingrese al canal.
La canalización del río Chilca fue inaugurado el 7 de noviembre de 2022 por los entonces alcaldes de Huancayo, Carlos Quispe, y de Chilca, Carlos de la Cruz, y el exgobernador Fernando Orihuela. Los tres fueron elegidos por Perú Libre.
A poco menos de un mes llovió y las viviendas se inundaron por primera vez. El canal, que sobre sale de la superficie casi un metro y el puente de la avenida Huancavelica son barreras que impiden el recorrido de las aguas pluviales. La obra costó 33 millones de soles y fue inaugurado con mucha pompa.
El agua que llegaba hasta más arriba de la cintura también tumbó la parte rústica de la vivienda de Francisca Ñahuincopa, en el lado de Chilca. El área de Defensa Civil de ese distrito reportó 360 casas afectadas por las lluvias en Auray, LLamus, Chilca Alta, Villa Retama, Azapampa y Auquimarca. Ocho viviendas fueron declaradas inhabitables. Y en esta zona del río Chilca, cuatro viviendas inhabitables.
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La Procuraduría de la Municipalidad Provincial de San Román, en Puno, presentó una denuncia penal contra el exalcalde David Sucacahua Yucra y varios exfuncionarios. Los acusa del delito de peculado doloso por el presunto desfalco de más de 2.5 millones de soles en la construcción del intercambio vial (bypass) hacia Cusco. El procurador público, Oscar […]
La Procuraduría de la Municipalidad Provincial de San Román, en Puno, presentó una denuncia penal contra el exalcalde David Sucacahua Yucra y varios exfuncionarios. Los acusa del delito de peculado doloso por el presunto desfalco de más de 2.5 millones de soles en la construcción del intercambio vial (bypass) hacia Cusco.
El procurador público, Oscar Mendoza Cari, incluyó en la denuncia a exgerentes, residentes de obra y supervisores.
Pese a que se inauguró en el último día de la gestión de David Sucacahua, el 31 de diciembre de 2022, la obra presenta deficiencias técnicas que ponen en riesgo su funcionalidad y la seguridad de los usuarios:
Falta de ejecución de juntas asfálticas y recubrimiento inadecuado en el cerco perimétrico.
Deductivo de partidas sin sustento técnico, falta de supervisión, y problemas en el desencofrado del puente.
Pruebas de control de calidad dudosas y pendientes transversales que podrían afectar la evacuación de aguas pluviales.
Ejecución parcial de juntas de dilatación con material no especificado, generando fisuras y afectando la vida útil de la obra.
Según el peritaje, las acciones negligentes de los denunciados causaron un grave perjuicio económico a la Municipalidad de San Román y puso en riesgo la integridad de la población usuaria.
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En un comunicado conjunto, 23 organizaciones juveniles peruanas expresaron su preocupación por la representación oficial del Perú en la próxima cumbre COP28, que se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. La COP28 será la vigésimo octava conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones […]
En un comunicado conjunto, 23 organizaciones juveniles peruanas expresaron su preocupación por la representación oficial del Perú en la próxima cumbre COP28, que se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
La COP28 será la vigésimo octava conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Es la principal cumbre sobre políticas y acuerdos para limitar el aumento de la temperatura global.
Las organizaciones juveniles manifestaron su disconformidad por la asistencia de la congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Magaly Ruiz, presidenta de la Comisión Especial Cambio Climático, pero actualmente bajo investigación por ‘mochasueldos’, aunque blindada por sus colegas.
Según las organizaciones, hay dudas sobre su capacidad para representar adecuadamente los intereses del país en un evento como la COP28, así como sobre su nivel de conocimiento y compromiso con la justicia social y la protección del medio ambiente.
Por otro lado, las organizaciones juveniles expresaron su descontento por la cancelación de un espacio otorgado previamente a las organizaciones juveniles en la última sesión de la Comisión de Cambio Climático del Congreso. Esta decisión impidió que las propuestas y voces de la juventud en temas ambientales sean escuchadas, lo que afecta directamente su participación en la COP28 y evidencia una falta de prioridad en la consideración de las preocupaciones ambientales.
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Se estima que en la plataforma Andrés Avelino Cáceres operan 59 mercados. | IMAGEN: MDJLByR
Las instalaciones de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, reciben diariamente a miles de vendedores y compradores. Por las dimensiones del complejo, la gestión de residuos sólidos en la zona son una tarea pendiente las autoridades de Arequipa.
Al respecto, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero realizará una segunda faena de limpieza en la plataforma. De acuerdo con la comuna, se cerrará el paso vehicular por el lugar desde las 11:00 horas de este miércoles 29 de noviembre. Desde el municipio se detalla que más informes serán proporcionados por la Gerencia de Servicios a la Ciudad (teléfono 054-430700, anexo 114).
El complejo comercial arrastra una larga lista de problemas desde su instalación en el distrito. Además de los problemas con la falta de espacios para la disposición de basura, los mercados que conforman el Avelino afrontan dificultades con el comercio ambulatorio, inseguridad ciudadana, congestión vehicular, entre otros.
Por otra parte, desde la gestión distrital intensificaron la fiscalización de los comerciantes en el sector. Desde inicios de año se emprendieron operativos para cerrar los mercados que no cuentan con los permisos para su funcionamiento y mantienen deudas o multas con la comuna bustamantina.
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El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, propone realizar un plebiscito o “consulta popular” para que los habitantes tengan la oportunidad de decidir a qué región desean pertenecer.
