El Poder Judicial formalizó este jueves la orden de internamiento del dirigente del Valle de Tambo, en Arequipa, Jesús Cornejo. Tras su detención, se ordenó que cumpla la sentencia de 7 años y 4 meses que pesaba en su contra por su participación en las protestas contra el proyecto minero Tía María, en 2015.

Cornejo fue condenado por los delitos de extorsión, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. Además se le imputó los delitos de disturbios y agrupación ilícita.

El dirigente de Islay fue detenido el último miércoles en su provincia natal. Posteriormente, fue trasladado a la ciudad de Arequipa, para luego ser llevado ante el juzgado que lo requería.

La Policía intervino a Cornejo cuando bajó de su motocicleta en el grifo Iberia SAC, a las 16:20 horas. La detención se dio en el mismo Valle de Tambo, luego de que la PNP recibiera información de su retorno a este lugar.

También puedes leer: Arequipa: Policía captura a dirigente del Valle de Tambo, Jesús Cornejo (VIDEO)

Protestas ante el Poder Judicial por dirigente de Tía María

La hija de Jesús Cornejo llegó esta mañana a la sede del Poder Judicial para protestar contra la detención de su padre. Ella insistió en la inocencia de Cornejo.

Además acudió a la sede judicial el hermano del congresista Edwin Martínez, Nelson Martínez, para darle apoyo a Cornejo. El también presidente de la Junta de Usuarios de Majes indicó que trabajó con el dirigente sentenciado antes de su participación en las marchas.

Este jueves, Jesús Cornejo ingresará al penal de varones de Socabaya.

#LoÚltimo La Corte Superior de Arequipa emitió el oficio de internamiento del ex dirigente de Valle del Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, quien deberá cumplir la sentencia de 7 años y 4 meses. pic.twitter.com/DJsPGyQziZ

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 8, 2023

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Hace algunos días el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández, despidió vía Facebook a Larry Lezama, quien ocupaba el cargo de gerente de Obras, por presuntas compras sobrevaloradas de materiales de construcción.

En reemplazo de Lezama, el alcalde designó al ingeniero Brian Benavides Soto como nuevo gerente de Obras. Un nombramiento efímero, ya que apenas duró un día en el cargo, debido a que se conoció que Benavides enfrenta una denuncia por violación sexual en la región de Ica.

La denuncia fue presentada por una joven universitaria de 22 años ante la División de Investigación Criminal (Divincri). Según informó La Lupa de Ica, la víctima acusó al ingeniero de haberla drogado y violado. Pese a las pruebas médicas que confirmaban la violación, el fiscal Fausto Vidal Pumarimay Alejo, de la Segunda Fiscalía del distrito de Parcona, decidió dejar libre a Benavides.

Ante la gravedad de las acusaciones, el regidor trujillano Andrés Sánchez expresó públicamente su solicitud para que destituyan al funcionario. Como resultado de esta presión y la indignación generalizada, finalmente se procedió al cese de las funciones de Brian Benavides Soto como gerente de Obras. Sin embargo, persisten las interrogantes sobre cómo se llegó a su designación a pesar de las acusaciones en su contra.

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Un adolescente de 16 años falleció por dengue grave en el hospital regional Docente de Trujillo. Es la octava víctima mortal de esta enfermedad en la región La Libertad. El menor cursaba el quinto año de secundaria en la I.E. San José N° 81608, ubicada en el distrito de La Esperanza.

La jefa de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Ana María Burga Vega, señaló que el adolescente fue trasladado al hospital el pasado lunes desde el Centro de Salud de Wichanzao de La Esperanza con un cuadro de dengue grave, pero no resistió y falleció al día siguiente.

El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, confirmó que la prueba realizada al menor dio positivo para dengue. Asimismo, expresó su pesar por el deceso y exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar la propagación del mosquito transmisor.

La región La Libertad atraviesa una situación crítica por el incremento de casos y muertes por dengue. Hasta el momento, se ha reportado más de 8 mil casos y 8 fallecidos por esta enfermedad.

