El exgobernador regional de Ica Javier Gallegos Barrientos acudió a la sede de la Corte Superior de Justicia de Ica luego de que esta dictara una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso «Los Tramitadores del GORE».

Durante su entrega, Gallegos estuvo acompañado de su abogado y su pareja, Mónica Guillen, quien transmitió en vivo el hecho a través de su cuenta de Facebook. A ella no lo dejaron ingresar mientras el exgobernador se ponía a derecho.

Este miércoles 17 de mayo el juez Vicente Fernández Tapia dictó una orden de prisión preventiva por un plazo de 36 meses para Javier Gallegos por el presunto delito de cohecho pasivo propio. El caso está aún en investigación y el exgobernador será internado en el Penal Cristo Rey de Cachiche.

La misma orden recayó sobre el exfuncionario de Transportes Edward Amoroto Ramos, actual alcalde del distrito de Los Aquijes.

Ica: Exgobernador Javier Gallegos se entrega a la justicia tras recibir 36 meses de prisión preventiva.

Javier Gallegos: «Jamás he robado un céntimo al estado»

Previo a su entrega, Javier Gallegos dio unas declaraciones en el video grabado por su esposa. Dijo que se pone a derecho en respeto estricto a la justicia pero aclaró que no tiene nada que temer y que las 18 mil llamadas en la que rastrearon no lo vinculan con la mafia «Los tramitadores del GORE».

«Jamás me he escapado de una denuncia. He esperado pacientemente que se de la primera apelación, al final; el día de hoy el juez a dado su decisión. Voy a entregarme. Yo voy a ponerme a derecho para que investiguen con autonomía y transparencia, porque jamás he agarrado un céntimo del estado. No tengo porque preocuparme. Voy a proceder en este día gracias amigos de Ica, confíen en mí» expresó camino al Poder Judicial.

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La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) de Arequipa se pronunció este miércoles 17 de mayo ante la persistente huelga que han llevado a cabo los trabajadores de la entidad durante los últimos 16 días. Los empleados exigen el cumplimiento del pacto colectivo y decidieron mantenerse en paro hasta que sus demandas sean atendidas.

En relación con el pliego de reclamos presentado por el sindicato de trabajadores, la gerenta Catherine Rodríguez manifestó que la Contraloría observó el monto de 1800 soles por la canasta de alimentos. “Contraloría dijo que el pedido de la canasta es ilegal porque contraviene normas presupuestales”, explicó. En cuanto a las demás demandas, aseguró que se está llevando a cabo las acciones correspondientes.

En ese sentido, la funcionaria señaló que existe un acuerdo firmado el 11 de mayo entre el sindicato, la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa y la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo.

Este acuerdo establecía que los trabajadores debían reincorporarse a sus labores el pasado viernes 12 de mayo, pero no se cumplió. Por esta razón, la gerenta advirtió sobre posibles acciones administrativas contra 20 trabajadores del sindicato si no regresan a sus labores este 18 de mayo.

Además, manifestó que durante los 16 días de huelga indefinida los trabajadores no recibirán remuneración debido a su ausencia laboral.

Por otro lado, aseguró que, a pesar de la huelga indefinida que han llevado a cabo los trabajadores, la entidad continuó brindando atención a los usuarios. No obstante, la oficina de Cobranza Coactiva se encuentra cerrada hasta la fecha.

Gerenta de Trabajo de Arequipa no renunciará 

Otro de los pedidos del sindicato de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es la salida de la gerenta. Ante esto, Catherine Rodríguez mencionó que continuará en su cargo hasta que el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, tome una decisión al respecto. 

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El nuevo defensor del Pueblo es Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. Logró su elección con 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones del Pleno del Congreso de la República.

Gutiérrez reemplazará en el cargo a Eliana Revollar Añaños, quien estaba de manera interina luego de que venciera el mandato de Walter Gutiérrez (2016-2021).

La bancada de Fuerza Popular adelantó que no votaría en bloque, sino que dejaría en «libertad de conciencia» a sus integrantes.

La elección de Gutiérrez también contó con los votos de Alianza Para el Progreso (APP) y Renovación Popular, en apoyo a Perú Libre, quien propuso al candidato.

El otro candidato, Jorge Luis Rioja Vallejo obtuvo 58 votos a favor, 31 en contra y 24 abstenciones.

Fiscalía lo investiga y Contraloría advirtió sobre omisiones en su hoja de vida

A Gutiérrez Cóndor la Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de peculado, estafa y apropiación ilícita. Sin embargo, el Congreso no investigó ni informó sobre estos hechos y ahora lo elige como defensor del Pueblo.

Según un informe de la Contraloría General de la República, Gutiérrez habría omitido información en su hoja de vida.

Sucede que todos los aspirantes a defensor del Pueblo debieron remitir su Declaración Jurada de Intereses (DJI), pero Gutiérrez consignó “información imprecisa” sobre la fecha de suscripción de las acciones en la empresa GYT Global Consulting S.A.C., según dio a conocer la Contraloría.

El ahora defensor del Pueblo no respondió ante la observación que se le hizo. Tampoco contestó cuando la Contraloría halló “información que difiere respecto de la fecha del inicio de representación, en relación con esa empresa”.

