Samuel Tejado Zegarra solo tiene 24 años y estaba en quinto año de la carrera de Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, pero ahora le esperan muchos años de prisión y el juicio público por haber asesinado a su pareja, Karen Bernal Arce, quien estaba embarazada de 36 semanas.

Luego de ser detenido ayer cuando salía de su vivienda en Alto Selva Alegre, confesó que la mañana del miércoles tuvo una fuerte discusión con su pareja por una supuesta infidelidad. Relató que, en medio de la discusión, la cogió del cuello hasta asfixiarla. Cuando estaba muerta, la metió en una maleta y la llevó en un taxi hasta un terreno de un familiar en Uchumayo, para enterrarla.

Intranquilo, volvió al lugar al día siguiente, con el objetivo de quemar el cuerpo para que no queden huellas. Lo desenterró y así lo hizo, volviendo a enterrar los restos calcinados. Luego, volvió a casa, pero su padre, José Tejada Ramos, comenzó a sospechar.

Fue él quien denunció la desaparición de su nuera. Luego de una intensa búsqueda, la Policía encontró este sábado el cadáver de la joven y obtuvo la confesión de Samuel.

El tema será debatido en una asamblea nacional extraordinaria los días 13 y 14 de junio en la sede del Sindicato de Trabajadores Portuarios, en el Callao, con la coordinación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y los Frentes Regionales. Según dicen asistirán cerca de 400 delegados de organizaciones agrarias, sindicatos y la sociedad civil de todo el país.

Así informó el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Gerónimo López, quien dijo que la propuesta de la región sur es la de llevar a cabo un paro nacional de 72 horas los días 7, 8 y 9 de julio próximo. Él asistirá con 10 delegaos a al cita.

Por su parte, el dirigente de la Coordinadora de Frentes Regionales de la CGTP, Efraín Yépes, refirió que se evaluarán los paros y movilizaciones que se han realizado hasta la fecha. Luego se escucharán las posiciones de las bases.

A partir de las 10 horas se desarrollará la audiencia complementaria en el caso de los llamados “pepeaudios”, en la que se decidirá sobre el pedido de libertad plantado por la defensa del dirigente del valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez.

En esta audiencia, el juez superior Víctor Zuñiga Urday escuchará los alegatos de las partes y emitirá un voto dirimente, debido a que los tres magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia emitieron votos diferentes, sin lograr mayoría.

Una de las alternativas que puede elegir el magistrado es la planteada por la jueza Yeny Magallanes Rodríguez, quien se inclinó porque salga del penal de Socabaya con comparecencia con restricciones y pague una caución de 40 mil soles. L magistrada Cecilia Aquize oinó por confirmar la prisión preventiva y el magistrado Percy Gomez, por anular lo actuado y volver a fojas cero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado representada por la fiscal Alejandra Cárdenas postuló la extorsión agravada en grado de tentativa. La prueba es el audio donde Pepe Julio conversa con el abogado Jesús Gómez Urquizo, y pide el dinero (el millón y medio, las lentejas al contado) para poner fin a las manifestaciones contra el proyecto minero Tía María.

En la Plaza de la Respuesta de la Avenida de la Cultura, distrito de José Luis Bustamante y Ribero, más de mil soldados de las Fuerzas Armadas renovaron el Juramento de Fidelidad a la Bandera junto a Licenciados Reservistas.

La ceremonia central por el Centésimo Trigésimo Quinto Aniversario de la Batalla de Arica y Renovación de Juramento de Fidelidad a la Bandera se realizó este domingo ante una multitud que se concentró en esta zona junto a autoridades regionales y ediles, así como personalidades civiles.

Se recordó el episodio donde el Patrono del Ejército del Perú ínclito, Coronel Francisco Bolognesi, pronunció las frases que inmortalizaron el amor a la Patria de los Defensores de Arica «TENGO DEBERES SAGRADOS QUE CUMPLIR, Y LOS CUMPLIRÉ HASTA QUEMAR EL ÚLTIMO CARTUCHO».

La lectura de la Proclama del Ministro de Defensa Jakke Valakivi, estuvo a cargo del General de División Víctor Abraham Najar Carrera Comandante del Comando Operacional del Sur y Comandante General de la Tercera División de Ejército. En ese escrito la autoridad del sector defensa, destacó la actitud de los guerreros defensores de Arica resaltando la personalidad de su líder Coronel Francisco Bolognesi, quién reflejó su amor a la Patria, junto a sus soldados aquel 07 de junio de 1880.

Culminada la Ceremonia Central se procedió al desfile Cívico Militar por la avenida de la Cultura.

