A 5 años de prisión suspendida y a una inhabilitación permanente fue sentenciado este lunes el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, en el juicio que afrontó por el tráfico de tierras en la asociación Jardines de Chachani.

El Primer Colegiado Supraprovincial de Arequipa condenó al exburgomaestre por el delito de cohecho pasivo propio en grado de autor. Sin embargo, la pena efectiva que le correspondía se suspendió provisionalmente, a cambio de que la exautoridad se someta a una serie de conductas dictadas por el juzgado. Además de pagar una caución de 10 mil soles y no volver a ejercer cargo público alguno.

El colegiado dispuso que Zegarra Tejada se someta a la vigilancia de la policía. También no debe ausentarse o varia de domicilio. Presentarse el primer día hábil de cada mes al juzgado y pagar en 7 días la caución civil.

Condena a exalcalde de Arequipa

Los jueces Ronald Medina Tejada, Giuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe valoraron cada una de las pruebas aportadas en el juicio. Y señalaron que se encuentra “acreditada la transgresión de funciones” por parte del exalcalde de Arequipa.

Zegarra Tejada y los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa condicionaron sus decisiones para beneficiar a los dirigentes de la asociación Jardines de Chachani a cambio de ventajas electorales. En este caso, apoyar la candidatura del exalcalde a la reelección en el 2014.

El exalcalde firmó resoluciones reconociendo a la asociación Jardines de Chachani y elevó expediente al Congreso para que se apruebe la expropiación de las tierras que estaban a nombre de Yeny Vargas.

Por estos hechos, el exburgomaestre tendrá también que pagar una reparación civil de 15 mil soles por agraviar al Estado.

Otros sentenciados

Además del exalcalde de Arequipa fue sentenciado su exfuncionario y jefe de la Oficina de Conflictos, José Luis Cavero, también por el delito de cohecho pasivo impropio. Recibió una pena de 5 años efectiva, pero también quedó suspendida.

En cambio, se dictaron condenas más severas a los dirigentes y exservidores públicos que promovieron la usurpación y tráfico de tierras en la asociación Jardines de Chachani y que se expandió a la asociación Trasoceánica, en Cayma.

El dirigente Pepe Merma Valencia recibió una pena unificada de 16 años de cárcel por la comisión del delito de organización criminal, usurpación agravada y otros delitos. Y 12 años de cárcel para Goyo Ordóñez Araujo, José Gutierrez Apaza, Frank Valencia Valencia y Walter Roberto Valencia.

Mientras que Ruiz Valencia Huamani recibió 9 años de cárcel. Gabriela Victoria Córdova, 4 años y 4 meses por el delito de falsedad ideológica. El exjuez de Paz, Benerardo Paricahua Rojas, recibió 4 años por el delito de usurpación de funciones. Y, finalmente, Germán Aymituma Luna recibió 2 años de pena privativa de la libertad convertidas a 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

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Congresista Jorge Montoya asegura que el sueldo de parlamentario es poco, “porque ha habido una depreciación en el tiempo”

El congresista Jorge Montoya consideró que el sueldo de los parlamentarios “no es justo”. Explicó que el salario de los congresistas ya no es suficiente. Jorge Montoya dijo que “ha habido una depreciación en el tiempo desde la fecha que está instalado el sueldo como tal” y que este “debería ser recuperado”. El sueldo básico de los congresistas es de 15 mil 600 soles, de los cuales perciben 10 mil 200 soles líquidos tras los descuentos de ley. A este monto hay que sumar 7 mil 617 soles mensuales de la “asignación por desempeño de función congresal” y la bonificación de 2 mil 800 por función de representación. ¡Pobrecitos los congresistas!

Congresistas investigados y cuestionados estarán al frente de la investigación contra integrantes de la Junta Nacional de Justicia

La Junta Nacional de Justicia está con los días contados. Los otorongos le soltaron la cadena a Patricia Chirinos, que ya le metió moto a los magistrados y los dejó a merced de la Comisión de Justicia del Congreso. Un grupo de trabajo integrado por auténticas joyitas. Para arrancar, la peruposibilista Janet Rivas, quien casi casi blindó a su coleguita Freddy Díaz, acusado de violación. Le siguen la estela tres acusados de mochasueldos: las apepistas Rosío Torres y María Acuña, además de la podemita Heidy Juárez. Y como guinda del pastel, el “niño” acciopopulista Elvis Vergara. Sobre los hombros de estos padrastros de la patria recae el anhelo de los otorongos por consolidar la dictadura parlamentaria y terminar de tomar por asalto el Poder Judicial. El circo de turno comienza este martes y en 14 días podría concretarse el temible quiebre del orden constitucional. El fin está cerca.

Pese a la cantidad de denuncias contra el ministro de Justicia, Dina Boluarte, dice confiar en él y defiende la presunción de inocencia

La presidenta Dina Boluarte presentó un nuevo avance de su gestión junto con sus nuevos ministros. Entre sus anuncios sobre la inseguridad ciudadana y su “plan Boluarte”, la presidenta volvió a asegurar que está trabajando incansablemente y no claudicará en esa lucha, ni tampoco en la tarea de luchar contra la corrupción. Aunque estas palabras sonaron vacías tras reiterar su apoyo al cuestionado ministro de Justicia, Eduardo Arana. Cuando se le consultó por la permanencia del ministro, luego de conocerse las denuncias, investigaciones, sentencias y sospechosas vinculaciones con los Cuellos Blancos, la presidenta dijo que como ella solo evalúa el trabajo del ministro y cree en la presunción de inocencia. Y así insiste en que le hace frente a la corrupción.