El también abogado del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón en el caso «Los Dinámicos del Centro» tampoco reportó seis papeletas de tránsito que registra en el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Por otro lado, el inmueble donde vivía Gutiérrez fue adquirido por su cónyuge el 10 de diciembre de 2013 al antiguo propietario Orfilio Isaac Picón Quedo, hermano del legislador de Fuerza Popular, Luis Picón Quedo.

¿Quién es Josué Gutiérrez?

Josué Manuel Gutiérrez Cóndor nació en Cerro de Pasco. Es un abogado y político peruano. Fue congresista por Huánuco durante el periodo parlamentario 2011-2016 por el Partido Nacionalista Peruano y fue consejero regional de Huánuco entre 2007 y 2010.

Se presentó como candidato de la lista independiente Frente Único de Juntas Independientes a una regiduría de la provincia de Ambo y obtuvo la representación. Esta fue su primera participación política, en las elecciones municipales de 1995. En 1998 intentó ser reelecto en las elecciones municipales, pero no lo logró.

Luego, en las elecciones regionales del 2006, llegó a ser consejero regional de Huánuco por el movimiento Frente Amplio Regional.

Fue electo congresista por el departamento de Huánuco como parte de la lista de la alianza Gana Perú (integrada por el Partido Nacionalista) en las elecciones generales de 2011.

En 2018 participó en las elecciones regionales como candidato a gobernador de Huánuco por el partido Solidaridad Nacional, pero no fue elegido.

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El distrito de Socabaya, en la provincia de Arequipa, celebra su aniversario número 228, a pesar de la ausencia del alcalde Juan Muñoz Pinto en la mayoría de las actividades. A pesar de contar con 75 millones 519 mi soles de presupuesto para este año, solo se ha ejecutado un 11.3% hasta el momento. Esto es motivo de preocupación para los vecinos. A esto se suman las denuncias que protagoniza el alcalde, las cuales él y sus regidores prefieren ignorar.

A pesar de estos desafíos, la celebración del aniversario de Socabaya continúa con diversas actividades que buscan resaltar el aspecto turístico y cultural del distrito. La elección de Miss Fotogenia y Miss Sonrisa marcó el inicio de los eventos. La elección de Miss Socabaya, la entrada de caporales y una serenata son parte de la programación, junto con un desfile escolar y un corso por el distrito. Además, se llevarán a cabo competencias de toros, bandas escolares y de natación.

La situación social en Socabaya también presenta desafíos significativos. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el índice de pobreza en el distrito alcanza el 4,70%. Además, de acuerdo con datos de la Gerencia Regional de Salud, el 25% de los 995 niños y niñas evaluados el año pasado en Socabaya sufren de anemia.

Aunque el 87% de la población cuenta con acceso a agua potable, pero el 63% carece del servicio de alcantarillado. Estas deficiencias en los servicios básicos reflejan las desigualdades y los retos que enfrenta la comunidad de arequipeña en cuanto a infraestructura y desarrollo.

Esto es acompañado de un deficiente servicio de transporte público, que no logra satisfacer la demanda de los vecinos. Así como la presencia de asentamientos ilegales son otros problemas que afectan la calidad de vida en Socabaya. La licuefacción del suelo debido al nivel freático alto y la amenaza sísmica también representan riesgos para las estructuras del distrito.

Cuestionamientos a alcalde de Socabaya (Arequipa)

Además de los problemas estructurales, el alcalde de Socabaya ha sido objeto de múltiples críticas y denuncias. Se le ha acusado de presunto peculado por la instalación de un jacuzzi y una trotadora en su despacho, así como por el mal uso de los fondos del canon minero destinados al distrito.

La falta de avances en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, a pesar de su importancia para la comunidad, también es motivo de cuestionamientos para la actual gestión.

Sin embargo, el alcalde prefiere ignorar todos estos problemas al no asistir a las actividades, a pesar de los problemas del distrito.

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Un fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que concluye que la protesta o manifestación ciudadana no está reconocida en la Constitución como un derecho, y dice que es un delito de comisión instantánea, ha desatado la polémica en el país.

La sentencia corresponde a un caso sobre cuatro personas a las que condenaron por protestar interrumpiendo el desplazamiento de los caminos de la minera Las Bambas. La suscriben los jueces supremos César San Martín Castro (presidente del tribunal), Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Walter Cotrina Miñano.

Estas cuatro personas fueron condenadas por protestar interrumpiendo el desplazamiento de los caminos de la minera, lo que configuró el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Como se sabe, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional (TC) han reconocido el derecho de protesta, diferenciando las acciones pacíficas de las violentas. Sin embargo, en este fallo, la Corte Suprema dice que la manifestación, en general, no tiene protección legal.

¿Qué dice la sentencia?

Lo que señala la sentencia, y que se interpretó de modo general, es que la protesta que vulnera los derechos fundamentales de personas ajenas al conflicto es inconstitucional. “Bajo el pretexto de reunión o disidencia no se puede justificar el impedimento del transporte o prestación de servicios. Mucho menos poner en peligro la vida, integridad o libertad de alguien”, dice el veredicto.

Asimismo, la violencia contra las personas o las cosas y la toma de carreteras no tienen cobertura constitucional. Por otro lado, el derecho a la protesta no es un derecho fundamental y no ha sido reconocido taxativamente en la Constitución ni en ninguna otra norma.

Y aunque los jueces reconocen que el TC ya había dicho que la protesta es un derecho fundamental, descartan ese criterio porque no tuvo los votos necesarios para convertirse en doctrina.

