El presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue el blanco escogido por la prensa y la TV del poder empresarial en la campaña electoral para la segunda vuelta. Lo acusaron de todo: de antidemocrático, comunista, terruco, corrupto y otros epítetos más. No tuvo críticos, sino inquisidores.
Sus atacantes, en concierto y encaramados en lo más alto de las escaleras de los medios de comunicación, competían en denostarlo y en tratar de destruirlo políticamente. Pero no tanto por él mismo, sino para quitarle votos al candidato del sombrero campesino, hacer que este se peleara con él, apartarlo de la organización que lo había colocado en la carrera electoral y, por contragolpe, aumentar los votos a favor de la candidata de la dinastía de la corrupción.
Fue, en realidad, un safari de depredación contra los ciudadanos de la ciudad y del campo que solo tienen su trabajo para vivir y a los que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón representan.
El resultado electoral favorable a Pedro Castillo fue una ráfaga de aire fresco que echó abajo esas escaleras.
Pero la campaña contra Cerrón continúa.
Sus denostadores solo tenían como estandarte las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia en mayoría por la supuesta infracción del artículo 399º del Código Penal que sanciona al funcionario público que se interesa en provecho propio o de tercero con una decisión. Esas sentencias carecen, sin embargo, de fundamentos fácticos, legales y lógicos, como lo demostré con un artículo difundido por Internet y algunas redes el 15/5/2021.
El proceso penal ha terminado, pero no el derecho de Vladimir Cerrón de impugnar las sentencias condenatorias por la vía constitucional a la que ha debido recurrir y en la que ha obtenido una sentencia de primera instancia que declara nulas aquellas sentencias por “vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales” y dispone la emisión de una nueva sentencia.
La noticia de esta decisión fue difundida por toda la prensa y la TV, añadiéndole la recriminación al juez que la emitiera por haberlos dejado sin piso.
La artera censura al juez repercutió en seguida en el Poder Judicial, porque alguien lo pidió o porque la jefa de la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) decidió participar de oficio.
La OCMA quedó convertida así ante el público en la diosa de la justicia de los griegos, una Themis con la espada en una mano, la venda echada a un lado y mirando colérica el cuello del juez que había intervenido en la acción de hábeas corpus con la presumible intención de cortarle la cabeza. Pero, ¿podrá hacerlo?
Cuando la conciencia colectiva llega a las nociones de igualdad de todos ante la ley, de democracia y de Estado de Derecho, la justicia o, por mejor decirlo, los órganos a los que la ciudadanía encarga la administración de justicia, no pueden obrar como les dé la gana; tienen que sujetarse estricta y minuciosamente a la ley en sus decisiones y su conducta. Y, si no lo hacen así, los órganos del Estado creados por la ciudadanía pueden intervenir y sancionar a los jueces y fiscales que transgredan la ley y no sean imparciales.
Además, la ciudadanía se ha reservado el derecho de criticar las decisiones y la actuación de los jueces y corregir lo erróneo del sistema judicial. Esto quiere decir que cualquier ciudadano puede examinar las sentencias judiciales; y más aún, que los profesores de Derecho están moralmente investidos de la facultad de emitir juicio sobre ellas.
Ahora bien, en el caso de Cerrón se debe partir de las normas que le son aplicables.
La Constitución del Estado dispone que es “garantía constitucional la acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. (Art. 200º.1). Cerrón, afectado en su libertad individual por una jueza penal de primera instancia y dos jueces de segunda instancia, que son autoridades, funcionarios o personas; tiene el derecho de interponer esta acción contra una sentencia errónea en cuanto a “los fundamentos de hecho” (Constitución, art. 139º.5). “La demanda de hábeas corpus se interpone ante cualquier juez penal, sin observar turnos.” (Código Procesal Constitucional, art. 28º). Si la ley lo dice tan claramente, ¿por qué sería ilegal interponer una acción de hábeas corpus ante un juez y no ante otro?
Por la Constitución los jueces tienen la facultad y están obligados a resolver con independencia. “Son principios y derechos de la función jurisdiccional (el poder de resolver los conflictos de derecho sometidos a su conocimiento): 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.” (art. 139º.2). “Los Magistrados son independientes en su actuación jurisdiccional dentro de su competencia. Ninguna autoridad, ni siquiera los Magistrados de instancia superior, pueden interferir en su actuación.”, dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 16º.
He leído esa sentencia y la encuentro coherente y ajustada totalmente al derecho. Examina las sentencias condenatorias y expone: “es de advertirse que los demandados (los jueces que expidieron las sentencias contra Cerrón); al sustentar su decisión, omitieron en gran medida pronunciamiento sobre los diversos medios probatorios que dan otro sentido a los hechos por los que fue investigado el beneficiario de la presente demanda.
Se advierte, por tanto, que no se se ha efectuado en ambas sentencias un juicio sobre la presunción de inocencia; pues como bien lo ha resaltado la Corte Suprema en la Casación Nº 129-2017-LAMBAYEQUE. El examen sobre la concurrencia de este principio en un proceso penal implica un triple control: juicio sobre la prueba, sobre la motivación y razonabilidad; y, en ninguna parte de las sentencias, se evidencia que se haya efectuado esta labor por parte de los demandados” (jueces que condenaron a Cerrón; punto 7.20).
¿Podría la presidenta de la Suprema ordenarles o insinuarles a los jueces que resolverán esta acción de hábeas corpus en segunda instancia, cómo deben pronunciarse?
¿Puede la jefa de la OCMA, Maryel de la Rosa Bedriñana, arrogarse esa facultad?
¿Por qué la OCMA tendría que investigar o someter a proceso al juez que emitió una sentencia, cumpliendo sus obligaciones, en ejercicio de sus facultades? Es evidente que si lo hiciera, estaría presionando a los jueces que van a resolver en segunda instancia, amenazándolos con una investigación y posible sanción. Sería una intervención política contra el texto de la ley que obliga a la OCMA a “Rechazar de plano las quejas manifiestamente maliciosas; o que no sean de carácter funcional, sino jurisdiccional” (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 105º.9).
Si tanta repercusión ha tenido la sentencia que manda expedir una nueva sentencia en el juicio penal que se le siguió a Cerrón en Huancayo; lo menos que tendría que hacer la presidenta del Poder Judicial es decirle a la opinión pública que la independencia de los jueces en la emisión de sus decisiones no puede ni debe ser afectada en ningún caso.
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