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Una nueva versión del himno «Dina asesina» ha surgido luego de que Dina Boluarte se refiriera a esta arenga durante su visita al distrito de Pichanaqui en Junín. Mientras tanto, Keiko Fujimori no se queda atrás mostrando su talento con el piano.

En el Congreso, los intentos por destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia no cesan. Sin embargo, los miembros de la JNJ salieron a los medios a defenderse.

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Varios líderes indígenas de la selva central han sido acusados de secuestro por las desapariciones forzadas de cuatro personas en la comunidad de Puerto Ocopa, en abril pasado tras el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón.

Los ciudadanos desaparecidos son José Valdivia Andamayo, Brandom Alejandro Cruz Rojas, Erick Cabrera Cáceres y Adrián Asunción Ramírez Fernández.

Por este caso fueron detenidos Fabián Antúnez Camacho, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART) y José Saavedra Carrión, jefe de la comunidad nativa de Puerto Ocopa. En tanto, los líderes investigados son Fredi Gavilán Mejía y Claudio Jayunca Mañoro. También, Antonio Aucayauri Fuentes, Eulogio Domingo Prado y Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE). Esta última organización denunció atropellos a sus derechos a la defensa, entre otros.

Amedrentamiento de defensores ambientales

El día del arresto de Fabián Antúnez, el lunes 4 de setiembre, denuncia la CART, fueron allanadas de manera irregular, violenta. Y sin presencia del personal ni de abogados y testigos las oficinas de dicha organización. Y fueron incautados archivos, documentos, computadoras y sellos de los directivos.

La CART también señala que ese día, patrullas de la Marina de Guerra peinaron las comunidades nativas de Río Tambo. «En un acto de amedrentamiento y provocación de enfrentamiento con nuestras comunidades para justificar la arbitraria detención de nuestro líder además de querer desprestigiarnos calificados de racistas y violentos».

El vicepresidente de la CART, Royer Camacho, señala que el jefe indígena Fabián Antúnez es defensor del territorio y los derechos indígenas. Por ello lo amenazan personas que se dedican a actividades ilícitas como la tala ilegal, el tráfico de terrenos y sobre todo del cultivo ilegal de la hoja de coca para la producción de droga.

El descargo de la Central Asháninka del Río Tambo

“Nos están atropellando e intentando criminalizar como organización e inculparnos por los crímenes de Puerto Ocopa. Esta acusación de responsabilidad por los crímenes es falsa», argumenta Royer Camacho, vicepresidente de CART.

Detalla que antes de la detención del líder hubo una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros para hacerles saber que como organización se encuentran amenazados por actividades ilícitas como el narcotráfico. Al poco tiempo, y sin protección del Estado ante estas demandas, ocurrió el asesinato del líder Santiago Contoricón en la puerta de su vivienda, el ocho de abril.

A raíz de ese crimen, las organizaciones asháninkas de la zona como la Central Asháninka del Río Ene y la CART, hicieron un llamado a los ministros de Interior, Justicia y Cultura. Para que intervengan en Puerto Ocopa y les proporcionen garantías de vida e investiguen la muerte de Contoricón. Hasta el momento no han obtenido una respuesta eficaz.

En respuesta, las comunidades asháninkas acataron un paro y mantuvieron bloqueada la carretera en Puerto Ocopa por cerca de 17 días. En este contexto desaparecieron las cuatro personas que intentaban pasar el bloqueo por rutas alternas.

“Están detrás de las personas equivocadas”, dice Camacho y declara que no hay un buen trabajo de investigación para esclarecer las desapariciones.

Lee la nota original aquí o visita HYTIMES.PE, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

Pasó en el Perú | Junín. David Jiménez Heredia, congresista huancaíno de Fuerza Popular, fue denunciado por presunto delito de peculado, debido a que contrató a una trabajadora para su negocio privado pero con planilla en el Congreso, como si estuviera trabajando allí.

La denuncia fue presentada por el procurador general del Estado, Daniel Soria. A raíz de ello la Procuraduría General pidió iniciar diligencias preliminares contra Jiménez.

La trabajadora contratada para su empresa privada, el Instituto Franklin Roosevelt, es Ángela Noblejas. Su sueldo como administradora de su empresa, es de 6 mil soles mensuales, informó Huanca York Times.

Puno: Preparan nuevas movilizaciones contra Dina Boluarte

Pasó en el Perú | Puno. Este lunes, un grupo de manifestantes mujeres, realizaron un plantón en la plaza mayor de Puno, para mostrar su rechazo hacia la presidenta Dina Boluarte, contra quien anunciaron una medida de lucha para el mes de octubre.

Una de las ciudadanas señaló que se vienen preparando para realizar nuevas movilizaciones en la ciudad de Lima, con el fin de exigir la renuncia de la presidente de la República, el cierre del congreso y la liberación del expresidente, Pedro Castillo.

También sostuvo que la jefa de estado merece ser recluida en la cárcel de Challapalca por las muertes que se registraron en el mes de enero en Juliaca, Macusani e Ilave. “Ella debe venir sola a los pueblos. Ahora que venga a Puno, a ver. ¿Quiere hacernos matar otra vez?, ¿Quiere venir a reconocer a los muertos?, ella ya se merece ir a la cárcel, nosotros queremos que se vaya a Challapalca”, dijo a El Objetivo.pe.