De acuerdo con lo señalado en la I Parte. La llamada “Toma de Talara” por la Fuerza Armada del llamado Gobierno Revolucionario, fue un acto teatral sólo para impresionar, por su aparatosidad, pues cuando el presidente Fernando Belaúnde firmó el Acta de Talara, el 13 de agosto de 1968 – la misma que fue aplaudida, festejada por los partidos políticos, prensa, opinión pública- se había terminado definitivamente el problema con la IPC pues esta empresa hizo entrega del suelo, subsuelo, pozos e instalaciones conexas, no así de la refinería, por las razones expuestas en la Primera Parte. El país había recuperado lo que siempre se negó a entregar la IPC.

Si ya se había recuperado lo que el país reclamaba, ¿qué justificó el golpe de Velasco? En cuanto a la falta de pago al Perú de los adeudos de la IPC por las regalías y otros por la explotación petrolera en Talara, que la Junta Militar achacó a Belaunde no haber obtenido y que según ellos alcanzaba a 690 millones de dólares, terminó en una farza el 9 de agosto de 1973 cuando los mismos militares pagaron 76 millones de dólares a EE UU por indemnización de bienes expropiados y de los cuales se entregó a la EXXON Standard Oil Company, propietarios de la IPC, la suma de 23.1 millones de dólares al firmarse el entreguista acuerdo Green-De la Flor.

 ACTO DE ENTREGUISMO

Sin duda, la Toma de Talara, creó un serio conflicto en el ámbito internacional, que se prolongó por varios años . La solución que precipitaron los golpistas, de no haber sido inconsultamente anulada, habría significado la armonía con la industria petrolera mundial en 1968. Se habría aumentado la producción petrolera . El “boom” petrolero de 1973 (año de la crisis petrolera mundial) , en que el precio del barril petrolero aumentó 20 veces, nos habría permitido ser beneficiarios y no víctimas de aquel acontecimiento., que ocurrió cuando ya no éramos exportadores sino importadores de petróleo. Tal fue , el mayor daño que el golpe de Estado causó a la República.

Como menciona el Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel, en su libro “ENTREGUISMO (28 de abril de 1978), la Junta Militar de Velasco se vio acorralada, privada de crédito a consecuencia de la Toma de Talara, tuvo que afrontar la ingrata realidad. Después de haber asumido las obligaciones de la IPC, de haber permitido que se llevaran apreciables sumas de dólares del país, incurrió en condenable acto de ENTREGUISMO. Mediante el acuerdo Green-De La Flor , infantilmente camuflado ( copia del cheque salió publicado en los medios periodísticos ) , se hizo a la IPC un pago bajo la mesa, por 23.1 millones de dólares. El cheque lo extendió el Tesoro de los EE UU, con cargo a recursos que, mediante el acuerdo citado, le confió al gobierno de entonces. A esa suma hay que agregar 17. 0 millones de dólares por crudos impagos, más 5% por otros conceptos. Las obligaciones asumidas por el gobierno de facto fueron en total 76 millones de dólares. Así pues, los “revolucionarios “ Velasco, Fernandez Maldonado, De la Flor, Rodriguez Figueroa, Mercado Jarrín, Enrique Gallegos, entre otros, aparentes verdugos de la IPC fueron , en realidad, sus benefactores.

LA CORRUPCION Y EL OLEODUCTO NOR PERUANO

Los responsables de la política energética , en la década del setenta, señalaban que el oleoducto nor peruano “ sólo comparable al de Alaska,ha sido calificado como la obra de ingeniería más compleja de su género en el mundo” y agregaban “ hay obras que merecen ser destacadas por su trascendencia y majestuosidad” ; por nuestra parte , añadiremos y por la “ corrupción”

Recordemos que la decisión de construir el Oleoducto fue tomada por el ex ministro de Energía y Minas, Jorge Fernández Maldonado y por los funcionarios de Petroperú, Fernández Baca y Bobbio Centurión, en base a la información proporcionada por el geólogo polaco Harold Bischop, que llegó al Perú a explorar en las minas de carbón, y sobre que en la selva peruana había abundancia de petróleo ( un “ mar de petróleo” ) . Este último, estafó a los militares golpistas proporcionando cifras de reservas de petróleo para producir “más de 2 millones de barriles día” y que por lo tanto había que construir un oleoducto para transportarlo hasta Bayovar. Decidida su construcción. Se invirtieron inicialmente más de 800 millones de dólares y terminó costando 1,200 millones de dólares, intereses incluidos por los préstamos del exterior.

Así pues, el Perú construyó un gigantesco oleoducto de más de 8oo kilómetros para transportar según decían más de 500 mil barriles día (la meta era transportar un millón de barriles diarios de petróleo). ¡Viva la revolución! ¡Dios es peruano!