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Entre las infraestructuras más afectadas por los sismos en Caylloma (Arequipa) están las iglesias. Estas son consideradas patrimonio arquitectónica y su reparación es necesaria para mantener el turismo en el lugar y conservar el paisaje arquitectónico.

Por esta razón, este miércoles varias autoridades de Caylloma y del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sostuvieron una reunión de trabajo en la que plantearon varios objetivos para evitar que estos templos continúen deteriorándose.

En un reconocimiento previo de daños, se detectó 13 templos que tienen daños estructurales. Estas son:

• Achoma
• Ichupampa
• Madrigal
• Lari
• Valle del Colca
• Coporaque
• Capilla de Coporaque
• Pinchollo
• Canocota
• Maca
• Callayi
• Caylloma
• Sibayo

Los templos con daños mayores son Lari, Achoma, Ichupampa y Madrigal. Por esta razón se procederá al apuntalamiento de las cuatro iglesias, para evitar que continúe avanzando los daños.

También puedes leer: Arequipa: alertan a conductores por sismos en Caylloma y piden declaratoria de emergencia

Inicio de restauración en Caylloma

Dentro de los compromisos asumidos en la reunión de este miércoles están los 250 mil soles que el GRA entregará para el apuntalamiento de la iglesia de Lari. Además, el Arzobispado entregará en los próximos 15 días los planos de esta iglesia para su restauración.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa se comprometió a realizar estudios más elaborados de los 13 templos. Con estos perfiles de restauración, se iniciarán los trabajos en la estructura de cada iglesia.

La Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca) será la encargada de los trabajos de apuntalamiento. Finalmente, se anunció que este martes 13 se sostendrá otra reunión para definir el presupuesto final que podrá destinar el GRA para la recuperación de todas estas iglesias.

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En los últimos 10 años más de 12,000 niñas de entre 10 y 14 años se han convertido en madres en Perú. A junio de 2023 el registro es de 370 niñas madres.

De esta grave realidad no es ajena la región Piura, donde en los últimos 10 años existe la dura cifra de 500 niñas que han tenido que asumir embarazos forzados, producto de violaciones sexuales, principalmente de familiares o personas “de confianza”.

En el año 2023, hasta junio, en la región Piura 17 niñas se han convertido en madres.

Diversos testimonios de niñas madres narran la traumática experiencia de un embarazo no deseado. Todas las menores provienen de hogares ubicados en zona rural, de pobreza y extrema pobreza, víctimas de violaciones sexuales y partos dolorosos e incluso violentos, con trato discriminatorio e incriminatorio por parte de algunos(as) profesionales de la salud.

Los testimonios serán recogidos en una publicación a presentarse este viernes 9 de junio en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Piura (ICAP). Las voces hablan de la tortura sufrida desde el ataque de la violación sexual, la imposición de un embarazo, un parto vaginal torturante, y una etapa post parto llena de incertidumbre y confusión por no saber cómo hacer para retornar a su medio, el mismo que lejos de ser acogedor para las niñas resultan hostiles.

Se suma a ello el hecho de que ninguna de estas niñas tuvo acceso a información sobre sexualidad y reproducción, tampoco sobre sus derechos y mucho menos sobre el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) y el aborto terapéutico antes de que les ocurra esta serie de tragedias.

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Estudiantes universitarios tomaron las instalaciones del local central de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Ellos exigen, principalmente, el incremento de cupos para acceder al comedor universitario.

Según el vicepresidente de la Federación Universitaria de Cusco (FUC), William Huamán, hace 5 años se mantienen solo 1500 cupos para los 14,000 estudiantes que cursan estudios en la sede central. La cantidad de cupos para el comedor universitario de la UNSAAC resulta insuficiente y piden que se incremente a 3500.