Piura: Autoridades reiteran invitación a Boluarte para evaluar acciones frente al Niño Global

Pasó en el Perú | Piura. La Plataforma de Defensa Civil reiteró la invitación a la presidenta Dina Boluarte para que, junto con un equipo técnico, llegue a la región norteña y evalúe las acciones de mitigación para hacer frente al anunciado fenómeno de El Niño global.

El titular de la región señaló que el pedido incluye la presencia del premier Alberto Otárola, y los ministros de Economía y Finanzas, Vivienda, Agricultura, teniendo en cuenta que son los principales a los que les corresponde las acciones de preparación frente al fenómeno climático.

También se incluye en la invitación al ministro de Salud, César Vásquez, debido a que solo se ha transferido 3 millones 200 mil soles para la lucha contra el dengue. Teniendo en cuenta que Piura presentó un plan que requiere 76 millones de soles para su aplicación.

Otra de las propuestas de la autoridad regional, aprobada por unanimidad por la Plataforma de Defensa Civil, fue solicitar la intervención del Ministerio Público. Para que verifique si los tres niveles de gobierno vienen cumpliendo con las actividades de mitigación que les corresponden, informó Pirhua.pe.

La Libertad: César Acuña rechaza interceder en la elección de congresistas de APP

Pasó en el Perú | La Libertad. El líder y fundador de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, rechaza interceder en nombramientos de parlamentarios de APP en el Congreso de la República.

Este fin de semana el programa dominical “Cuarto Poder”, reveló que Acuña habría intervenido en la elección de Lady Camones y Alejandro Soto. Este último actual presidente del Congreso.

Finalmente, minimizó a su hermano Héctor Acuña, quién aseguró que el líder APP estaría intercediendo en la posición de ciertos parlamentarios en el congreso, informó Noticias Trujillo.

Ayacucho: Gobernador Oscorima desconoce la existencia del Fredepa

Pasó en el Perú | Ayacucho. «¿Qué es Fredepa?, yo solo conozco al pueblo». De esta manera, el gobernador regional, Wilfredo Oscorima, desconoció al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) al referirse al desarrollo de las obras por los Juegos Bolivarianos 2023.

En otro momento, aseguró que los proyectos que viene planteando para la región en los próximos años serán aprobados con total normalidad por el ejecutivo. Porque, para él “la presidenta Dina Boluarte quiere a Ayacucho”. Olvidando por un momento las familias de los fallecidos y heridos del 15 de diciembre que hasta el momento no obtienen justicia, informó Jornada.

Policía dispone busca fortalecer plan contra la criminalidad en Lambayeque

Pasó en el Perú | Lambayeque. El nuevo jefe de la Segunda Macro Región Policial Lambayeque, Luis Lazo, anunció que su comando apunta a redoblar el trabajo de inteligencia a fin de identificar a los responsables de los diferentes crímenes presentados en las últimas semanas.

“Estamos redoblando el trabajo con el plan de seguridad e inteligencia. Para lo cual estamos desplegando a personal de las comisarías, la USE y operaciones especiales”, señaló Luis Lazo.

Luis Lazo asumió la jefatura de la Policía de Lambayeque, luego que la semana anterior se ordenara el relevo del general Marlon Anticona. Esto, en medio de una crisis de inseguridad que afecta al departamento, informó Semanario Expresión.

«Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas las plataformas de la Red de Medios Regionales del Perú.

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Un grupo de personas detenidas en enero pasado durante la intervención que se realizó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, dieron cuenta de la represión sufrida y anunciaron que volverían a protestar en la capital de la República.

Tras el archivamiento de las denuncias por los delitos de usurpación y otros, que involucraba a cerca de 200 personas, en su mayoría de la región Puno, las víctimas dieron su versión sobre la detención que sufrieron el pasado 21 de enero, luego de trasladarse desde Juliaca a Lima para pedir justicia por la masacre que se registró el 9 de enero de este año 2023, donde murieron cerca de 20 personas.

“Hemos ido a ejercer nuestros derechos y abusivamente este gobierno de facto utilizando a la Policía Nacional intervino la universidad por aire y tierra, destrozaron los alimentos y demás enseres que la población nos había donado, nos dejaron incomunicados y nos amenazaron”, señaló uno de los detenidos, César Huasaca.

Añadió que la intención de fondo era clara; sin embargo, pasó el tiempo y ninguna de las acusaciones tuvo fundamento, pero no hay responsable alguno de la represión sufrida ese día.

A Marleni Chura la detuvieron seis efectivos policiales

Por su parte, Marleni Chura, integrante de la brigada de rescate que también viajó a Lima, relató que el día de la intervención la detuvieron seis efectivos policiales que la lanzaron al piso y la insultaron, además de quitarle su celular y pertenencias.

Pese a ello, dijo no tener miedo y de darse un nuevo viaje a la capital, enrumbarán a Lima para exigir justicia por los caídos del 9 de enero.

Como se recuerda, un grupo de policías ingresó con violencia a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por medio de videos de redes sociales se dio a conocer que los oficiales realizaron cateos y detenciones arbitrarias sin la presencia de defensores del pueblo, ni elementos de la Fiscalía.