La estafa cometida por BISCHOP sobre la abundancia de petróleo dio resultado. Los ocho mil barriles que salieron de un pozo perforado, terminaron en menos de 1000 y así ocurrió en los demás pozos. Fue una desgracia para los “revolucionarios golpistas”. En la actualidad, apenas transporta 14, 000 barriles diarios de un petróleo pesado ( apenas tiene 17° API, Maracaibo en Venezuela tiene petróleo con más de 28°API, Kuwai más de 32°API)., con abundante azufre y salado. Tenemos un elefante blanco, viejo, corroído por los 50 años de uso y porque Petroperú no le da mantenimiento.

Los que públicamente nos opusimos a la firma del contrato de financiamiento suscrito con la Japan Petroleum, fuimos deportados o presos. Tres miembros del Colegio de Abogados, Gonzalo Ortiz de Zevallos, Augusto Changanaqui, Carlos Balarezo Delta, los periodistas, Alfonso Baella Tuesta, de la Jara y Ureta, Manuel D´Ornellas y Manuel Ulloa del diario Expreso, Paco Igartua, Alfonso Reyes y Víctor Medina de la revista Oiga, Enrique Sileri de Caretas, Carlos Malpica y Ricardo Letts, Guido Chirinos Lisares ,Arturo Salazar Larrain, Luis Felipe Alarco, Enrique Chirinos Soto, Oscar Diaz Bravo, entre otros

*consultor energético

Ya no hay vías bloqueadas en Cocachacra, como estuvieron exactamente 60 días, desde que se iniciara el paro contra el proyecto minero Tía María, el 23 de marzo, hasta el pasado 23 de mayo en que comenzó a regir el Estado de Emergencia.

Además de estar prohibidos de reunirse, circular libremente, o hacer respetar su domicilio de incursiones extrañas y arbitrarias, los pobladores tampoco han podido mantener sus banderas en alto, como en los pasados 60 días, ni hacer cacerolazos, pues ha sido considerado una manifestación contra el orden.

Aunque la libertad de expresión no es parte de los derechos suprimidos, un silencio informativo cubre el valle de Tambo, sin radios, televisión, e incluso, portales electrónicos y páginas de Facebook que han reducido a la mínima expresión sus publicaciones. Las cabinas de internet están vigiladas y el uso de cámaras fotográficas o de video, está terminantemente prohibido, si los policías lo notan.

La simbólica olla común ha dejado de prepararse porque esa reunión, alrededor de la comida, también está prohibida. Cocachacra vive una tensa calma, bajo la cual, una mezcla de temor y rebeldía van macerando con resultados impredecibles.

LAS DETENCIONES

La policía no supo comportarse de otra forma que tratando de intimidar. El mismo día de la Declaratoria de Emergencia ingresaron a una decena de domicilios para efectuar arrestos bajo una inverosímil excusa: según ellos, los detenidos habían incendiado, esa medianoche, un puesto de comida cerca al mercado. La dueña del quiosco, al llegar de madrugada a su puesto habitual, encontró su puesto quemado y a un sujeto huyendo con una caja de gaseosas en las manos. Puso la denuncia y la policía le preguntó las características físicas del sujeto. Aunque no las consignaron en el parte, procedieron a hacer 6 detenciones. Curiosamente, ninguno de los detenidos se parecía entre sí y vivían en lugares muy lejanos del puesto atacado, según explica su abogado defensor Héctor Herrera. Ninguna prueba, ningún motivo para mantenerlos detenidos y tuvieron que dejarlos libres, pero el Ministro de Interior, Luis Pérez Guadalupe, dio una versión muy distinta de los hechos. Dijo que habían sido detenidos una docena de personas que  habrían participado en las protestas y se tenía como prueba fotos y videos de las manifestaciones violentas, lo que fue desmentido por los hechos. Los jefes policiales dicen estar cada vez más cerca de los llamados «Espartambos», pero hasta ahora sus pesquisas no han dado resultado.

Lo cierto es que hasta este momento, no hay ningún detenido con una acusación formal de haber causado heridas o la muerte de un policía, de los destrozos en domicilios de «promineros» en Cocachacra, de la quema de un autobus, de la explosión de un cartucho de dinamita en la comisaría de Cocachacra, de la agresión y vejación de Yovana Mendoza.

¿Dónde están los radicales que habían tomado control de las protestas y que mantenían aterrorizado a todo el valle?

