Para Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto de prensa y Sociedad (IPYS), existe una falta de comprensión, o “ADN autoritario” en los políticos peruanos, en relación con la libertad de expresión que se manifiesta cada cierto tiempo en arremetidas contra la libertad de expresión, tanto desde el Congreso o poder Legislativo, como desde el poder Ejecutivo.
Esos atentados no solamente van en contra de los periodistas, sino de hecho, contra toda la ciudadanía a nivel general. Esto, porque el periodista es el canal entre la ciudadanía y el Estado y la ciudadanía y el poder, advierte Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CCP).
En las regiones del país, a estos atentados se suma la discriminación a la prensa local, tal como lo recuerda Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), institución que salió a denunciar la vez que en Tarapoto, a la llegada de un presidente, a los periodistas locales los encerraron en un cuarto para que no puedan hacer preguntas.
La Red de Medios Regionales del Perú invitó a los representantes de las instituciones que salieron al frente del último intento del Gobierno Boluarte por criminalizar la labor del periodista y que se pudo frenar. Aquí lo que comentaron en el programa «Libertad de expresión en riesgo: amenazas contra la prensa», y las advertencias que nos dejaron.
La modalidad de ataque a la libertad de expresión depende del régimen
Roberto Pereira refiere que las arremetidas contra la libertad de expresión se dan desde el Congreso y desde el poder Ejecutivo. Pero también desde los gobiernos regionales donde hay periodistas que son acosados o son perseguidos judicialmente por las autoridades locales por la falta de entendimiento o comprensión de lo que es la libertad de expresión y esto afecta a la política peruana.
, la modalidad de los ataques va a depender del tipo de régimen, si es más o menos autoritario. «En la época de Fujimori se ‘compraban’ medios de comunicación. También se difamaba a los medios de oposición para restarles credibilidad. Se generaban y promovían medios afines para atacar a la prensa independiente o crítica», recuerda Pereira.
En cambio, lo que vemos ahora es una arremetida para desmontar el marco legal de protección de la libertad de expresión. Y eso viene ocurriendo en el Congreso de la República desde el año 2015, con más de 90 proyectos que la afectan. Pero también ataques desde el poder Ejecutivo como se vio en la campaña presidencial, en la intolerancia de Castillo, y ahora con la presidenta Boluarte que expresa también animadversión a la prensa, esta falta de comprensión, dice.
“Para ellos la libertad de expresión es la libertad de expresión de un órgano de expresión del gobierno. Que, a su vez, es el órgano de expresión del pueblo. Lo que ellos entienden por pueblo. En síntesis, fue así”.
La libertad de expresión tiene una doble dimensión, individual o colectiva e institucional
Pereira Chumbe explica que se atenta contra la libertad de expresión desde donde está el poder. «Y creo que es mayor el atentado desde el poder político, en segundo lugar, el poder económico y en algunos casos es posible advertir casos de autocensura y sesgos en la información».
Resaltó que el derecho a la libertad de expresión no es únicamente un derecho individual. Tiene una doble dimensión, individual o colectiva e institucional, que es el derecho de todos a recibir información diversa y en esa diversidad de información y de fuentes elegir la información que uno considera más apropiada para formarse los criterios y a tomar decisiones y ejercer su derecho.
«Entonces cuando se afecta la libertad de expresión de un medio, de un periodista de un comunicador, en realidad no solamente se está afectando a ese comunicador, sino a todos los usuarios o los consumidores de esa de ese medio de comunicación y los potenciales. Esto empobrece el debate y eso se nota claramente en los gobiernos autoritarios», advierte.
Invocó a no caer en el razonamiento peligroso de que porque un medio es concentrado hay que cerrarlo o porque este tiene sesgo entonces hay que acallarlo. Eso es muy peligroso porque en el fondo lo que se hace es atentar contra el principio, contra el derecho a la libertad de expresión independientemente de lo bien o mal que lo ejerza.
Entre las leyes atentatorias a la libertad de expresión, las más saltantes son los dos proyectos de ley que intentaron incrementar las penas privativas de libertad para el delito de difamación. Que es un delito muy utilizado por la gente con poder para tratar de penalizar a los periodistas para amedrentarlos.
Al atentar contra un periodista, se atenta contra toda la ciudadanía a nivel general
Según lo refiere Rodrigo Salazar, las organizaciones periodísticas como el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto de Prensa y Sociedad dieron a conocer un pedido de facultades legislativas que incluía una trampa. «Se había pasado por la “guacha” el delito de disturbio o de instigadores del delito de disturbio. Se incluía a comunicadores que a través de los medios masivos convocarán a protestas».
Inmediatamente, como Consejo de la Prensa Peruana -refiere- señalaron que no era un atentado solamente contra periodistas. De hecho, era contra toda la ciudadanía a nivel general. Porque las marchas se convocan principalmente a través de redes sociales de los ciudadanos.
«Si esto hubiera sido aprobado por el Congreso y luego legislado por el Ejecutivo, se hubiera podido procesar penalmente a las personas que hicieran esto. Lo que requería una investigación en redes sociales con una especie de policías o ternas digitales, vigilando como una gestapo lo que se escribiera en redes sociales», explicó.
Asimismo dijo que cuando se atenta contra el periodista, es un atentado siempre contra la gente porque el periodista es el canal entre la ciudadanía y el Estado y la ciudadanía y el poder. «Porque si los periodistas somos los afectados o censurados o nos autocensuramos para no caer presos o procesados finalmente se crea un desierto informativo. Lo que sucede es que, al no haber información, no hay transparencia, el gobierno puede hacer lo que prácticamente le da la gana y la ciudadanía queda desinformada», reflexionó.