Abogados y defensores de derechos humanos denunciaron la incomunicación a la que sometieron a los detenidos, amenazas y vejaciones en el proceso. El operativo es el más reciente acto de confrontación entre los manifestantes que exigen la convocatoria de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

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Los puestos de trabajo se reducirán entre un 30 y 40% por la baja producción de mango y uva, según estiman representantes del sector productivo en Piura. Gran preocupación viene causando la baja producción del mango, uva, arándanos, palta, limón y otras frutas y vegetales en la región Piura, debido al cambio climático.

El ingeniero y representante del Fundo Agrícola Tungasuca de Piura, Marco Córdova, explicó que debido a las malas condiciones del clima la producción de mango se ha visto seriamente afectada, generando pérdidas en los agricultores.

“Invertimos 9 mil soles por hectárea, según el agricultor, hay otros que invierten mucho menos, pero netamente este año estaríamos entre 5 mil dólares por hectárea”, expresó el ingeniero.

Asimismo, indicó que existiría una baja en la mano de obra, ya que no habrá cosecha y mucho menos exportaciones al extranjero.

“Nosotros en mango y uva tenemos 800 mil trabajadores del cual se ve una reducción del 30 al 40 por ciento de mano de obra”, precisó.

Por último, mencionó que a los países que se exportan estos productos son Estados Unidos y Europa, sin embargo, por la baja producción no se podrá cumplir con los compromisos por lo que ya se ha informado a los compradores sobre la situación que viene atravesando el agro en el Perú y en la región.

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El proyecto de irrigación Majes Siguas II sigue a la deriva, tras el anuncio de iniciar el arbitraje de derecho entre el GRA y Cobra. Sin embargo, esta acción parece difícil de concretarse, debido a las acusaciones que se hacen el concedente y la concesionaria.

Y es que, los últimos meses la acción realizada por ambas partes fue siempre la de señalarse incumplimientos contractuales. Así, en un plazo en donde debería haberse iniciado algunas obras del proyecto, hay un arbitraje que paraliza Majes Siguas II aún más, mientras las acusaciones continúan sin solución.

Las acusaciones de incumplimiento de Cobra

La carta que anunciaba el final del contrato por Majes Siguas II emitida por la concesionaria Angostura Siguas S.A. menciona un total de 10 puntos que el GRA no cumplió. Debido a esto es que, cumplido el plazo a fines de agosto, se culminó este contrato.

Según Cobra, los incumplimientos del Gobierno Regional de Arequipa son los siguientes: incumplimiento en la Entrega de Control de Proyecto. Falta de aprobación del Expediente Técnico 2. Valorizaciones emitidas por el Concesionario. Incumplimiento relacionado a la Adenda de Fideicomiso. También acusó que no se cumplió con la modificación de los ET 1AB y 1B aprobados. Incumplimiento relacionado a los ITS de la Fase 2. La puesta a punto de las obras existentes (Majes I) y el incumplimiento de sus seguros de obra. El Incumplimiento relacionado a la falta de un Supervisor Especializado y no cumplir con el desvío de quebradas.

Respuestas del Gobierno Regional de Arequipa

Las razones de la concesionaria para terminar el contrato de concesión de Majes Siguas II son conocidas. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno Regional de Arequipa? El mismo gobernador mencionó que la empresa Cobra tampoco cumplió con obligaciones.

En la carta, el GRA acusa a Cobra de no actualizar la información el Estudio de Impacto Ambiental. Incumplimiento del monto total del pago del capital social del concesionario. También, que la empresa Cobra no habría presentado el reglamento y manual de operación y mantenimiento de obras existentes. No solo eso, el GRA acusa a Cobra no haber realizado la presentación anual de los estados financieros auditados dentro del plazo. Y por último la falta de inicio de obras que corresponden al Expediente Técnico N°1.

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Debido a que no se cumplió con sus demandas, los docentes universitarios unificados en la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) convocan a una huelga nacional indefinida para reclamar la transferencia de 197 millones de soles a través del Ministerio de Educación (Minedu) para nivelar sueldos con el sector privado.

Argumentando como razones para justificar la medida de fuerza, la Aunap sostiene que en la Ley de Presupuesto 2023 el Poder Ejecutivo transfirió al Minedu la suma de 112 millones de soles, dejando insatisfechos a la masa del profesorado ya que se había acordado en primera instancia que la transferencia para nivelar las remuneraciones de los docentes de universidades públicas con sus homólogos de universidades privadas era de 309 millones de soles.

Viendo esta problemática, todas las asociaciones de profesores de educación superior unificados en la Aunap exigen que en la Ley de Presupuesto 2024 se incluya la diferencia de 197 millones de soles para satisfacer las demandas remunerativas; además, se exige el pago de la homologación de las remuneraciones de docentes universitarios con los magistrados judiciales.

A fin de que se cumplan estas exigencias, se convoca a una huelga general indefinida que se realizará a partir del 26 de setiembre en la que participarán los docentes de las 52 universidades del país.

Recordar que el calendario de actividades para el semestre 2023-I de la Unsch, establece el día 25 se setiembre como el primer día de inicio de clases. Por lo que se espera una solución por parte de las autoridades universitarias ya sea realizando una reprogramación de las fechas del calendario académico o el desarrollo de las actividades académicas en la modalidad virtual.

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El último informe de la Defensoría del Pueblo en Arequipa indica que la región cuenta con un total de 6 conflictos activos, siendo 4 de ellos por minería informal. Estos actos contemplan las pugnas entre mineros y malas condiciones de trabajo que han dejado un total de 60 fallecidos en los últimos 3 años. Las zonas mineras más afectadas son Choco (Castilla), Río Grande (Condesuyos), Atico (Caravelí) y Uchumayo (Arequipa).