Los otros 6 detenidos, el día 23, conformaban un grupo de personas que salía del velorio de Ramón Colque Vilca, el último fallecido en el conflicto, que se habían sentado en la calle a beber una botella de anisado, a las 3 de la madrugada. Fueron acusados de bloquear vías y trasladados hasta la división de Seguridad del Estado, en Arequipa. Otra vez, Héctor Herrera, tuvo que estudiar los confusos partes y logró liberarlos pues no habían pruebas mínimamente creíbles de aquello de lo que se les acusaba. El Ministro del Interior, una vez más, le había mentido al país en relación a este conflicto.

BUEN TRATO

Este lunes, una comisión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estuvo en Cocachacra para recoger diversas denuncias de abusos. Se había hablado de manoseo a las mujeres y hasta de una violación, la cual no fue confirmada, así como de una desaparición, tampoco confirmada. Lo que sí confirmaron los visitantes fue un unánime rechazo a la acción policial, así como un temor generalizado, especialmente entre niños y adolescentes, por eso sólo un 30% de los escolares de Cocachacra asiste al colegio. Algunos de ellos fueron interceptados e interrogados, por lo que los propios directores han pedido a la policía alejarse de los recintos escolares. La orden de detener «Espartambos» no ha podido ser cumplida.

Carmelo Gilberto Catari Machaca, uno de los detenidos, por supuestamente haber quemado el quiosco, dijo haber sido coaccionado para firmar un documento en donde se exoneraba, textualmente, de actos violentos, tanto físicos como psicológicos, a miembros de la policía nacional.

“Ya en la comisaría de Cocachacra, un encargado de nombre Monrroy me obligó con insultos a firmar ese papel, yo me negué al inicio, pero me insistieron para que lo hiciera”, declaró. La hermana del detenido, Gloria Catari Machaca, agregó también que a su hermano se lo llevaron casi desnudo, solo con ropa interior, hasta la comisaría de Cocachacra. “Eso es abuso policial”, dijo. “Ese lugar está a 20 km. de Cocachacra, ¿cómo iría él a quemar hasta allá y regresar rápidamente a la casa?”, se preguntó.

Gustavo Arratea Cuyo, sereno del mismo distrito, fue detenido por reclamar que un oficial de la policía pateara su camioneta mientras este se encontraba por la zona cumpliendo su labor de rondas nocturnas.

“Yo estaba con 2 compañeros y de la nada veo venir a la policía en sus carros, uno de ellos baja de su vehículo, patea mi camioneta (de serenazgo) y con insultos dice, ¿ustedes que hacen aquí? ¿no saben que es toque de queda?, luego nos patean y tiran al piso. Cuando reclamo por qué daña mi unidad de transporte, se saca el casco y comienza a golpearme imparablemente en la cabeza, luego me suben a su camioneta y ahí me vuelven a agredir”.

“Solo por reclamar la abolladura me llevaron a la comisaría”, afirmó. Luego mencionó que no sabría la identidad de este efectivo pero escuchó que en todo momento los oficiales se referían a él como coronel. “Este sujeto dice, refiriéndose a mí, “A este apártamelo para atrás”, me llevan y el “coronel” indica que baje la cabeza y después comienza a tirarme patadas y puñetes en la cabeza y espalda”.

Producto de los golpes, en la misma comisaría me hacen firmar el documento que lleva por título “Buen Trato” y lo liberan en horas de la mañana. Ya con sus propios recursos, Arratea viajó a Arequipa para ser atendido en el hospital general, en donde le indicaron que presenta contusiones en diferentes partes del cuerpo y desguince en el brazo izquierdo.

En el colmo del abuso, fue notificado para el día 27 del presente en la misma comisaría de Cocachacra para que se vuelva a presentar bajo los cargos de presunto delito por violencia y resistencia a la autoridad.

NORMALIDAD

Actualmente, al menos 3 portatropas han abandonado ya el valle de Tambo, la gente no pretende hacer manifestaciones y está íntegramente dedicada a salvar la cosecha de arroz y sembrar papa. Los 60 días de la Emergencia y la coincidente pausa decidida por Southern para su proyecto minero, les darían tiempo para ello. Aunque en baja voz, la mayoría se prepara para retomar la protesta cuando pase este periodo.

Sin líderes, con sus alcaldes acusados de varios delitos y las cuentas congeladas, con una lista de futuros detenidos entre los que figurarían varios jóvenes del pueblo, sin medios de comunicación, la resistencia tal vez será pacífica, pero la solución a este conflicto parece aún lejana.

Entre tanto, el dolor por los muertos y heridos, así como la desconfianza, aún se respira en las ahora silenciosas calles de Cocachacra. Las tiendas atienden con una puerta a medio abrir, la normalidad tardará años en restablecerse completamente, si es que acaso la armonía alguna vez retorna a estas calles.