También argumentan que los actos violentos deslegitiman una protesta y que actuar con intransigencia usando cualquier tipo de violencia degrada y desligitima irremediablemente una protesta.

La protesta es un derecho, pero no fundamental

Los argumentos de esta sentencia para el caso del conflicto minero específico se pueden contrastar con lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre las masacres.

El sustento para defender la protesta es que la violencia no califica toda protesta como inválida, sino que las protestas tienen que ser pacíficas. Además, que un acto de violencia no habilita a declarar el carácter no pacífico de toda una manifestación. Y el Estado debe restringir el derecho a la manifestación a quienes efectivamente estén usando la violencia contra las personas o cosas o estén usando algún arma.

Cuando se refieren a que la protesta no ha sido reconocida en la Constitución no dicen que no exista el derecho a protestar, sino que no es un derecho fundamental, como sí ha sido reconocida en otras sentencias.

Esto deja claro que este fallo solo aplica a este caso, y no es algo que siente jurisprudencia ni que pueda aplicarse como un antecedente. “No es lo que un abogado llamaría un pleno casatorio”, a decir de los abogados consultados por el portal La Encerrona.

La Defensoría del Pueblo se pronuncia y el Poder Judicial emite comunicado

La Defensoría del Pueblo, cumpliendo su rol constitucional de protección de derechos fundamentales, refirió que, como lo han señalado de forma reiterada, la protesta es un derecho humano que se configura a partir de otros derechos expresamente reconocidos por la Constitución. Por medio de su ejercicio se reafirma nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos activas/os frente a los asuntos públicos.

“Aun en estado de emergencia, el derecho a la protesta puede ser ejercido. No se encuentra restringido, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mismo sentido, su ejercicio no requiere de autorización previa de ninguna autoridad política, policial o militar alguna”, remarcan.

Corresponde al Poder Ejecutivo garantizar el ejercicio del derecho a la movilización pacífica en todo el país. En tal sentido, es imprescindible que se ordene a las fuerzas policiales garantizar su desarrollo, respetando estrictamente los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en el uso de la fuerza, si ello fuera necesario. Y que la participación de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia se encuentra limitada a dar apoyo a la policía.

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La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa intervino este martes la sede del Gobierno Regional, a raíz del inicio de la investigación preliminar contra el gobernador regional Rohel Sánchez.

En esta investigación han sido incluidos también la esposa del gobernador, Luz Marina Zeballos, el titular de la Gerencia Regional de Producción y otros funcionarios.

La investigación gira en torno al personal que labora sin tener un contrato y también aquel que labora sin cumplir el perfil técnico del puesto asignado.

A través de un acta, se corroboró la situación del personal durante la última diligencia. El Ministerio Público citará a los investigados para que rindan su manifestación, aunque no se ha fijado aún las fechas.

Chats de esposa de gobernador de Arequipa

Este caso inicia con la denuncia pública sobre la presunta contratación de personal a pedido de la esposa del gobernador, pedido que se hizo a través de conversaciones de WhatsApp.

Entre las personas mencionadas en las conversaciones se encuentra el nombre de Steven Ortiz La Torre, quien fue recomendado para laborar en el área de Logística del Gobierno Regional.

De acuerdo con el reporte de gastos de campaña del gobernador Rohel Sánchez presentados a la ONPE, Ortiz La Torre realizó tres aportes en bienes por un monto de 3495 soles por concepto de banners y volantes.

Otros nombres mencionados en los chats han sido Fernando Muñoz y María Barrios, cuyas hojas de vida las compartió la esposa del gobernador.

Rohel Sánchez defendió a su esposa asegurando que no hubo algún tipo de beneficio por las acciones que se le atribuye, pues “no hay dinero de por medio”, mencionó.

También dijo que “los referidos chats no constituyen una efectiva toma de decisiones administrativas para contratación de personal. En el extremo negado, solo son sugerencias y recomendaciones”.

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Inseguridad, prostitución, delincuentes a bordo de motos y más gente de mal vivir pululan alrededor de la urbanización Pablo VI, en la avenida Los Incas. Los individuos siembran el miedo en los vecinos y transeúntes de esta zona de Arequipa.

Según los vecinos, hace unos días hubo una persecución policial a personas en motos y meretrices en inmediaciones de la urbanización. Aseguran que minutos antes se habrían disparado entre ellos a unas pocas cuadras de distancia. Solo las rejas que colocaron para mitigar la inseguridad creciente en el sector evitó que los presuntos delincuentes ingresen a la zona residencial.

¿Por qué la Municipalidad de Arequipa quiere retirar las rejas en Pablo VI?

La ordenanza 1172-2019 de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) prohíbe que se instalen rejas en vía pública sin autorización. Sin embargo, este dispositivo legal no considera el incremento de la delincuencia, robos y demás peligros que se vive en la zona.

Hace solo unas semanas el alcalde Víctor Hugo Rivera apoyó verbalmente a los vecinos para que coloquen la valla. No obstante, ahora los vecinos sienten que les dio la espalda, o como ellos mencionan, que «se lavó las manos».

El último lunes 15 de mayo, trabajadores de la MPA se apersonaron para retirar las rejas. Los afectados señalan que esto se hizo «sin ningún tipo de permiso» o documentación. Ante la negativa, los obreros municipales tuvieron que desistir.