“Somos 21,300 estudiantes matriculados en la UNSAAC, 14,000 estudiamos acá en la sede central. Para nosotros hay 1500 cupos para el comedor, de los cuales se separan 400 y se dividen en: 200 para la sede kayra y 200 para casos sociales. Entonces quedan solo 1100 cupos en el comedor universitario de la UNSAAC para los 14 mil alumnos, eso es un insulto”.

William Huamán afirmó que “cada alumno debe competir con 140 compañeros por un cupo para poder comer”. Asimismo, explicó que el problema no es presupuestal, sino que depende de la capacidad de los funcionarios para invertir el dinero en mejorar las condiciones del comedor universitario.

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La congresista Susel Paredes Piqué se integró a la bancada de la agrupación política denominada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, que agrupa a Ruth Luque, Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán e Isabel Cortez, entre otros.

Paredes inicialmente ingresó al Congreso como miembro del Partido Morado, al cual renunció y ahora formará parte de esta coalición de izquierda, a la que la congresista agradeció por su talante democrático.

A través de sus redes sociales, Susel Paredes comunicó su nueva incorporación a la bancada de izquierda y agradeció la acogida pues considera que “respetarán su independencia y voto de consciencia».

Con la incorporación de Susel Paredes a la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JPP), esta agrupación parlamentaria pasa a tener los siguientes 10 integrantes:

-Bazán Narro Sigrid Tesoro          

-Bermejo Rojas Guillermo           

-Cortez Aguirre Isabel

-Echeverría Rodríguez Hamlet

-Kamiche Morante Luis Roberto

-Limachi Quispe Nieves Esmeralda

-Luque Ibarra Ruth

-Paredes Piqué Susel Ana María

-Reymundo Mercado Edgard Cornelio

-Sánchez Palomino Roberto Helbert

Susel Paredes renunció en diciembre del año pasado al Partido Morado

Mediante una carta dirigida al presidente del Partido Morado, Luis Durán, en diciembre de 2022 la congresista Susel Paredes presentó su renuncia a su militancia, manifestando que el partido carece de un liderazgo importante. Además, mostró su preocupación por el futuro del partido.

«La actual situación del partido desde su participación en los últimos comicios demuestra una falta de liderazgo en la actual dirigencia», refirió. Aseguró que evalúo profundamente su decisión, pensando en el partido pero también en sus expectativas personales.

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Con 20 votos a favor y una abstención, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó denunciar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, por el presunto delito de concusión.

La comisión dio un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que elabore el informe final sobre el caso conocido como ‘Vacunagate’.

Fue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presentó la denuncia constitucional contra Vizcarra y Mazzetti el 28 de abril del presente año.

Según la tesis fiscal, ambos políticos recibieron vacunas destinadas exclusivamente a inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

También aprueban denuncia contra Betssy Chávez

La Comisión Permanente también aprobó la denuncia constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez. Fueron 21 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Igualmente, se le otorgó a la subcomisión 15 días para investigar y presentar el informe final contra la también excongresista. En este caso, la imputación es por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

Chávez es cuestionada por supuestamente haber favorecido a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa, con diversos trabajos en el Estado peruano. También la investiga el Ministerio Público (MP) por el presunto delito de rebelión respecto al golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

Cuatro congresistas ‘mochasueldos’

Con 22 votos a favor, la Comisión Permanente también aprobó la denuncia contra las congresistas Rosío Torres, Magaly Ruíz y María Acuña (APP), y contra la parlamentaria no agrupada Katy Ugarte.

A ellas se les acusa de haber recortado sueldos a los trabajadores de sus respectivos despachos. Por este mismo caso, las congresistas tienen una investigación fiscal abierta por el presunto delito de concusión.

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El Ministerio del Interior (Mininter) evaluará el proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Montoya Manrique, de Renovación Popular, para que los policías puedan abatir a los delincuentes en legítima defensa, haciendo uso de sus armas de reglamento.

Sin embargo, el titular del Mininter, Vicente Romero, recordó que existe una ley vigente sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Se trata de un Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza en cumplimiento de su finalidad constitucional.