Entretanto, en Arequipa y otras ciudades, las dirigencia sindicales contemplan un paro nacional en el que una de las demandas sería nada menos que la vacancia presidencial. Los escándalos que afectan al presidente Ollanta Humala y su cónyugue, favorecen esta demanda y lo nula reacción al paro pacífico en el Sur, la exaltan.

El día 27 y 28 se llevaron a cabo masivas protestas de carácter pacífico, pero el gobierno no se dio por aludido. Por el contrario, ha endurecido su posición con relación a Tía María y, nuevamente, ha pedido a la empresa arreglar el problema. El mensaje implícito sigue siendo el mismo: «guagua que no llora, no mama».

Tratando de mantener vivo el ejemplo legado por el Patrono del Ejército del Perú, coronel  Bolognesi y sus soldados, los integrantes de la comunidad educativa del colegio que lleva el nombre del Patrono del Ejército, celebraron su sexagésimo tercer aniversario.

En la ceremonia central, del emblemático centro educativo, participó el señor General de Ejército Ronald Hurtado Jiménez Comandante General del Ejército, quien pertenece a la promoción 22 de esta institución educativa.

El Izamiento del Pabellón Nacional,  hizo vibrar los corazones de quienes asistieron a esta ceremonia enmarcada en la reiteración de fidelidad a la Bandera y Homenaje a quienes desde Arica, dieron ejemplo de coraje, valentía, lealtad y honor, valores que son indispensables en el proceso de enseñanza en el Colegio Militar Francisco Bolognesi, que cumple así 63 años formando ciudadanos de éxito.

El señor General de Ejército Ronald Hurtado Jiménez Comandante General del Ejército, estuvo acompañado por el señor General de División Víctor Abraham Najar Carrera Comandante General de la Tercera División de Ejército y principales autoridades de Arequipa.

El Director del Plantel, Coronel José Salazar Chaves, estuvo a cargo del discurso de orden en el que manifestó que el  Colegio Militar Francisco Bolognesi va rumbo a la acreditación con una educación que está inspirada en un sano y ferviente amor a la Patria.

Fueron integrantes de 61 promociones quienes sumados a los 450 cadetes desfilaron a paso gallardo, no importando la edad para hacerlo, lo que primaba era el espíritu patriótico y amor al Colegio que los formó para ser hombres de bien. El general de Ejército Ronald Hurtado, desfiló junto a sus compañeros con quienes se reencontró como todos los años en este recinto académico.

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, anunció que el Gasoducto Sur Peruano tendrá un ramal hacia Arequipa. Esto fue confirmado en una reunión con representantes de  la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

En la cita en la que estuvieron también los gobernadores de Moquegua, Tacna, Puno, Madre de Dios y Cuzco,  se  informó que ProInversión, junto con el consorcio que ejecuta el gasoducto,  ya viene trabajando los estudios de los  denominados gasoductos regionales hacia diferentes ciudades del sur del país, entre las cuales se encuentra Arequipa.  Una vez culminados este año, harán la convocatoria para su ejecución.

Es necesario precisar que el Gobierno Regional de Arequipa a través del Consejo Regional aprobó el acuerdo regional N°033-2015-GRA/CR-Arequipa que declara de interés y prioridad regional la construcción del gasoducto regional que supone un ramal adicional desde el ducto principal (tramo A2) hacia la ciudad de Arequipa. Esto considerando la demanda de gas natural en Arequipa para fines de generación  termoeléctrica, industrial, comercial, y de uso domiciliario y de vehículos, entre otros.

La reunión con ProInversión y todos los gobernadores del sur tuvo como finalidad la de fortalecer las coordinaciones para  la promoción de iniciativas en relación al Gasoducto Sur Peruano,   la masificación del gas y proyectos de industrialización.

Por otro lado, en los próximos 15 días los gobernadores de Arequipa y Moquegua se reunirán con el viceministro de Agricultura, Jorge Montenegro para tratar sobre el proyecto de la represa de Paltuture.

El recién electo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Diego Muñoz Najar, señaló que Arequipa tiene lo necesario para ser una ciudad competitiva frente al mercado nacional e internacional, pues además de contar con valiosos recursos naturales y mineros, también existe el potencial para la agroindustria, que todavía no se aprovecha al máximo.

Recalcó la importancia de los valores: “Para atraer mayores y mejores inversiones, debemos ser mejores personas. El principal capital de Arequipa es su gente”, señaló.

Por su lado, el representante de la Asociación Solaris Perú, Juan Palao, acotó que las inversiones no llegan solas, sino que es vital promoverlas. Resaltó la importancia de fortalecer el capital humano y mejorar las inversiones en la infancia y la salud. “Una nación o región con brechas de desarrollo humano siempre tendrá dificultades para promover, instalar o desarrollar inversiones. Las personas son las que marcan la diferencia”.