En medio de la disputa territorial entre las regiones de Ica y Arequipa, en el sur del Perú, el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, propuso la realización de un plebiscito o “consulta popular” para que los habitantes de las zonas en conflicto tengan la oportunidad de decidir a qué región desean pertenecer.
La disputa ya lleva varios años. Se trata del límite entre las provincias de Nasca y Caravelí, exactamente entre los distritos de Marcona y Lomas. El conflicto ha desatado constantes enfrentamientos entre pescadores. La disputa también es por los grandes proyectos que se prevé en la zona como el Ferrocarril de Andahuaylas, así como un proyecto de extracción minera.
La propuesta del gobernador Jorge Hurtado surgió luego de que reafirmara su compromiso de “defender cada centímetro del territorio” de su región. La controversia se centra en siete kilómetros cuadrados de tierra entre las regiones Ica y Arequipa.
Ica conforma una comisión para definir límites con Arequipa
Para abordar esta situación, la gestión regional conformó una Comisión Multisectorial de Defensa de Límites, cuyos miembros, incluyendo al gerente general Abel Osorio, el director de la Oficina de Coordinación Regional, Carlos Zegarra, y el alcalde de Marcona Joel Rosales, ya han tomado juramento.
Joel Rosales, alcalde de Marcona, reveló que la gestión anterior liderada por Javier Gallegos Barrientos había llegado a un preacuerdo con Arequipa para ceder los siete kilómetros en disputa, una decisión que la administración actual está desafiando. Dentro de esta zona en conflicto se encuentran cuatro asociaciones de la comunidad pesquera, así como proyectos futuros como el ferrocarril hacia Andahuaylas y un nuevo proyecto minero.
«No vamos a ceder ni un centímetro del territorio de Marcona», afirmó enfáticamente Hurtado, subrayando la postura de Ica en este conflicto limítrofe.
A pesar de la aceptación previa de la propuesta del Gobierno Regional de Ica en un preacuerdo, las negociaciones actuales entre Ica y Arequipa parecen no haber llegado a un consenso. En este contexto, podría intevenir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para ofrecer una solución al conflicto territorial entre Ica y Arequipa.
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«Estamos indignados de estas actitudes de los poderes del Estado, que, lejos de servir al bien común, están sirviendo a intereses particulares, de grupo, de componendas»
El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, expresó su indignación por las revelaciones que comprometen a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una presunta red de tráfico de influencias y organización criminal dentro del Ministerio Público.
«No puedo decir si debe renunciar o no, pero estamos indignados de estas actitudes de los poderes del Estado, que, lejos de servir al bien común, están sirviendo a intereses particulares, de grupo, de componendas», expresó Pedro Barreto.
Recordó también que, a casi un año, las víctimas de la represión policial durante las protestas todavía no han recibido justicia. Además, lamentó que los poderes del Estado «no están respondiendo a las grandes necesidades y urgencias del país».
Pedro Barreto exhortó al Congreso, al Poder Ejecuto y al Poder Judicial a hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo para salir de esta situación de permanente crisis.
«Estamos en una situación muy preocupante y hay signos evidentes de corrupción, hay mafias que están [tras] los intereses del pueblo», consideró el cardenal.
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«¿Quién va a venir a invertir si va a ser extorsionado posteriormente?, ¿quién se va a atrever abrir un negocio y con eso dinamizar la economía de nuestra región y del Perú?»
Ante el crecimiento de los casos de extorsiones en la región Piura, el gobernador regional Luis Neyra solicitó a la Policía Nacional la implementación de planes estratégicos para abordar y enfrentar eficazmente esta problemática.
«¿Quién va a venir a invertir si va a ser extorsionado posteriormente?, ¿quién se va a atrever abrir un negocio y con eso dinamizar la economía de nuestra región y del Perú, si va a ser extorsionado?», señaló el gobernador.
Asimismo, cuestionó que dentro de la misma PNP haya malos elementos y exhortó a que el trabajo de inteligencia apunte a depurarlos. «Hay malos policías, han encontrado a dos efectivos que eran parte de una banda. Hay que hacer que la inteligencia funcione dentro de la misma policía y extirpar todos los malos agentes que existen dentro de la institución», consideró.
Finalmente, Luis Neyra indicó que en los centros penitenciarios se deben colocar bloqueadores de señal con el objetivo de evitar más extorsiones a empresarios y la ciudadanía en general.
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El Tribunal Constitucional le da a un juez la responsabilidad de resolver si libera o no a Alberto Fujimori preso por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta. Foto: Martín Mejía AP
El Tribunal Constitucional remitió este martes a un juzgado de Ica su decisión de restablecer el indulto a Alberto Fujimori. Y mientras su abogado afirmó que la resolución habilita la liberación del expresidente, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, recordó que está vigente la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de no ejecutar esa disposición.
El TC emitió un auto con el que declaran improcedentes los pedidos de aclaración hechos por el abogado de Alberto Fujimori y por el procurador del Poder Judicial respecto a su decisión de marzo del 2022.
Según esa sentencia, el TC declaró fundado un hábeas corpus a favor de Fujimori Fujimori y decidió restituir el indulto concedido el 2017. Esta fue revocada por la Corte Suprema y también ordenaron su salida de la cárcel donde cumple condena por 25 años por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta.
Pero las víctimas recurrieron a la Corte IDH, antes de que sea efectiva esa decisión y se libere a Alberto Fujimori, y ésta emitió una decisión ordenando no ejecutar lo decidido por el Tribunal Constitucional. El Estado peruano desde entonces acata esa resolución, por lo que el exmandatario permanece internado en el penal de Barbadillo.
¿Qué más ha dispuesto el Tribunal Constitucional?