En ese sentido, dijo que el proyecto del congresista Montoya se examinará “a profundidad para ver la posibilidad de que se pueda dar”.

¿Qué dice el proyecto de Jorge Montoya?

El proyecto de ley propone que los policías puedan abatir legalemnte a los delincuentes en delito flagrante, ya sea que posean armas de fuego u otros elementos de “evidente peligrosidad”.

Para ello se tendría que hacer cambios en uno de los artículos del Decreto Legislativo que ya regula el uso de la fuerza por parte de los policías, para que, si abaten a un delincuente bajo estas circunstancias, se considere como un acto legítima defensa.

También propone el entrenamiento, información y capacitación al personal policial, a cargo del Mininter y de la Dirección General de la Policía Nacional. Esto sería con prácticas de acciones operativas simuladas, entrenamiento para afrontar situaciones de ataques violentos, mecanismos o tácticas para reducir a los delincuentes.

Asimismo, el aseguramiento de los detenidos y protección de víctimas del delito en escenarios peligrosos, para un mejor desempeño en la lucha contra la delincuencia.

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La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, el exministro de Defensa y actual jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y el exministro del Interior César Cervantes, por su responsabilidad durante las protestas contra el gobierno y el Congreso.

La congresista Sigrid Bazán pidió una reconsideración a la votación, pero en esta instancia no se admite este procedimiento.

El pasado 5 de mayo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya había declarado improcedente esta denuncia, con 11 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

La denuncia constitucional fue presentada por los legisladores Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez. La presidenta y los exministros son acusados de ser responsables mediatos de las muertes en las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

¿Qué consideró la SAC para desestimar la denuncia constitucional?

Según el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública, en el tiempo que era materia de la denuncia constitucional. Consideraron también el marco legal para la respuesta de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia.

Lo ocurrido desde el 7 de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 está en proceso de investigación tanto en el Congreso como en el Ministerio Público, por lo que no se define todavía la responsabilidad de los altos funcionarios en estos actos.

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Abogado de Dina Boluarte pedirá su exclusión de las investigaciones y asegura que “no son tantos muertos”

Dina Boluarte está a un paso de librarse de las investigaciones en su contra, no solo porque el delito de “genocidio” que se le aplicó difícilmente verá la luz, sino que su abogado ya adelantó que en los siguientes días estará pidiendo la exclusión de su defendida de todas las investigaciones que la Fiscalía sostiene en su contra por las muertes durante las protestas  sociales. Y como no podía ser de otra manera, la presidenta tiene como abogado a un negacionista.

En una de las entrevistas que ofreció a los medios de comunicación, aseguró que no existió ninguna “orden de salir a masacrar”. Según Joseph Campos, de haber sido así, “lógicamente los muertos  hubieran sino más de 100 por día”. A eso añadió que “no son  tantos los muertos” por lo que el delito de genocidio no podría proceder contra ella. Como dice la canción, habría que preguntarle: ¿cuántos muertos quieres?

Dina Boluarte aprovechó una ceremonia para recordar el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y evade las preguntas sobre las muertes durante su gobierno

La presidenta Dina Boluarte, durante una ceremonia por la Batalla de Arica, se refirió al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo una vez más. Pero evadió los graves cuestionamientos a su propio gobierno. Según ella, Castillo es el único que debe ser enjuiciado. Sus declaraciones se dan un día después de presentarse ante la Fiscalía para dar su versión sobre la investigación en su contra, por los fallecidos en protestas donde prefirió guardar silencio o responder generalidades. Además, informó que este viernes presentará el balance de los primeros seis meses de su gobierno. Mamita…

Presidenta promulgó ley que faculta al Congreso a escoger su propio procurador

Los mimos de Dina Boluarte para los otorongos no tienen límite. La última es que la presidenta promulgó la ley que faculta al Congreso y otros organismos autónomos a elegir sus propios procuradores, pese a que su propio Ministerio de Justicia recomendó no hacerlo. Ahora, instituciones como el parlamento podrán hacer sus rigurosos y nada amañados concursos públicos para escoger sus procuradores a medida y por un plazo de cinco años. Ante este atropello a la independencia que debe caracterizar a los procuradores, el titular de la Procuraduría, Daniel Soria, calificó la movida de antitécnica. Sostuvo que con este decreto se parte en dos el sistema de defensa jurídica del Estado, Como es su costumbre, Dina y los otorongos juegan en contra del Perú.