Como parte de la Semana de la Industria en Arequipa, empresarios de diferentes rubros se dieron cita en el II Foro Industrial organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Universidad Católica San Pablo (UCSP). En dicho evento se discutieron y reflexionaron temas relevantes para el desarrollo de la industria y la economía, así como la diversificación productiva y el desarrollo regional.

La innovación y creatividad fueron temas resaltados en todo momento. La coordinadora de Incubadora de Negocios de la UCSP, Sandra Gonzales, afirmó que se está promoviendo una incubadora de ideas y negocios innovadores y creativos. Asimismo, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, José Larios, señaló que también se debe trabajar en un Estado y Gobierno que genere confianza y promueva una mejor atención a todos los niveles de la industria.

Durante el panel “Articulando el desarrollo regional”,  se puso énfasis en las debilidades para mejorar la inversión, como  la falta de un ordenamiento territorial adecuado, la garantía de la inversión, la seguridad, entre otros. Se concluyó que de este modo se puede garantizar mejoras en la situación laboral y el bienestar de los arequipeños. Actualmente existe un 75% de informalidad laboral en la región.

 
El director nacional de Seguridad Ciudadana, Roberto Villar, afirmó que en la región 21 distritos de Arequipa, Caravelí, Castilla, Condesuyos, Islay y la Unión no han presentado sus planes de seguridad ciudadana.

“Me extraña que no hayan presentado porque el año pasado en Arequipa lo hizo al 100%. Soy consciente de la gran preocupación del Gobierno Regional, pero el Ministerio Público los exhortará para que en  corto plazo los presenten, sino  se hará la denuncia correspondiente”, afirmó Roberto Villar.

Los distritos  que no han presentado sus planes de seguridad son:

Arequipa: Polobaya, Tiabaya, Uchumayo.

Caravelí: Acarí.

Castilla: Aplao, Adaguagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Pampacolca, Unión, Viraco.

Islay: Islay .

Condesuyos: Chuquibamba.

La Unión: Charcana, Quechuaya, Lauria.

En un año los hogares arequipeños  podrían utilizar gas natural para  preparar los alimentos. De no mediar ningún inconveniente el carburante estaría llegando a Arequipa a mediados del año 2016.

Según el subgerente de gestión de calidad ambiental del ARMA, Ronald Mayta Coaguila, encargado de realizar el estudio de impacto ambiental de dicho proyecto, solo faltaría levantar observaciones leves en materia de seguridad para que la concesión con la empresa española  Gas Natural Fenosa pueda iniciar las operaciones en nuestra ciudad.

“La gerencia recién va a notificar a las partes, OSINERGMIN y la empresa española para levantar las observaciones del expediente, tentativamente a mediados de julio podrían estar subsanadas dichas observaciones”, dijo Mayta Coaguila.

En otro ámbito,Ronald Mayta  mencionó que su jurisdicción viene trabajando proyectos en contra de la minería ilegal. El funcionario explicó que hasta el momento llevan 14 investigaciones ordenadas por el Ministerio Público.

“Se ha trabajado en Mollebaya, Río Seco, Chiguata y otras zonas más. Estamos evaluando aspectos tanto de elementos metálicos y no metálicos (gravas, tierra). Estas personas destruyen los lechos de los ríos con el fin de construir mobiliarios sin tomar en consideración el medio ambiente. Nuestra última intervención se realizó en El Pedregal, hemos encontrado gran cantidad de quimbaletes, estamos exhortando a la población del lugar a que se retire de ahí”, agregó la autoridad.

El quimbalete es un aparato de hierro o piedra en forma de media luna destinado a la molienda de mineral.

La agenda de proyectos contempla el muelle artesanal, el Hospital de Islay,  la puesta en valor del Castillo Forga, modernización e implementación de infraestructura educativa, la planta de tratamiento de aguas residuales entre otros.

La gobernadora regional,  Yamila Osorio, se reunió este fin de semana con el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, a quien reiteró su compromiso de continuar impulsando la ejecución de proyectos para el desarrollo integral de dicha provincia. En la cita estuvo presente también el presidente del Consejo Regional de Arequipa y consejero por la provincia de Islay,  Mauricio Chang

En torno al nosocomio, indicó que el próximo 16 junio arribarán funcionarios de PARSALUD del Ministerio de Salud con la finalidad de iniciar los estudios de este hospital, considerando que el Gobierno Regional ya cumplió con uno de los requisitos indispensables: destinar un terreno de 17 mil metros cuadrados para concretar esta anhelada obra.