El TC además de rechazar a los pedidos de aclaración, también dispuso remitir su sentencia de marzo del 2022 al juzgado donde se originó el habeas corpus, un juzgado de investigación preparatoria en Ica. Esto, “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”, para que ejecute su decisión y ordene la liberación de Alberto Fujimori.
Según el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, la decisión del Tribunal Constitucional sí implica «la inminente liberación de su defendido porque el TC ha refrendado el mandato donde se da viabilidad al indulto mandatario, ordenando que el juez continúe con la ejecución». Por tanto, corresponde que se remita todo al juzgado de origen para que se emita el oficio respectivo para su excarcelación, dijo en RPP.
Riera recordó que el partido fujimorista Fuerza Popular emitió un pronunciamiento en el mismo sentido. Dijo que la resolución de la Corte IDH “no puede reemplazar lo establecido por nuestra Constitución y el Tribunal Constitucional”.
Al respecto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo que su sector aún no ha analizado el tema. Y que no sabían “si este se va a ejecutar”. Pero recordó que la Corte IDH ordenó al Perú que se abstenga a ejecutar el indulto. “Tenemos un mandato convencional de parte de la propia corte, en el sentido que este indulto no podría ser ejecutado. Tenemos que evaluarlo en su momento”, declaró a Exitosa.
TC lo único que señala es que no tiene nada qué aclarar…todo sigue igual
De acuerdo al abogado Dino Carlos Caro Coria, el Tribunal Constitucional no ordena la excarcelación de Fujimori. Recuerda que el 17 de marzo de 2022, el TC declaró fundado un habeas corpus, ordenó la restitución del indulto y la consecuente libertad de Fujimori.
Pero frente a esta decisión, el 30 de ese mismo mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó, a través una medida provisional (cautelar) que no se ejecute dicha excarcelación.
“Lo único que ahora señala el auto del TC del 21 de noviembre de este año, es que, no tiene nada qué aclarar sobre la citada sentencia de marzo del 22, cuyos efectos están suspendidos por orden de la CIDH. Por ende, todo sigue igual”.
En la lista de congresistas con los que habría concertado el asesor de Benavides, se encuentra nada menos que el parlamentario arequipeño Edwin Martínez Talavera.
Según conversaciones de WhatsApp, asesor de fiscal de la Nación coordinaba con congresista Edwin Martínez
Más de una treintena de congresistas,entre ellos el arequipeño Edwin Martínez, han sido salpicados con las revelaciones de la investigación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y sus asesores, tras la megaoperación ‘Valkiria V’.
Según las primeras investigaciones, la fiscal de la Nación encabezaría una organización criminal de tráfico de influencias para condicionar los votos de los congresistas. A través de sus asesores, habría dirigido la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De acuerdo con la hipótesis de la fiscal a cargo, Marita Barreto, en la lista de congresistas involucrados se encuentra nada menos que el arequipeño Edwin Martínez Talavera. Pese a haberlo negado, el legislador no ha sabido explicar los fundamentos que sustentaron su voto en aquel entonces.
Asesor y congresista Edwin Martínez
De acuerdo con la tesis del equipo especial que lidera la fiscal superior Marita Barreto, el asesor principal de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, realizó coordinaciones con al menos 11 congresistas, entre ellos Edwin Martínez, para inhabilitar a Zoraida Ávalos.
En las conversaciones de WhatsApp entre Villanueva y un agente especial, se da a conocer la captación de votos de parlamentarios de Acción Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú y algunos no agrupados. Esto para concretar la inhabilitación de Ávalos.
Y, estrictamente en el caso de Martínez, el asesor de la fiscal de la Nación reveló a fines de mayo que había conversado con los acciopopulistas Edwin Martínez y los congresistas Luis Aragón e Ilich López. En la sesión del Pleno, del 20 de junio, el parlamentario arequipeño votó a favor de la inhabilitación.
“Hablamos con (Luis) Aragón, (Edwin) Martínez e Ilich (López). (…) He hablado con algunos y he conseguido a Somos (Perú), Cordero (Jon Tay) y los 4 ‘niños’ (Acción Popular). (César) Revilla me coordinó esas reuniones. ‘Patty’ Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial, faltaría Perú Libre”, se lee en uno de los chats del asesor con su interlocutor aun no identificado.
Los Niños
Según la Fiscalía, las coordinaciones del asesor de Benavides eran con diferentes congresistas agrupados como “Niños 1″, “Niños 2″ y “Niños 3″.
Niños 1: aparecen los parlamentarios Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López. Ellos son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Niños 2: Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paúl Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello y Américo Gonza. Se les investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
Y Niños 3: María Acuña, María Agüero, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Digna Calle, Isabel Cortex, Víctor Cutipa, Alex Flores, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Jorge Marticorena, Heidy Juárez, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Luis Picón, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Abel Reyes, Janet Rivas, Silvana Robles, Rosio Torres, Cheryl Trigozo, Elías Varas, Lucinda Vásquez, Magaly Ruiz y Karol Paredes. Todos ellos son investigados por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, presuntamente por haber recibido pagos ilícitos a cambio de votar en contra de la moción de interpelación al entonces ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva.
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Elmer Arenas, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). | FOTO: El Búho
Elmer Arenas, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), lanzó fuertes críticas hacia el deterioro de la institucionalidad que afecta al Ministerio Público, al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Desde la perspectiva de la federación, Arenas subrayó que todas las autoridades al mando de estos poderes “deben irse”.
“El tiempo nos ha dado la razón. ¡Que se vayan todos!”