Supuestos problemas que trae la reja 

La reja se encuentra ubicada cerca al grifo Los Incas. Representantes del negocio denunciaron que esta barrera no dejaría acceder a los clientes que llegan a bordo de sus vehículos.

Por su parte, los vecinos aseguran que mantienen la reja abierta durante todo el día y solo la cierran por la noche, por los peligros ya mencionados.

Además, mostraron su sorpresa de que sólo quieran quitar la valla que está cerca al grifo y no las otras dos estructuras aledañas. Sospechan que se aplicaría la ordenanza municipal con algún favoritismo.

Por último piden al alcalde Rivera y a la fiscal Esther de Amat, quien ordenó a la municipalidad a que cumpla la ordenanza, por sobre todas las cosas, que escuchen su posición.

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Tal como lo temían los familiares de las víctimas de la represión policial y militar durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, todo se ha ralentizado y hasta paralizó en las regiones.

Incluso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, decidió trasladar la competencia de la investigación a un equipo especial de Lima.

En la ciudad capital ni siquiera se inicia las investigaciones contra de Dina Boluarte, Alberto Otárola y quienes resulten responsables de las masacres. Tampoco ha hecho mucho el equipo especial creado para recibir las carpetas que estaban avanzadas. Todo hace indicar que no hay voluntad de investigar y encontrar a los responsables de las muertes en las protestas.

A decir del fiscal adjunto supremo provisional adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, Marco Miguel Huamán Muñoz, no pudieron hacer nada porque «no tenían los nombres completos de los jefes policiales y militares de Ayacucho y Apurímac». Este fiscal está a cargo de la investigación a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y dos exministros ,por las muertes durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso.

Sin embargo, su argumento fue desmentido pues el coordinador de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos, Daniel Jara, sí le envió un oficio informándole sobre las acciones que se ha realizado hasta el momento. Respondía así un pedido que el propio Huamán le hiciera cinco días antes.

Fiscales que sí investigaron las muertes para que se haga justicia

Huamán dio cuenta de que la fiscalía especializada de Ayacucho abrió investigación preliminar contra Antero Mejía Escajadillo, quien fue jefe de la Macrorregión Policial Ayacucho. También a Jesús Amarildo Vera Ipenza, entonces comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, y los que resulten responsables. Por tanto, el fiscal tenía los nombres desde el 15 de enero, pero prefirió no citarlos pese a los meses transcurridos y la impotencia de los familiares.

Otro fiscal que sí hizo su trabajo es el fiscal adjunto provincial de Yunguyo, Hugo Javier Vizcarra Mamani, quien tendría más avances en la investigación respecto a los hechos suscitados durante las manifestaciones en Juliaca.

A finales del mes de abril, el fiscal logró citar a tres coroneles PNP, Alberto Rojas Mendez, Jefe de la División Policial Juliaca. También a Julio Mauricio Contreras, Jefe de la División Policial de Puno, quienes poco o nada declararon respecto a los fallecidos por impactos de bala. En tanto, Carlos Bravo Cáceres, general de la Policía, ni siquiera se presentó a la diligencia, la misma que consta en la carpeta fiscal N° 23 – 2023.

¿Quién es el fiscal Vizcarra Mamani?

Cabe recordar que la fiscal de la Nación, el pasado 3 de marzo, designó a Vizcarra Mamani en el despacho de la fiscalía penal supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad en el distrito fiscal de Puno para investigar la aparente masacre ocurrida el 9 enero en alrededores del aeropuerto de Juliaca.

El fiscal Vizcarra Mamani tiene una trayectoria limpia. En 2021, logró cadena perpetua para un sujeto que violó sexualmente a su menor hija de 12 años, hecho que sucedió en la ciudad de Yunguyo. El mismo año, además, logró la máxima pena para tres sujetos que abusaron sexualmente y asesinaron a una colegiala también en la ciudad fronteriza. Otro de los hechos emblemáticos que asumió fue el caso de un exalcalde del centro Poblado que cometió un horrendo feminicidio contra una pareja en 2018, hecho que terminó con una máxima condena.

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Una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia fue la masificación del uso de las tecnologías y redes sociales. Fue precisamente este fenómeno el que permitió a las mujeres quechuas y aymaras mantenerse informadas sobre la fuerte represión que se vivía en el aeropuerto de Juliaca.

Este hecho contradice las teorías del gobierno sobre una posible influencia proveniente de Bolivia y Evo Morales, añadió el analista. Escuche la entrevista completa con Leoncio Alemán:

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó con una multa de S/ 152,996 en primera instancia a la discoteca Mr. Juerga de Huancayo, por discriminar a un ciudadano venezolano.

El hecho discriminatorio ocurrió en dos oportunidades, el 12 y el 17 de diciembre de 2019, cuando el ciudadano venezolano Dimas Daniel José Salazar llegó con un amigo a Mr. Juerga (con razón social Discoteca Área E.I.R.L.) y el portero le impidió el ingreso.

Fue al momento de consultar por el precio. El vigilante le pidió su documento de identidad y, al percatarse de que era venezolano, le dijo “extranjeros no pueden entrar”. Además, se negó a explicarle el motivo de la negativa en reiteradas oportunidades.

Al respecto, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que todos los consumidores tienen derecho a un trato justo, equitativo en toda transacción comercial y prohíbe la discriminación en las relaciones de consumo por motivo de origen, raza sexo, idioma, religión, opinión, condición económica y otros.