Hay que estar alertas porque no se sabe qué pueda hacer el Ejecutivo cuando legisle al respecto
Salazar dijo que realizaron varias acciones desde el CCP, IPYS y ANP y que han tenido un éxito parcial en el sentido de la apertura o la generalidad con la cual se trataba la figura del delito de instigación al disturbio por parte de comunicadores que quedó, sino removida, limitada a través de dos candados puestos por el Congreso. Pero añadió que hay que estar alertas pues no sabemos lo que pueda hacer el Ejecutivo las próximas semanas cuando legisle al respecto.
Otárola y Boluarte han sostenido que este pedido de facultades legislativas, ‘sección lesiva a la libertad de expresión’, no era en realidad una afectación a la libertad de expresión. «Lo era claramente y estaba puesto en el papel. Con lo que nos vamos dando cuenta que el perfil de la presidenta está encajando dentro de este proyecto autoritario que está impulsando el Congreso, la Fiscalía de la Nación y también por supuesto el Ejecutivo» refiere Salazar Zimmermann.
«Hay que entender que ese perfil cínico del gobierno que intenta parchar las verdades reales con mentiras es parte de estas actitudes que tiene con la prensa. Querer evitar que la prensa cubra o convoque a protestas es también parte de esta idea de crear una nueva narrativa, un nuevo lenguaje en el cual el Perú es una maravilla, el Perú es un país que respeta los derechos humanos, que es un país que crece económicamente»,.
Rodrigo Salazar
En este perfilamiento del Estado peruano a nivel general, hacia este camino al autoritarismo -dice- vemos que están jugando el mismo partido el Congreso y el Ejecutivo, pero también la Fiscalía de Nación y la Defensoría del Pueblo. Seguramente también el Tribunal Constitucional en algún momento. Ya ha habido fallos del TC que de alguna manera benefician al Congreso. Frente a esto, tenemos a las organizaciones periodísticas como la ANP, IPYS y CPP y creo que la sociedad organizada puede tener éxito.
La discriminación de la prensa local y su autocensura en las regiones
La autocensura en las regiones hace pensar inmediatamente en la situación de Madre de Dios, donde hay minería ilegal y trata de personas. Y sin embargo, sorprende que tengamos pocas cifras de ataques y amenazas al periodismo, dice Zuliana Lainez, presidenta de la ANP. Pero conversando con los periodistas locales, refieren se jugarían la vida si intentaran cubrir esos temas y lo que se impone es el silencio.
«Cuando uno habla de la precarización en el periodismo uno podría pensar en el ámbito laboral nacional. Pero lamentablemente en regiones, quien más poder concentra es quien más posibilidad tiene de vulnerar la libertad de expresión. Y ahora estamos en una situación de asedio al periodismo. Y quizás sin tener el número de asesinatos que tiene México o Haití, pero el Perú siempre ha estado en todos los reportes, de naranja a rojo», manifiesta.
Dijo también que siempre hay prácticas que responden a este ‘ADN autoritario de los políticos’ del que habló Roberto Pereira. «Y hemos denunciado temas de discriminación contra periodistas regionales como un caso que hubo en Tarapoto. Cuando el entonces presidente Kuczynski llegó con corresponsales de medios de Lima, a los periodistas locales los encerraron en un cuarto para que no puedan preguntar, acto de discriminación por el que nos pronunciamos», dijo Lainez.
«Ahora tenemos ministras de Estado que apartan y dejan de lado a la prensa local, lo que es una afectación directa a la libertad de expresión, pero al derecho a la información también. Porque la prensa local conoce y tiene preguntas pertinentes sobre la realidad local y también de la coyuntura nacional», enfatiza.
Normativamente, el Perú tiene un marco saludable, el cumplimiento es el problema
Lainez dijo que, en el Perú, las garantías para el ejercicio profesional del periodista tienen un marco normativo saludable. Hay derechos como las libertades informativas contempladas en el marco constitucional, hay una ley de rectificación. También una muy antigua ley de radio y televisión que ya merecería una reformulación para incorporar el tema digital. Es una ley que también prevé sanciones cuando se producen excesos en el uso del espectro radioeléctrico cuando no se cumple con códigos de ética.
«Pero lo que debería cambiar del ordenamiento jurídico nacional, con muy pocas esperanzas de que sea viable, es la despenalización de los delitos de prensa. El hecho de que todavía se siga utilizando el tema de la difamación para llevar a periodistas a tribunales para castigarlos en el proceso, porque los periodistas finalmente suelen salir absueltos», refiere Lainez.
Explicó que se tienen cifras de temas de querellas a periodistas que en el 80% de casos, en los últimos 5 años, han salido absueltos. Pero luego de cuatro a cinco años de proceso. Por eso señala que el castigo es el proceso. Pero más allá de la despenalización, el marco legal es saludable y por eso -señala- que lo pretenden es desmontar ese marco incorporando iniciativas de ley. «Como lo fue la ley mordaza que se pudo frenar. O como esta norma con la que se pretendió criminalizar la propia expresión o iniciativas de convocatoria».
También se refirió a que, pese a tener una ley de acceso a la información pública buena y que ha estado funcionando muy bien, ahora las entidades catalogan alguna información de cuasi secretas. Así, los periodistas tienen que apelar esas decisiones cuando se pide acceso a la información. Los tribunales obligan a las instituciones públicas a dar esa información. Es decir, tenemos una buena normativa, pero en la aplicación o instrumentalización es donde se tiene problemas para la práctica informativa.
Siga aquí la entrevista completa a los tres invitados.
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