No solo eso, estos enfrentamientos mineros en Arequipa registraron un alto índice de violencia, donde llegaría a utilizar armas de fuego que conlleva a pérdidas humanas. Según el representante del defensor del Pueblo, Ángel María Manrique, no hay presencia oportuna del Gobierno Regional sobre estos conflictos. A esto se suma que, la instalación de mesas de diálogo entre la autoridad y población, no han dado resultados hasta la fecha.

La principal razón de estos conflictos a nivel nacional es que existen prórrogas de plazos de formalización minera, que son los que producen estos enfrentamientos mineros. Sin embargo, esta situación afecta también a la población de alto riesgo y a toda la población de los distritos mencionados.

Por último, el defensor del Pueblo hizo un llamado a las autoridades regionales para realizar una fiscalización sobre estos conflictos. Principalmente al reciente nuevo gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, Iván Prado Barreto, designado el pasado 31 de agosto.  

Tía María, Majes Siguas II y La Joya como conflictos sociales en Arequipa

Estos conflictos de formalización minera en Arequipa no son los únicos que mencionó la Defensoría del Pueblo. También están los casos de enfrentamientos sobre los proyectos de Tía María (Islay) y Majes Siguas II (Caylloma). 

Según el defensor del Pueblo, la situación actual de los dirigentes de La Joya que días antes realizaron un paro no contempla un conflicto social. Aunque no se descarta que esto pueda escalar a un escenario de conflictividad, mencionó. Como se sabe, pidieron la llegada del gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, nuevamente. En caso de no acudir, se realizará de nuevo un bloqueo en el km 48 de la Panamericana Sur.

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Desde hace dos meses, las instalaciones del Hospital Regional de Loreto, exactamente el centro de acopio, se ha convertido en un botadero de basura. Continúa acumulándose y ha sobrepasado la cantidad de almacenamiento del mismo.

La acumulación de residuos tóxicos hasta el momento no han sido correctamente procesados ni eliminados. Varias bolsas de plástico negras apilan guantes, agujas, ampollas vacías, mascarillas entre otros materiales biocontaminantes, que desprenden un olor nauseabundo.

De acuerdo con Ronald Gálvez Tuesta, representante sindical del Hospital Regional de Loreto, este problema se habría originado por la deuda que mantiene el nosocomio con la empresa Bruner, que administra la gestión de residuos sólidos.

Esperemos que puedan dar una solución inmediata al recojo de los residuos sólidos, porque podrían estar generando un grave riesgo en la salud de la población. Sobre todo en los pacientes y el personal del nosocomio.

Lee la nota original aquí o visita Diario Pro & Contra, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, se ha quedado sin la seguridad que le proporcionaba el Estado. La decisión fue de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo la dirección del general PNP, Jorge Luis Angulo Tejada.

“Declarar desestimada la petición de continuar otorgando el servicio de seguridad y protección personal al señor César Arturo Fernández Bazán, alcalde provincial de Trujillo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”, se lee en el informe.

Según este informe policial, no existen factores que pongan en peligro o riesgo la integridad física del alcalde Arturo Fernández, por lo cual se recomienda desestimar la continuidad del servicio de seguridad y protección personal.

En respuesta a esto, el alcalde de Trujillo se pronunció agradeciendo por el servicio de Seguridad del Estado hasta la fecha y advirtiendo que cualquier atentado contra su persona sería responsabilidad exclusiva de la Policía.

“Justo cuando denuncio una organización criminal en Lima, y vengo dando información a la población de la mafia de los mismos gobernantes. Gracias por haberme brindado hasta el día de hoy Seguridad del Estado. Cualquier atentado hacia mi persona ustedes serán los únicos responsables”, afirmó Fernández Bazán.

El retiro de la seguridad estatal ocurre a pocos días de que Arturo Fernández Bazán enfrente en sesión del Concejo Municipal la posibilidad de su destitución como alcalde de la MPT. Esto se origina a raíz de una sentencia en segunda instancia de un año de prisión suspendida y una reparación civil de 25 mil soles por el delito de difamación agravada contra una policía.

Lee la nota original aquí o visita Noticias Trujillo, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

En el pedido de facultades legislativas enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo ha propuesto una severa medida que atenta contra la libertad de expresión. Motivo por el cual el Consejo de la Prensa Peruana pide que se remueva del pliego general.

En el punto 3.1.2 inciso C, el gobierno de Dina Boluarte propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública para “sancionar a los instigadores del delito de disturbio […], ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia” (sic).

Este punto atenta no solo contra la libertad de expresión de los ciudadanos que libremente deseen convocar o informar. A través de medios de comunicación su participación en manifestaciones. Un derecho humano reconocido internacionalmente; sino también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto.

La propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente a ciudadanos. Bajo la figura de instigadores de disturbios –incluyendo periodistas– que informen o compartan información sobre protestas. Expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional.

Lee la nota original aquí o visita Inforegion, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

La madrugada de este lunes, José Becerra Ccapa de 58 años de edad fue asesinado durante una pollada que se realizó la avenida San Martín, en Paucarpata (Arequipa). El padre de familia recibió varias puñaladas al momento de intervenir en una pelea entre dos grupos de personas.