Por ello, Indecopi sancionó con una multa de 33,26 UIT en primera instancia a la discoteca Mr. Juerga, por incurrir en un acto de discriminación al no permitir el ingreso de un usuario solo por ser de nacionalidad venezolana.

La empresa sancionada apeló la multa, por lo que será revisada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, segunda y última instancia administrativa. La resolución es pública y puede ser vista en el siguiente enlace: https://acortar.link/cznDyl 

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Robin Tagliaferri (Desde New York)

La razón por la que se presentó recién fue que el Dr. Bruce Mannheim (Universidad de Michigan), probablemente el más riguroso estudioso del mundo andino, solicitó un mínimo de cuatro meses para la lectura del libro del poeta, investigador y profesor universitario Odi Gonzales.

La ceremonia comenzó con un offering en quechua, español e inglés,una suerte de pago andino al recinto universitario King Juan Carlos, en Washington Square Park, que -siglos atrás- fue el oráculo principal o apu de la nación Manahatta, que en su lengua (lenape) quiere decir ‘Individuo de la Isla’, o ‘Isla con montículos’; de allí deriva Manhattan.

Los estudiantes Ayda Donne, Darinka Arones y Micael Pereira elevaron sus respetos en quechua: “Kaypin huñunakuqku ñawpaq Manahatta runakuna, apunkuta yupaychanankupaq/ Aquí convergían los antiguos Manahattas para venerar a su deidad.

Lee tambien: Artistas contra la dictadura pintan mural en Arequipa en homenaje a víctimas de represión

A su turno, Odi Gonzales comenzó su discurso:

Después, continuó: “El libro salió en Perú el año pasado. Lo presentamos ahora porque Bruce, el profesor y amigo, requirió un semestre para leerlo a cabalidad”.

El público asistente estuvo conformado por académicos, estudiantes de diversas universidades (Columbia, Princeton, CUNY, Fordham, Rutgers), e individuos o colectivos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, entre otros.

La doctora Mary Louise Pratt, profesora emérita de New York University, especialista en estudios coloniales y conquista, y asistente al evento, comentó:

A la pregunta sobre nuevos proyectos, Gonzales respondió que en unas semanas sale en Lima su reciente libro de poesía Presente continuo de machihembrar. Además, tiene lista una nueva traducción de Katatay el libro de poemas de Arguedas, que incluye un estudio desde el quechua y las categorías andinas.

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Representantes de las Naciones Unidas (ONU) visitaron Puno para investigar las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El relator especial sobre la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletsossi Voule, se reunió con autoridades políticas y judiciales para abordar principalmente los excesos de las Fuerzas Armadas.

Esta actividad forma parte de su agenda de visitas a las regiones afectadas por los sucesos que dejaron medio centenar de muertos, la mayoría víctimas de proyectiles de fusiles y pistolas utilizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Clement Nyaletsossi escuchó los testimonios y consultó por las medidas adoptadas tras los trágicos eventos que cobraron la vida de 28 personas en la región Puno, incluyendo el policía asesinado en Juliaca y los 6 soldados ahogados en Ilave.

Los encuentros se llevaron a cabo en el salón de la Cancillería y tuvieron lugar de forma separada con el gobernador regional, Richard Hancco, el alcalde de San Román, Óscar Cáceres, y el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque.

Posteriormente, Nyaletsossi se reunió con las autoridades judiciales encabezadas por Juan Francisco Ticona Ura, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno (CSJP), quien estuvo acompañado por Germán Apaza Paricahua, presidente de la Junta de Fiscales de Puno, entre otros funcionarios.

Las reuniones se llevaron a cabo según lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-2020-JUS, que aprueba el «Protocolo Intersectorial para la Participación del Estado peruano ante los Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos».

El representante de alto nivel de la ONU mostró un gran interés en las acciones relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en el contexto de las movilizaciones sociales que se iniciaron el 7 de diciembre de 2022 y se fueron intensificando.

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Una decena de obreros se congregó en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, en Arequipa, para exigir una pronta solución a lo que denunciaron como despidos arbitrarios. Los obreros señalan que la empresa encargada de la obra vulnera sus derechos laborales al pagarles salarios precarios.

Según los trabajadores, el pasado lunes se le informó a la directiva sindical de Arequipa que los obreros habrían sido despedidos de manera injustificada y arbitraria de la obra de Atalaya. “Estamos exigiendo la reinstalación de nuestros compañeros”, afirmaron los obreros.

Ellos indicaron que la empresa Ingeniería Constructora viene negándoles el pago en planilla. Además acusan salarios irrisorios de entre 50 y 70 soles y sin reconocer beneficios laborales. Sostienen también que la empresa ha tomado represalias contra ellos por demandar condiciones justas de trabajo, incluyendo escolaridades y seguridad integral.

Obra paralizada en Arequipa

Unos 15 trabajadores especializados en carpintería y albañilería quedaron despedidos de la obra en Atalaya (Arequipa), actualmente paralizada.

Varios agremiados se trasladaron a la Municipalidad de Mariano Melgar en busca de una solución administrativa. Previamente, protestaron en la obra. Sin embargo, un contingente policial los desalojó utilizando prácticas intimidatorias, incluso rociando gas pimienta contra los obreros, según manifestaron.

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El último sábado se registró la caída de una estructura divisoria en el jardín «Semillitas de Jesús», ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa. Según manifestaron algunos docentes, sería la segunda vez que esto sucede, lo cual afectó la educación de un total de 20 niños ya que no pueden retornar a clases.