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La Policía Nacional detuvo este miércoles por la tarde a Jesús Cornejo Reynoso, dirigente del Valle de Tambo, cuando se trasladaba en una motocicleta en la provincia de Islay, Arequipa.

El expresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo registra una sentencia de 7 años y 4 meses de prisión por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín, emitida en febrero de 2022. El proceso se entabló a raíz de las protestas contra el proyecto minero Tía María, producidas en 2015.

Los agentes detuvieron a Cornejo Reynoso cuando descendía de su motocicleta en el grifo Iberia SAC, en pleno corazón del Valle del Tambo, a las 16:20 horas. Según información preliminar, la Policía recibió la novedad de que el dirigente había retornado a la ciudad.

Pero también han surgido suspicacias sobre su captura, ya que, curiosamente, lo detuvieron en la provincia donde tiene su residencia, lo que significaría que nunca estuvo prófugo de la justicia.

El dirigente tuvo que ser trasladado a la comisaría de Mollendo para los registros de ley. Una hora más tarde, se ordenó que fuera enviado a la ciudad de Arequipa.

Cornejo Reynoso está ahora a disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, el cual lo sentenció en primera instancia.

A raíz de la noticia, un grupo de personas realizó un plantón en los exteriores de la Corte de Justicia de Arequipa.

En este caso también se condenó a Jaime de la Cruz, exalcalde de Dean Valdivia. Y a Pepe Julio Gutiérrez, expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo.

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Pasó en el Perú | Puno. Con una movilización en la ciudad de Juliaca, la suspensión de ceremonias en algunas provincias, y la inasistencia de las principales autoridades a la actividad protocolar en la capital de la región, este miércoles se conmemoró el Día de la Bandera en Puno.

El general de la Cuarta Brigada de Montaña de Puno, Fernando Rodríguez Huanqui, calificó como inoportuna la ausencia del Gobernador Regional y el Alcalde de Puno en ceremonia que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en la plaza mayor de la ciudad del lago, informó El Objetivo.pe.

Junín: Ciudadanos lavan la Bandera Nacional y exigen la renuncia de Dina Boluarte

Pasó en el Perú | Junín. Ciudadanos agrupados en el Comité Unitario de Lucha de la región Junín realizaron el lavado de la bandera nacional, como actividad simbólica con la cual reinician las protestas en exigencia de la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Ellos se congregaron en la plaza Huamanmarca, en el centro de Huancayo, donde rechazaron la impunidad que hasta el momento se observa con las muertes ocurridas en las manifestaciones contra el gobierno, entre ellas las tres víctimas de Pichanaqui, quienes murieron el 17 de diciembre de 2022.

Tras el lavado de banderas, los manifestantes recorrieron la Calle Real hasta la plaza de la Constitución. Allí anunciaron que participarán de la movilización nacional del 14 de junio próximo y la tercera Toma de Lima, el 19 de julio, informó Huanca York Times.

Ayacucho: Ciudadanos realizan lavado de banderas en protesta contra el gobierno

Pasó en el Perú | Ayacucho. Un grupo de ciudadanos realizaron el lavado de las banderas en la plaza mayor de Huamanga, como un gesto de protesta por los 10 fallecidos del 15 de diciembre durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.

Un numeroso contingente policial resguardó el lugar para prevenir algún incidente durante el acto simbólico en el marco del Día de la Bandera, como lo ocurrido en la Semana Santa y el día de Huamanga.