El enfrentamiento se habría originado por la rivalidad de dos bandas que operan en esta zona del distrito de Paucarpata. Tras iniciarse la pelea en la cochera de la casa, tres personas recibieron cortes en la cabeza y el cuerpo.

El enfrentamiento involucró a varias personas en esta pollada, hasta el punto que continuaba la pelea hasta la calle Roma, alejado de la vivienda donde inició.

Tras culminar la pelea, fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza de Arquipa para recibir atención médica de emergencia. Lamentablemente, José Becerra llegó sin signos vitales al nosocomio, certificando su deceso.

En cuanto a los dos heridos, Juan Carlos Y.T. (40) y Jesús Teófilo R.R. (56), continúan internados en el hospital Honorio Delgado, fuera de peligro. También se rompieron las lunas del vehículo de placa V2T 512, durante el enfrentamiento.

Detenidos en Paucarpata (Arequipa)

Tras iniciarse las indagaciones por el fallecimiento de José Becerra, se detuvieron a tres personas. Gary Torres, Mario Pedraza (ambos de nacionalidad boliviana) y Cristhian Casilla son investigados por el delito de homicidio.

En el lugar del asesinato se halló un cuchillo, el cual estaba oculto en un montículo de arena. Se realizarán las pericias necesarias, para comprobar si esta arma se utilizó en el crimen, y si pertenece a alguno de los detenidos.

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La Empresa de Generación Eléctrica (Egasa) ha demandado al directorio del Instituto de Planeamiento Municipal (Impla) de la Municipalidad de Arequipa ante su rechazo al proyecto Charcani VII.

En una acción ofensiva, Egasa denunció al gerente y miembros del directorio por desaprobar el plan específico del Parque Las Rocas, documento que les permite continuar con el proyecto Charcani VII.

La empresa interpuso la acción contra William Palomino, Carlos Zeballos, Felix Sólis, Giovana Manchego, Michael Alfaro y al exgerente del IMPLA, Germán Cutimbo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, así como omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Egasa fundamenta su demanda en la decisión que tomaron los cinco miembros en noviembre de 2022, cuando acordaron no dar el visto bueno al plan específico. Por el contrario, señalaron que el proyecto de la central hidroeléctrica Charcani VII impactaría irreversiblemente sobre el valle de Chilina.

A pesar de ello, la Fiscalía desestimó la demanda en primera instancia, pero Egasa apeló tal decisión.

Mientras tanto, el directorio IMPLA elevó en mayo el expediente al Concejo Municipal de Arequipa para que sea este ente el que se pronuncie y otorgue el visto bueno.

Pero en julio, el gerente de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Augusto Arce Paredes, decidió devolver el expediente al IMPLA. El nuevo gerente del IMPLA, Víctor Diván junto con el directorio tendrán que tomar una decisión. Así lo dio a conocer Augusto Arce a La República, quien argumentó que falta considerarse el análisis del Colegio de Arquitectos antes de resolverse.

En medio de este proceso, la Primera Fiscalía Superior Penal de Liquidación y Apelación ordenó anular la primera decisión fiscal y dispuso que se inicie una investigación preliminar por 60 días sobre el caso.

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El proceso de reparación de la actual infraestructura hidráulica del proyecto Majes I en Caylloma (Arequipa), continúa su curso. Como se anunciara a mediados de agosto, esta intervención vendrá acompañada de una declaratoria de emergencia para acelerar los presupuestos y reparaciones.

Para lograr este cometido, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se reunió el fin de semana con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. En la reunión también estuvieron los congresistas por Arequipa, y la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvarez.

La infraestructura hidráulica más afectada se ubica en los túneles y canales que conducen el agua hacia El Pedregal. Actualmente son 23 mil hectáreas de terrenos de cultivo que dependen de esta infraestructura. Pero, esta agua también sirve para el consumo más de 180 mil habitantes y miles de animales.

El 16 de agosto, la ministra de Agricultura, Nelly Paredes, explicó que el Ejecutivo asumirá los costos del expediente técnico y las obras de reparación del túnel 9. Para priorizar la celeridad, asumirían el proyecto como si estuviera incluido dentro de una declaratoria de emergencia

Infraestructura dañada en proyecto de irrigación en Arequipa

El sistema de aducción de Majes I es el que se encuentra gravemente afectado, tras décadas sin el mantenimiento necesario. Este sistema tiene como función el trasvase hidráulico para incrementar la disponibilidad del río Siguas. Adiciona agua desde una cuenca vecina, para lograr la capacidad de regadío de las hectáreas agrícolas habilitadas en Majes I.

El túnel terminal tiene una extensión de 15 kilómetros. La importancia de esta infraestructura hidráulica terminal es que aquí se encuentran los 2 kilómetros de desnivel. Vital para las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla.

Aunque gran parte del sistema presenta daños por los años sin mantenimiento adecuado, el tubo puente de la quebrada Matadero y el túnel 9 en Yanque en Caylloma (Arequipa), son los dos tramos donde se encuentran los daños más graves de este sistema.

Lo crucial de estas reparaciones, es que el proyecto Majes – Siguas II se apoyará en la infraestructura de Majes I para su operatividad, lo que deja en riesgo también una eficiente ejecución de esta segunda etapa postergada durante años.

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Tras recientes declaraciones del alcalde de José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa), Fredy Zegarra Black, sobre el cierre de los mercados, respondió Rubén Rojas, dirigente de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. Los comerciantes reportan pérdidas en ventas de hasta 40%, afectando su proceso de formalización. Esta problemática se debe al incremento de los costos de insumos y falta de atención de la municipalidad en sus problemas.