Elmer Arenas, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA)
Este rechazo se reiteró tras las recientes revelaciones de denuncias que vinculan a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el presunto liderazgo de una organización criminal dentro del Ministerio Público. Las investigaciones también señalan que los asesores personales de Benavides, como Jaime Villanueva, podrían haber negociado con algunos congresistas a cambio de archivar investigaciones en su contra.
A favor de la denuncia contra Dina Boluarte
Después de exponer las operaciones de la presunta organización criminal en el Ministerio Público, Patricia Benavides se posicionó en contra del Ejecutivo. La fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por el delito de homicidio calificado. La denuncia está relacionada con la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otras víctimas de las protestas sociales del año pasado.
“Después de un romance [entre el Ejecutivo y Fiscalía] de más de 8 meses, parece que se han peleado y se hizo esta denuncia. Estamos de acuerdo con la denuncia porque Dina tiene que responder a los 80 muertos que ha habido”
Elmer Arenas, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA)
Desde Arequipa reafirman marchas
Ante este nuevo escándalo que sacude al Perú, el dirigente de Arequipa instó a la población a unirse a la movilización nacional en defensa del país. El próximo 7 de diciembre se llevará a cabo esta marcha. El pliego de reclamos sigue siendo el mismo: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Se anunciaron reuniones en los próximos días para coordinar con otros delegados de Arequipa. También se llevará a cabo una asamblea nacional de los pueblos en la región para afinar los detalles de la gran manifestación. Arenas destacó que no se descarta la posibilidad de retomar las protestas en las calles después del 7 de diciembre en contra del actual régimen.
Uno de cada cuatro arequipeños fue víctima de algún delito en el 2022, según estudio que mide la percepción ciudadana sobre violencia y seguridad ciudadana en la ciudad blanca.
Durante los últimos seis años, la zona metropolitana de Arequipa ha experimentado un notorio aumento en la percepción de inseguridad ciudadana. Esto, según la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana en Arequipa Metropolitana 2016-2022, presentada por la Universidad San Pablo. El estudio analiza diversas dimensiones como victimización, percepción de seguridad, pánico moral, incivilidad e institucionalidad durante los últimos seis años, excluyendo el año 2020 debido a la pandemia. Miraflores, Paucarpata y Hunter, según la encuesta, son evitados por un 16.7 %, 16.2 % y 13.3 % para evitar los riesgos.
Particularmente Hunter ha experimentado un drástico aumento en el rechazo a ser visitado. Mientras que inicialmente registraba un modesto 8.7 %, para el año 2022 este porcentaje ha escalado a un 21.8 %, según la percepción de la ciudadanía.
En contraparte, Yanahuara, Sabandía y Sachaca emergen como los distritos con una menor aversión para ser visitados por aquellos encuestados. Registran un ínfimo porcentaje de rechazo que se mantiene por debajo del 0.6 % a lo largo de los seis años anteriores a 2023.
Gustavo Torres Calderón, investigador principal. Carlos Timaná Kure, Director del Centro de Gobierno Coordinador del Grupo Praxis
Según el estudio, este es el perfil de las víctimas más frecuentes de la delincuencia: son personas de entre 18 y 35 años de edad pertenecientes a los estratos C o D, generalmente solteras y con educación secundaria. Los lugares de mayor riesgo son el transporte público y las calles urbanas especialmente durante horas de la tarde y por la noche.
Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana en Arequipa
La zona metropolitana de Arequipa enfrenta un aumento de la percepción de inseguridad ciudadana en los últimos 6 años, según estas encuestas. El estudio fue elaborado por el Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo. La información recopilada de 4800 personas con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 3.5 %, a través de 800 encuestas anuales entre 2016 y 2022.
Según su principal investigador, Gustavo Torres Calderón, este estudio va más allá de la mera percepción. Analiza diversas dimensiones como victimización, percepción de seguridad, pánico moral, incivilidad e institucionalidad durante los últimos seis años, excluyendo el año 2020 debido a la pandemia.
La principal observación del estudio es que la precepción de regular, mala y pésima van en un aumento constante en la mayoría de indicadores. Mientras que la percepción de buena y excelente están en una constante disminución, principalmente la última que llega a tener un 0.0% en varios cuadros. Las calles y paraderos de transporte público son los principales espacios inseguros.
Las posibles soluciones para esta situación han sido evaluadas y destacan dos enfoques principales. Un mayor castigo para los delincuentes, con un respaldo del 41.9 % de los encuestados. Y un incremento significativo en el número de efectivos policiales, una opción respaldada por el 41.7 % de la población consultada.
En los distritos de Cerro Colorado (21.9%), Cercado (17.9%) y Paucarpata (12.8%) se ha concentrado la mayor parte de la actividad delictiva. Este estudio reveló que alrededor de una de cada cuatro personas encuestadas admitió haber sido víctima de algún delito en los períodos comprendidos entre los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022. No obstante, hubo una reducción en esta tasa de victimización durante el año 2021, alcanzando un 14.5 %.
En lo referente a la tipología delictiva, el robo en el transporte público predominó como el delito más recurrente entre los años 2016, 2017, 2018 y 2021. Sin embargo, se registró un cambio significativo en el panorama delictivo durante los años 2019 y 2022, evidenciando un aumento en delitos de diversas índoles como estafas, extorsiones, secuestros, hurtos, cogoteos, entre otros.
Dentro de estos incidentes delictivos, se destacó que los casos de robos ocurrieron con mayor frecuencia en las unidades de transporte urbano. Lo que los sitúa como los vehículos con la mayor incidencia de casos delictivos de este tipo. Esta situación refleja un cambio en las dinámicas criminales, mostrando una mayor diversificación de delitos. Los robos en el transporte público, que históricamente habían sido más recurrentes en los años precedentes, han sido desplazados por delitos de mayor complejidad.