Durante la mañana un grupo de estudiantes realizó el tradicional paseo del símbolo patrio a través de las principales calles huamanguinas. De igual manera, participaron en el desfile cívico institucional realizado en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, informó Jornada.

Cusco: Estudiantes toman local exigiendo aumento de cupos para comedor universitario 

Pasó en el Perú | Cusco. Estudiantes tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) exigiendo el incremento de cupos para el comedor universitario, pues desde hace 5 años se mantiene en 1500 cupos para los 14,000 estudiantes que estudian en la sede central.

La cantidad de cupos resulta insuficiente y piden que se incremente al menos a 3500. La toma del local inició por la noche del día anterior. En un confuso incidente circuló un video donde se ve al rector dentro de la universidad a altas horas de la noche deslizando un supuesto secuestro, el cual finalmente no fue confirmado, informó CuscoPost.

Loreto: Pobladores indígenas atacan embarcación de la Marina de Guerra

Pasó en el Perú | Loreto. Desde la última semana del mes de mayo la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap) viene realizando un bloqueo en el transporte de las zonas petroleras del Lote 95, en Loreto.

Esto ocurre luego del descontento de la Asociación con el Reglamento del Fondo de Desarrollo para el distrito de Puinahua. Es así que el lunes un grupo de 50 pobladores indígenas atacaron con armas de fuego y lanzas una embarcación de la Marina de Guerra, lo que dejó como resultado un marino herido de la cabeza, informó ProyContra.

La Libertad: Policía detiene a dos primas por presunto narcotráfico

Pasó en el Perú | La Libertad. La Policía Nacional realizó un allanamiento en Florencia de Mora y detuvo a presuntos integrantes de la banda criminal «Rosita la Mami del Vicio». Dos primas fueron detenidas y se incautó estupefacientes y dinero en efectivo.

De acuerdo con el coronel PNP Javier Méndez, jefe de la Divincri de Trujillo, esta banda se dedicaba a distribuir drogas en la zona. Los detenidos y las pruebas fueron entregados a las autoridades competentes para las investigaciones y el proceso judicial, informó Noticias Trujillo.

Ica: Ola de muertes por accidentes de tránsito con conductores ebrios

Pasó en el Perú | Ica. En menos 72 horas se ha registrado cuatro personas fallecidas en diferentes accidentes de tránsito. Todos los reportes apuntan a la irresponsabilidad de choferes que conducían en estado de ebriedad y con exceso de velocidad.

En 2022 hubo un reporte de 3312 fallecimientos y 53,544 heridos en 83,881 accidentes de tránsito en todo el Perú. Solo en Ica, en lo que va del año ya van más de 20 fallecimientos por accidente de tránsito con muerte violenta, informó La Lupa.  

Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

El Día de la Bandera se celebró en Puno con la ausencia de autoridades regionales en la ceremonia oficial y con el izamiento de la bandera de luto, en blanco y negro, en Juliaca e Ilave. En otras regiones, como Junín y Ayacucho, la población protestó con el lavado de banderas y pidieron la renuncia de Dina Boluarte.

Mientras tanto, el abogado de la presidenta dijo que pedirán excluirla de las investigaciones por los fallecidos en protestas porque «no fueron muchos». Conversamos con el analista político Salvador Oré acerca del reinicio de las protestas y la posibilidad de lograr acuerdos entre la población.

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Pocos son los congresistas que cumplen sus labores a cabalidad y de manera adecuada. Algunos, como en el caso de los representantes de Ayacucho, tienen una baja producción legislativa. Se trata de los parlamentarios Alex Flores, Margot Palacios y Germán Tacuri, quienes registran uno de los niveles de productividad más pobres del Congreso.

El congresista Alex Flores participó en 28 proyectos de ley en calidad de coautor, cuyo periodo comprende desde el 5 de abril hasta el 26 de mayo del presente año. No participó en proyectos de ley en adelante, hasta la fecha. La última vez que presentó un proyecto de ley en calidad de autor fue el 4 de abril. El 18 de noviembre del 2022 fue la última vez que se aprobó una ley de su autoría y el 17 de mayo del 2023 fue la última vez que se aprobó una ley donde participa como coautor.