El alcalde declaró que los mercados no tienen adecuados centros de acopio de la basura. Como respuesta, el dirigente expone que la basura proviene mayormente de los ambulantes que llegan a recoger mercadería a las 3 de la mañana. Ellos arrojan sus desechos en las calles sin un adecuado control y terminan dando mal aspecto a los mercados.

Rubén Rojas comenta que sienten un abandono por parte de la actual gestión municipal, que añadido a la crisis económica, influye para que el negocio haya bajado. Si bien los comerciantes están a favor de la formalización y mayor control, solicitan acciones para solucionar esos problemas que no les dejan reunir el presupuesto necesario para cumplir con los requerimientos de formalización.

El dirigente Rojas también solicita la reducción de arbitrios como en otros municipios. Según Ordenanza Municipal 008-2023, la municipalidad solo estaría condonando un 10% de las deudas en arbitrios del año 2022 y el 50% del año 2021.

Precios de los productos en Arequipa

Insumos como el limón y la cebolla registraron un incremento de precios para el mes de septiembre. Para esta semana, frutas como la manzana y el plátano tienen un incremento en su precio.

Según la Cámara de Comercio de Piura, se pronostica que productos como plátano, uva y arándano tendrán una caída en su producción, incrementando su costo en nuestros mercados. Actualmente el plátano se oferta desde 3 x 1 sol en mercados y la manzana desde 5 soles a 7 soles el kilo.

Productos como la papa, maíz, habas y hortalizas mantienen sus precios. Igualmente en el caso de los abarrotes como el arroz, mantienen su precio entre S/ 3.50 y S/ 4.20 el kilo. La cebolla se mantiene desde los 4 soles a 7 soles el kilo. En el caso del tomate, llega a costar 1 sol el kilo y la zanahoria desde 1.50 el kilo.

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El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez Ríos, sobre la investigación sumaria que el Congreso de la República realizará a los siete miembros de dicho organismo autónomo, afirmó que «constituye un atropello y, además, pone en serio riesgo la estabilidad institucional del país».

Vásquez Ríos dijo también que el Parlamento «no tolera la independencia con la que actúa la Junta Nacional de Justicia. «Si la justicia se ve sometida, de alguna forma, al poder político; entonces, las consecuencias son gravísimas en términos de seguridad jurídica», advirtió en el programa Cuarto Poder.

En ese sentido, el vicepresidente de la JNJ, pidió a las instituciones y a la ciudadanía “estar muy atentas a lo que ocurra en las próximas semanas”. Y advirtió que, “no es hora de silencios cómplices”.

Como se informó, la congresista Patricia Chirinos de Avanza País presentó una moción que propone la remoción de todos los integrantes de la JNJ. Esto, por una serie de presuntas faltas como el pronunciamiento que emitió sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.

JNJ debe ser una entidad independiente y autónoma

El magistrado refirió que «nadie sabe cuál es la falta grave» y consideró “descabelladas” las imputaciones formuladas en contra de los miembros de la JNJ. «Lo que no se tolera es la independencia», dijo.

Sobre por qué el Congreso actúa en contra de la institución, Aldo Vásquez dijo: “presumo que ese sector que nos agobia desde hace ya varios meses se siente identificado con algunos de los magistrados que hemos destituido».

«Lo que no se tolera es la independencia con la que actúa la Junta Nacional de Justicia. Y que no ha habido concesión alguna respecto de cualquier juez o fiscal sea la jerarquía que fuere, cuando ha habido denuncias. Y cuando hemos encontrado razón suficiente para iniciar investigaciones», refirió Aldo Vásquez Ríos.

Imelda Tumialán: “Tenemos claro que es un quiebre del orden constitucional”

Ya la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán Pinto, sobre la investigación sumaria del Congreso a esta institución, había asegurado enfáticamente que “como JNJ, tenemos claro que es un quiebre del orden constitucional”.

La JNJ anunció que ante el riesgo de la remoción de sus miembros “desde esta institución se recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

“Como JNJ tenemos claro que esto es un quiebre al orden constitucional porque somos una institución constitucional autónoma. Justamente fue creada producto de una reforma con referéndum y con una alta votación favorable de los peruanos (86 %). En el tiempo que tenemos hemos dado muestras suficientes de un trabajo transparente de la selección de jueces y juezas de manera meritocrática”.

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A 3300 metros sobre el nivel del mar, donde las plantas y el vaivén de las nubes indican la dirección del viento, se extienden los bosques montanos y páramos de Piura y Cajamarca, inmensos para la vista humana, pero que apenas ocupan 829 km2 en Perú del territorio peruano, según el Ministerio del Ambiente.

En esta zona se ha logrado conservar más de 150 mil hectáreas de páramos y bosques montanos, gracias al compromiso de las comunidades campesinas, gobiernos locales y regionales y SERNANP que dan vida a 11 áreas de conservación; entre nacional, regionales, privadas y municipales.

Todas ubicadas entre los andes del norte de ambos departamentos, unidas por un mosaico de conservación e indispensables suministradores de agua para las cuencas del: Quiroz, Chira, Huancabamba, Chamaya y Chinchipe.