Respecto a la percepción de seguridad, la gestión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) culminó el año 2022 con una calificación considerada pésima por el 39.3 % de la población, mientras que un 30.4 % la catalogó como mala y un 28.3 % como regular.
Este patrón se replica en la evaluación de las exautoridades de la municipalidad provincial y del Gobierno Regional de Arequipa. El exalcalde Omar Candia finalizó el año 2022 con una percepción de seguridad catalogada como pésima por el 23 % de los ciudadanos, mala para el 32.4 % y regular para el 42.6 % de los encuestados.
En cuanto al desempeño de Kimmerlee Gutiérrez en materia de seguridad a nivel regional durante 2022, fue considerado como pésimo por el 25.5 % de los encuestados. Mientras que un 35.1 % lo calificó como malo y un 38.4 % como regular. En relación al servicio de Serenazgo al concluir la gestión municipal de Omar Candia en 2022, la percepción fue negativa. El 18.5 % de los arequipeños lo consideró pésimo, el 26.6 % como malo y otro 26.6 % como regular.
En términos de la preocupación generalizada sobre la seguridad ciudadana en Arequipa, la población muestra una preferencia marcada por dos soluciones principales para protegerse de la inseguridad. En primer lugar, existe un fuerte respaldo hacia la idea de aumentar la presencia policial, considerada por muchos como una medida crucial para combatir la delincuencia. Asimismo, se destaca el énfasis en la aplicación de sanciones más severas para los delincuentes como una estrategia disuasoria. Aunque en menor medida, existe una consideración secundaria sobre la posibilidad de incrementar la vigilancia privada como una opción de protección adicional.
En cuanto a los delitos que más inquietan a la población y que se teme que puedan ocurrir, el robo al paso se posiciona como la principal preocupación, con un abrumador respaldo del 49.4 %. Le sigue, aunque con una proporción menor, la preocupación por el robo en el transporte público. Este representa un 20.8 % de las preocupaciones delictivas de la población.
En el contexto de la dimensión relacionada con la Incivilidad en Arequipa, se ha identificado como el elemento primordial generador de inseguridadciudadana la falta de presencia policial. Este factor es el determinante en los años 2016, 2017, 2021 y 2022. Durante los años 2018 y 2019, los entrevistados señalaron que la ausencia de efectivos de serenazgo fue una causa significativa de inseguridad en la percepción de la población.
Al explorar las preferencias de la población en cuanto a medidas de seguridad. Se hace evidente un patrón recurrente: la vigilancia policial emerge como una opción prioritaria en los años 2016 (32.9%), 2017 (31.0%) y 2022 (43.3%). Esta tendencia sugiere que la comunidad cree que una presencia activa de las fuerzas policiales. Así como, la intervención oportuna de la policía puede promover y mantener un entorno más seguro en la región de Arequipa.
Josué Gutiérrez regresó de su viaje a Panamá y ofreció una conferencia de prensa en la que negó haber conocido a la fiscal de la Nación,Patricia Benavides, antes de convertirse en defensor del Pueblo.
“No conocía a la fiscal de la Nación, no he recurrido. Nunca me apoyaron en nada, ni pidieron que voten por mí, porque tenían su propio candidato”,
Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo.
Expresó que la denuncia que lo involucra menciona un ‘apoyo a un candidato pero no a quién’. Asegura que el candidato de Benavides era Jorge Luis Rioja Vallejos. Con esto, intentó desvincularse del problema y ha pedido serenidad a las autoridades. Eso sí, ha descartado que renunciará al puesto.
No tengo nada que ver en este proceso que podría haber deslegitimado a la institución
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Puno: Familiares de las víctimas del 9 de enero piden la salida de Patricia Benavides. Cusco: Familiares de víctimas realizan plantón rechazan a fiscal de la Nación. Junín: Viviendas colapsan por inundaciones.
Pasó en el Perú | Ayacucho. Los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y la Asociación de Familiares de las Víctimas y Heridos del 15 de diciembre manifestaron su firme oposición a la denuncia institucional presentada por Patricia Benavides, fiscal de la Nación, sobre las muertes ocurridas durante las protestas.
El rechazo de los dirigentes sociales se basa en la percepción de que la denuncia interpuesta por la fiscal de la Nación contra Dina Boluarte tiene la intención de utilizar la memoria de los fallecidos para desviar la atención de las acusaciones de corrupción que pesan sobre Benavides, informó Jornada.
Puno: Familiares de las víctimas del 9 de enero piden la renuncia o suspensión de Patricia Benavides
Pasó en el Perú | Puno. Los familiares y deudos de los fallecidos del 9 de enero pidieron la renuncia o suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por haber sido sindicada como cabecilla de una organización criminal que opera en el Ministerio Público.
El abogado César Quispe pidió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que suspenda a la fiscal. A su vez, culpó a Patricia Benavides por el poco avance de las investigaciones para hallar a los responsables de la masacre de Juliaca, informó El Objetivo.pe.
Ruth Barcena, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas y Heridos del 15 de Diciembre pide a la Fiscal de la Nación no usar la memoria de muertos https://t.co/YM0seYjH1f
Cusco: Familiares de víctimas de protestas realizan plantón rechazando corrupción en la Fiscalía de la Nación
Pasó en el Perú | Cusco. Luego del escándalo de corrupción que envuelve a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, familiares y amigos de Rosalino Flores y Remo Candia, víctimas de la represión policial en las protestas contra Dina Boluarte, salieron a las calles de Cusco para exigir «Que se vayan todos».