Por su parte el congresista Germán Tacuri participó en 47 proyectos de ley en calidad de coautor, cuyo periodo comprende desde el 23 de abril hasta el 5 de junio del presente año. La última vez que presentó un proyecto de ley en calidad de autor fue el 2 de junio, casi dos meses después de la única vez que presentó un proyecto con autoría compartida (con la congresista Sigrid Bazán), el 22 de marzo. La última vez que se aprobó una ley de su autoría fue el 14 de setiembre de 2022. Y la última vez que se aprobó una ley donde él participa como coautor fue el 30 de mayo de 2023.

La congresista Margot Palacios participó en 82 proyectos de ley en calidad de coautor, cuyo periodo comprende desde el 1 de marzo hay el 5 de junio del presente año. La última vez que presentó dos proyectos de ley de su autoría fue el 28 de febrero. El 13 de julio del 2022 fue la última vez que se aprobó en el congreso una ley de su autoría y el 30 de mayo del 2023 fue la última vez que se aprobó una ley de su coautoría.

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Ciudadanos agrupados en el Comité Unitario de Lucha de la región Junín realizaron el lavado de la bandera nacional, como actividad simbólica con el cual reinician las protestas en exigencia de la salida de Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Ellos se congregaron en la plaza Huamanmarca, en el centro de Huancayo, desde donde rechazaron la impunidad que hasta el momento se observa con las muertes ocurridas en las manifestaciones contra el gobierno, entre ellas las tres víctimas de Pichanaqui que murieron el 17 de diciembre de 2022.

Tras del lavado de banderas, los manifestantes recorrieron la calle Real hasta la plaza de la Constitución y anunciaron que participarán de la movilización nacional del 14 de junio próximo, así como de la tercera ‘Toma de Lima, prevista para el 19 de julio.

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En menos 72 horas se ha registrado en Ica cuatro personas fallecidas por accidentes de tránsito debido a la irresponsabilidad de chóferes que conducían en estado de ebriedad y exceso de velocidad.

El domingo último 4 de junio, una joven de 20 años de edad, identificada como Mell Gonzales Palomino, falleció en el distrito de Santiago producto de la imprudencia de un mal conductor de moto lineal en estado de ebriedad.

Otro hecho ocurrió en el mismo distrito, donde perdió la vida Gustavo Torres Mantari. Era un joven padre de familia que deja en la orfandad a dos menores de 7 y 9 años. El conductor del vehículo manejaba en estado de ebriedad, según la Policía.

El tercer hecho: un joven deportista de 22 años, de nombre Wilmer Alejo Pino, a quien un conductor en estado de ebriedad embistió. El accidente ocurrió en el distrito de Los Aquijes.

Y un fatal accidente entre un auto y camión en la Panamericana sur km 111 dejó como resultado dos personas fallecidas. Se trata de Jesús Grimaldo Pisconte y Luzmila Paucar de Toledo. Ambos viajaban desde Lima con destino a Ica.

En lo que va del año 2023, solo en Ica van más de 20 fallecidos por accidentes de tránsito con muerte violenta.

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El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, anunció que solicitará la exclusión de su defendida de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado, frente a las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno.

Campos argumentó que para el genocidio tiene que haber dos elementos: las muertes y la voluntad de exterminación de un grupo. «Eso no tiene ninguna posibilidad de armarse en el país”, sostuvo.

Dijo también que el homicidio calificado requiere ferocidad, crueldad e intención, lo que, en su criterio, tampoco ocurre respecto a la presidenta Boluarte. Por eso dijo que “no existe la posibilidad de imputarle esos delitos” y que jurídicamente no tiene sentido esta investigación.

¿Cómo fue la audiencia de la presidenta en la Fiscalía?

