Resulta que el debate entre bukelistas y mileístas que fingió la tele por unos cuantos días, para hallar la solución a la profunda crisis nacional, era sólo una cortina de humo para ocultar las movidas de quienes quieren tirarse abajo lo avanzado en la lucha contra los tiburones de la corrupción. En efecto, la liebre saltó cuando la DBA (Derecha Bruta y Achorada), y la IBC (Izquierda Bruta y Corrupta) se unieron para golpear a la Junta Nacional de Justicia con la intención de reemplazarla por una genuflexa que sancione a fiscales y jueces que están a cargo de los casos Odebrecht y Cuellos Blancos. De manera que los tiburones y hasta las pirañitas del sombrero salgan bien librados con absoluciones o penas diminutas, en nombre de la emergencia.
Lástima que para el gran público el tema institucional pase desapercibido. Pues ha sido apantallado por la gota continua de la crónica roja mañanera que ha horadado su mente. Y le hace andar temeroso de un inminente asalto a mano armada.
Al Plan Bukele salvadoreño le salió al frente un supuesto Plan peruano, con un diagnóstico tremendista alimentado por los “informes de inteligencia” y la crónica roja. Una estrategia desconocida y una serie de acciones diminutas y descoordinadas que dan vergüenza. Para comenzar, los criminólogos no han sido consultados. Los penalistas dicen que no son necesarias más penas porque ya están todas. Y sólo atinan a poner los parches allí donde salta el chupo (es decir, allí donde hay un “informe” dominical televisivo). A propósito, ¿y qué fue de los ponchos rojos bolivianos que estaban contrabandeando dinamita?
La declaratoria de emergencia en tres distritos es un saludo a la bandera. Como bien lo saben los chalacos, que estuvieron en la misma situación durante un año y no varió la situación del Callao. Porque, igual que ahora, eran parches incoherentes y asistemáticos que no respondían a una estrategia. A eso se suma la grita de alcaldes ignaros en el tema que sólo atinan a pedir plata. Piden más cámaras, más motos, más patrulleros, chalecos antibalas, serenos y hasta la infantería de marina. Y todos con abundantes fotos.
Sí hay diagnósticos serios -que no leen los generales, alcaldes y menos los congresistas- sobre las mafias del crimen organizado. Son narcotráfico, minería del oro, tala ilegal, tráfico de terrenos, trata de mujeres, contrabando y ahora, la extorsión. Esas debieran haber sido combatidas y desarticuladas hace rato. Salvo porque las mafias que infiltran la policía y hasta el Ministerio Público y la judicatura, paralizan o desvían su acción. ¿Qué hacer? ¿De dónde sacar una cuadrilla inteligente e implacable como la de Elliot Ness? Por cierto, jefes que compraron su ascenso son incapaces de encabezar cualquier cruzada anticrimen. Las fuerzas sanas de la policía parecen ser mayoría, pero carecen de liderazgo, ánimo y valor para tomar decisiones en situaciones comprometidas.
Los expertos señalan que no es necesario cambiar leyes ni el Código de Procedimientos Penales. Se trata de que los fiscales estén debidamente preparados para dirigir las investigaciones que siempre ha hecho, sigue y seguirá haciendo la policía. En otras palabras, deben aplicar las leyes. También recuerdan que nuestra política penitenciaria es desastrosa. No sólo porque el presupuesto impide raciones alimenticias decentes o la construcción de nuevas cárceles que elimine el hacinamiento que obliga a decenas de presos pernoctar a la intemperie. Sino porque la corrupción también atraviesa al personal del INPE.
El bukelismo popular (simplón que cree que la solución es meter bala sin ton ni son y darle cadena perpetua a los carteristas) es fruto de la acción delincuencial, pero también, de la diaria cantaleta de la crónica roja de la tele que machaca que las mujeres pueden ser asaltadas y golpeadas a cualquier hora y en cualquier lugar. La mente popular está tan ablandada y llena de temor que votará a ciegas por el próximo Perico de los Palotes que ofrezca un Plan Bukele para el Perú. Curiosamente, el bukelismo popular pide mano dura contra los delincuentes, pero siempre vota por el que “roba, pero hace obra”.
El bukelismo ya se practicó en el Perú en los años 90, cuando una llamada telefónica anónima bastaba para meter preso a un supuesto terrorista. Los fiscales y jueces “sin rostro” se encargaban del juicio sumario y de la condena a decenas de años de prisión. Pero esa política duró poco porque el mismo presidente creó la comisión que lideró el padre Lanssiers que revisó miles de casos y recomendó la liberación de cientos de inocentes, lo que el gobierno acató. Y luego, durante el gobierno de Toledo todos aquellos juicios debieron ser revisados. Lo mismo está pasando en El Salvador: Bukele liberó a 7,000 presos en agosto. Es decir, esa política no es sostenible, porque no se puede tener a decenas de miles presos de por vida.