La estructura es una pared hecha de calaminas y palos de madera, que hacía las veces de muro. Debido a esto, los docentes del jardín pidieron a las autoridades de Arequipa que se construya una estructura más resistente.

Pero esta no sería la primera vez que ocurre un percance así. El pasado jueves ya se había caído. Los padres de familia, junto con la plana docente, levantaron la estructura que, debido a los fuertes vientos, se cayó nuevamente el sábado.

Según explicó una docente, los niños se ven inseguros en estos espacios. No se puede trabajar bien porque los perros ingresan al lugar. E incluso el hecho de que estén al aire libre podría hacer que se pierdan materiales educativos. En el patio se contaba con juegos recreativos para los niños, pero estos se tuvieron que guardar en los salones para prevenir robos.

Niños de Arequipa en suspensión de labores

Debido a este suceso, las labores en el centro educativo de Arequipa se han suspendido y los niños se encuentran en sus casas. Esto también afectaría a los padres de familia, ya que muchos de ellos trabajan y dejaban a los niños en el jardín.

La suspensión de labores por la caída de esta estructura hace que los padres no tengan con quién dejar a los niños. “El hecho de decirles que no va a haber laborales, se sienten también afectados, ya que no tienen con quién dejarlos”, mencionó la docente. 

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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió por decreto la Asamblea Nacional, conformada en su mayoría por la oposición. Asimismo, convocó a un adelanto de las elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra.

Lasso firmó la figura constitucional llamada ‘muerte cruzada’, que permite disolver la Asamblea Nacional si considera que pone obstáculos a su gobierno.

Con ello el mandatario ecuatoriano busca evitar la moción de censura que convocó la Asamblea Nacional, que se iba a votar en los próximos días, en el marco de un juicio político por acusaciones de malversación de fondos públicos, situación que el jefe de Estado ha negado en reiteradas oportunidades.

Lasso ha negado que se hiciera de la “vista gorda” ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo FLOPEC, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.

Gobierno expedirá decretos para continuar un mandato soberano

La mayoría de los legisladores respaldó una resolución que concluía que Lasso permitió que continuara el cuestionado contrato, pese a que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea -que escuchó el testimonio de legisladores de la oposición, funcionarios y el abogado de Lasso- dijo en su informe que no recomendaba un juicio político.

“A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes”, agregó.

Se necesitaban 92 votos de la Legislatura de 137 miembros para destituir a Lasso de su cargo. La Asamblea votó a favor de continuar con el proceso la semana pasada.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamó a Dina Boluarte «usurpadora» y dejó en claro que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Como respuesta, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, consideró que la actitud de AMLO muestra “insensatez y una visión sesgada”. Gervasi indicó también que López es el único responsable de que la Alianza del Pacífico se encuentre paralizada y sus consecuencias.

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Keiko Fujimori acepta que no hubo fraude para defender a Dina Boluarte de críticas de AMLO y Gustavo Petro

El tío AMLO y Gustavo Petro traen a Dina Boluarte de piñata. Los mandatarios de México y Colombia de usurpadora no la bajan. Pero la presidenta no está sola. En un giro surrealista de los hechos salió en su rescate la mismísima Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Con una respuesta electrizante, la heredera del chino llamó usurpador a López Obrador y subversivo a Petro. Además, aseguró que Boluarte llegó a la presidencia en formal legal y constitucional. Una afirmación que le debe sacar ronchas luego que jurara y perjurara que hubo fraude en la victoria de Pedro Castillo y su entonces vicepresidenta. Y para terminar, rompió una lanza a favor de que la jefa de Estado pueda salir al extranjero 

Alejandro Toledo asegura ante la Fiscalía que fue PPK quién trajo a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a Palacio de Gobierno

Alejandro Tdoledo declaró ante el fiscal José Domingo Pérez los días 8 y 9 de mayo, pero recién se hizo público que el expresidente reveló que fue Pedro Pablo Kuczynski quien llevó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, directivos de Odebrecht, a Palacio de Gobierno para un «saludo protocolar». Tras esa declaración, la Fiscalía presentó la acusación contra PPK, donde solicita 35 años de prisión por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. “La declaración de Alejandro Toledo es pertinente porque narra la forma y circunstancia en que Proinversión se encontraba bajo la dirección y tutela de Pedro Pablo Kuczynski”, consideró la Fiscalía. Parece que aún se nos vienen más sorpresas.

Alberto Otárola “se arrebata” y se va contra los presidentes de México y Colombia a quienes llamó mediocres y autoritarios por respaldar a Pedro Castillo

Las garras no dejan de afilarse en el gabinete de Dina Boluarte. Primero por la propia Dina, seguida por la canciller y ahora el mandamás Alberto Otárola, quien despotricó contra los presidentes de México y Colombia. La canciller salió al frente a defender a Dina de AMLO por seguir negándose a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. Dijo que es un insensato y negligente por tener  “una visión sesgada, que no se condice con el reconocimiento del mandato constitucional”. Por su lado, el jefazo de la PCM dijo que ambos presidentes son “caimanes del mismo pozo” junto a Pedro Castillo, porque tienen un gobierno “mediocre y autoritario” y que por eso es necesario que la presidenta pueda salir al extranjero para “defenderse” de estos constantes ataques. ¿Será que le harán caso?