La presidenta Dina Boluarte declaró este martes ante la Fiscalía de la Nación. Llegó poco antes de las 9 de la mañana en medio de un amplio despliegue de seguridad. Debía brindar su testimonio como parte de la investigación que se le sigue por las muertes en las protestas contra su gobierno en diciembre de 2022 y enero de 2023.

La diligencia la dirigió la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, quien estuvo acompañada del fiscal adjunto supremo Marco Huamán, colaborador cercano de la fiscal en las indagaciones a altos funcionarios. También estuvieron dos abogados de la Procuraduría General del Estado (PGE) y dos abogados de las defensas de los investigados.

Según se conoció, Boluarte Zegarra respondió cerca de 25 preguntas que le hizo el fiscal Huamán, según la dirección de Benavides. A decir de algunas fuentes, las preguntas fueron sencillas, “generales, bien generales”, sin profundizar en los detalles. Por eso no plantearon repreguntas. Y las respuestas de la mandataria también fueron “generales” e incluso “evasivas”, porque aludió a respuestas previas.

Abogado de Boluarte parecía intérprete y quiso dirigir las respuestas de la presidenta

El abogado Joseph Campos Torres fungió de intérprete, aclarando las preguntas que le hacían los fiscales a la presidenta Boluarte. También pretendió dirigir o reinterpretar las respuestas de Boluarte, lo que la fiscal de la Nación impidió diciéndole que no podía hacer eso.

En esta etapa de la diligencia el representante de la Procuraduría advirtió que la presidenta “parecía leer sus respuestas” en unas hojas. Boluarte explicó que eran unos apuntes con números y fechas de resoluciones. Nuevamente intervino la fiscal de la Nación y le prohibió leer o dar la impresión de que leía. Le explicó que sus respuestas debían ser espontáneas, lo que recordara sobre los hechos a investigar.

Terminadas las preguntas de la Fiscalía, Benavides Vargas le consultó al abogado si iba a hacer preguntas. Él respondió que no. Luego, le consultó a la Procuraduría y la respuesta fue que sí, lo que inmediatamente Joseph Campos objetó.

Procuradores y abogados de víctimas tenían derecho a formular preguntas

Los representantes de la PGE señalaron al abogado de la presidenta que sí estaban autorizados a estar presentes y a hacer preguntas al igual que los abogados de los familiares de las víctimas.

El juez supremo Juan Carlos Checkley les dio la razón sobre si podían estar presentes en el interrogatorio e intervenir. Y esa sentencia está en plena vigencia. Lo que está por resolverse es la apelación de la Fiscalía que frustró la declaración de Dina Boluarte en marzo. La fiscalía apeló para que se resuelva en segunda instancia, la decisión del juez. Esto no se dio aún, pero no por eso se suspende la resolución inicial y por lo tanto, sí tenían derecho a ser parte del interrogatorio.

Sin embargo, Dina Boluarte optó por guardar silencio para no contestar a las preguntas de la defensa del Estado y tampoco a los abogados de los deudos, con lo que la diligencia concluyó.

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El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, anunció que pedirá la exclusión de su defendida de las investigaciones sobre las muertes en las protestas sociales. Aseguró que no hubo una “orden de salir a matar” pues, de haber sido así, los fallecidos hubieran sido muchos más.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte pidió que caiga todo el peso de la ley contra Pedro Castillo, por haber intentado “quebrar la democracia” premeditadamente.

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Mientras en Puno la Policía quitó los cordones de las astas para evitar que se ice la bandera blanca y negra, en Ilave ciudadanos aymaras no permitieron la presencia de policiales y militares. Así se vivió el Día de la Bandera en esta localidad.

Hombres y mujeres de diversas comunidades llegaron a la plaza vestidos de negro y lograron izar la bandera blanca y negra en señal de luto por los fallecidos en protestas. También realizaron el izamiento de la Wiphala, símbolo de lucha, que estuvo presente en las manifestaciones y que recientemente fue despreciada por congresistas.

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