Tía María: piden S/10 millones de reparación a dirigentes por protestas

Por su parte, la fiscalía pidió penas de más de 20 años durante la instalación del juicio realizado mediante videoconferencia. Los 14 procesados se declararon inocentes

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El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Justicia de Arequipa instaló este lunes el juicio, de modo virtual, contra los dirigentes y agricultores que participaron de las protestas contra el proyecto minero Tía María, en el 2015.

Tía María: demandan S/10 millones a dirigentes por protestas en Arequipa y valle de Tambo
Audiencia virtual contra dirigentes del valle de Tambo que protestaron contra el proyecto Tía María. Foto: Referencial

Los abogados defensores hicieron repetidos reclamos por este modelo aplicado debido a la pandemia del coronavirus. Varios insistieron en que no se garantizaba el derecho de defensa, algunos incluso pidieron el quiebre del juicio. Sin embargo, el juzgado respondió que el proceso ya se había coordinado y estaban programadas audiencias interdiarias hasta fines de mes.

Además de las quejas, se sumaron los problemas tecnológicos que provocaron que más de un procesado tenga inconvenientes durante su participación en el juicio. Y es que, en este proceso hay 14 personas imputadas. La Fiscalía lo ha catalogado como un caso complejo, tanto por el número de procesados como por la cantidad de delitos inmersos.

El juicio por las protestas de Tía María

La fiscal contra el crimen organizado, María Alejandra Cabana Osca, afirmó que, detrás de las protestas sociales contra Tía María, se movió un interés particular. Los dirigentes Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo conformaron el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo e iniciaron protestas entre marzo y mayo de 2015 contra el proyecto minero de Southern Perú, para luego conseguir beneficios económicos y políticos.

Participaron el entonces alcalde provincial de Islay, Richard Ale (actual edil de Deán Valdivia) y el exalcalde de Punta de Bombón, José Ramos. Según la Fiscalía, integraban el aparato logístico del grupo al proporcionar comida y transporte a los manifestantes. Además, estaban los financistas como Julio Cornejo (actual alcalde de Cocachacra) y Juan Colquehuanca Chaiña, quienes entregaban víveres y frazadas.

Asimismo, contaban con un comité de prensa a cargo de Miguel Igme y un ala legal que lo constituía el abogado Héctor Herrera Herrera. Mientras que Martín Juares Bernedo, Nicomedes Pareja Prado, Alberto Justo Laredo, participaban directamente de las protestas. La magistrada alegó que Pareja y Justo pertenecían incluso al grupo de resistencia y ataque denominados “Los Espartambos”.

Para la Fiscalía, los intereses del Frente Amplio salieron a relucir cuando el líder Pepe Julio Gutiérrez demandó 1.5 millones de dólares a la minera, por intermedio del exasesor externo Jesús Gómez Urquizo. El abogado grabó las conversaciones con el dirigente y luego lo hizo público, desvirtuando las protestas. Además, la fiscal Cabana Ocsa ha señalado que los dirigentes lograron conseguir cargos políticos tras las protestas.

Dirigentes afrontan altas penas por caso Tía María

El Ministerio Público ha señalado que las penas para los acusados bien pueden exceder los 20 años. Esto, debido a que se cometieron una serie de delitos durante las protestas violentas del 2015.

El mayor cargo que enfrentan los dirigentes es el delito de asociación ilícita para delinquir. Eso está relacionado con la conformación del Frente de Defensa del Valle de Tambo para cometer actos de violencia.  Según la tesis de la fiscal, lo lideraban Pepe Julio Gutiérrez (presidente), Jaime de la Cruz (vicepresidente) y Jesús Cornejo (Vocal). Para los tres se ha pedido 12 años y 8 meses de cárcel efectiva. Mientras que para el resto de acusados se pidió 4 años y 2 años para el abogado Héctor Herrera.

Dirigentes del valle de Tambo negaron cargos y defendieron protestas contra Tía María. Foto: Captura

A los tres dirigentes también se les acusa de extorsión al Estado. Esto estaría comprobado con la toma del local de la Compañía de bomberos de Cocachacra y de la comisaría de La Curva en Dean Valdivia. Asimismo, obstaculizaron las vías e incitar a la destrucción y quema de un bus de la empresa del Carpio. Por tal razón, se pidió la condena de 8 años y 2 meses. El mismo cargo pesa sobre Richard Ale, pero se le rebajó la pena a 3 años y 8 meses al no tener antecedentes.

El Ministerio Público le atribuye a Pepe Julio Gutiérrez y el exasesor Jesús Gómez Urquizo el cargo de tentativa de extorsión en agravio de la empresa Southern Perú. El hecho se habría materializado cuando el dirigente le dijo a Gómez que “ardería troya” si la empresa no le pagaba los 1.5 millones de dólares que había pedido. Para ambos se demandó 10 años de prisión.

Mientras que por los delitos de disturbios y entorpecimiento se pidió 7 años y 4 meses para Jesús Cornejo. Y, 6 años y 8 meses para Jorge del Carpio, solo por disturbios.

Durante los meses que duró la protesta, la ciudad de Arequipa se vio paralizada y los hechos de violencia también se extendieron más allá del valle de Tambo.

Estado demanda millones de repación civil

Por su parte, el representante de la Procuraduría especializada en delitos contra el Orden Público, Luis Casaverde, demandó a los imputados el pago de 10 millones de soles como indemnización a favor del Estado.

La suma está compuesta por los diferentes delitos que imputa la Fiscalía. Por ejemplo, por el delito de asociación ilícita se pidió S/ 7 millones, de los cuales 4 millones son por daño patrimonial y 3 millones por daño extrapatrimonial.

En el caso del delito de extorsión al Estado, la Procuraduría demandó el pago de S/ 2 millones a cinco de los acusados. Por último, solicitó que Jesús Cornejo y Roger Ramos paguen S/ 600 mil y S/400 mil el médico Jorge del Carpio por cometer el supuesto ilícito de disturbios.

Sin embargo, los acusados han rechazado tales pagos al considerar que son inocentes.

Se declaran inocentes y piden ser absueltos

Los abogados de los acusados recalcaron una vez más que sus patrocinados no habían cometido ningún hecho ilícito y que se desenvolvieron en el marco de un pleno derecho que es el de protestar. Ninguno reconoció ser autor o haber promovido los actos de violencia que se desarrollaron en el valle de Tambo y en la ciudad de Arequipa.

Asimismo, el abogado de Pepe Julio Gutiérrez, Vladimir Fuentes, manifestó que la empresa Southern Perú no respaldó la tesis de la fiscal respecto a la tentativa de extorsión. Indicó que el propio presidente de la compañía, Óscar Gonzáles Rocha, negó verse afectada o conocido la entrega de una dádiva al dirigente. Por último, señaló que ese entonces el dirigente no podía paralizar el proyecto pues no había empezado a construirse, recién en el 2019 se le otorgó la licencia de construcción.

Mientras que la defensa de los dirigentes Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz rechazaron pertenecer a una asociación ilícita y que por el contrario sus protestas eran para defender el valle de Tambo de una eventual contaminación ambiental. En esa misma línea se defendieron el resto de acusados, quienes pidieron ser absueltos de todos los cargos.

El caso apenas comienza y el Juzgado Penal Colegiado, que lo integran los jueces Juan Carlos Churata (ponente), Guiliana Pastor y Ronald Medina, ha hecho hincapié en acelerar el proceso. Se han programado audiencias para los días 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre. Se hará de 8am a 1pm, afirmaron los magistrados.

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