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Pasó en el Perú | Ayacucho. Continúa el rechazo al gobierno central. Comerciantes, familiares de las víctimas mortales y de heridos de las protestas del 15 de diciembre de 2022, así como diversos ciudadanos, realizaron un plantón durante la visita del ministro del Interior, Vicente Romero, a Ayacucho.

Las arengas no faltaron: los manifestantes le gritaron «asesino» e «indolente. El rechazo fue tal que le tiraron huevos y tomates a la comitiva con la que arribó a la región, informó Jornada.

Piura: Reos secuestran a abogada y a trabajadores del INPE

Pasó en el Perú | Piura. Un grupo de reos de nacionalidad extranjera retuvo a dos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a una abogada dentro del penal de Piura (ex Río Seco).

Los presos difundieron por redes un video mostrando a sus rehenes y denunciaron supuestos abusos dentro del establecimiento penitenciario.

El motín se produjo una semana después de la megaoperación en la que se detuvo al director del penal y a trabajadores del INPE, por supuestos actos de corrupción.

Tras la intervención de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, los rehenes fueron liberados. En tanto, familiares de los reos solicitaron información sobre el suceso y pidieron que les dejen ingresar víveres, informó Pirhua.pe.

Ica: Denuncia constitucional contra el congresista Raúl Doroteo

Pasó en el Perú | Ica. El congresista Raúl Doroteo, representante de esta región, fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides por presuntos actos de corrupción en torno al caso conocido como «Los Niños».

La denuncia fue enviada al presidente del Congreso de la República, José Williams. El documento será evaluado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El legislador iqueño es investigado por un presunto apoyo irregular al gobierno del expresidente Pedro Castillo, informó La Lupa.  

Diresa Puno considera «ridículo» el presupuesto asignado por el gobierno

Pasó en el Perú | Puno. El titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Carlos Cornejo-Roselló Dianderas, calificó de «ridículo» el presupuesto que el gobierno central asignó a la región con el fin de hacer frente al dengue en la selva puneña.

Cornejo-Roseeló sostuvo que, pese a que no se ha presentado decesos, Puno solo recibiría un presupuesto de 247 mil soles. Esto, luego de que recientemente fuera incluido entre las regiones donde se ampliará la declaratoria del estado de emergencia por dengue, informó El Objetivo.pe.

Comunidades nativas de Loreto siguen siendo afectadas por los constantes derrames causados por Petroperú

Pasó en el Perú | Loreto. Las comunidades nativas de Fernando Rosas y Arutam, ubicadas en el Datem del Marañón, continúan siendo afectadas por los constantes derrames de petróleo causados por Petroperú. La empresa estatal realiza precarias técnicas y procedimientos a los que denomina acciones de «remediación».

Fredy Chumpi, apu de la Comunidad Nativa Arutam, puso de conocimiento los agravios que siguen sufriendo a consecuencia de los reincidentes derrames petroleros ocurridos por mala praxis, y advierten desidia por parte de Petroperú. A esto se suman los procedimientos burocráticos y las falsas esperanzas que terminan en una larga espera.

A través de un pronunciamiento, Chumpi lamentó que, pese a que hace un mes tomaron el control de la Estación 4 Morona y la infraestructura del Oleoducto Norperuano, el Estado no haga nada para remediar esta situación.

Por tanto, exigen a la presidenta Dina Boluarte, al Consejo de Ministros, al Ministerio de Energía y Minas y a Petroperú una remediación efectiva sobre las áreas contaminadas por hidrocarburos, a través de tecnología acreditada por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), informó ProyContra.

Arequipa: Gripe aviar mata a cientos de animales en la región

Pasó en el Perú | Arequipa. Las autoridades sanitarias detectaron un aumento inusual de animales marinos muertos en las playas de Arequipa. Según el director ejecutivo de Saneamiento Ambiental, Yuri Isasi Rosas, estas muertes están relacionadas con la gripe aviar, enfermedad que sigue recorriendo y diseminándose en el país.

Solo entre el 4 y 5 de mayo se encontró cadáveres de 834 aves y 401 lobos marinos en tres playas de la región. Unos cuantos animales fueron hallados moribundos. Incluso se encontró el cuerpo de un delfín varado en Camaná.

A principios de año, la influenza aviar estaba presente en los pelícanos, por lo que a diario se registraba hasta 100 muertes de estas aves. Sin embargo, la enfermedad ha comenzado a diseminarse en otras aves, como los piqueros y huanays, además de contaminar a los mamíferos, informó El Búho.

Junín: Este miércoles se conocerán las localidades por las cuales pasará la nueva carretera Central

Pasó en el Perú | Junín. Miembros de la sociedad civil advirtieron que hay casi un mes de retraso en la culminación de la primera fase en la construcción de la futura autopista de la carretera Central. El perfil culminado que detalla las localidades por donde pasará la vía de cuatro carriles será entregado este miércoles.

El documento será presentado en la provincia de Yauli, La Oroya, por parte de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de Francia. En la cita participarán las comunidades campesinas de dicha provincia.

El gobernador regional, Zósimo Cárdenas, adelantó que la autopista del centro tiene el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, quien la próxima semana lo presentará en Palacio de Gobierno e iniciará la segunda fase de elaboración del expediente técnico. La construcción de la carretera iniciaría en 2025 y culminaría en 2031, informó Huanca York Times.