Indicaron que el Ministerio Público jugó en contra de agilizar las investigaciones de los asesinatos en las protestas, y ahora recién ha presentado una denuncia contra la presidenta Boluarte, informó CuscoPost.
La Libertad: «No hay indicios» de corrupción en la elección de Josué Gutiérrez, dice representante de la Defensoría
Pasó en el Perú | La Libertad. El recién nombrado representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, William León Huertas, afirmó que hasta el momento no existen indicios de presunta corrupción en la elección del titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez.
«Existen denuncias falsas y maliciosas; todas estas deben ser evaluadas por la autoridad competente. En este caso particular, el Ministerio Público está llevando a cabo la investigación, pero hasta el momento son solo sindicaciones que no han llegado a una etapa en la que podamos decir que hay algún indicio que perjudique al titular de la institución [Josué Gutiérrez]», señaló León Huertas.
Cabe destacar que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (EFICCOP) cuenta con indicios de prueba en forma de chats. En estos se evidenciaría una «influencia ilícita» por parte de una presunta organización criminal encabezada por la fiscal Patricia Benavides. Esto, para influir en la elección del defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), informó Noticias Trujillo.
Junín: Viviendas colapsaron por mal diseño de canalización de río ejecutada por Perú Libre
Pasó en el Perú | Junín. El mal diseño de la canalización del río Chilca, en el tramo del jirón Libertad y la avenida Huancavelica en Huancayo, provocó que las 24 viviendas ubicadas en ambos márgenes del canal sean inundadas por las aguas de la torrencial lluvia que golpeó la ciudad el último lunes y que cuatro de ellas de material rústico, se desplomen, lo que provocó pérdidas económicas a las familias.
Es la segunda vez que esta zona se inunda. Porque, desde que el río fue canalizado en el 2022 e inaugurado por el exgobernador Fernando Orihuela, no hay un solo desfogue para las aguas pluviales que se acumularán porque el terreno es una hoyada.
La canalización del río Chilca se inauguró el 7 de noviembre de 2022. Costó 33 millones de soles y fue inaugurado con mucha pompa, informó Huanca York Times.
Gore Ica forma comisión para defender límites con la región de Arequipa
Pasó en el Perú | Ica. El Gobierno Regional tomó juramento a una Comisión Multisectorial de Defensa para defender un área de hasta 7 kilómetros en la frontera entre Ica y Arequipa.
Este conflicto ya lleva varios años y se ha registrado enfrentamientos entre pescadores de Marcona y Lomas. El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, dijo que se va defender cada centímetro de territorio.
En los 7 kilómetros de disputa hay cuatro asociaciones de la comunidad pesquera. Y también se menciona proyectos futuros como el ferrocarril hacia Andahuaylas y la extracción de un nuevo proyecto minero en esa zona, informó La Lupa.
Loreto gana 3 medallas en olimpiada nacional de matemática
Pasó en el Perú | Loreto. La región Loreto obtuvo 3 medallas, 1 de oro y 2 de bronce, en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática (ONEM) 2023.
El estudiante del Colegio Nacional de Iquitos (CNI) Valentín Babilonia Rodríguez ganó la medalla de oro. El menor se formó en la selección de Matemática de su colegio.
“Recuerdo que la profesora Martha Luz Rodríguez del Aguila (su maestra en primer año) se acercó y me dijo, tengo un niño que dice que le gusta la matemática y le veo que sí. Tiene actitud, fue suficiente para mí, le dije hay que invitarle a la selección de matemática. Y desde el 2019 empezó a formarse”, resaltó en sus redes el docente Rafael Flores Saavedra.
Paul López Llerena, del colegio Maynas, obtuvo medalla de bronce y Joseph Alvarado, del colegio San Martin de Porres, también logró medalla de bronce. Cada uno en sus respectivos niveles y categorías, informó ProyContra.
«Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas las plataformas de la Red de Medios Regionales del Perú.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Abogado de Dina Boluarte desmintió que la presidenta renunciara a su inmunidad para enfrentar acusación de homicidio Lo que parecía un gran gesto de la presidenta Dina Boluarte, no era sino un blef. Tras anunciarse que se sometía a una investigación sin condiciones en el caso de las muertes por represión, dieron marcha atrás. Joseph […]
Abogado de Dina Boluarte desmintió que la presidenta renunciara a su inmunidad para enfrentar acusación de homicidio
Lo que parecía un gran gesto de la presidenta Dina Boluarte, no era sino un blef. Tras anunciarse que se sometía a una investigación sin condiciones en el caso de las muertes por represión, dieron marcha atrás. Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte Zegarra, desmintió las declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien previamente había anunciado que la jefa de Estado renunció a su inmunidad presidencial.
Propio de un des-gobierno como el actual, las versiones van y vienen, pero el jurista recalcó que él es la persona idónea para responder a la condición legal de la mandataria. “Desmiento categóricamente esta situación, no sé cuál habrá sido la fuente del ministro (…) El asesor jurídico de la investigación, soy yo. Creo que lo que hubiera correspondido es que yo conozca, antes que él mismo, esta decisión. Probablemente, ha sido una mala interpretación”. Y así… el Perú continúa “sin timón y en el delirio”, citando al poeta Papasquiaro.
