Un nuevo derrame petrolero en la Amazonía vuelve a colocar en primer plano los efectos negativos de la adicción a los hidrocarburos. Parecería que no importan que los derrames se repitan una y otra vez, parecería que tampoco se aprende de los pasados errores, y lo que es más triste y alarmante, es advertir que esas incomprensiones son sólo posibles bajo el manto de un racismo persistente.
El nuevo derrame ocurrió el pasado 16 de setiembre, en el distrito de Urarinas (Loreto), afectando el Río Cuninico, y desde allí alcanzando el Río Marañón. Se desencadenó una secuencia ya muy conocida por la cual los comunarios denuncian que el crudo avanzaba por las aguas del río, le siguen inspecciones, discusiones y más discusiones mientras el petróleo prosigue con su marcha inexorable. Se lanzaron medidas paliativas, pero tardías y limitadas (recién a los 20 días del derrame se colocará una contención), y el petróleo avanzó todavía más. La inefectividad alimentó más reacciones hasta que el gobierno, en Lima, decretó una emergencia ambiental, y como en otras ocasiones, luego instaló una comisión para atender el asunto.
Por detrás del alboroto, este caso confirma advertencias conocidas. Esos derrames no son “accidentes”, no son eventos fortuitos, ni siquiera “actos de Dios” (como rotulan las compañías de seguros) ni respuestas de la Pacha Mama. Los derrames petroleros son consecuencias inevitables y propias de la actividad petrolera. No se puede escapar a ellos ya que están en la esencia de esas tecnologías.
En el caso de la estatal Petroperú se han registrado 75 derrames entre 2011 y 2022, lo que implica un poco más de siete derrames por año. O sea, lidiamos con al menos un derrame cada mes y medio. Ello ha venido ocurriendo a lo largo de toda una década, sin que la empresa o las tecnologías que emplea lo pudieran evitar. No hay nada de accidental sino que lidiamos con una constante repetición. Por ello, es racional esperar un nuevo derrame en algún sitio en el futuro inmediato.
En cambio, se aborda lo que sucede en Loreto como si fuera un accidente. Esa negación del real desempeño de la explotación petrolera es parte de las supersticiones que le otorgan un blindaje, presentándolas como seguras, eficientes, rentables y necesarias. Esas son creencias injustificadas ya que las tecnologías empleadas, desde la maquinaria y modos de perforación a los medios de encaminar el crudo, por su propia complejidad y fragilidad están sujetos a fallas. Estas se pueden deber a las propias limitaciones tecnológicas, a errores de las personas que las gestionan (lo que también es inevitable) como a la indefensión frente sabotajes (que pueden ocurrir por muy diversas razones).
Una arista clave en la superstición que sustenta la adicción petrolera radica no solamente en la supuesta infalibilidad tecnológica. También en afirmar que es económicamente rentable, brindando millones de dólares de ganancia al país, y eventualmente a cada región. En este segundo frente la realidad también es muy otra, ya que los costos económicos de los derrames no son contabilizados ni incorporados por las empresas.
Esto queda en claro con lo que ahora ocurre en Loreto. Dados los impactos en la salud pública, en el acceso al agua potable, en la alimentación, entorpeciendo la navegación en los ríos. Y así sucesivamente con otros efectos, todos los cuales tienen enormes costos económicos. Al mismo tiempo, las medidas de contención y remediación del derrame también exigen gastar enormes sumas de dinero. Lo relevante aquí es que estos y otros costos económicos no se contabilizan en las evaluaciones de desempeño de las empresas.
Al contrario, buena parte de esos gastos los deben asumir las propias familias afectadas, los gobiernos locales o departamentales, y hasta el Estado central. Las empresas transfieren, de este modo, el costo del daño social y ambiental a la sociedad y el Estado. Las multas que se imponen son en casi todos los casos una pequeña fracción de esas pérdidas económicas por impactos en la salud y el ambiente. Se aplican tardíamente, muchas veces son recusadas, y su monto, para las empresas es comparativamente pequeño. Para las corporaciones, desde el punto de vista financiero, le puede resultar económicamente ventajoso no invertir en costosas medidas de control ambiental. Aceptan que deberán lidiar con esos repetidos derrames porque las multas e indemnizaciones son mas baratos.
Para que quede en claro: los extractivismos petroleros siempre terminan siendo negocios rentables en los papeles. Pues en los análisis de costo y beneficio nunca se contabilizan los gastos por daños sociales y ambientales. No sólo no se incorporan sino que los economistas y empresarios que evalúan esas estrategias carecen de conocimiento o competencia en aprovechar las herramientas para hacer esas incorporaciones. Si se incluyeran seriamente los costos económicos de los efectos negativos en la salud, la agricultura, las aguas y el ambiente, la cuenta final seguramente mostraría que es una práctica ruinosa. Pero esta manipulación contable también opera en sostener la superstición del éxito petrolero, contribuyendo a hacerlo inmune a toda evidencia en contra.
Es una superstición que se repite tanto bajo regímenes de propiedad estatal como privado. La estatización de las empresas petroleras no desemboca en una mejor gestión social y ambiental. Este caso en Loreto lo confirma, en tanto la responsable es Petroperú. Es por ello que la solución real no está acotada a un cambio de propiedad; sino que las transiciones postextractivistas se aplican tanto a los emprendimientos estatales como mixtos o privados. La solución es dejar atrás la adicción petrolera.
Estas supersticiones descansan en otro aspecto clave: el racismo. Los derrames ocurren en apartadas regiones y sus impactos inmediatos alcanzan a comunidades indígenas. Si el crudo invadiera casa dos meses, pongamos por caso, un barrio limeño, la sucesión de reacciones ciudadanas haría que se abandonaran esas actividades petroleras. Pero como los afectados son indígenas amazónicos, termina siendo naturalizado por la elite empresarial, política y académica. También por amplios sectores ciudadanos en las grandes ciudades e incluso en la sierra. Esto, aceptando que la alimentación y la calidad de vida de esas personas sea afectada, se acentúe su pobreza y marginación. Estamos ante un racismo persistente, insidioso y repetido.
Un racismo que también se cuela en los ríos amazónicos. Esa condición está detrás del reciente enfrentamiento entre quienes manejan lanchas y los indígenas que bloqueaban el río. Situaciones similares ocurren en otros sitios donde parte de una comunidad local. En especial aquellos que son recientes colonizadores, apoyan las actividades extractivas y por ello se enfrentan a indígenas.
Por todas estas razones, el reciente derrame petrolero en Loreto deja al desnudo el poder de la superstición en el petróleo como recurso milagroso para la economía nacional. También, el persistente racismo que padecen sobre todo los indígenas amazónicos. Superstición y racismo van de la mano. Estos son problemas tan profundos y graves que no se solucionarán ni con multas ni con otras tecnologías. Requieren una radical transformación política y cultural.
- Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Autor del manual sobre extractivismos que en Perú fue publicado por Cooperacción y RedGE. En las redes: @EGudynas