Al lado del finado exalcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, Bukele es un niño de pecho. Elidio, siendo jefe policial de Trujillo, con la “inteligencia” a su mando, organizaba emboscadas contra supuestos asaltos, en las que sólo había muertos y nunca heridos. Recibía palmas de los jefes, del periodismo y de sus amigos magistrados. Cuando se retiró y entró a la política, más de 150 mil trujillanos votaron por él y lo hicieron alcalde en el 2014. En el gobierno local demostró ser muy fotogénico y nada más. Por fin, en el 2019 lo condenaron a 30 años de cárcel por ser autor de cuatro homicidios calificados, de los más de cuarenta en los que estuvo involucrado. El Covid lo mató el 2021, cuando tenía suspendida la ejecución de la pena.
La psicología enseña que toda conducta humana se aprende en el hogar, en el jardín de infantes, con los amigos de la calle, de la parroquia o de la escuela. Por tanto, la conducta transgresora de leyes también se aprende.
El penalista Vladimir Padilla ha dicho que no hay que ser simplones sino escuchar a los criminólogos, que son los que estudian los orígenes de la conducta delincuencial. Y ha dicho que nos convertiremos en México, Colombia o el mismo El Salvador de hace dos años, si no atendemos a la niñez que está cayendo en las garras del narco y del crimen organizado. Hay que recordar que el sicariato avanza entre adolescentes con familias desarticuladas sin autoridad parental, en escuelas desinteresadas en ellos, que se crían en las calles a merced de delincuentes adultos. Las bandas de narcos obsequian drogas y la promesa de billete grande a niños pobres de diez años que callejean sin rumbo, a veces rechazados por padres y maestros.
¿Y el Estado qué hace para enfrentar estos problemas? idealmente actuar, a través de políticas públicas bien definidas y con el presupuesto para aplicarlas, según las prioridades señaladas por el gobierno de turno. Pero en el Perú los gobiernos de turno se suceden. Y no varían gran cosa las prioridades, de manera que los problemas siguen inconmovibles, porque no se ataca las raíces sino tan sólo los síntomas.
El Proyecto de Ley del Presupuesto General para el 2024 ha programado para la función Orden Público y Seguridad 16,213 millones de soles, una cantidad que crece sin parar, año a año, aunque la tasa de homicidios haya bajado de 7.2 en 2015 a 5.8 por cada cien mil habitantes en el 2020, como se señala en la p. 226 del Proyecto de Ley del Presupuesto que presentó el gobierno al Congreso a fines de agosto.
Como suponemos todos, la mayor parte de esa enorme cantidad se irá en los sueldos y pensiones de policías. Así también en el mantenimiento de comisarías, y equipos y dotación de combustible. La novedad está en el programa presupuestal 0139 denominado “Disminución de la incidencia de conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteren el orden público” al que se le destinarán 683 millones de soles. Como su nombre lo indica, están destinados a la represión pura y dura del derecho a la protesta ciudadana. En la misma línea de conducta que llevó a los luctuosos sucesos de diciembre y enero que enlutaron al Perú.
¿Y qué tenemos para combatir las raíces del crimen organizado? ¿Hay alguna política, algún programa o proyecto para impedir que un millón de púberes caigan en las fauces del crimen? Lo que se encuentra en la Ley del Presupuesto es el programa 0117 llamado “Atención Oportuna a niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono” dotado de sólo 259 millones de soles en la p. 227, que se transforman en 221 en la p. 239 del Proyecto de Ley que, difícilmente leerán los congresistas antes de levantar la mano para aprobarlo.
Si para los Juegos Panamericanos el Estado invirtió en total 1,200 millones de dólares para construir la infraestructura, ¿rescatar a un millón de púberes de las manos del crimen no merece una inversión sostenida de 300 millones de dólares anuales? ¿De qué vale gastar una millonada en armas, gases lacrimógenos, cámaras que dan imágenes borrosas o en patrulleros que no duran ni tres años? ¿Por qué no se contratan los psicólogos y psicólogas que requieren los colegios para atender a los púberes con problemas de conducta o que desertan para vivir en la calle? ¿Cuál es el refuerzo presupuestal para las DEMUNAS de las municipalidades?
¿Por qué las municipalidades no contratan profesores de educación física que promuevan y ejecuten programas masivos de competencias deportivas en los barrios? ¿Podría la prensa ayudar a los congresistas a evaluar el presupuesto para cambiar prioridades? Y entonces dedicar el dinero a lo realmente necesario, ¿antes de repetir acríticamente las del pasado?
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