En tanto que el jueves 11 de junio, Osorio Delgado sostendrá una reunión con la empresa Samay (encargada de desarrollar el nodo energético del sur) interesada en financiar la puesta en valor del Castillo Forga en Mollendo. En torno al proceso de expropiación de esta joya arquitectónica, aún existen algunos trámites pendientes que han sido considerados en la agenda de trabajo que priorizará el Gobierno Regional en coordinación con esta comuna provincial.

Asimismo, se habló sobre la necesidad de culminar la construcción de infraestructura educativa que viene siendo ejecutada por el GRA. Realizar una evaluación técnica del muelle artesanal de Mollendo para tomar decisiones conjuntas sobre este proyecto. Además, a pedido del alcalde Ale Cruz, la región empezará a trabajar los estudios de la planta de tratamiento de aguas residuales.

La Decana del Colegio Químico Farmacéutico, María Elena Guillén, se pronunció sobre la denuncia interpuesta por Sedapar en su contra, supuestamente, por generar pánico e incitar a la población contra la empresa sobre la mala calidad del agua, afirmando que espera que el caso se archive por todas las pruebas existentes en favor de su versión.

“Ya se tenía antecedentes, por eso empezamos a investigar y eso no les gustó a algunas instituciones. La sanción es pena privativa de libertad, el día de ayer he ido a responder, para demostrar que todo lo dicho, lo ratifico en función a los informes. Mi función es claramente proteger y salvaguardar la salud pública y lo volvería hacer, con la misma responsabilidad”, afirmó María Elena Guillen.

La Decana del Colegio Químico – Farmacéutico también señaló que cuenta con el apoyo del Consejo Regional, colegios profesionales y ciudadanos. “El asesor legal es Mauro Pari, vamos a hacer llegar a la fiscalía toda la documentación, esperamos que se archive por todos los documentos que hay, lo que se quiso es hacer respetar los derechos de los ciudadanos”, dijo.

Maria Elena Guillén participó de la audiencia pública sobre la contaminación del agua organizada por el congresista Justiniano Apaza, quien mostró su respaldo a la decana. “Se va a exigir a la fiscalía que se investigue y que se sancione a los funcionarios de Sedapar; creemos que esta denuncia es injusta, nos solidarizamos con ella”, agregó.

Los poblados de Cocachacra, Dean Valdivia y aledaños serían los más afectados con el régimen de estado de Emergencia que rige en la provincia de Islay, según algunos testimonios que se recogen en este informe de una periodista independiente de la zona.

“No estoy de acuerdo, considero que sacar a las fuerzas armadas a las calles, no va a solucionar el problema” afirmó Roberto villar, Director Nacional de Seguridad Ciudadana, con relación a la declaratoria de emergencia que se decretó en la provincia de Islay, después de más de 60 días de paro contra el proyecto Tía María.

Villar participó del I encuentro Macro Regional de consejeras y regidoras organizado por el Gobierno Regional.

“No es su preparación para esto (militares), imagínese sacar jóvenes que no están preparados para estas situaciones, no es necesario; la policía debe trabajar mejor para poder manejar el problema, no habido una experiencia en el mundo que demuestre que sacar a las fuerzas armadas sacar a las calles solucione este problema, tiene que haber un mayor esfuerzo y trabajo por parte de la policía nacional, todas las autoridades y actores de justicia, es la única manera”, afirmó Roberto Villar.

Con relación a los policías que utilizaban armamento de fuego, señaló que se están realizando las investigaciones y que la policía ya no utiliza cierto tipo de armamento, “se han realizado los peritajes, la policía solo usa perdigones de goma, no es prudente juzgar antes de conocer”, dijo.

Una lamentable realidad que aumenta silenciosamente. Las estadísticas corresponden solo a 7 colegios a nivel de provincia, y son registro de los últimos 50 días. El estudio corresponde al Centro de prevención del abuso sexual infantil (CPAS), proyecto creado por el Instituto De Apoyo Y Desarrollo Social Blansal (IADES BLANSAL), el cual tiene 18 años de funcionamiento en la ciudad, mientras que le CPAS fue habilitado hace 4 años.

En 2014 se trabajó con 8 instituciones educativas en diferentes distritos de Arequipa; atendiendo mil casos de violencia psicológica y 65 entre violencia sexual, actos contra el pudor y violencia familiar extrema. De estos 65 casos, solo 2 terminaron con sentencias y prisión para los agraviantes; a su vez, solo 10 menores fueron internados en los albergues que funcionan en la ciudad.

La abogada Patricia Briceño Azana, manifestó las gravísimas falencias que posee nuestro aparato legal para proteger a los menores afectados. “En Arequipa solo hay una cámara Gessel, lo que impide el avance del proceso, los casos se mantienen pendientes, acumulando y extendiendo las denuncias que deberían atenderse el mismo día que se registra”.