Salen a la luz audios comprometedores del asesor de Patricia Benavides que comprueba sus negociaciones en el Congreso
Y siguen saliendo gruesas perlas del escándalo de la que era considerada por algunos como la “mujer del año”, Patricia Benavides. Resulta que se ha difundido uno de los 37 audios del exasesor de la dictadora del ministerio Público, actualmente detenido, Jaime Villanueva. En él se le escucha realizar coordinaciones con su contacto en el Congreso de la República, para que le haga el “favorcito” de lograr los votos necesarios para la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.
“Nosotros estamos reuniéndonos y asegurando algunos votos. (…) Ahora tenemos otra reunión para asegurar el bloque”.
En los siguientes días se estarían filtrando más audios comprometedores que avalan los chats de Villanueva con su contacto en el Congreso y ansias de poder. El chisme tiene para rato.
Tras crisis por acusaciones a Patricia Benavides, Delia Espinoza solicita su reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos
La batalla campal en el Ministerio Público apenas comienza. Mientras Patricia Benavides intenta que sus hordas se infiltren en los equipos contra la corrupción y Lava Jato, fiscales de diversas áreas se pronuncian en respaldo de Marita Barreto y piden a la Popis apartarse del cargo mientras duran las investigaciones. De momento, el conflicto parece entrampado y solo se perfilan dos salidas viables: que la siempre veloz JNJ suspenda a Paticita, o que la Junta de Fiscales Supremos decida despachar a Benavides.
Este último escenario parece más viable luego que la fiscal suprema Delia Espinoza pidiera su retorno a la junta. La magistrada permanecía en el Jurado Nacional de Elecciones, pero a raíz de la crisis institucional en el Ministerio Público intenta regresar a poner orden en la casa. Su llegada decantaría la balanza en contra de Patricia Benavides, que se resiste al retorno de Espinoza. ¿Quién ganará este nuevo pulseo?
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Patricia Benavides está con la soga al cuello pues la Junta Nacional de Justicia abrió procedimiento disciplinario contra la aún fiscal de la nación.
Conversamos con Zoraida Ávalos, exfiscal de la nación, inhabilitada por el Congreso para favorecer a Patricia Benavides, con votos a cambio de impunidad.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
«Por los hechos públicamente conocidos a raiz de la investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y la Policía Nacional»
El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) después de un día de sesión permanente abrió un procedimiento disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por los hechos conocidos a raiz de la investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y la Policía Nacional.
Luego de dos días de estar en sesión permanente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir procedimiento disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas mientras dure la investigación que está realizando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
A través de un comunicado, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer la decisión tomada luego de un día de conocerse los hechos.
Según indican se abre un procedimiento disciplinario inmediato a Patricia Benavides Vargas, «por los hechos públicamente conocidos a raiz de la investigación del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y la Policía Nacional».
Asimismo, dan a conocer que la resolución de apertura del citado procedimiento ya fue notificada a su destinataria, la fiscal de la Nación.
El procedimiento disciplinario se sigue cuando existe evidencia suficiente
Además explican en el documento que el procedimiento disciplinario inmediato «es aquel que se sigue a un juez o fiscal en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando».
El pleno de la Junta Nacional de Justicia manifestó además que actúan en estricto cumplimiento de la Constitución. Así como de su Ley Orgánica y su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, garantizando el debido proceso y cautelando el interés público.
Como informó la JNJ el lunes 27, «ante los hechos conocidos hoy, producto de la investigación realizada por el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder y la PNP, el pleno de la JNJ se encuentra en sesión permanente evaluando las acciones que le competen en el marco de la Constitución y la ley».
La tesis del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) estableció que Patricia Benavides es la cabecilla de la red criminal en la Fiscalía de la Nación. Junto a ella, sus asesores, Jaime Villanueva, el principal interlocutor con el Congreso. Así como Abel Hurtado, el coordinador parlamentario, y Miguel Girao, su segundo gerente central.
El Equipo Especial Lava Jato dirigió un oficio a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el que solicita el cambio de la fiscal Marena Mendoza Sánchez, recientemente designada coordinadora del grupo tras la suspensión de Rafael Vela el pasado 25 de noviembre. Mendoza fue presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de La […]
El Equipo Especial Lava Jato dirigió un oficio a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el que solicita el cambio de la fiscal Marena Mendoza Sánchez, recientemente designada coordinadora del grupo tras la suspensión de Rafael Vela el pasado 25 de noviembre.
Mendoza fue presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad hasta el año 2022.
En la solicitud, firmada por todos los fiscales del equipo, se destaca la preocupación por la autonomía e independencia de los fiscales, y se solicita la designación de otro magistrado para la coordinación mientras se resuelve el proceso constitucional de Rafael Ernesto Vela Barba.
Asimismo, se señala la participación de Marena Mendoza en una «reunión subrepticia» con Benavides previo a la megaoperación realizada por el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder que resultó en la detención de asesores de Patricia Benavides.
El pedido subraya la necesidad de que quien asuma la coordinación esté legitimado para ejercer dicha función. Se destaca la importancia de garantizar la ausencia de interferencias o conflictos de interés para que los representantes del Ministerio Público puedan desempeñar su labor en defensa de los intereses institucionales.
Entre los fiscales que respaldan este pedido figuran José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Norma Nori Gómez y Luis Ordoñez. En el comunicado, enfatizan su compromiso de seguir la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales, reafirmando la continuidad del trabajo del Equipo Especial Lava Jato.
¿Quién es Marena Mendoza Sánchez?
Marena Mendoza Sánchez, natural de Lambayeque, ha trabajado en los últimos años en La Libertad. Es fiscal superior titular civil, y, tras la suspensión de Rafael Vela Barba como coordinador del Equipo Especial Lava Jato, fue designada en este cargo.