La Libertad: Alcalde de Trujillo envía carta notarial a excandidata y esta lo confronta en el frontis de municipio

Pasó en el Perú | La Libertad. La excandidata a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Verónica Torres Bravo llegó hasta la Plaza de Armas de Trujillo para exigir que el alcalde provincial, Arturo Fernández Bazán, pida disculpas públicas a las autoridades ofendidas durante su mandato. Esto después de que Fernández le enviara una carta notarial.

Torres Bravo se refirió a la terapia psicológica ordenada judicialmente para el alcalde, por lo que Fernández le envió una carta notarial alegando que se sintió ofendido con sus expresiones. La excandidata anunció que también ejercerá acciones legales, según dijo a Noticias Trujillo.

Cusco: Festividad Warachikuy será otro motivo importante para visitar Cusco

Pasó en el Perú | Cusco. El Warachicuy es una ceremonia ancestral en la que los adolescentes del imperio incaico pasaban rigurosas pruebas para insertarse en la sociedad, trabajar y hasta contraer matrimonio.

Hoy en día, el emblemático Colegio Nacional de Ciencias ha recogido esta tradición para utilizarla como método pedagógico para sus más de 2000 alumnos que participan activamente recreando esta ceremonia en el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman.

Es por eso que la Municipalidad el Cusco decidió apoyar con logística para potenciar esta actividad y lanzarla dentro del calendario de las fiestas del Cusco. Así, se convierte en un motivo más para los turistas que deseen visitar la Ciudad Imperial en junio, informó CuscoPost.

Lambayeque: Usuarios denuncian ante Defensoría del Pueblo cobros excesivos de luz

Pasó en el Perú | Lambayeque. Usuarios del servicio de energía eléctrica de Chiclayo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de Lambayeque presuntos cobros excesivos por consumo, que en algunos casos llega al doble de una facturación normal.

Los representantes de la Defensoría llegaron hasta la sede de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Ensa) para recoger la versión de los funcionarios y oficiar a que se inicie una verificación y corroboración.

El comisionado Carlos Ching explicó que han iniciado una supervisión debido a las denuncias de muchos usuarios sobre el servicio de electricidad, quienes refieren una facturación irregular y atípica.

Las familias de pueblos jóvenes son las más afectados, por lo que solicitan a Osinerming, en su calidad de organismo supervisor de Ensa, que realice una fiscalización sobre este caso, ya que la empresa tiene 10 días sin responder, informó Semanario Expresión.

Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte. Mientras tanto, en Ayacucho la población lanzó huevos y llamó asesino al ministro del interior, Vicente Romero.

Además, la tarde de hoy un grupo de reos de nacionalidad extranjera retuvo a dos trabajadores del INPE y una abogada dentro del penal de Piura. Los presos difundieron un video mostrando a sus rehenes para denunciar supuestos abusos dentro del centro penitenciario.

En Puno, se retoman las protestas y esta vez exigirán también la explotación responsable de litio, que beneficie a la región. Conversamos con Feliz Suasaca, defensor del derecho a la salud y el medio ambiente.

También nos acompaña el médico infectólogo Juan Carlos Celis, sobre la epidemia de dengue a nivel nacional.

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La erradicación de la rabia canina sigue siendo un problema de salud pública en Arequipa. Desde el 2014, la región se mantiene como la primera ciudad receptora del virus de la rabia, muy por encima de Puno y Madre de Dios.

Para el jefe de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud, Carlos Gonzáles, este problema tiene, entre otros factores, un alto desinterés de la población para con sus mascotas.

“A la población no le importa la salud de las mascotas. El mensaje de vacunar a tu mascota no cala”, expresó Gonzáles recordando la baja cobertura de vacunación que se registró en el último año, donde apenas se cubrió a un poco más de la mitad de la población canina (55%).

Según estimaciones de la gerencia de salud, existen alrededor de 280 mil canes solo en la provincia de Arequipa y más de 307 mil en toda la región.

Al no tener control de la zoonosis, existe el riesgo de que pueda transmitirse al ser humano. Solo en lo que va del año ya se han registro 2 mil 800 accidentes por mordedura de perro. La mayoría de los casos se reportaron, naturalmente, en los distritos con más población canina como son Cerro Colorado y Paucarpata.

• Puedes leer también: Arequipa: cientos de aves y lobos marinos fueron hallados muertos en las playas de Camaná e Islay

Rabia circula más en perros con dueños

El especialista sostuvo que la mayoría de los casos positivos de rabia, se han diagnosticado en canes con propietarios y pocas veces en perros callejeros.

Debido a esta situación, la Gerencia de Salud ha planificado este año llevar campañas de vacunación focalizadas por distritos. La jornada comenzará este 20 de mayo en el distrito de Cayma, adonde llegará el personal de salud para vacunar durante tres fines de semanas a los canes.

Luego, la vacunación continuará en el resto de distritos hasta el mes de octubre. Los puntos de inmunización se difundirán previamente en la cuenta Facebook de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa y en coordinación con los municipios locales. El objetivo es que este año se logre vacunar al 90% de los canes.

Por último, Gonzáles saludo la iniciativa de algunas municipalidades como Cerro Colorado y Cayma que planean sancionar con multas a los vecinos que descuiden a sus mascotas.

Recordó que desde el 2020 existe una ley que regula la tenencia de mascotas. Este estipula que los gobiernos locales adopten medidas como tener centros de control de zoonosis.

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