“No hay albergues suficientes para albergar a los menores generando que regresen con la familia y, muchas veces, esta no tiene la solvencia económica ni la disposición para mantener al menor”, afirmó Briceño.

El Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil, desde el 2011, viene realizando esta labor producto de alianzas interinstitucionales con las diferentes Demunas distritales, la gerencia regional de educación (GREA) y las ugeles de Arequipa, logrando un proceso de sensibilización en 22 colegios hasta la fecha, con más de 10 mil niños prevenidos ante posibles violaciones de derechos.

CPAS también puso en conocimiento la preocupante situación de un menor de 10 años víctima de abuso sexual, cuyo proceso lleva 2 años y medio sin que se pueda encarcelar al padrastro del pequeño, identificado como el agresor.

“En el 2014 fue archivado el caso por la fiscalía; medicina legal, después de la pericia, manifestó la nula presencia de actos contranatura. Nosotros hemos realizado exámenes particulares, físicos y psicológicos, ambos con resultados totalmente contrarios. Este año estamos pidiendo se abra un proceso de tenencia y otro por actos contra el pudor”, manifestó la directora del CPAS, Dessy Zanabria Palomino.

La situación legal del caso es compleja, ya que el padrastro posee nacionalidad holandesa y, actualmente, ambos procesos están paralizados debido a una restitución internacional, que expone se restituya al menor al país de origen. El caso se viene desarrollando en el 2do juzgado de familia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia, Jhonny Cáceres, informó que será el juez dirimente de turno, Víctor Raúl Zúñiga Urday, el que decida si acepta o rechaza la apelación presentada por la defensa de Pepe Julio Gutiérrez a la orden de 9 meses de prisión preventiva, en un caso que ha sido declarado «complejo».

Esto debido a que los tres jueces superiores encargados de resolver la apelación no llegaron a un acuerdo. De esta forma se deberá convocar a un cuarto magistrado para resolver el tema. Al optar por una de estas alternativas hará mayoría respecto a las otras y se tendrá una decisión.

El Presidente de la Sala, Percy Gómez, considera que la resolución de primera instancia no está debidamente motivada, exigencia que arguye está amparada en la Constitución Política, jurisprudencia nacional y fallos del Tribunal Constitucional. Haciendo un análisis de fondo, la Dra. Cecilia Aquize concuerda plenamente con la decisión de primea instancia que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva por 9 meses.

En tanto, la jueza Yenny Magallanes Rodríguez, votó por la comparecencia con restricciones, con reglas estrictas de conducta y una caución de 40 mil soles; al considerar que no existe la extorsión; por cuanto de los audios se desprende que sólo hay actos preparatorios más no ejecutorios; No se ha demostrado que hubiera violencia o amenaza que haya influido directamente en los agraviados; más aún si se toma en cuenta que Gonzales Rocha y Julio Morriberón (directivos de Southern Perú) declararon que no recibieron amenazas ni concordaron pago alguno de parte del imputado. En este sentido, la magistrada sostiene que existe posibilidad más no probabilidad del delito de extorsión por lo cual consideró que debe imponerse una medida menos gravosa que la prisión preventiva.

“Esta es una situación excepcional, pero está contemplada dentro de la norma (Código Penal). Los jueces independientemente han evaluado según su criterio. El juez dirimente tendrá la decisión definitiva y podría emitir su fallo el mismo día o al día siguiente, a más tardar el martes”, mencionó el presidente de la Corte.

Como se recuerda, un juzgado de primera instancia ordenó la prisión preventiva del dirigente debido a la difusión de un audio en el que estaría pidiendo dinero a la minera Southern a cambio de levantar el paro indefinido que se lleva a cabo contra el proyecto Tía María en el valle de Tambo.

La audiencia se realizará el día lunes 8 de junio a las 10 de la mañana en la 2da sala penal de apelaciones.

Desde el 23 de marzo, la provincia de Islay (Arequipa) se encuentra en un paro indefinido en protesta contra el proyecto minero Tía María de Southern Copper (Grupo México).

El viernes 22 de mayo, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en la provincia de Islay. Ese mismo día el ciudadano Ramón Colque Vilca perdió la vida, víctima de un proyectil de arma de fuego, deceso que se sumó a la muerte de Victoriano Huayna y Henry Checlla Chura.

Ante esta situación, un grupo de escritores, intelectuales y artistas se ha pronunciado sobre la situación en el Valle de Tambo, zona en la que se pretende ejecutar el proyecto minero a tajo abierto.

Para ver el pronunciamiento haga click en el siguiente enlace:

«Más de 200 intelectuales mandan carta a Ollanta Humala sobre Tía María»