Abogada egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Marena Mendoza Sánchez asumió en abril de 2023 la dirección del equipo especial que investiga 53 muertes relacionadas con protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Con una maestría en Derecho, especializada en Civil y Comercial, Mendoza trabajó desde 2019 como fiscal superior titular civil de La Libertad. Además, presidió la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad en el período 2021-2022.
Mediante la Resolución 499-2023-MP-FN del 27 de febrero de 2023, Marena Mendoza fue designada en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. También, fue coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y representante del Ministerio Público ante la “Comisión Multisectorial Permanente para el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.
Su nuevo rol como coordinadora del Equipo Especial Lava Jato, en reemplazo de Rafael Vela, fue oficializado mediante la Resolución 3270-2023-MP-FN. Sin embargo, la designación ha generado críticas al carecer de experiencia en casos de lavado de activos, corrupción y organización criminal.
En agosto de este año, el semanario Hildebrandt en sus Trece, ya cuestionaba severamente a Marena Mendoza, pues se trataba de una fiscal cuya experiencia se limita a asuntos civiles. No obstante, desde abril era la encabeza del grupo que se dedica exclusivamente a indagar las muertes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
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Gustavo Rondón Fudinaga, director del Hospital Municipal de Arequipa. | IMAGEN: Difusión
El último lunes, numerosos asegurados se vieron perjudicados por la interrupción de servicios en el Hospital Municipal de Arequipa. El director del nosocomio, Gustavo Rondón Fudinaga, explicó que esta decisión se tomó debido a problemas de pagos con EsSalud.
Entre los problemas señalados, Rondón destacó la falta de una Adenda 3 firmada con EsSalud desde abril de este año, a pesar de que se cumplió con los trámites requeridos. Otro problema crítico es que, desde julio, EsSalud no ha destinado los fondos correspondientes, generando una serie de dificultades al nosocomio. La deuda acumulada asciende a 5 millones de soles.
“Sin dinero de 5 meses hemos estado haciendo malabares para comprar insumos, pagar personal, comprar laboratorios y medicinas, entre otros (…) Hemos sido lo suficientemente tolerantes y sacrificamos para seguir manteniendo la atención”.
Gustavo Rondón Fudinaga, director del Hospital Municipal de Arequipa.
Un tercer problema expuesto por Rondón es la negativa de EsSalud para extender la adenda hasta junio de 2024. En su lugar, refiere el director, se propone una vigencia solo hasta el 31 de diciembre del presente año. “¿Qué va a pasar en enero con los asegurados?”, cuestionó.
Ante estos problemas por pagos, alrededor de 1 mil 200 pacientes en consulta diaria son afectos directamente, indicó Rondón. Así como a 3 mil 000 pacientes que dependen de exámenes de laboratorio y otras áreas. También advirtió que, si no se firma la adenda para el próximo año, aproximadamente 70 mil 000 habitantes del distrito de Cerro Colorado (Arequipa) se verán perjudicados. Por lo que, Rondón resaltó la importancia de resolver la situación con EsSalud.
EsSalud asume compromiso con Hospital Municipal de Arequipa
Para paliar la situación, EsSalud se comprometió a saldar parte de la deuda, específicamente los meses de julio, agosto y septiembre. La fecha límite establecida para efectuar este pago al Hospital Municipal de Arequipa es hasta el 5 de diciembre. Durante este período, aseguró Rondón, el nosocomio continuará brindando atención a los pacientes.
Sin embargo, el director subrayó que, en caso de incumplimiento por parte de EsSalud, el Hospital Municipal de Arequipa suspenderá sus servicios. Por otro lado, ante la interrupción de atención del lunes, Rondón aseguró que se reprogramarán las citas para los asegurados.
Comunicado de Hospital Municipal de Arequipa hacia asegurados.
A tan solo un mes de las festividades navideñas y de fin de año, representantes del Ministerio Público en Trujillo descubrieron que más de 110 panetones y otros productos carecían de registro sanitario en la panadería «El Sabrocito», ubicada en la avenida Pumacahua de la ciudad capital de La Libertad. Lo más grave fue que […]
A tan solo un mes de las festividades navideñas y de fin de año, representantes del Ministerio Público en Trujillo descubrieron que más de 110 panetones y otros productos carecían de registro sanitario en la panadería «El Sabrocito», ubicada en la avenida Pumacahua de la ciudad capital de La Libertad.
Lo más grave fue que se constató que su elaboración se realizaba en áreas de servicios higiénicos, además de la presencia de insectos, lo cual implica prácticas insalubres en la preparación de productos para consumo humano.
Las autoridades de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo, en colaboración con la Unidad de Fiscalización de Regulación Sectorial de Salud de la Gerencia Regional de Salud La Libertad y la Municipalidad Distrital de El Porvenir, llevaron a cabo acciones preventivas contra delitos que afectan la salud pública.
Durante la operación, se descubrió que los panetoncitos carecían de registros sanitarios, y otros productos, como panes, pasteles y masas utilizadas en su elaboración, estaban almacenados en áreas de baños, con la presencia evidente de insectos. Ante esta situación, el personal de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad ordenó el decomiso inmediato de 110 panetoncitos y otros productos.
Panetones en baños: Decomisan productos en Trujillo
Como medida de seguridad sanitaria, los productos fueron decomisados y trasladados al área de salud municipal para su correspondiente eliminación, con el fin de evitar riesgos para la salud de la población.
Los representantes de la Fiscalía instaron a la comunidad trujillana, y a la población en general, a estar alerta e informar cualquier situación similar que ponga en riesgo la salud pública durante la temporada navideña.
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