Esta semana, el proyecto minero Tía María se colocó nuevamente en primera plana. Sorpresivamente, un memorando interno de la empresa que anunciaba “el reinicio de actividades en el proyecto Tía María con fecha 1 de julio de 2024” se filtró en las redes y la prensa.
Cabe señalar que, en la larga historia de conflictos de rechazo a proyectos mineros en el país, Tía María se diferencia de otros por los reiterados intentos de ponerlo en marcha. Usualmente, cuando un proyecto genera rechazo y movilizaciones, estos entran en la congeladora sin fecha próxima de reinicio. Ocurrió con Tambogrande en 2002; Cerro Quilish en 2003; Río Blanco 2007, Santa Ana 2011, Conga 2011, entre otros.
En cambio, en el caso de Tía María ya van tres intentos y, todo indica que se van por el cuarto. El primer gran estallido en torno a Tía María ocurrió en 2011, en los últimos meses del gobierno de Alan García. La empresa presentó un primer estudio de impacto ambiental (EIA) que fue revisado y literalmente destrozado por un organismo de Naciones Unidas. Luego de eso, el EIA se declaró inadmisible y la empresa tuvo que retirarlo. Pedro Sánchez, por entonces ministro de Energía y Minas de Alan García, señaló que había “algunos elementos insalvables en este proyecto, por lo que se ha declarado esta nulidad”.
El segundo capítulo de Tía María ocurrió apenas dos años después: en diciembre 2013 se presentó un nuevo EIA que, finalmente, fue aprobado en agosto 2014, durante el gobierno de Humala, lo que provocó un segundo estallido. Finalmente, en julio de 2019, durante la gestión de Vizcarra, se aprobó la licencia de construcción, dejando todo expedito para el inicio del proyecto. Sin embargo, en medio de movilizaciones sociales en la zona, el Consejo de Minería decidió suspender la licencia de construcción.
En suma, tres gobiernos distintos intentaron sacar adelante Tía María y fracasaron. En cada uno de estos tres capítulos, la tensión y el conflicto escaló a niveles pocas veces visto. El lamentable saldo ha sido siete personas fallecidas, seis pobladores y un miembro de la Policía Nacional. Además, decenas de heridos y la persecución judicial de un número importante de dirigentes sociales del valle. ¿Estamos entrando a un nuevo capítulo de convulsión social en el valle? ¿Qué argumentos se manejan?
¿La situación ha cambiado en el valle?
El argumento central que utiliza la empresa es que en la actualidad el proyecto tendría una mayor aceptación en la población. Y, según versiones de sus voceros, habrían estado trabajando con un sector de agricultores. En el difundido memorando interno de la empresa van más allá cuando señalan que están dadas “las condiciones sociales y políticas en la provincia de Islay, la región y a nivel nacional”.
Está claro que en la actualidad tienen el respaldo del Ejecutivo, sobre todo del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que cree que Tía María va a gatillar las inversiones mineras; que quede claro que la paralización de Tía María en el 2011 y el 2015 no impidió que la inversión minera se dispare en esos años y que el Perú duplique la producción de cobre. Por el contrario, insistir en proyectos controvertidos puede ser contraproducente y crear un clima de inestabilidad en contra de la minería.
Lo cierto es que más allá de los dichos de la empresa, al momento no han presentado ninguna evidencia del supuesto respaldo en la zona. Por el lado de la población, voceros de los agricultores, como Miguel Meza, ratifican que el rechazo al proyecto se mantiene.
La directora del medio arequipeño El Búho, Mabel Cáceres, aporta un argumento interesante: el comportamiento electoral reciente de la población de Islay: “La única expresión de la voluntad popular en la democracia peruana es el voto y es la única forma en la que los ciudadanos nos expresamos cada cuatro años para elecciones regionales y municipales, cada cinco para las elecciones generales. Tomando esto en cuenta, todas las sucesivas elecciones, ya sea de alcaldes, de gobernadores, de congresistas o de presidentes, en esa provincia y especialmente en los distritos de Cocachacra y Punta de Bombón, siempre son favorecidos con más votos los candidatos que tienen un discurso anti Tía María”, señaló en entrevista publicada por La Mula.
Al margen de los dichos, todo apunta a que estamos entrando a un nuevo escenario de tensión social en el Valle de Tambo. Ya se anuncian algunas movilizaciones como respuesta. Y tanto alcaldes distritales, así como el propio alcalde provincial, Richard Ale Cruz, y la Cámara de Comercio han tomado posición en contra del proyecto minero. Estas parecen ser evidencias concretas que mostrarían que el rechazo se mantiene.
Como hemos mencionado, el primer EIA que presentó la empresa Southern se declaró inadmisible por no reunir requisitos mínimos. El segundo EIA se debatió ampliamente en diversos foros, tanto en Arequipa como en Lima, con la participación de representantes de la empresa y asesores técnicos de la población del valle. Se han escuchado los argumentos a favor y en contra. Lo cierto es que la empresa no ha tenido la capacidad de convencer a la población de que el proyecto no representa riesgos para la zona.
Además, lo que se percibe en el valle es que La Tapada y Tía María, los dos yacimientos que Southern pretende desarrollar, serían solo el inicio de un proceso de conversión de buena parte de la provincia de Islay en una nueva zona de expansión minera. Cuando uno ve el mapa de concesiones mineras, se puede apreciar que algo más del 50% de la provincia está concesionada. Y casi una treintena de empresas tienen derechos mineros vigentes. Como comentaba un agricultor del valle: “¿alguna autoridad nos puede asegurar que solo es Tía María y no habrá más proyectos en la zona?”.
A estas alturas, ¿es factible que en el Perú (o en cualquier parte del mundo), un proyecto minero se pueda imponer de manera unilateral? La respuesta es no. Y si lo hacen tienen que ser conscientes que estarían incumpliendo varios de los instrumentos que las propias empresas han firmado. Por ejemplo, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas; las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. O los lineamientos del Consejo Internacional de Minería y Metales.
Una de las tareas que tenemos pendientes en el país es cómo sacar lecciones de casos como Tía María. Los conflictos deberían ser una oportunidad para avanzar, evitar estancarnos y sobre todo retroceder. El trasfondo de un conflicto como Tía María es mayor: casos como este son una clara muestra que algo no está funcionando bien. Acá no estamos discutiendo solo Tía María; lo que está en juego es cómo construir una verdadera propuesta de gobernanza minera para los próximos años.
Seguramente se viene nuevamente un momento de polarización. Escucharemos argumentos que ya se han utilizado antes. Precisamente, un funcionario de Southern acuñó el término de terrorismo antiminero. Esa es la caricatura del debate que hay que evitar. Pero volviendo a Islay, después de 15 años de conflicto y tensiones que retornan cada cierto tiempo, hace bastante tiempo que los agricultores del Valle de Tambo se han ganado el derecho a vivir en paz.
Publicado inicialmente en La República
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