Un llamado a la acción

Desde 2018 las comunidades de las áreas de conservación de Cachiaco y San Pablo, Samanga, Tapal, Huaricancha, Chicuate – Chinguelas de Piura; así como, Sallique, San Felipe y Tabaconas de Cajamarca, conformaron la Red de Conservación Andes del Norte, una iniciativa que nació ese mismo año en respuesta a su compromiso con la conservación de las fuentes de agua y hogar de cientos de plantas y animales.

Este año se suman nuevos aliados de las Áreas de Conservación Regional Bosques El Chaupe, Cunía y Chinchiquilla y Páramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas del Gobierno Regional Cajamarca.

Durante el 25 y 26 de agosto, más de 100 personas, entre autoridades y comuneros, se reunieron en el “V encuentro de la Red de Conservación Andes del Norte” en el distrito de Sapalache, provincia de Huancabamba, en Piura, para presentar avances y renovar compromisos a favor de la conservación.

Según Adrián Recalde, presidente de la comunidad campesina de San Felipe, los ecosistemas de su comunidad forman parte de un importante circuito de páramos y bosques montanos indispensables para la vida, la agricultura y sobre todo el agua.

Matilde Neyra, representante de la comunidad campesina de Huaricancha, sostiene que los ecosistemas proveedores de agua son una oportunidad para mejorar la economía de su familia.

“Es desde los páramos de donde nace el agua para mis cultivos de yuca, maíz, camote y café, que sirve como alimento para mi familia”, enfatizó.

Traspasando fronteras

La bióloga Katty Carrillo, representante de Naturaleza y Cultura Internacional, detalla que la zona de bosque montano y páramo de Piura y Cajamarca limita con el corredor de conservación Sangay Podocarpus, ubicado en al sur de Ecuador. Al limitar con un área que tiene el mismo ecosistema, se asegura un libre desplazamiento para las especies más emblemáticas y amenazadas de estos ecosistemas, como el tapir andino, oso de anteojos; entre otras que son materia de investigación.

Asimismo, indica que, la integración de las áreas a través de una iniciativa sólida como la Red de Áreas de Conservación, permite que acciones como los bio emprendimientos de café, panela, miel, artesanías, derivados lácteos, tengan un valor agregado, al salir de un espacio conservado da la certeza de cumplir con altos estándares de calidad.

Katty Carrillo destacó la participación durante el evento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Gobiernos Regionales de Piura y Cajamarca, Rondas Campesinas, Municipalidades locales de Sapalache, San Ignacio, Jaén, Huancabamba y la Compañía de Bomberos N° 69 “Manuel Ugarte y Moscoso” de Jaén; porque es la sinergia entre autoridades y comunidades la que fortalece la gestión.

Por su parte Lucy Rioja Rivera, subgerente Regional de Gestión de Recursos Naturales de Piura, señala que están comprometidos con una ordenanza regional que reconozca los corredores de áreas de conservación para ecosistemas de bosques secos, páramos y zona marino-costera.

Del mismo modo, el ingeniero Daryl Briones Longa, Sub-Gerente de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas del Gobierno Regional de Cajamarca señaló que, existe el interés de presentar una propuesta regional que establezca la importancia de los corredores. Además, reafirmó su compromiso con la gestión de las áreas de conservación regional del departamento.

Lee la nota completa aquí o visita Pirhua, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

El día, en La Unión Leticia, provincia de Tarma (Junín) últimamente tiene una paleta de tonos apagados: las hortalizas han opacado su color y el agua es menos cristalina: hay polvo en el aire y ahora una crisis medioambiental y económica. Así lo ha denunciado el alcalde del distrito, Pedro Luis López Carrasco.

Un conflicto que no se ha resuelto en varios años porque, según los ciudadanos, existe una falta de diálogo con la empresa Cemento Andino, integrante del grupo Unacem. Por eso las comunidades campesinas de Huancoy y Chancha acataron un paro de dos días y bloquearon la carretera que comunica el centro poblado de Condorcocha y Unión Leticia.

La contaminación del aire con polvo malogra los cultivos y el ambiente. Esto afecta a la economía de la población pues sus principales actividades son la acuicultura, agricultura y transporte. “Las hortalizas ya no son del mismo color, se ha perjudicado a los agricultores”, lamenta el alcalde.

La autoridad señala que antes de su medida de fuerza, las comunidades de Huancoy y Chancha presentaron sus informes de contaminación a la empresa, pero esta, a pesar de sus compromisos asumidos en una reunión, desconoció algunos puntos claves como la contaminación del aire.

Las autoridades comunales quieren monitorear la contaminación 

El burgomaestre Pedro López recuerda que los representantes de Cemento Andino salieron de la planta para conversar con las autoridades comunales y acordaron instalar una mesa de diálogo, del cual está pendiente el día y la hora.

El polvo generado en la producción del cemento afectada la actividad económica y contamina el ecosistema entero, incluyendo plantas, animales, cuerpos de agua y otros.

Las autoridades comunales quieren realizar un monitoreo de dicha contaminación y del clinker, el principal componente en la fabricación del cemento, para detallar los niveles de contaminación. La empresa Cemento Andino también debería monitorear este aspecto con análisis profesionales, resalta el alcalde. Según declara, la empresa incumple protocolos y lineamientos medioambientales.

Huanca York Times llamó a la Cemento Andino, una empresa del grupo Unacem, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. El alcalde señala que no han tenido mayor acercamiento con funcionarios la compañía, salvo la conversación con el gerente a raíz del paro pacífico frente a la planta de Condorcocha que impidió el paso a La Unión Leticia.

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